Artículo de opinión de Bob Bernstein, director del satírico The Rivas Tribune, sobre las críticas de la oposición a la construcción de un polideportivo en el barrio Centro.
Desde el TRT siempre abogaremos por la defensa de lo público. Que quede claro. Preferimos, de lejos, que las instalaciones deportivas, los centros de salud o las residencias se construyan y se gestionen con recursos y personal públicos, bajo control democrático directo y sin intermediarios que busquen margen de beneficio. Esa es la posición de partida y no la vamos a disimular.
Dicho esto, aparte de ser sarcásticos y de abusar de los becarios (tradición sagrada que nadie nos va a quitar), también somos pragmáticos. Y entendemos que a veces un gobierno de izquierda tiene que tragarse sapos para no perjudicar a los vecinos. Gobernar no es un seminario de pureza ideológica; es decidir entre el ideal y la cola de espera, entre el discurso impecable y el polideportivo que no existe.
En Rivas el caso del deporte es especialmente claro. Las instalaciones municipales están ya o han superado abiertamente los límites razonables de capacidad. La demanda crece, los barrios se densifican y seguir esperando a que «haya caja pública suficiente» para construir todo de una vez significa condenar a miles de vecinos a instalaciones saturadas, horarios imposibles y listas de espera eternas. En ese contexto, optar por una colaboración público-privada de 40 años para levantar el polideportivo del barrio Centro no es una rendición ideológica: es un sapo que se traga para no perjudicar a la gente que vive aquí y ahora.
De los creadores de «¿cómo tienes un iPhone si eres comunista?» o de «si tanto te gustan los inmigrantes, mételos en tu casa», llega ahora a sus pantallas el nuevo éxito de taquilla: la colaboración público-privada en la izquierda es contradicción ideológica. Se ignora la diferencia entre vender el patrimonio y usar temporalmente capital privado bajo control público, se obvia que las instalaciones están saturadas y se convierte un problema de gestión real en un eslogan de pureza.
Aquí entra la diferencia que conviene subrayar. Cuando el PP recurre a la colaboración público-privada, lo hace con frecuencia incluso cuando la caja lo permite, y no es raro que el proceso acabe beneficiando a círculos cercanos. La historia reciente está llena de ejemplos: desde las irregularidades en adjudicaciones de obra pública investigadas en el marco de la trama Gürtel (con contratos millonarios en municipios y autonomías del PP) hasta casos concretos como las concesiones problemáticas de polideportivos en Navalcarnero bajo gobiernos populares, donde se pagaron 10,5 millones de euros por unas instalaciones que nunca se terminaron y quedaron como un esqueleto de hormigón abandonado, o los contratos de mantenimiento de instalaciones deportivas en Crevillente, donde durante más de una década se adjudicaron a dedo a una empresa propiedad del hijo del coordinador municipal de Deportes, bajo un alcalde del PP que gobernó el municipio 24 años. La fórmula, en esos contextos, no siempre parece el último recurso, sino una vía cómoda que a veces coincide con intereses de amigos o de empresas bien relacionadas.
En la izquierda, por el contrario, se adopta casi siempre como mal menor: cuando las instalaciones están saturadas, cuando el presupuesto no da para más y cuando retrasar la obra perjudica directamente a los vecinos. Se hace pensando en el servicio público, aunque sea año preelectoral y aunque surjan, como es el caso, acusaciones de «contradicción ideológica» o «hipocresía» por parte de portavoces como Janette Novo. Da igual: la instalación se construye igual, y los vecinos de Rivas dejarán de hacer cola para entrar al polideportivo mientras el PP sigue explicando por qué esto es distinto cuando lo hacen ellos. Y conviene recordar que, mientras el PP se escandaliza por la “ideología”, las familias del entorno de los colegios José Iturzaeta y Hans Christian Andersen siguen sin un polideportivo moderno. Y esto no es competencia del gobierno municipal.
El PP de Rivas se ha escandalizado porque el Ayuntamiento adjudica esa instalación a una empresa privada. «Contradicción ideológica», «privatización», «incapacidad de gestión»… Qué dramatismo. Como si la fórmula fuera una invención maligna de la izquierda local y no una herramienta que el propio Partido Popular maneja con soltura cuando le conviene… y que la izquierda también ha utilizado cuando la realidad presupuestaria y la necesidad de servicio lo exigen.
En Madrid, bajo José Luis Martínez-Almeida, el CDM de Cuatro Caminos se construyó con 17 millones de inversión privada de la empresa Eductrade y se gestiona en concesión durante 25 años a cambio de un canon anual de 650.000 euros. El propio Almeida lo presentó en su inauguración como un ejemplo de «colaboración público-privada» — la misma expresión, literalmente, que aquí el PP reprocha usar. En Navalcarnero, gobiernos del PP adjudicaron en 2006 una concesión de 40 años para el malogrado polideportivo de la Estación. En Boadilla del Monte, el polideportivo Republic Space opera bajo una concesión de 50 años que llega hasta 2053, y un litigio reciente puede costarle al ayuntamiento del PP unos 8 millones de euros. Curioso que la «hipocresía intolerable» solo se active cuando el contrato se firma en Rivas.
Y aquí la parte que algunos portavoces parecen no querer oír: la izquierda no es, ni ha sido históricamente, enemiga dogmática de la colaboración público-privada. Hay una diferencia esencial. Privatizar de verdad es vender el activo y perder el control. Una concesión bien diseñada mantiene la propiedad pública del suelo y de la instalación, fija condiciones de acceso, precios y estándares en los pliegos, y recupera el bien al final del plazo. No es entregar el patrimonio; es usar temporalmente el capital privado para un fin público cuando el presupuesto no permite construirlo todo de golpe.
La socialdemocracia europea lleva décadas combinando control público con participación privada regulada. En España, gobiernos municipales del PSOE, IU o coaliciones de izquierdas han recurrido a fórmulas de gestión indirecta o concesiones de instalaciones deportivas precisamente porque gobernar implica lidiar con límites reales de deuda, de capacidad técnica y de tiempo. El dogmatismo de «todo público o nada» suena muy bien en un mitin, pero choca con la realidad de un ayuntamiento cuyas instalaciones deportivas ya han superado los límites razonables.
Desde el TRT seguiremos defendiendo lo público como principio y como horizonte. Pero también reconocemos, con el cinismo sano que nos caracteriza, que a veces hay que tragarse el sapo para que los vecinos de Rivas tengan un polideportivo decente en el barrio Centro en lugar de seguir saturando las instalaciones existentes hasta el absurdo. La coherencia no consiste en negar los instrumentos que permiten dar servicio; consiste en usarlos sin renunciar al objetivo final: más deporte público, más accesible y de mejor calidad. Aunque para llegar ahí haya que firmar, de vez en cuando, un contrato que a Janette Novo le parezca una herejía… mientras en Madrid y en media España del mismo partido se firman contratos casi idénticos, a menudo con menos escrúpulos y más amigos en la lista de adjudicatarios, sin que tiemble el ideario.
