Artículo de análisis de Víctor Reloba, periodista y director de Zarabanda.
La avalancha de decenas de miles de personas sobre Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026 no fue un fenómeno espontáneo: medios como The Telegraph, Financial Times y The New York Times documentaron la pasividad —cuando no el impulso— de las autoridades marroquíes, e Ignacio Cembrero reveló en El Confidencial su motivación: una represalia de los servicios de inteligencia de Rabat por el escándalo del espionaje con Pegasus. Este artículo analiza la crisis como un manual de guerra de «zona gris»: el subimperialismo marroquí y su proyecto de «Gran Marruecos», el respaldo de Washington —cuyo Congreso llegó a describir Ceuta y Melilla como «ciudades administradas por España» en territorio marroquí— e Israel, el aprovechamiento electoral de las derechas europeas, el espejo en el que se han mirado los partidos españoles y la defensa histórica y estratégica de las dos ciudades, llaves del estrecho de Gibraltar. Con las propuestas que defiende una parte de la izquierda parlamentaria como horizonte: seguridad humana, derecho de asilo y fin de la externalización que alimenta el chantaje de Rabat.
Cronología de una crisis fabricada
Los antecedentes inmediatos son conocidos, pero conviene fijarlos con precisión, porque en ellos está la clave de todo lo demás. Tras un goteo previo de unas 1.500 entradas entre el 20 y el 29 de julio, los días 30 y 31 de julio de 2026 decenas de miles de personas —la mayoría jóvenes marroquíes movilizados a través de al menos 23 grupos de Facebook con más de un millón de miembros— se concentraron en las localidades de Fnideq y Benzú y entraron masivamente en Ceuta, mientras en Melilla se registraban intentos coordinados de menor escala. El Ministerio del Interior cifró las entradas en 72.000 (el 4 de agosto).
Frente a la imagen de colapso que recorrió el mundo, los datos de la respuesta cuentan otra historia: en cuestión de días, el 4 de agosto, EFE ya contabilizaba 70.000 retornos sobre 72.000 entradas, aunque al cierre de agosto seguían en la ciudad más de 5.000 personas, unas 2.500 de ellas menores (El País, 24 de agosto). La rapidez de la devolución de decenas de miles de personas fue posible por un dispositivo policial y de la Guardia Civil reforzado de inmediato, y por un enfoque que, pese a la presión insoportable del momento, mantuvo la atención humanitaria como prioridad: menores atendidos —1.342 registrados—, heridos tratados y ninguna suspensión de las garantías básicas.
Las cifras de víctimas son estremecedoras y conviene manejarlas con la precisión que exigen: la Delegación del Gobierno en Ceuta confirmó 72 fallecidos el 2 de agosto; esta cifra se quedó rápidamente obsoleta y las organizaciones marroquíes —la AMDH y Caminando Fronteras— contabilizaron hasta 141 muertos a ambos lados de la frontera. Que en medio de esa tragedia se mantuviera un marco de derecho —petición de traslado de menores a la península, asistencia sanitaria, ausencia de devoluciones masivas forzadas sin amparo legal— es lo que separa a una democracia de los métodos que denunciamos tan a menudo en otros países autoritarios.
La gestión informativa del Gobierno tuvo su propio capítulo el mismo 31 de julio: la jefa de prensa del Departamento de Seguridad Nacional, la general Loreto Gutiérrez Hurtado, fue cesada fulminantemente después de que su departamento publicara la cifra de 49.000 entradas, que el Ejecutivo consideró prematura. La primera víctima institucional de la crisis no fue un responsable político, sino la general que dio un dato verdadero.
La respuesta física fue igualmente expeditiva: España instaló en días una barrera flotante de 500 metros en el espigón del Tarajal y reforzó la valla con efectivos del Ejército y la Guardia Civil. La barrera no es un detalle técnico menor: al interceptar a los bañistas en el agua, antes de que pisen suelo español, permite practicar devoluciones que la jurisprudencia —de Estrasburgo y de los tribunales españoles— prohíbe una vez dentro del territorio; es, en la práctica, el modo de sortear la sentencia judicial y convertir el mar en la frontera legal. El 20 de agosto, además, las autoridades desalojaron el campamento improvisado del Trampolín, donde se hacinaban unas 4.000 personas.
Que todo fue orquestado ya no es una hipótesis: The Telegraph recogió que Marruecos «facilitó los cruces de migrantes» y documentó la pasividad deliberada de sus fuerzas de seguridad en la frontera de Fnideq. Y el periodismo de investigación experto en Marruecos arrojó más luz sobre el asunto: Ignacio Cembrero reveló en El Confidencial que la entrada masiva fue una represalia de los servicios de inteligencia marroquíes por la publicación de que estaban espiando con el software israelí Pegasus a cientos de personalidades, incluidos miembros de los Gobiernos español y francés.
El subimperialismo de Rabat: periferia con apetito de centro
Para entender por qué Marruecos hace esto hay que entender qué es Marruecos en el sistema-mundo capitalista: un país periférico, dependiente del capital exterior, que sin embargo desarrolla un papel subimperial en su entorno regional —el concepto, popularizado por Ruy Mauro Marini para el Brasil de los años sesenta, describe a potencias secundarias que ejercen dominación sobre su periferia inmediata mientras permanecen subordinadas a los centros imperiales—. Rabat aspira a una influencia regional que se articula en torno a la vieja idea irredentista del «Gran Marruecos», formulada por Allal el Fassi y el partido Istiqlal desde los años cincuenta: un espacio que, según sus mapas, incluiría el Sáhara Occidental, partes de Argelia y Mauritania y, en sus versiones maximalistas, Ceuta y Melilla, o incluso las Islas Baleares.
La crisis de Ceuta encaja como un guante en las definiciones de amenazas híbridas que el propio Ejército español estudia: presión narrativa y lawfare (la disputa semántica sobre la soberanía), movilización de población civil como ariete, guerrilla económica (aranceles, aduanas, cierres comerciales) y participación militar encubierta o por delegación. Es la estrategia de la «zona gris»: actuar por debajo del umbral del conflicto abierto, con hechos consumados y negación plausible.
Y aquí está la paradoja central: Marruecos ejecuta esta estrategia como un actor subordinado. Su alineamiento con Washington se selló en 2020 —reconocimiento estadounidense de su soberanía sobre el Sáhara y normalización con Israel bajo los Acuerdos de Abraham—, que le convirtió en socio privilegiado de Tel Aviv hasta el punto de armarse con sistemas antiaéreos Barak MX de fabricación israelí, un dato que IU llevó al Congreso para denunciarlo. El subimperialismo de Rabat es real, pero se ejerce bajo el paraguas del imperialismo estadounidense y de su aliado central en la región (Israel). Los medios próximos al Palacio, como Le 360, lo dicen sin rubor: Ceuta y Melilla son «el precio» que España debe pagar por tener buenas relaciones con su vecino.
Los otros frentes: Medgaz, Canarias y el fracaso del «colchón de intereses»
La presión no es solo fronteriza. Como analizó Néstor Siurana en su hilo de análisis sobre la crisis, el gasoducto Medgaz —que conecta Argelia con España— ha quedado expuesto a la órbita marroquí tras la venta de participaciones en su accionariado, de modo que Rabat ha adquirido capacidad de interferencia sobre el suministro energético español sin mover un solo soldado. Es la guerrilla económica en estado puro.
El segundo frente es Canarias. La presión migratoria sobre las islas, la disputa por las aguas y los fondos marinos del entorno de Taliarte y la apropiación de espacios que Marruecos considera suyos apuntan a que el archipiélago puede ser el próximo escenario. El tercer frente es el Sáhara: las concesiones diplomáticas españolas —el giro de marzo de 2022— no han comprado calma, sino más apetito. Es una lectura prospectiva —no un dato confirmado—, pero encaja con el patrón de presión secuencial que Marruecos viene aplicando desde 2021: primero el Sáhara, luego Ceuta, y el siguiente flanco allí donde la dependencia española sea mayor.
La conclusión es clara y supone reconocer con crudeza el fracaso del análisis de la parte socialista del Gobierno: la estrategia del «colchón de intereses» está fracasando estrepitosamente. La doctrina, aplicada por los últimos gobiernos españoles, consistía en acumular intereses comunes con Rabat —comercio, cooperación policial, energía— para que el coste de tensar la cuerda fuera prohibitivo. Ceuta ha demostrado que el colchón no amortigua el golpe: lo invita.
El espejo de casa: lo que Ceuta dice de la izquierda y la derecha españolas
La crisis ha funcionado también como una prueba de estrés para el arco político español, y cada partido ha salido retratado.
En el Gobierno, la respuesta fue lenta y blanda. El PSOE se resistió durante días a nombrar lo evidente: siguió hablando de «mafias» que organizan los cruces —la fórmula que el propio Sánchez usó ante la prensa, antes de pasar a la delirante hipótesis «rusa» de su entrevista en la SER— cuando ya había investigaciones periodísticas y testimonios que señalaban la orquestación desde Marruecos. El Consejo de Seguridad Nacional no se reunió hasta el 25 de agosto, 26 días después del estallido y tras dos semanas de exigencias de Sumar; de él salió la declaración de «situación de interés para la Seguridad Nacional» hasta fin de año y un mando único bajo Ángel Víctor Torres. A Pedro Sánchez, cuya imagen de gestor de crisis se ha ido agrietando desde Adamuz, la crisis le ha pillado con el aura en horas bajas: se diluye el prestigio que la izquierda acumuló gestionando —o sufriendo con dignidad— crisis como el COVID-16, el volcán de La Palma o el apagón frente a la mala gestión que ha caracterizado al PP en situaciones como el Prestige, el 11-M, la DANA o los incendios. El PSOE esta vez, sencillamente, no ha estado a la altura.
Quien sí dio en la diana desde el primer día fue Enrique Santiago (portavoz parlamentario de IU y diputado del grupo Sumar), el primero en calificar lo ocurrido de «ataque híbrido» y en señalar la autoría intelectual: «El ataque de Marruecos ha sido coordinado por EEUU e Israel», declaró a Público el 28 de agosto. Sumar, IU y Podemos fueron señalando la connivencia estadounidense e israelí mientras el PSOE seguía con la cantinela de las mafias. IU registró en el Congreso una iniciativa exigiendo respuestas sobre la «guerra híbrida» marroquí, citando los sistemas Barak MX comprados a Israel y criticando la dependencia tecnológica de Palantir, y planteando la OSCE como marco alternativo a la lógica de la OTAN (que no intervendría en Marruecos).
Sira Rego puso sobre la mesa otra parte clave del diagnóstico estructural: la externalización de fronteras es la raíz del chantaje marroquí, y la respuesta pasa por corredores migratorios seguros, reparto de menores entre territorios y defensa del derecho de asilo. Es la misma línea de «seguridad humana» que Santiago formula: el Estado se defiende desde la propia defensa de derechos, no suspendiéndolos. Que no existe vía legal para la devolución masiva no es una opinión partidista: en septiembre de 2025, la Audiencia de Cádiz condenó por prevaricación a la exdelegada del Gobierno en Ceuta y a la exvicepresidenta de la ciudad por la devolución exprés de 55 menores durante la crisis de 2021. El precedente judicial es la prueba documental de que los atajos que pedía la derecha ya se probaron —y acabaron en condena judicial—.
A la izquierda de la izquierda, la crisis también dejó un debate incómodo. Cierta tradición trotskista idealiza a las masas empobrecidas movilizadas y se niega a ver la agencia de los actores internacionales que las instrumentalizan —cuando esas masas desesperadas fueron, según los testimonios recogidos, una minoría de quienes entraron y luego salieron voluntariamente, aunque mayoritarias entre quienes se quedaron—; algunos de esos espacios llegan a defender la marroquinidad de Ceuta y Melilla. Frente a esa ceguera voluntaria, el periodismo de investigación (Cembrero y otros) ha demostrado que la entrada fue orquestada: pobreza no equivale a espontaneidad, y señalar quién empuja a esas personas hacia la valla no es criminalizarlas, es nombrar a su verdadero victimario, causante en primera instancia de esa miseria.
En la derecha, el retrato es otro y peor. El PP ha puesto a Vivas a defender medidas que sabe inaplicables —el retorno masivo inmediato no tiene encaje legal, como se demostró en 2021—, en una estrategia que deja a los ceutíes pagando el coste del desgaste al Gobierno central. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se negaron en bloque a acoger menores, hasta el punto de que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, tuvo que instruir a las fiscales para intervenir, y la vicepresidenta Sira Rego convocó una comisión sectorial que los barones populares boicotearon —con sus socios de Vox en Extremadura, Castilla y León y Aragón rechazando de plano el reparto—. «El PP siempre cumple la ley», respondían desde Génova, mientras incumplían la Ley de Extranjería de 2025, que hace vinculante el reparto. Los pactos PP-Vox se blindaron con la cláusula «no más menas», y la presidenta de la FEMP organizó para este día 2 concentraciones que nacionalizan el conflicto sin contar con el resto de partidos políticos de la FEMP e incumpliendo el más mínimo decoro institucional. De los más de cien muertos, ni rastro en sus manifiestos: la conclusión que se impone es que esas vidas no computan en su contabilidad política, que solo incluye el menguante número de días que restan hasta que puedan quitar a Pedro Sánchez de la presidencia de España. Y sobre Marruecos, EEUU e Israel, un prudente silencio: el PP de Feijóo, con cara de Hindenburg —la cara del que cree que puede usar a la ultraderecha y acabar controlándola—, prefiere no mirar ahí, no vayan a engordar a Vox sus aliados internacionales (como han hecho descaradamente con la ultraderecha alemana).
Vox, directamente, hizo cosecha electoral del caos: Abascal habló de «invasión» y de «acto de guerra», pidió «militarizar permanentemente la frontera» y acusó a Sánchez de «compartir la culpabilidad». Su diputado José María Figaredo llegó a decir en televisión que había que «cazarlos a todos». Y la violencia llegó a las calles pese al ejemplar esfuerzo inicial de Ceuta por expulsar a los provocadores: disturbios, chozas de migrantes destruidas y quemadas, y la escena que resume la degradación del debate —el 27 de agosto, un centenar de vecinos bloqueó un convoy de Cruz Roja que llevaba agua y comida a los migrantes del campamento del Trampolín, al grito de «la Cruz Roja es una mafia» y «Ceuta no se vende»; el convoy acabó pasando por una ruta alternativa, pero las chozas de la playa de Benítez ardieron esa misma tarde—. Impedir que una organización humanitaria neutral —la misma capaz de operar humanitariamente en los regímenes más abyectos del mundo precisamente porque no toma partido— entregue agua y comida a personas atrapadas en una playa no tiene precedente en la Europa democrática reciente. Ese es el listón al que ha llegado el clima en Ceuta. La extrema derecha, además, es explícita en su programa geopolítico: subordinaría toda la política exterior y de defensa española a EEUU e Israel —aunque, eso sí, no vendería el Sáhara a Marruecos, porque para eso ya se basta el PSOE, como ironizan desde la izquierda—.
Las derechas mundiales hacen campaña con el caos de Rabat
La crisis de Ceuta ha tenido un aprovechamiento sincronizado que trasciende las fronteras españolas. Como documentó Público, las derechas radicales de medio mundo —Donald Trump, Giorgia Meloni, Elon Musk, Marine Le Pen— han convertido Ceuta en material de campaña, difundiendo la imagen de una «Europa invadida» y de una España débil que no defiende sus fronteras. Es el mismo guion que en crisis anteriores: amplificar el caos, culpar al gobierno progresista y presentar la mano dura como única respuesta. La novedad es que, esta vez, el caos lo fabrica un Estado vecino aliado de Washington y Tel Aviv, y las derechas europeas miran hacia otro lado ante ese dato. Si algún iluso europeísta pensaba una oleada de solidaridad hacia un Estado miembro clave en la defensa de la frontera sur de la UE…se habrá llevado un buen baño de realidad.
Entre quienes han aireado la supuesta inacción española destaca Italia. Giorgia Meloni, que ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular su marca electoral, ha encontrado en Ceuta una ocasión para reforzar el discurso contra el Gobierno de Sánchez.
El problema es que los datos desmontan la lección. Según el análisis difundido por el propio Pedro Sánchez con cifras de Frontex acumuladas entre 2021 y 2026, Italia registró 478.600 cruces irregulares de fronteras exteriores de la UE, frente a 234.760 de España —también por detrás de la ruta de los Balcanes Occidentales (340.600) y de Grecia (259.800)—. La comparación, difundida por el propio Gobierno, ha sido matizada por verificadores como Newtral —las cifras de Frontex cuentan detecciones de cruces, no personas, y mezclan rutas—, pero la orden de magnitud es inapelable: Italia es, según la propia agencia europea, el Estado miembro que más cruces irregulares registra en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España, como recordó Moncloa en su comunicado del 7 de agosto.
El encontronazo fue más allá de los titulares. El viceprimer ministro y ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, vinculó en X la crisis de Ceuta con la política de regularización del Gobierno español; el ministro Albares convocó de inmediato al embajador italiano en Madrid, y Roma llegó a reintroducir controles en su frontera con España el 1 de agosto. Dinamarca, Finlandia y la República Checa apoyaron sondear la exclusión temporal de España del espacio Schengen. La respuesta de Moncloa, en un comunicado de cinco puntos, fue inusualmente dura: recordó que Ceuta y Melilla tienen un régimen específico dentro de Schengen desde 1991, que es Italia quien no aplica el Reglamento de Dublín desde 2022 —es decir, quien dejó de readmitir a los migrantes que cruzan hacia otros socios—, y que España acogió en su día a migrantes rescatados frente a Lampedusa cuando Roma cerró sus puertos. El socio europeo con el discurso más duro contra España resulta ser, sobre el papel, el socio que menos cumple las reglas comunes. También un blanco fácil para que el Gobierno socialista subiera el tono con alguien…ya que no lo hace con Marruecos.
El estrecho de Gibraltar: por qué la geografía importa
Y la geografía, precisamente, explica el porqué de tanta presión: Ceuta y Melilla son la llave del estrecho de Gibraltar, dos posiciones estratégicas de primer orden en el flanco sur europeo. La afirmación merece ser desarrollada, porque condensa buena parte de la lógica de esta crisis.
Vivimos en una época en la que los estrechos han vuelto al centro de la geopolítica. Lo hemos visto con Irán y el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte decisiva del petróleo mundial y cuyo solo riesgo de cierre dispara los mercados; lo hemos visto en Bab el Mandeb y el mar Rojo, donde los ataques hutíes desviaron el tráfico global hacia el cabo de Buena Esperanza; lo vemos en el Bósforo, en Malaca, en el canal de Suez. Quien controla un ‘choke point’ (cuello de botella geográfico) controla un paso clave de la economía mundial —el 80% del comercio mundial de mercancías se mueve por mar, según el estudio de Patricia Giersiepen García para el Grupo de Análisis de Seguridad y Defensa de la Universidad de Navarra (GASS, septiembre de 2024)—. Y el estrecho de Gibraltar es uno de los importantes: apenas 14,4 kilómetros en su punto más angosto, entre Tarifa y punta Cires, 58 kilómetros de longitud y profundidades de entre 300 y 900 metros, por el que transitan en torno a 100.000 buques al año —el 10% del tráfico marítimo mundial, más de 300 barcos al día—. Es, además, la vía de salida al Atlántico de las flotas del mar Negro y de todo el tráfico mediterráneo.
El dato energético y naval lo completa el dato portuario: Marruecos lo sabe, y por eso construyó Tánger Med, a 40 kilómetros de Tánger, que desde 2020 supera a Algeciras en contenedores y desde 2021 en tonelaje —122 millones de toneladas y 8,6 millones de TEU en 2023, frente a 104,8 millones y 4,7 millones del puerto español—, y que el Banco Mundial y S&P clasifican como el cuarto puerto de contenedores más eficiente del mundo (Algeciras es el décimo global y el primero de Europa). La competencia por el estrecho es también una competencia portuaria, y España la resiste (aunque vaya perdiendo frente a su vecino): la crisis del mar Rojo disparó el bunkering de Algeciras un 20% en enero de 2024.
Bajo el agua hay otra guerra silenciosa: los cables submarinos, por los que circula el 99% del tráfico de datos mundial y unos 10 billones de dólares diarios en transacciones financieras, también atraviesan el estrecho. El Medusa —8.700 kilómetros, el más largo del Mediterráneo— toma tierra en Zahora de los Atunes y Torreguadiaro; y los cables transversales Dos Continentes I y II unen Tarifa y La Línea con Ceuta, como el Est-Tet une Estepona con Tetuán o el Roquetas-Melilla y el Almería-Melilla conectan la segunda ciudad autónoma. Ceuta y Melilla no son solo territorio: son nodo de infraestructuras críticas europeas.
Por otro lado, desde el punto de vista militar, la geografía no ayuda a Marruecos, por tres razones que el análisis militar publicado por la Revista Ejércitos resume en una metáfora: moverse contra Ceuta es caminar por arenas movedizas. Primero, la orografía y la configuración urbana hacen de Ceuta un terreno defensivo formidable: el Monte Hacho domina la bahía, y cualquier aproximación masiva queda canalizada y expuesta. Segundo, el estrecho convierte la superioridad numérica terrestre marroquí en irrelevante: para tomar las plazas habría que cruzar un brazo de mar vigilado por la Armada española. Tercero, la propia proximidad —la misma que permite las avalanchas— hace insostenible cualquier ocupación: un conflicto abierto en el estrecho dispararía costes económicos y diplomáticos que Marruecos no puede pagar, empezando por su dependencia del comercio y la inversión europeos y por su propio puerto de Tánger Med, que vive de la estabilidad del paso. Por eso Rabat no invade: empuja. La guerra de zona gris no es el preludio de la guerra abierta; es el sustituto de una guerra abierta que Marruecos no puede ganar.
España, por cierto, lo sabe: el viejo proyecto del túnel fijo del estrecho —42 kilómetros, 27,7 de ellos submarinos, a unos 470 metros de profundidad y con un coste estimado en 10.000 millones de euros, que estudian la SECEGSA española y la SNED marroquí— sigue frenado en parte, según el estudio del GASS, por el temor español a que una conexión terrestre facilite precisamente la presión migratoria que esta crisis ha exhibido.
Hay, en realidad, dos estrechos. El del chantaje, que Marruecos activa cuando le conviene; y el de la convivencia: la Operación Paso del Estrecho, que cada verano vehicula sin incidentes el paso legal de cientos de miles de personas entre ambas orillas, batiendo récords anuales. Ese tránsito ordenado —considerado el mayor movimiento internacional de personas por vía marítima del mundo en unas pocas semanas— es la prueba de que la frontera funciona cuando Rabat quiere que funcione. Y la prueba, también, de quién decide cuándo deja de funcionar.
¿Son defendibles Ceuta y Melilla?
La pregunta militar admite una respuesta serena. Marruecos dispone de unas Fuerzas Armadas numerosas y en proceso de modernización acelerada —aviación F-16, sistemas antiaéreos Barak MX israelíes, drones turcos e israelíes, según el análisis de capacidades publicado por la Revista Ejércitos— y de una ventaja numérica terrestre clara. España, por su parte, mantiene en Ceuta y Melilla guarniciones permanentes de la Legión y Regulares, capacidad de refuerzo rápido desde la península y, sobre todo, el dominio naval y aéreo del estrecho, que es donde se decide cualquier escenario real. La defensa de las plazas no depende de ganar una batalla terrestre en África, sino de negar el mar y el aire, y ahí la superioridad española —integrada además en el marco aliado, supuestamente, de la Unión Europea— es manifiesta. El escenario de invasión convencional es, por tanto, de muy baja probabilidad y altísimo coste para el agresor. Es la conclusión del propio análisis militar citado: el escenario convencional es el que menos conviene a Rabat, precisamente por eso la presión híbrida es el instrumento que han elegido.
Quinientos años no son colonialismo
Ceuta es española desde 1580 —y portuguesa desde 1415, mucho antes de que existiera Marruecos como Estado—; Melilla, desde 1497, décadas antes de la unificación del país vecino bajo la dinastía saadí. Sus habitantes son ciudadanos españoles de pleno derecho, con instituciones autonómicas democráticas. No son colonias: son ciudades europeas con siglos de pertenencia previa a la existencia misma del Estado que hoy las reclama. Compararlas con el Sáhara —territorio de descolonización pendiente de un referéndum que Marruecos bloquea— es invertir los términos: quien administra un territorio contra la voluntad de su pueblo no es España en Ceuta, es Marruecos en El Aaiún. No es casual que, según el CIS, Melilla sea la comunidad donde más ciudadanos se sienten tan españoles como de su tierra (76,2%, la mayor cifra de España) y que Ceuta (76,6%) y Melilla (74,7%) lideren con diferencia el orgullo de ser español.
Y no es casual tampoco que el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escribiera en abril de 2026, en el informe oficial que acompaña a la ley de presupuestos de seguridad nacional y del Departamento de Estado (H. Rept. 119-631, p. 88), que «las ciudades administradas por España de Ceuta y Melilla se encuentran en territorio marroquí y siguen siendo objeto de la histórica reclamación de Marruecos», animando además al secretario de Estado a fomentar el «compromiso diplomático» entre ambos países «sobre el estatus futuro» de las dos ciudades. La fórmula elegida —«administradas por España», el eufemismo que el derecho internacional reserva a las potencias coloniales, no a un territorio nacional— no es un desliz: es la traducción al lenguaje presupuestario de la tesis de Rabat, en el mismo documento que asigna 20 millones de dólares de financiación militar a Marruecos. La ley salió adelante en la Cámara el 15 de julio de 2026, por 217 votos a 209. Dos semanas después, decenas de miles de personas cruzaban la frontera de Ceuta. Casualidad.
Conclusiones: la responsabilidad tiene nombre
La crisis de Ceuta de julio de 2026 no ha sido una emergencia migratoria: ha sido una operación de zona gris ejecutada por Marruecos, tolerada —cuando no coordinada— por Estados Unidos e Israel, amplificada por las derechas radicales de medio mundo y gestionada en España con una desigualdad que también forma parte del diagnóstico: tibieza gubernamental, claridad temprana en Sumar e IU, oportunismo irresponsable en el PP y pura ingeniería del miedo en Vox.
Las más de cien víctimas no son un daño colateral inevitable. Son el resultado de una decisión política tomada en Rabat: empujar a decenas de miles de personas, entre ellas niños, hacia una frontera militarizada sabiendo lo que podía pasar. La responsabilidad por esos muertos tiene nombre y dirección, y no está en las mafias sin identificar de las que sigue hablando quien no quiere mirar al Palacio.
Como escribió Enrique Santiago en Mundo Obrero: Marruecos y la extrema derecha manejan la migración marroquí para sus intereses políticos —los unos como instrumento de presión, los otros como instrumento electoral—. Frente a esa pinza, la respuesta no es la suspensión de derechos, sino la agenda que la izquierda ya ha puesto sobre la mesa durante esta crisis: seguridad humana, derecho de asilo, corredores migratorios seguros y el fin de la externalización fronteriza que alimenta el chantaje, junto a una política exterior que deje de pagar peajes a Rabat y profundice en lo que este Gobierno ya ha empezado a hacer: la recuperación de la relación con Argelia. La izquierda que lo ha entendido —la de Santiago, la de Sira Rego, la de los sindicatos CCOO y UGT y la de las asociaciones vecinales ceutíes que sostuvieron la convivencia en los barrios, cuyas demandas amplificaron la FRAVM y CEAV— tiene las propuestas. El resto tiene un problema.
