Nos ponemos en contacto desde la Coordinadora de barrios y pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad Pública para haceros llegar nuestro comunicado respecto al «Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid«, hecho público recientemente en la Comunidad de Madrid, y en cuyo articulado se prevé la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la CAM, mostrando nuestro rechazo y repulsa ante una nueva herramienta cuya finalidad no puede ser otra que la intensificación de la privatización de la Sanidad Pública madrileña.
Asimismo, os informamos que el lunes 3 de enero a las 11h, plazo en el que finaliza la entrega de alegaciones, varios portavoces de la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad Pública estaremos en la Asamblea de Madrid para informar a prensa de las alegaciones que vamos a presentar.
Un saludo y feliz 2022.
Coordinadora de barrios y pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad Pública
COMUNICADO
La Comunidad de Madrid ha hecho público recientemente el «Anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid«, en cuyo articulado se prevé, entre otros temas, la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.
Dicha Agencia se encargará de la contratación de suministros, bienes y servicios «que sean declarados de gestión centralizada» para el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
La Coordinadora de barrios y pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad Pública manifestamos nuestra repulsa y rechazo ante la creación de una nueva herramienta cuya finalidad no puede ser otra que la intensificación de la privatización de la sanidad pública madrileña, así como en los modos y momento de presentación del Anteproyecto.
En primer lugar, es un claro incumplimiento de los requisitos exigidos para la tramitación urgente, regidos en la Ley de Gobierno 50/1997 artículo 11.1.a ya que no se acredita ni la existencia de circunstancias extraordinarias, ni la imposibilidad de prever el Anteproyecto encargado por el Consejo de Gobierno de 27 mayo de 2020, por lo que no se justifica la tramitación por el procedimiento de urgencia.
Además, este Anteproyecto se presenta en medio de las celebraciones navideñas, estableciendo el periodo para presentar alegaciones entre el 24/12/2021 y el 03/01/2022. Entendemos que con la intención de que pase desapercibido y colar la Agencia de Contratación Sanitaria sin respuesta por parte de las entidades sociales, sindicales y políticas que estamos animando y apoyando movilizaciones en los diversos barrios y pueblos en defensa de la Sanidad Pública, universal y de calidad en la Comunidad de Madrid.
El texto del Anteproyecto en lo relativo a la Agencia de Contratación Sanitaria genera muchas dudas y abre nuevas vías para la participación de empresas privadas en la gestión y administración de la Sanidad Pública:
La Agencia de Contratación Sanitaria aparece en un texto que se titula «para el impulso de la actividad económica«, dando por supuesto que la sanidad y el cuidado de la salud de la ciudadanía es ámbito de actividad mercantil y, por tanto, susceptible de generar beneficios y no el espacio en el que garantizar el derecho a la salud de todas las personas.
Es francamente sospechoso que, en cada mención al Servicio Madrileño de Salud aparezca la coletilla «u organismo para la gestión de la asistencia sanitaria que le sustituya«, revelando así la posible intención de cambiar el Servicio Madrileño de Salud, por otro modelo que facilite el desmantelamiento al que se ve sometido nuestro sistema sanitario.
Es llamativo que en el Régimen jurídico al que está sometida la Agencia se diga textualmente que «La Agencia actuará con carácter general con sometimiento al Derecho privado«. Entendemos que debería ser una entidad pública la que asumiera las competencias y estar sometida al derecho público y actuar con los mecanismos y dinámicas de las administraciones públicas. Si ya de por sí estas son limitadas y permiten espacios de opacidad, si la Agencia se somete al derecho privado, la opacidad puede ser absoluta.
La posibilidad de que la Agencia pueda constituir o participar en el capital de sociedades mercantiles y encargar a estas entidades las actividades y los procesos de contratación abre la puerta «ya sin decoro y sin máscara» a la liquidación de nuestro sistema sanitario público a manos de una privatización plena.
Además, el hecho de que entre las formas de financiación de la Agencia se incluyan las «subvenciones, donaciones y cualquier otra aportación voluntaria de entidades y particulares» sugiere «el pago» de estas aportaciones con la participación de estas entidades y particulares en los negocios de la sanidad, entrando en la más que probable situación de devolución de favores mediante la contratación de las empresas que efectúen donativos.
Será la Consejería de Hacienda la que determine las variaciones en el presupuesto de la Agencia y las que afecten a los gastos de personal, poniendo en manos de Lasquetty (ideólogo del intento de privatización de los siete hospitales de gestión mixta (modelo PFI)) el presupuesto de la sanidad pública y la ya maltrecha plantilla sanitaria de Madrid.
En el Consejo de Administración de la Agencia no se contempla la incorporación de las asociaciones profesionales, sindicatos, ciudadanía y asociaciones de usuarias del sistema madrileño de salud, ninguneando la participación social y ciudadana en la gestión del Servicio Madrileño de Salud, vulnerando así el artículo 5.8 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Por todo ello, llamamos a todas las entidades, asociaciones, profesionales sanitarios y ciudadanía en general a rechazar enérgicamente la Ley Ómnibus y la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, manteniendo la defensa común del sistema sanitario público, universal y de calidad. En este sentido, nos adherimos al: COMUNICADO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES ACERCA DEL ANTEPROYECTO DE LEY ÓMNIBUS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Del mismo modo que exigimos al gobierno español que tome cartas en el asunto partiendo del punto 2.2.3 de la Coalición progresista en cuanto a la revisión de la Ley 15/97, marco inicial sobre el que se ha impulsado el conjunto del proceso de privatización sistemática que sufre nuestro sistema sanitario.
Madrid, a 31 de diciembre de 2021
