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            A lo largo de este extenso Informe pretendo dar cumplida respuesta a la Memoria anual publicada por la Conferencia Episcopal Española (CEE), en este caso la correspondiente a 2016.

            Ciñéndome a la estructura de la misma Memoria,  analizo lo que ésta dice y de lo que debería hablar, así como lo mucho que oculta. Valga como recapitulación:

1) El responsable de la situación de privilegio económico de que disfruta la Iglesia católica (Ic) no es otro que el Estado así como los sucesivos gobiernos de nuestra democracia desde hace 38 años. La Ic disfruta de un “paraíso” jurídico y fiscal consentido y sustentado por el Estado, que presume de aconfesional, democrático y de derecho;

2) La Memoria episcopal no cumple con el compromiso adquirido  con la firma del reprobable acuerdo concordatario de diciembre de 2016 (Memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la asignación tributaria). La Iglesia cada vez aporta menos información o lo hace de forma más críptica;

3) Resulta imprescindible fiscalizar tanto las ayudas y subvenciones recibidas por todas las organizaciones eclesiales como las exenciones de que se benefician.

Por fin en 2018 el Tribunal de Cuentas (TC) ha incluido la auditoría a la Iglesia católica en su Programa anual de dicho año, referida al ejercicio 2017; es de suponer que la jerarquía católica intentará presionar todo lo posible al Gobierno para que dicha auditoría sea lo más “light” posible (en extensión y profundidad) aunque, en este caso, los consejeros del TC han ido mucho más allá de lo solicitado por Podemos-PSOE en el Congreso, que se circunscribía al 0,7 % de la casilla del IRPF. No estamos hablando de “bagatelas”, sino de más de 12.000 M€ de dinero público, con el que, por ejemplo, se podría proveer a 1.387.700 hogares españoles con todos sus miembros en paro a finales de 2016  de un ingreso mensual medio por familia de 721€;

4) la Memoria tiene demasiada propaganda y muy poca transparencia. La estrategia de comunicación de los obispos es puramente defensiva, y parece querer salir al paso de una realidad difícilmente manipulable: los exorbitantes privilegios económicos de que goza la Iglesia, que succiona del erario público más del 1% del PIB para sus actividades. El mensaje que pretenden transmitirnos sería, “Vale nos beneficiamos del dinero público pero, a cambio, generamos muchos beneficios económicos a la sociedad”.(

Análisis de la Memoria Anual de Actividades del ejercicio 2016 presentada por la Conferencia Episcopal Española

(29 de agosto de 2018)

 por M . ENRIQUE RUIZ DEL ROSAL

(Dedicado a Charo, Fernando y tod@s l@s compañer@s de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid, por su trabajo constante y paciente a favor del laicismo)

ÍNDICE

1. I) MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS CANTIDADES RECIBIDAS DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 5

INCUMPLIMIENTO DE UN COMPROMISO   5

NECESIDAD DE UNA AUDITORÍA  12

LAS FALACIAS DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA  14

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA – IRPF  15

EL IVA  23

APORTACIÓN DE LAS DIÓCESIS AL FCI 24

EL FONDO COMÚN INTERDIOCESANO (FCI) 25

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD PASTORAL  31

LA TELEVISIÓN EPISCOPAL: 13 TV  34

1. II) ACTIVIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA 36

ECONOMÍA DIOCESANA  37

LOS INGRESOS FINANCIEROS  41

EL PATRIMONIO INMOBILIARIO   42

LA SUPUESTA CONTRIBUCIÓN DE LA IGLESIA AL
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA SOCIEDAD  44

ACTIVIDAD CELEBRATIVA  46

PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD PASTORAL  49

ACTIVIDAD EN CENTROS PENITENCIARIOS  50

¿VALORACIÓN DE MERCADO DE LA ACTIVIDAD
SACRAMENTAL?  52

ACTIVIDAD EDUCATIVA Y EL SUPUESTO “AHORRO”  54

EL SUPUESTO “AHORRO” DE LA IGLESIA CATÓLICA  58

L@S CATEQUISTAS EN LA ESCUELA PÚBLICA Y CONCERTADA. 61

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN  63

ACTIVIDAD CULTURAL  66

BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL  68

EL SUPUESTO IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE
ACTIVIDADES E INMUEBLES  69

CATEDRALES  71

INMATRICULACIONES  73

LA TRANSPARENCIA  75

ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL  76

LA CASILLA PARA FINES DE INTERÉS SOCIAL EN EL IRPF  77

EL DESAGUISADO DE LA NUEVA CASILLA “SOCIAL” EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS) 78

ÚLTIMAS CONSIDERACIONES RESPECTO A LA ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL Y LAS ONG   81

LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA IGLESIA  82

CONCLUSIONES  83

 Un año más la Conferencia Episcopal Española (CEE, en adelante) ha dado a la publicidad (pues de publicidad se trata, exclusivamente) su última Memoria Anual de Actividades correspondiente al ejercicio 2016, en relación con la renta declarada en 2017. Y lo ha hecho, como siempre, no sólo a través de los múltiples medios de comunicación y propaganda de que es propietaria (televisiones, radios, periódicos en papel o digitales), sino también contando con la inestimable colaboración de los medios de comunicación de las cadenas estatales y autonómicas públicas (radio y televisión), así como de la mayoría de los medios generalistas privados.

Y a la vista de los datos ofrecidos en dicha Memoria, tengo que volver a repetir, como lo hago cada año, el párrafo con que comencé el informe que realicé, allá por agosto de 2010, a propósito de la Memoria correspondiente al ejercicio 2008:

“Siendo Gonzalo Puente Ojea embajador de España ante la Santa Sede, solicitó al Gabinete de Presidencia del Gobierno socialista, en 1986, información sobre las partidas presupuestarias a favor de la Iglesia católica (Ic, en adelante). Dicho Gabinete, junto con la citada información detallada por Ministerios, adjuntó un párrafo que no tenía desperdicio: “Además de la financiación directa con cargo a los Presupuestos del Estado, la Ic obtiene una importante financiación indirecta mediante las exenciones de impuestos o gravámenes que debería abonar conforme a la Legislación Fiscal en vigor. No se ha todavía calculado la cifra a la que asciende este beneficio fiscal, si bien se procurará obtener una estimación aproximada de la misma.”

Han transcurrido 32 años y aún sigue pendiente que el Gobierno de España elabore una estimación de las exorbitantes cantidades de que se beneficia la Ic y todas sus sociedades e instituciones, como consecuencia de las exenciones y bonificaciones fiscales al amparo de los Acuerdos concordatarios con la Santa Sede de 1979. Y ello en sus tres niveles administrativos: central, autonómico y local.

Conviene recordar que estas cuantiosas sumas, que Europa Laica cifra en no menos de 11.600 M€ (algo más del 1 % del PIB de España) se hurtan a los Presupuestos de estas tres administraciones y, por tanto, no están disponibles para financiar servicios de interés general, que beneficiarían a tod@s l@s ciudadan@s, independientemente de sus creencias y convicciones. Todo ello en beneficio de los intereses de una creencia particular y de la Institución que dice representarla: la Iglesia católica.”

I) MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS CANTIDADES RECIBIDAS DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA

INCUMPLIMIENTO DE UN COMPROMISO

Hay que señalar que con la Memoria de 2016 la CEE corrobora una tendencia que ya había descubierto sus cartas hace unos años: se trata de saturar la Memoria del sinnúmero de actividades que la Ic realiza en España y en el extranjero, y de su supuesto impacto económico, ofreciendo cada vez menos información de cuánto dinero público recibe del Estado (en este caso a través de la declaración del IRPF) y qué uso realiza del mismo. Así pues, no se encontrará en ella ninguna información que permita hacerse siquiera una somera idea de los cuantiosos recursos públicos recibidos de (o exencionados por) las distintas administraciones del Estado. Y obviamente tampoco encontraremos nada acerca del uso de estos recursos, que quedan atrapados en el agujero negro de la más absoluta opacidad.

Y esta ceremonia de la confusión parte del incumplimiento del único compromiso adquirido por la Conferencia Episcopal con la firma del infausto acuerdo concordatario de diciembre de 2006 con el Gobierno socialista (Rodríguez Zapatero): “d) compromiso de la Iglesia católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación Tributaria.”

Es fácil demostrar que en relación con este compromiso, que el Estado debería exigir taxativamente, la Ic cada vez aporta menos información o lo hace de forma más críptica:

1.- En primer lugar, cabe señalar que este compromiso (presentación de una Memoria) ya lo había adquirido la Ic en 1979 con la firma del Acuerdo concordatario para Asuntos Económicos; no obstante, no se conoce que los obispos presentaran una Memoria hasta 2010 (¡!), a propósito de la correspondiente a la del ejercicio 2008. Han tenido que transcurrir 31 años para que la Iglesia cumpliera uno de los pocos compromisos adquiridos con la firma de los Acuerdos concordatarios de 1979.

2.- Cada año la CEE elabora una Memoria justificativa relacionada con el destino de los fondos que recibe de la casilla del IRPF. Dicha Memoria obra en poder de los Ministerios de Hacienda y Justicia (en realidad, más que justificantes de los gastos sólo aporta meras explicaciones), pero no debe confundirse con la Memoria que da a la publicidad la jerarquía católica, que puede considerarse como un resumen abreviado, y que es el objeto del presente análisis. Resulta a todas luces alarmante que sea la propia Administración la que no dé a la publicidad de forma transparente dicha información, e incluso siembre la confusión a través del portal de transparencia.

3.- Tampoco encontraremos en la presente Memoria mención alguna al Fondo de reserva no inferior a 53,3 M€ (se comentaba marginalmente en los anexos en 2011 y 2012) con que cuenta la Ic, que tiene su origen en el incremento de financiación que se produjo en 2007, más los 10,3 M€ aportados del superávit del ejercicio 2016, lo que ha permitido  hacerse con un potente “colchón amortiguador”, por si flaqueaba la fe de quienes ponían la “X” en la declaración del IRPF. Lo cierto es que esta cantidad, sumada a los 85 M€ de media procedentes de la “Asignación tributaria” hasta que se reparten definitivamente, 138,3 M€ en total son objeto, como mínimo, de inversiones financieras por parte de la CEE. Más adelante comentaré la cuestión de las inversiones financieras con más detalle.

4.- Como viene siendo habitual en los últimos años, ha desaparecido prácticamente la referencia central al Fondo Común Interdiocesano (FCI, en adelante), que se constituye con la aportación de lo obtenido por la “X” del IRPF más una supuesta aportación de las diócesis. Dicho FCI “es el instrumento a través del cual se canaliza la distribución de la asignación tributaria a las diócesis españolas y otras realidades eclesiales” (sic). De su importancia da una idea el hecho de que tanto la constitución como el presupuesto de dicho Fondo se aprueban anualmente en Asamblea Plenaria por los obispos. No se ofrece ninguna explicación de esta omisión.

Asimismo cabe denunciar la escasa posibilidad de seguimiento de los ítems del Presupuesto del FCI, dado que los conceptos de gastos que se utilizan no son, en absoluto, los que luego se utilizan en las correspondientes Memorias. Esta ausencia de “trazabilidad” conlleva la imposibilidad de saber de qué se está hablando en cada momento: en realidad sirve para ocultar, por ejemplo, el monto dedicado a actividades pastorales y asistenciales a cargo del FCI o los sueldos de los sacerdotes. ¿Cuándo espera la CEE homologar el lenguaje de los Presupuestos del FCI y de las Memorias anuales? ¿Cuándo espera la “prestigiosa” PwC realizar algún comentario a este respecto?

5.- También ha desaparecido de la Memoria la cantidad que las diócesis aportan al FCI, aunque por el Presupuesto del FCI para 2016, aprobado por la CEE, sabemos que las diócesis debieran haber aportado 15,88 M€ a dicho Fondo, lo que significa tan sólo el 6 % del mismo. El hecho de que desde la Memoria de 2013 haya desaparecido esta mención parece pretender ocultar que las diócesis aportan apenas la decimoséptima parte del monto total del FCI y, por tanto, que dependen del Estado cada vez en mayor medida. Teniendo en cuenta que son instituciones privadas y que no realizan ningún servicio de interés general ni, por tanto, público, mal se conjuga esta situación con la declaración constitucional de aconfesionalidad del Estado.

6.- Un año más, como viene siendo habitual desde la Memoria de 2010, se omite la referencia cuantitativa a la retribución de los sacerdotes, así como el número específico de sacerdotes que se retribuye (¿sólo al conjunto de los sacerdotes diocesanos y cuántos son? ¿Los 18.164 sacerdotes  mencionados en la página 40 son diocesanos?

No se entiende que sistemáticamente se oculte cuánto dinero se dedica a retribuciones del total de la cuantía transferida por el Estado de la casilla del IRPF, y a cuántas personas y por qué conceptos. Y menos se entiende que el Estado no exija puntualmente esta información cada año, como sería obligado en una Administración que se preocupara por el interés general. Este es uno de los mayores secretos guardados por la Conferencia Episcopal.

En todo caso, estos emolumentos procedían del FCI (y por tanto de la “X” del IRPF) y alcanzaron los 136,6 M€ en 2009, último año en el que la Memoria se hizo eco de esta información. Desde entonces, el silencio, aunque por el Presupuesto del FCI para 2015 sabemos que para dicho año se presupuestó 173,4 M€, es decir, un 27 % más que en 2009. Y digo 2015 porque en el presupuesto de 2016 dado a la publicidad por la CEE no figura el montante correspondiente a las retribuciones del clero. En fin, cada vez más confusión y menos transparencia.

Así pues, sólo es posible afirmar, con los datos de los presupuestos del FCI para 2015, que no son los reales toda vez que los datos presupuestarios siempre son “preventivos”, que las retribuciones del clero y obispos, con sus consiguientes seguros sociales se incrementaron en el período 2008-2015 un 38 % (de 126 M€ hasta los 173,4 M€), lo que equivaldría a un incremento de 5,42 puntos porcentuales cada año. No está nada mal para una economía devastada por la crisis. ¿Quizás por eso se omite dicha información, para no tener que explicarla? Tal vez por eso se ha hecho desaparecer esta información del presupuesto del FCI para 2016. ¡Ejemplar concepto de la transparencia el de los señores obispos!

Por último, cabe llamar la atención sobre otra cuestión ignota: año tras año se presupuesta una cantidad para la seguridad social del clero y prestaciones sociales, 17,72 M€ en 2016, y en la Memoria de cada año sólo se hace referencia a la seguridad social del clero, 16,32 M€ en 2016 (pág.23). ¿Qué explicación se da acerca del casi millón y medio de euros que falta? Tal vez corresponda a los gastos en prestaciones sociales, pero la Memoria nada dice sobre ello. Se omite toda información sobre qué prestaciones sociales recibe el clero con cargo a la denominada asignación tributaria, y ello si debería ser objeto de la Memoria. ¿Por qué se oculta dicha información?

7.- Si en la Memoria correspondiente a 2014 se afirmaba que con carácter general, los obispos en activo tienen una asignación establecida de 1.250 € al mes, desde la Memoria correspondiente a 2015 ha desaparecido mención alguna a la retribución establecida para los señores obispos, por término medio. No se menciona de cuántos prelados estamos hablando, entre cardenales, arzobispos, obispos titulares y obispos auxiliares. Tampoco cuál es su aportación a la Seguridad Social o al IRPF. Total opacidad. Lo que sí consta es que en 2016 se ha incrementado esta retribución global en 57 mil euros (el 2,7 % de incremento respecto al año anterior), pero no se explica si dicho aumento obedece a que se han incrementado los emolumentos (cuestión muy verosímil) o a que ha aumentado el número de prelados a retribuir.

Tampoco se dice nada en la Memoria de 2016 acerca de la existencia y remuneración de 6 cardenales, 6 arzobispos, 21 obispos titulares y un obispo auxiliar, todos ellos eméritos. ¿No reciben ninguna retribución?

8.- Llama poderosamente la atención que un año más, como desde la Memoria correspondiente a 2010, se oculte la cantidad que procedente del FCI se dedicó en 2016 a actividades pastorales. Por el Presupuesto del FCI sabemos que en 2015 se preveía dedicar 35,8 M€ para estos menesteres, esto es, el 18 % de la cantidad que procedente de la casilla del IRPF se enviaba a las diócesis. ¿Cómo es posible que se dedicara tan exiguo porcentaje para una activada, la pastoral, que se supone que es la motivación principal de la Iglesia?

Esa información ya no está disponible, ni siquiera, en el Presupuesto del FCI para 2016. ¿Por qué se oculta? En todo caso, resulta inexplicable que entre los empleos de los recursos de la Asignación Tributaria (pág. 23) sólo figuren las actividades pastorales nacionales, con 3,4 M€, y las actividades pastorales en el extranjero, con 1,28 M€, totalizando ambas rúbricas 4,7 M€. Esta cantidad nada tiene que ver con los 35,8M€ que se consignaban en el presupuesto del FCI para 2015, y no sólo no merece ninguna puntualización de los auditores de PwC, sino que se permiten afirmar que la Memoria “…ha sido preparada de manera adecuada y fiable, en todos sus aspectos significativos…”. (¡!).

9.- Un año más, el importe que la CEE declara haber dedicado a su campaña de publicidad para conseguir financiación estatal vía IRPF es completamente opaca, además de poco creíble: la Memoria cuantifica el gasto de Campañas de financiación de la Iglesia (pág. 23) en 4,8 M€, (6,7 % de incremento respecto al año anterior),  de los que 3,74 M€ se han dedicado a la campaña de la Asignación tributaria (5,6 % de incremento respecto a 2015) y 1,07 M€ al Día de la iglesia diocesana (un 9,2 % de incremento). Ni que decir tiene que no se ofrece explicación alguna de los soportes publicitarios con que nos bombardean a l@s ciudadan@s durante todo un año (estáticos y dinámicos, vallas, encartes en periódicos de folletos a todo color, desayunos informativos, emisoras de radio y TV, periódicos monográficos, etc.).

Debemos tener en cuenta que esta gigantesca campaña de agitación y propaganda de la “modesta” Corporación que es la Ic, se vertebra a través de 67 publicaciones diocesanas, 145 programas de radio, 256 revistas, 13 programas de TV, cadenas de radio (COPE, Radio María, etc.) y (13TV), además de una presencia creciente en Internet y en las redes sociales, que en 2015 presumía de haber llegado a más de 10 millones de personas.

Una vez más, debo recordar que esta abusiva campaña no sería objeto de mi interés si el dinero que se emplea en ella no fuera dinero público que debiera estar al servicio de los intereses generales, y no de intereses particulares como los de la Conferencia Episcopal.

10.- Es preciso comentar también que en la página 26 se indica que “casi el 80,4 % (casi, no, ése es un porcentaje exacto; eso pasa por copiar el mismo texto del año pasado y pegar sin demasiada atención) de los recursos que llegan a través de la Asignación Tributaria” se envía a las diócesis, y se cifra la cantidad en 201,7 M€. Pero no hay forma humana, ni “divina”, de obtener dicho porcentaje si partimos de las cifras ofrecidas: los 201,17 M€ que dice la Memoria que se ha enviado a las diócesis, respecto a los 256,66 M€ de lo asignado para dicho año, ofrece un 78,4 %, y si nos referimos a la cantidad que figura en dicha Memoria, pág. 23, como Asignación tributaria de dicho año, 268,27 M€, el porcentaje es aún menor, el 75 %. ¿De qué está hablando la Conferencia Episcopal? La Memoria se equivoca (o miente) cuando hace la afirmación que encabeza este apartado: ese 80,4 % está calculado respecto a los “empleos” o gastos (o pagos, vaya usted a saber) en 2016, que fueron 250,08 M€, que no es lo mismo que la asignación tributaria de dicho año, que fueron 256,66 M€ (pág.20) ¿Por qué no se dejan de jueguecitos porcentuales y ofrecen las cifras en términos absolutos?

Ya me referiré a esta información tan “adecuada y fiable” a juicio de PwC, pero valga añadir que tampoco existe ninguna mención a que el 80 % de esa cantidad se dedica a retribución de los sacerdotes (¿cuántos en total y qué distribución por diócesis?). Silencio y oscuridad abisal en la Memoria.

Parece evidente, por tanto, que la intención de la Memoria Anual que se da a la publicidad es justificarse ante la sociedad por los inconmensurables recursos económicos que la Iglesia obtiene del erario público (tanto directa, como indirectamente, vía exenciones), mostrando el sinnúmero de actividades que la Ic realiza a lo largo del año. Pero intentar abrumar a los ciudadanos con tantas “nubes de tinta”, cual si fuera un calamar gigante, no es pertinente en el contexto del compromiso que adquirió en 2006. Y mucho menos jugar a la ceremonia de la confusión mezclando datos que no vienen a cuento con lo que es su verdadero compromiso: elaborar una Memoria que justifique las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación tributaria. Esto es lo exigible por la sociedad y es lo que debería exigirle el Estado.

Es fraudulento, por tanto, que la Memoria se aplique a dar a conocer la forma de organización de la Ic, su estructura, su financiación y las actividades que desarrolla en el marco de los fines de la Iglesia; la evangelización, la vivencia de la fe y el ejercicio de la caridad, como se afirma en la página 14: toda esta información puede ser relevante para la Ic y sus seguidores, pero es irrelevante para el conocimiento de lo que debería ser el verdadero y único objeto de la Memoria: justificar las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación tributaria.

Así pues, la Ic debe cumplir su compromiso sin intentar confundir a l@s ciudadan@s. Y buena prueba de que lo intenta, un año más, es que en la Memoria presentada este año (que ha incrementado de 98 páginas hasta las 105 páginas actuales) dedica el 85 % de su contenido (89 páginas) a exponer la actividad pastoral, celebrativa (sic), evangelizadora, cultural, etc., de la Iglesia y su supuesto impacto económico, y tan sólo 16  páginas (el 15 %) están relacionadas con la denominada Asignación tributaria que, como acabo de afirmar, debería ser el verdadero y único objeto de la Memoria.

Y para ello, este calamar gigante que es la Corporación católica no duda en expeler densas nubes de negra tinta en tres direcciones: 1) cuantificando lo que la Ic “invierte en la sociedad”, en términos de PIB; 2) calculando el supuesto impacto económico del patrimonio cultural de la Ic o de las fiestas religiosas, apropiándose en exclusiva para las creencias y la Institución católicas el impacto económico de bienes patrimonio de la Humanidad o de Interés Cultural, también en términos de PIB; y 3) ofreciendo el “impacto económico” de la actividad asistencial de la Ic, con un esotérico cálculo de el “retorno social de la inversión”, todo ello con un regusto muy actual a la jerga economicista.

Debo dejar claro que el Estado debería exigir rendición de cuentas a la CEE por las cuantiosas sumas de caudales públicos de que se beneficia, tanto por vía directa como indirecta (exenciones), así como por las transmisiones patrimoniales que recibe de las Administraciones públicas. Pero en lo tocante a la Memoria que está obligada a hacer anualmente, merced al “generoso” acuerdo arrancado al Gobierno socialista en 2007, los obispos deberían cumplir su compromiso sin inundar a todos los ciudadanos con un montón de datos pastorales, evangélicos o supuestos estudios de impacto económico que nadie le ha pedido.

Dicho en castizo: la Conferencia Episcopal debe dejar de marear la perdiz con tanto populismo mediático y presentar una “memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación Tributaria”. Y el Estado debe exigírselo. Sin ocultar cifras. Sin esconder conceptos. ¿Resulta tan difícil?

11.- Por último, es necesario comentar, dada su actualidad, que en un momento en que la única salida lógica, desde el punto de vista de la laicidad de las instituciones públicas y de la aconfesionalidad del Estado preconizado por la Constitución, es la eliminación de la casilla de la declaración del IRPF,(algo que exige imperiosamente la denuncia y anulación de los Acuerdos concordatarios con la Santa Sede), el globo sonda que se lanzó durante el gobierno del PP para extender dicho privilegio a otras religiones “de notorio arraigo” debería ser pinchado definitivamente por el gobierno socialista.

Como es lógico la Ic, desde su posición de notorio privilegio, nada tiene que objetar a dicha ampliación, sino muy al contrario celebra y anima dicha estrategia; cuantas más casillas, más legitimada queda su privilegiada e inalcanzable posición. El que algunas otras religiones se lleven algunas migajas que se caen del mantel de la opípara comilona eclesial (256,6 M€ en 2016) no preocupa a sus Eminencias. Pero para el resto de ciudadan@s, que debemos financiar  los raquíticos servicios públicos de enseñanza, sanidad o servicios sociales con nuestro impuestos, esta especie de huida hacia adelante nos confirma el aumento de la “mordida” fiscal y aumenta nuestra preocupación. Por tanto, la alarma social que provocó este “café para tod@s” del gobierno del PP debería figurar en la agenda política del actual gobierno y de tod@s l@s ciudadan@s conscientes de la importancia del interés general y de los servicios públicos.

NECESIDAD DE UNA AUDITORÍA

1.- No obstante, los cuantiosos recursos económicos de que dispone la jerarquía católica para publicidad (4,8 M€) han permitido realizar, por sexto año consecutivo, el Informe de aseguramiento razonable sobre la Memoria Anual de Actividades del Ejercicio 2016, realizado por la consultora PwC.

Parece evidente, para cualquier observador desapasionado, la necesidad que tiene la institución eclesial de dotar de credibilidad a las cifras que aporta, toda vez que la información que realmente interesaría a l@s ciudadan@s no aparece por ningún lado, como antes he señalado.

No obstante, conviene tener claro lo que no es el Informe de aseguramiento razonable: no significa que se hayan auditado las cuentas de la Iglesia católica (Ic, en adelante) conforme a la Ley de Auditoría de cuentas, como el propio Informe emitido por PwC reconoce. Como es natural, la auditora no ha tenido a la vista en ningún momento “las cuentas” de la Ic, ya que éstas no existen y el Estado no se las exige. La compañía auditora sólo ha trabajado con la información que la CEE ha tenido a bien poner a su disposición. A partir de ahí ha formulado preguntas, realizado algunas reuniones, visitado algunas diócesis y parroquias, elaborado cuestionarios y, finalmente, elaborado un informe que, en ningún caso puede entenderse como una auditoría contable. Y ello es así porque no existe nada parecido a una contabilidad integrada de la Corporación católica, con su cuenta de resultados anual, su balance, su patrimonio, su activo, su pasivo, sus amortizaciones, etc.

Así pues, deberemos seguir esperando transparencia en el seno de esta gigantesca corporación que es la Iglesia católica: la conclusión del Informe de PwC no puede ir más allá de afirmar más que los datos (escasamente relevantes, según mi opinión) que se han puesto a su disposición se han preparado “de manera adecuada y fiable”, aunque la adecuación y fiabilidad de los mismos no dejan de ser un “dogma de fe”, toda vez que las contradicciones, lagunas y omisiones ponen en duda dicha fiabilidad.

Admito que a algunas personas (a l@s incondicionales de la institución eclesial) estos datos les puedan parecer suficientes e incluso excesivos. Por el contrario, para los millones de contribuyentes (de creencias católicas o de cualesquiera otras creencias, religiosas o no) que sufrimos los privilegios económicos de la Ic y la consiguiente succión de recursos públicos de los presupuestos del Estado, la mayor parte de los datos aportados en la Memoria del ejercicio 2016 nos resultan indiferentes (actividad litúrgica, pastoral…), pues sólo tienen significado en la órbita específica, y por tanto particular, de la actividad eclesial. Así pues, la mayoría de los datos aportados no tienen ningún interés, más que para los convencidos y, por otro lado, no se aportan los que de verdad nos interesarían a la mayoría de l@s ciudadan@s.

Este año, al menos, se ha incorporado la información cuantitativa relacionada con los recursos y empleos de las diócesis que, según parece, son las instituciones católicas a través de las cuales se vertebra la mayor parte de su actividad. En todo caso, y aún cuando no debería ser objeto de esta Memoria, los obispos despachan la economía diocesana en dos sencillas páginas, por lo que puedo seguir afirmando que éstas son las mismas cifras que, año tras año, impiden ver el bosque de la financiación de la Iglesia católica en España.

LAS FALACIAS DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA

2.- No se puede comenzar hablando de la denominada Asignación Tributaria sin mencionar, siquiera brevemente, los hechos reconocidos en relación a este concepto que, aunque de sobra conocidos por tod@s l@s laicistas, no deja de ser la cantinela redundante en toda la propaganda episcopal así como el eje de su abusivo bombardeo mediático, para intentar conseguir marcar la casilla de la declaración del IRPF:

1. a) Quien marca la “X” en la declaración del IRPF no pone un solo euro de su bolsillo, como paladinamente reconoce la Ic (a tí no te cuesta nada).
2. b) El dinero lo pone el Estado de la “bolsa común” (Presupuestos) que tendría que estar al servicio de fines públicos (escuelas, sanidad, servicios sociales, desempleo, pensiones).
3. c) Quien marca la “X” dispone de un privilegio: poder indicar al Estado que transfiera de los Presupuestos Generales una cantidad equivalente al 0,7 de la cuota íntegra de su declaración para una institución privada (la Ic), e incluso otro 0,7% para algunas ONG, en su mayoría de naturaleza católica. Como privilegio que es, no está al alcance de ningún/a otr@ ciudadan@. No tod@s tenemos los mismos derechos y obligaciones fiscales.
4. d) En la práctica, el gesto de marcar la “X” equivale a aportar un 0,7% menos de impuestos (o un 1,4% menos, en caso de marcar la de “Fines sociales”) que el resto de l@s ciudadan@s, contraviniendo lo establecido por la Constitución.
5. e) Por más que la jerarquía católica lo repita por tierra, mar y aire, el importe de la denominada Asignación tributaria no se dedica a actividades litúrgicas, ni pastorales, ni mucho menos caritativas o sociales (salvo el pequeño aporte a Cáritas), sino a otras mucho más pedestres como los salarios y seguridad social de curas, obispos, Facultades eclesiásticas, incluso a financiar 13TV, campañas contra el aborto o beatificaciones (en su momento).

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA – IRPF

3.- Conviene comenzar este apartado comentando algo que criticábamos el año pasado, pues  silenciaba algo de extraordinaria importancia para el funcionamiento y las actividades de la Ic a partir de 2016: los prelados habían conseguido obtener del gobierno del PP más dinero contante y sonante cada mes para financiar sus actividades: nada menos que 16 M€ más al año de anticipo, con la simple triquiñuela de modificar en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 la mecánica de los anticipos (Ley 48/2015, Disposición adicional cuadragésima sexta. Financiación de la Iglesia Católica). De esta manera conseguía la jerarquía eclesial incrementar las cantidades líquidas a percibir como anticipo cada año en torno al 10%: de unos 160 M€/año hasta 176 M€/año. Parece que la recuperación había llegado para los obispos ¿Por cuánto tiempo seguirá negando el Sr. Barriocanal que el Estado financia a la Ic? Este año, al menos, este asunto se menciona en la Memoria (pág.10), aunque no se ofrece ninguna cantidad concreta ni mayor información adicional.

De todas formas, al igual que la Memoria publicada el año pasado, la introducción de la Memoria episcopal de 2016 nos recuerda, en la página 9, un compromiso del Estado y desliza varias inexactitudes reiteradas:

1. a) El recordatorio a tod@s l@s ciudadan@s es para que no se nos olvide que los Acuerdos concordatarios de 1979 comprometen (y obliga) al Estado (y por tanto a todos los españoles) a colaborar con el adecuado sostenimiento de la Iglesia católica. No está mal el comienzo, para tratarse de un Estado supuestamente aconfesional. Sin embargo se silencia paladinamente que en dichos Acuerdos de 1979 figuraba el compromiso de la Ic para autofinanciarse, olvidado y no exigido por ninguno de los gobiernos de la democracia española (La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades).
2. b) Este año, por primera vez, se permite mencionar (Antecedentes, pág.9) la Constitución Española de 1978, mutilando su artículo 16.3, omitiendo precisamente el enunciado inicial del mismo que establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” y pasando directamente a la referencia a “tener en cuenta” las creencias religiosas y a las relaciones de cooperación. Prometedor comienzo de la Memoria.
3. c) A pesar de que la Ley de Presupuestos para 2007 estableció que la Ic recibiría por el denominado sistema de Asignación tributaria únicamente lo que los contribuyentes asignaran por la “X” en el IRPF, se desconoce que la Administración Tributaria haya publicado el cuadre preciso de las cantidades anticipadas mensualmente desde dicho año, las liquidaciones a favor de la Ic y las diferencias anuales a ingresar procedente de los PGE. Así sucede que ignoramos, hasta ahora, si se está cumpliendo estrictamente lo acordado y por tanto si la Iglesia está cobrando “sólo” lo que firmó con el Estado. Además, esta circunstancia permite a la CEE ofrecer diferentes cifras en sus distintos documentos. Valga como ejemplo que en la web de la CEE las cifras de importes anuales asignados de ejercicios ya liquidados no coinciden con los que figuran en la Memoria 2016. Tampoco coinciden las cifras que figuran en la Memoria de 2015 con las de la Memoria de 2016, para ejercicios ya cerrados (ninguna coincidencia desde 2007) ¿Hay varias cifras oficiales? Por qué, con qué criterio y quién corrige cantidades de ejercicios ya cerrados. Imposible decir nada concluyente ante tantas arenas movedizas. Ninguna explicación le merece a PwC.

Incluso en relación con el importe asignado total para 2016, la Memoria  (junio 2018) asigna un importe de 256.661.678 €, mientras que el adelanto provisional de tan sólo hace unos meses (abril) lo cifraba en 256.208.146, es decir, casi medio millón de euros más de incremento en dos meses. Nada de esto merece una explicación de PwC.

1. d) Otra inexactitud (sin duda intencionada), también en la página 9, es que en contra de lo que afirma la Memoria, el compromiso de la Ic fuera “presentar cada año una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado así como los destinos de las mismas”. En realidad, como literalmente estipula dicho Canje de Notas y como he citado más arriba, el compromiso consistía en presentar una Memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación Tributaria.
2. e) La última inexactitud intencionada que se desliza, ésta en la página 10 de la Memoria, es que las cantidades desviadas de los Presupuestos del Estado, como consecuencia de la “X” de las declaraciones en el IRPF, se destinen para “ejercicio del apostolado y caridad”. Como he explicado anteriormente, y a pesar de que la información real ha desaparecido desde la Memoria de 2010, por el Presupuesto del FCI para 2015 (cantidades previstas, naturalmente) sabemos que las retribuciones del clero y obispos, con sus consiguientes seguros sociales se incrementaron (en términos de presupuestos preventivos) en el período 2008-2015 un 38 % (de 126 M€ hasta los 173,4 M€), lo que equivales a un incremento de 5,42 puntos porcentuales cada año.

En consecuencia, un simple vistazo a la página 23 de la propia Memoria permite deducir que la mayor parte del “bocado” que tiene su origen en la declaración del IRPF (denominada oficialmente Asignación tributaria) se dedica a pagar los sueldos de los sacerdotes, concepto convenientemente enmascarado bajo la rúbrica de Envío a las diócesis para su sostenimiento, (previsiblemente no inferior a 160 M€), la seguridad social del clero (16,3 M€), los emolumentos de los obispos y el funcionamiento de la Conferencia Episcopal (4,8 M€), el IVA de la rehabilitación de templos (3,8 M€)), el mantenimiento de centros de formación o Facultades eclesiásticas (6 M€) o las campañas de agitación y propaganda (4,8 M€). A caridad sólo se dedica la aportación a Cáritas, 6,2 M€, lo que supone sólo el 2,4% de los recursos obtenidos por la casilla del IRPF en 2016. Y a actividades pastorales en España y el extranjero 4,7 M€, el 1,8 %. En total, a tan elevados menesteres, caridad y actividades pastorales, el episcopado dedica el 4,2 % de lo obtenido por la “X” del IRPF.

4.- Los diagramas de barras relativos al número de declaraciones “a favor” de la Ic y a los importes correspondientes asignados ofrecen una presentación que, como es lógico, pretende crear un estado de opinión lo más favorable posible para la institución, que pronto  queda al descubierto:

1. a) Si en años anteriores se proclamaba de forma grandilocuente que el porcentaje de declaraciones “se consolida en el 35 %”, cuando en realidad disminuía, este año las declaraciones “a favor” descienden hasta el 33,5 % del total de las declaraciones del IRPF (pág.21), el menor porcentaje desde que existe el nuevo sistema de financiación y, lógicamente, la Ic no puede realizar ninguna manipulación tipográfica: tan sólo el silencio. Se terminó el latiguillo de que la Iglesia “se consolida en el 35 %”, porque en realidad ha descendido hasta el 33,5 %, nada menos que punto y medio porcentual en tan sólo un año.
2. b) Si nos referimos al número de declaraciones absoluto, los 7,11 millones de declaraciones “a favor” de la Ic en 2016 es la cantidad más baja desde que se implantó el nuevo sistema. Ello es la consecuencia de que ha habido 234.768 declaraciones menos que el año anterior “a favor” de la Ic, con lo que la disminución total en el período 2010-2016 alcanza las 341.979 declaraciones.
3. c) En lo referente al importe recibido por la Ic (pág.20), como ya he mencionado anteriormente, no hay manera de conocer cuál es la cifra realmente asignada en 2016: la web de la CEE aporta como dato provisional 256,21 M€, aunque ya debería conocerse el dato de la liquidación definitiva, y la Memoria se refiere a 256,66 M€. Ningún comentario a propósito de esta diferencia de casi medio millón de euros.
4. d) A pesar del descenso en el número de declaraciones “a favor” de la Ic, ésta recibirá 7 M€ más en 2016, lo que puede parecer un contrasentido. Aunque la Memoria no ofrece ninguna explicación de esta aparente paradoja, el propio episcopado sabe que ello se debe a que un mayor número de declarantes con rentas superiores a 30.000 € han marcado la casilla, lo que ha podido compensar el descenso en el número de declaraciones en los tramos de menor poder adquisitivo. Ello no impide al episcopado señalar con tipografía destacada el aumento en el importe asignado (pág. 20) y señalar con letra micrométrica, apenas visible sin una lupa (pág. 21), la disminución en el número de declaraciones “a su favor”. Cosas de la pueril manipulación “deformativa”.
5. e) Los obispos, con la complicidad de la Agencia Tributaria (que lo denomina así en sus impresos), pretenden dar un sentido “plebiscitario” al número de declaraciones señaladas con X, denominándolas declaraciones a favor de la Iglesia católica, y lo repiten en las páginas 21 y 22 de la Memoria. Siguiendo la lógica episcopal podríamos decir que si el 33,5 % de las declaraciones lo son “a favor de la Ic”, el 66,5 % de las declaraciones de IRPF lo son en contra de la Ic (un punto y medio porcentual más que el año anterior). A veces, la jerarquía queda atrapada en sus propios argumentos publicitarios.

En definitiva, y para recapitular, esta burda manipulación no puede ocultar que a pesar de todo su aparato propagandístico y mediático, el 66,5% de l@s declarantes sigue sin poner la “X” en la casilla de la Ic, que este porcentaje es el mayor de las últimas dos décadas y, por tanto, que aumentan paulatinamente las declaraciones en contra de la Iglesia católica, por utilizar el mismo léxico que la Conferencia Episcopal.

Con todo, es responsabilidad de la Agencia Tributaria la publicación de las estadísticas relacionadas con las “X” de las declaraciones del IRPF, con antelación a la utilización mediática de la Conferencia Episcopal. De hacerlo así cada año, de forma pública y transparente, se acabaría con el uso torticero de las cifras que ésta realiza, sembrando la confusión sobre declaraciones y declarantes o sobre declaraciones individuales y conjuntas. Sólo así se desenmascaría la falsedad de la recurrente afirmación de la jerarquía católica acerca de “8,5 millones de declarantes a su favor”.

5.- Conviene hacer notar un aspecto que queda oculto habitualmente pero que nos acerca a la auténtica realidad de la tristemente famosa casilla. La potente campaña publicitaria desarrollada por el conglomerado de las ONG para marcar la casilla correspondiente a “Fines de interés social”, anima a marcar conjuntamente la casilla de la Iglesia y la de interés social. Este conglomerado denominado Solidaria pretende en su propaganda crear sinergias entren ambas “X”, de manera que al calor de la solidaridad (¿quién está contra la solidaridad?) muchas personas se animen a marcar también la “X” de la Iglesia.

No importa que la campaña sea confusionista y falaz (que atrae con falsas apariencias-DRAE-) bajo el engaño de que se aplica a los mismos fines (marcando las dos podrás ayudar el doble). Como he explicado más arriba, lo obtenido por las “X” de la casilla de la Iglesia no se aplica a nada que tenga que ver con fines sociales. Lo cierto es que detrás de este discurso “conjunto” de las “X” del IRPF se adivina la larga mano del potente grupo de presión de las ONG católicas en defensa de sus intereses corporativos: de lo contrario, tamaña confusión resulta incomprensible. Y ello es entendible, dado que sólo el 12,5 % de las declaraciones del IRPF marcan exclusivamente la casilla de la Ic, mientras que otro 21 % marca las dos casillas: indudablemente la Ic se beneficia del “efecto tirón” de las ONG caritativas y de fines sociales.

Y en este caso es correcto suponer este “efecto tirón” dado que el 33 % de las declaraciones del IRPF marcan exclusivamente la casilla de los denominados Fines de interés social, lo que unido al mencionado 21 % que marcan las dos casillas arroja un porcentaje para las ONG,s del 54 % de las declaraciones. Se comprende por qué la Ic está interesada en identificar ambas campañas.

6.- Las páginas que figuran a continuación (23 a 28 de la Memoria) informan acerca de cómo se nutre y emplea la denominada Asignación Tributaria. Como ya he comentado más arriba, llama poderosamente la atención que, como en la Memoria de los últimos años, haya desaparecido toda mención al Fondo Común Interdiocesano, que viene siendo el fondo desde el que se distribuyen los recursos para los distintos usos y que, a su vez, recibe los importes de la Asignación Tributaria, así como de las aportaciones de las diócesis. La pequeña referencia al FCI que figuraba en la Memoria de 2015, haciendo mención a que aportaba el 24 % de la financiación de las diócesis españolas, en la Memoria de 2016 ha sido substituida por la mención a la Asignación Tributaria (pág.30). No se entiende por qué desaparece este concepto de las memorias anuales a la hora de explicitar la formación y el reparto de la Asignación Tributaria.

Por los Presupuestos del FCI para 2016, que como tales, sólo son preventivos, sabemos que éste se distribuye en dos bloques: uno ejecutado y distribuido por el órgano colegiado de los obispos (IVA, campañas de propaganda y Cáritas), y el resto que se remite a las diócesis. ¿Por qué no explicitarlo así de sencillamente en la Memoria? ¿Qué se pretende con esa ocultación del FCI?

7.- En cualquier caso, la jerarquía católica contó con 269,389 M€ para el ejercicio de 2016 (pág.23), de los cuales 268,275M€ procedían de las cantidades que se le asignan de los Presupuestos del Estado, como consecuencia de las “X” en la declaración del IRPF (Asignación tributaria recibida en 2016), 0,863 M€ procedían de ingresos financieros, originados por la rentabilidad de las inversiones de sus activos financieros y sobre los que no se ofrece ninguna información y 0,250 M€ proceden de donativos.

Llama la atención que en la Memoria de este año, las páginas que ofrecen la información de recursos y empleos de la Asignación Tributaria vienen encabezadas como Liquidación de la Asignación tributaria, induciendo a pensar que la cantidad consignada como Asignación tributaria recibida en 2016 es la liquidación correspondiente a dicho ejercicio. Pero las cifras no salen. El portavoz episcopal, Sr. Barriocanal, en la presentación realizada en marzo de 2018 acerca de los resultados de la campaña de renta correspondiente a 2016 (declaración de 2017), ofrecía un importe asignado de 256,208 M€; no obstante la Memoria, publicada tres meses después, asigna para el ejercicio de 2016 un importe significativamente mayor: 268,275 M€. Y para acabar de confundirlo todo, tenemos en la página 20 una tercera cantidad atribuida al importe asignado para 2016: 256,661 M€. No hay ninguna explicación para esta disparidad.

Sin embargo, en las Memorias de años anteriores se especificaba que ese importe era la suma de dos sumandos: el pago a cuenta del ejercicio en cuestión, más la última liquidación definitiva disponible. Esto nos permite suponer que los 268,275 M€ ofrecidos en la Memoria que estamos analizando es la suma de los pagos a cuenta recibidos durante 2016 (el 70 % de la liquidación de 2015: 249,6 x 0,7) 174,7 M€, más la cantidad restante de la liquidación definitiva de 2014, 93,5 M€. Pero esto no es más que una suposición, porque se ha eliminado dicha información de la Memoria. ¿Por qué esta opacidad? ¿Para cuándo un cuadro anticipos/asignación/liquidaciones definitivas? En todo caso, el nuevo sistema de anticipos ha permitido a la Ic disponer en 2016 de 21,6 M€ más que en 2015, es decir, un 9 % más de recursos. No es mala subida en un solo año.

8.- Para mayor confusión, no deja de ser surrealista que los obispos incluyan el ingreso de 250.000 euros en donativos durante 2016 en un cuadro de recursos de la liquidación de la Asignación tributaria. ¿Qué tienen que ver los donativos particulares con la asignación tributaria? Todo esto le sigue pareciendo “adecuado y fiable” a PwC.

También le debe parecer muy “adecuado y fiable” a PwC que se ofrezca el incremento del fondo de reserva de 10,3 M€ durante 2016 y se hurte el dato del fondo de reserva acumulado. ¿Por qué se oculta dicho concepto, que también se nutre de la Asignación tributaria?

9.- La Memoria correspondiente al ejercicio 2011 focalizaba la atención, al tratar este apartado, en las cantidades correspondientes a la Compensación por IVA, la Campaña de Financiación de la Iglesia y la Aportación a Cáritas, que se detraían convenientemente de los recursos totales. A partir de la Memoria de 2012, hasta la última de 2016, estos conceptos ya aparecen entremezclados con todos los demás, como si formaran parte del FCI, como ya he explicado anteriormente; de hecho, el presupuesto del FCI incluye los tres conceptos referidos como parte del mismo. Como la Memoria no da ninguna explicación para este cambio de criterio (una vez más, opacidad), me atrevo a adelantar una: la presentación de estos tres componentes resultaba demasiado singularizada, es decir  “visible y transparente” hasta la Memoria de 2011. Subsumida entre los diferentes conceptos de los “empleos” de la Asignación tributaria, no resultan tan llamativos.

En cualquier caso, es posible deducir que  si el total de recursos a disposición de la Conferencia Episcopal alcanzó en 2016 los 269,389 M€ (21,6 M€ más que en 2015) y detraemos 3,87 M€, que se aplican al pago del IVA soportado por los proyectos de rehabilitación y construcción de templos, 4,81 M€ que se aplican a pagar las campañas de agitación y propaganda eclesiales (incluida la Memoria que estoy analizando) y los 6,24 M€ de la aportación a Cáritas, los restantes recursos que quedaron disponibles del FCI en 2016 alcanzaron los 254,46 M€, lo que significa que la CEE ha dispuesto de un 9 % más de recursos que el año anterior para gastos en Aplicaciones generales, enviar a las diócesis o producir superávit.

EL IVA

10.- Mención aparte merece el asunto del IVA. La exención de la que se beneficiaba la Iglesia fue un privilegio (uno más) del que gozó hasta 2006, en virtud del Acuerdo concordatario de 1979. Dicha exención era ilegal desde la misma entrada de España en la Comunidad Europea en 1986. La violación reiterada de la Directiva europea sobre armonización fiscal en esta materia obligó al Gobierno, tras múltiples avisos y amenazas, a eliminar este privilegio y acomodarse a la normativa europea. Tuvo que ser la Comunidad Europea, tras las reiteradas denuncias del diputado italiano Mauricio Turco y del diputado español Willy Meyer (IU) la que nos ayudara a acabar con este privilegio eclesiástico.

La “contrapartida” para que los intereses económicos de la Ic no se vieran menoscabados fue la concesión, por el entonces Gobierno del PSOE, de un incremento en el porcentaje a aplicar sobre la cuota íntegra, del 0,5% al 0,7%, en cada declaración de IRPF señalada “a favor” de la Iglesia. Los obispos plantearon que pagar el IVA les obligaba a desembolsar (entonces) en torno a 38 M€ y como compensación exigían el citado incremento porcentual (bueno, en realidad exigieron el 0,8%). Lo que no pudieron ocultar (aunque no lo mencionan en voz alta) es que con el nuevo sistema obtuvieron ¡68 M€ adicionales! Esto es, compensaron con creces los 38 M€ de IVA que tenían que pagar, embolsándose además 30 M€ suplementarios. Como siempre, el Estado, permitía una “mordida” adicional para las particulares actividades de la Ic., con menoscabo de la financiación pública.

El desplome de la actividad económica como consecuencia de la crisis financiera desatada inicialmente, supuso un importante descenso de la repercusión del IVA; por ello, es pertinente comentar que, además de los 30 M€ limpios que se embolsó el episcopado el primer año tras la subida, si la Ic debía utilizar 38 M€ en 2008 para compensar el gasto del IVA, en 2011 sólo debió emplear 9 M€ para ello, en 2012 únicamente 6,2 M€, 4,9 M€ en 2013 , 4,6 M€ en 2014, 4 M€ en 2015 y 3,8 M€ en 2016. En conjunto, en el decenio 2007/2016, la Ic ha ingresado 2.496 M€ en concepto de Asignación tributaria, con el nuevo sistema de financiación pactado con el gobierno del PSOE, es decir, 613 M€ más de lo que le hubiera correspondido con el anterior sistema de financiación. Lo paradójico es que el sistema establecido a partir de 2007 se justificaba porque la jerarquía católica tenía que hacer frente al IVA. Lo cierto es que no han pagado más de 90 M€ en este decenio en concepto de IVA, o dicho de otra forma la operación ha dejado 523 M€ limpios para otros menesteres eclesiales que nada tienen que ver con el mantenimiento del culto y del clero. La Iglesia, como la banca, siempre gana.

APORTACIÓN DE LAS DIÓCESIS AL FCI

11.- Cabe señalar que en la presente Memoria se mantiene el grave efecto prestidigitador de las Memorias anteriores, no señalado en el informe de pwc en su momento: a pesar de que el Fondo se forma con lo aportado por la Asignación Tributaria de las “X”, más lo aportado por las diócesis, en la Memoria de 2016 se omite prácticamente, no sólo la existencia del propio Fondo, sino una vez más, cualquier mención a la aportación de las diócesis a dicho Fondo. Precisamente este punto era el que nos permitía esclarecer parte del grave déficit de éstas, pues en 2010 aportaron tan sólo 13 M€ al citado Fondo, mientras que recibieron 195 M€. Esto significaba que las diócesis no cubrían con sus aportaciones ni siquiera el 7 % de lo que recibían del Fondo y, en consecuencia, me permitía concluir: a) que las diócesis aportaban cada vez menos al Fondo Común Interdiocesano y, por tanto, dependen del Estado cada vez en mayor medida, y b) que si no fuera por la financiación a través del Presupuesto del Estado (de tod@s l@s ciudadan@s), las diócesis católicas no podrían funcionar.

Tal vez para que no se pudiera volver a realizar esta deducción lógica la CEE eliminó la mención a esta aportación de las diócesis al FCI. En todo caso, en los Presupuestos del Fondo Común Interdiocesano para 2016, figuraba una aportación de las diócesis de 15,88 M€; puestos en relación con los 201,17 M€ que declara haber enviado a las diócesis en dicho año, procedentes de las “X” del IRPF, ofrece un porcentaje de cobertura del 7,9%. Dejo para comentar posteriormente el apartado de “Economía diocesana” incluido en la Memoria.

Conviene señalar que en este nuevo ejercicio de opacidad se omite, asimismo, las cantidades que las diócesis aportan al FCI. Por otro lado, todo permite suponer que en vez de aportar cantidad alguna a dicho Fondo, las diócesis reciben de éste las cantidades ya minusvaloradas con los montantes que supuestamente deberían aportar. Pero todo esto, debe suponerse, porque la Memoria no añade ni un solo indicador cuantitativo, así como tampoco merece el más mínimo comentario de PwC.

Todo ello permite deducir, como en años anteriores, que lo que se pretende ocultar en la Memoria 2016 es que, en estos tiempos en que la lucha contra el déficit público y el recorte del gasto público se ha convertido en el objetivo principal de la política económica, el Estado sigue “alimentando”, año tras año, a unas instituciones privadas (las diócesis), que reciben del FCI, y por tanto de tod@s l@s ciudadan@s, una cantidad trece veces mayor de la que aportan al mismo (datos 2016) y que no realizan ningún servicio de interés general ni, por tanto, público. Y ello, en un Estado que se define en su Constitución, como aconfesional.

Conviene recordar a la auditora PwC que los presupuestos del FCI se constituyen exclusivamente, en la vertiente de ingresos, con la Asignación tributaria y la aportación de las diócesis; sin embargo, en la propia Memoria de la CEE le añade un concepto de ingresos financieros (¿cuáles?) y otro de donativos (¿cuáles). O forman parte del FCI (y entonces habría que presupuestarlos) o no (y entonces no deberían ser incluidos en la Memoria), pero ambas cosas no pueden ser “adecuadas y fiables”.

EL FONDO COMÚN INTERDIOCESANO (FCI)

12.- Hasta la publicación de la Memoria de 2011 se aportaba un cuadro en el que se detallaban los recursos y los empleos del Fondo Común Interdiocesano, clasificando estos últimos en “Aplicaciones Generales” y “Envío a las Diócesis”. A partir de entonces, este cuadro, así como la referencia al FCI, como he explicado reiteradamente, ha desaparecido siendo substituido por un cuadro acerca de los recursos y empleos, que este año se denomina Liquidación de la Asignación Tributaria 2016. Aún cuando la Memoria no lo indica, ni tampoco los Presupuestos del FCI para 2016, debo suponer que tanto los ingresos financieros por valor de 0,863 M€ como los donativos por valor de 0,25 M€ forman parte de los recursos disponibles del FCI.

Si como indica el Presupuesto del FCI para 2016, la distribución de éste se realiza en dos bloques, uno de partidas que ejecuta y distribuye la CEE a sus finalidades respectivas y el otro con el montante que se remite a las diócesis, el primer bloque puede descomponerse a su vez en otros dos, el correspondiente a Cáritas, IVA y Campañas publicitarias y otro segundo con lo que podríamos denominar Aplicaciones generales. De esta manera podemos elaborar el siguiente cuadro para el ejercicio de 2016:

EMPLEO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO COMÚN INTERDIOCESANO
(millones de euros)

1. a) Los dos primeros conceptos Cáritas, IVA, Publicidad (CIP, en adelante) y las denominadas Aplicaciones Generales son ejecutados y distribuidos directamente por la jerarquía episcopal, y absorbieron 14,9 y 34 M€, respectivamente en 2016, lo que significó el 18,1 % del FCI disponible para dicho ejercicio, entre ambas rúbricas. El desglose de CIP ya lo he ofrecido anteriormente, y se mantiene estable en los últimos años.

Cabe decir, asimismo, que también se ejecuta y distribuye por la CEE el superávit, que este año alcanza el importante valor de 19,3 M€, lo que supone el 7,2 % de los recursos disponibles del FCI. ¿Cómo es posible que a los obispos les sobre 19,3 M€, mientras que por todos lados exprime las arcas públicas en actitud lastimera?

1. b) El conjunto de las Aplicaciones generales viene siendo razonablemente desglosada (sólo desglosada, sin ninguna explicación adicional) desde 2008, por lo que su aplicación es bastante conocida: como se indica en el cuadro de la página siguiente, sabemos que en 2016 el 48 % de esa cantidad, 16,3 M€, se dedicó a pagar la seguridad social de sacerdotes y obispos, el 17,6% se empleó en centros de formación: facultades eclesiásticas, Pontificia de Salamanca y centros en Roma y Jerusalén, el 13,8 % en actividades pastorales, tanto en España como en el extranjero, el 7,6 %, se aplica al funcionamiento de la Conferencia Episcopal Española, el 6,5 % para retribución de los obispos, 1,1 M€, el 3,2 %, a Conferencias de religiosos, y el restante 1,1 M€ se dedica a ayudar a las diócesis insulares y a instituciones de la Santa Sede (Óbolo de S. Pedro y Tribunal de la Rota).

Llama la atención que la transparencia  que se predica en la página 12 de la Memoria, tampoco alcance a cuantificar cuántos obispos son retribuidos con cargo a estos emolumentos: este asunto no es baladí, toda vez que entre los cardenales, arzobispos, obispos titulares y auxiliares, con sus correspondientes eméritos suponen 116 individuos.

Asimismo, tampoco se indica el número de sacerdotes y, presumiblemente religiosos cuya seguridad social se abona con cargo a estas Aplicaciones generales, como tampoco el número de seglares cuya seguridad social queda cubierta por esta rúbrica. ¿Tal vez la prestigiosa auditora internacional PwC (en palabras de la propia CEE) considera irrelevante el conocimiento de estas cuestiones?

EMPLEO DE LAS APLICACIONES GENERALES DEL FONDO COMÚN INTERDIOCESANO  (millones de euros)

Como puede observarse, el 54,5 % de las Aplicaciones Generales, 18,5 M€, se emplea en pagar la seguridad social de sacerdotes y obispos y en los emolumentos de éstos últimos.

Teniendo en cuenta que las Aplicaciones Generales ascendieron en 2008 a 26 M€, y que ocho años después, en 2016, representaron 34 M€, el incremento en dicho concepto en el citado período, con una brutal crisis económica y social, ha sido del 31 %, lo que equivale a haberse incrementado casi 4 puntos porcentuales cada año.

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO COMÚN INTERDIOCESANO A LAS DIÓCESIS Y RETRIBUCIÓN DEL CLERO

13.- En el período 2008/2016 se ha pasado de enviar a las diócesis 140,5 M€, el primer año, a 201,2 M€ en 2016, es decir, se ha incrementado en un 43% la cuantía procedente del Fondo, aunque este aumento se ha producido, casi exclusivamente, entre 2008 y 2009, años en los que comienza a llegar el dinero “fresco” del incremento del porcentaje sobre el IRPF, concedido por el gobierno socialista. Este incremento está relacionado con los recursos enviados para sustentación del clero, que han pasado de representar 108,7 M€ en 2008, hasta los 178,5 M€ en 2016 (dando por buena la única referencia disponible contenida en la Memoria), lo que significa un incremento del 64 %, ocho puntos porcentuales de incremento cada año, en un período caracterizado por una brutal crisis económica.

Llama poderosamente la atención este incremento en los gastos de sustentación del clero en un período en que, según las propias cifras de la Conferencia Episcopal el conjunto del clero (sacerdotes + religios@s) ha descendido el 6,4 %, pues ha pasado de 77.008 individuos a 72.082 en 2016). O el clero ha tenido incrementos retributivos astronómicos o sencillamente, las cifras mienten y las cantidades previsiblemente atribuidas a retribuciones se están desviando para otros usos. Otro efecto prestidigitador, derivado de la campaña de agitación y propaganda llevada a cabo por la CEE.

Así pues, la cantidad enviada en 2016 a las diócesis desde el FCI fue 201,2 M€. De aquí procede la retribución del clero, cuyo montante se omite en la correspondiente información relacionada con la casilla del IRPF (liquidación de la asignación tributaria), como viene siendo habitual todos los años. Si de esta rúbrica se pagan los sueldos de los curas, ¿por qué se omite esa información, al cuantificar cómo se emplean los recursos de la asignación tributaria? ¿Qué hay que ocultar?

Pero antes conviene que hagamos un poco de historia. La cantidad que procedente del FCI se enviaba a las diócesis se agrupaba, hasta 2009, en unas escuetas rúbricas que permitían determinar las prioridades que, en la aplicación del Fondo, establecía la Conferencia Episcopal: gastos generales, sustentación del clero, actividades pastorales y seminarios. A partir de la Memoria de 2010 este cuadro informativo desapareció, por lo que debimos rebuscar en la Memoria de 2012 para encontrar la retribución del clero, entremezclada en el Anexo II, en letra milimétrica, página 60, como un indicador más entre otros muchos. En la especie de cuenta de resultados del ejercicio 2012 que se incluyó en la Memoria correspondiente a dicho ejercicio, se indica que las diócesis se gastaron en salarios del clero 166,8 M€ y en salarios de los seglares 73,1 M€.

En la Memoria de 2014, ni siquiera figuraba la retribución del clero en anexo alguno, aunque fuera en tipografía milimétrica; simplemente desapareció de la misma en otro evidente rasgo de “transparencia”. Igualmente, en la Memoria del ejercicio de 2015 tampoco aparecía dicha cantidad.

Incluso no deja de ser chocante que, en contra de lo que venía siendo habitual en ejercicios anteriores, ni siquiera los presupuestos del FCI para 2016, que se publican en la web episcopal, cuantificaban los emolumentos del clero. No obstante la propia Memoria de 2016, al mencionar la economía diocesana (pág. 31) cifra la retribución del clero  en 178,5 M€. Por tanto debemos suponer, a falta de mayores precisiones, que este montante se imputa a los 201,2 M€ enviados a las diócesis, de la denominada asignación tributaria. Así pues, el 88,7 % de la cantidad enviada a las diócesis, procedente de los presupuestos del Estado y, por tanto, del bolsillo de tod@s l@s contribuyentes, se emplea en retribuir a los curas de las diócesis.

¿Cuántos sacerdotes están incluidos en dichos cálculos? ¿Incluye a religiosos? ¿Y a seglares? ¿Qué relación tienen estos emolumentos con los salarios  del conjunto de las economías diocesanas? ¿Qué parte de los salarios de las economías diocesanas (incluyendo religiosos y seglares) proceden del FCI, y por tanto de las “X” del IRPF, y qué salarios abonan las diócesis que no tengan relación con el citado Fondo? Porque no debemos olvidar que las propias diócesis retribuyeron a l@s seglares (¿cuánt@s?) por valor de 113,3 M€. Ninguna de estas preguntas encuentra respuesta en la Memoria de la CEE, y todo ello le sigue pareciendo muy “fiable” y “razonable” a PwC año tras año.

Un problema que viene siendo habitual en las Memorias publicadas cada año por la CEE es que como se mezclan las cantidades gestionadas y ejecutadas directamente por la CEE con las gestionadas y ejecutadas por las diócesis, en la cantidad que se envía a éstas no se incluye la seguridad social del clero, en su mayoría diocesano. De ahí que sólo se impute a las diócesis los 201,2 M€ que se envió en 2016; sin embargo, los 16,3 M€ correspondientes a la seguridad social del clero, aún cuando gestionados y ejecutados directamente por los obispos, también son gastos imputables a las diócesis, por lo que el gasto correspondiente a éstas en dicho año, procedente de la denominada asignación tributaria es, al menos, 217,5 M€.

En todo caso, cabe señalar que el conjunto de las retribuciones de clero y obispos más sus correspondientes seguros sociales ascendieron en 2016 a 197 M€, que representan el 73 % de los recursos utilizados en dicho año como Liquidación de la Asignación tributaria, 269,4 M€ (pág. 23). Esto, claro está, teniendo en cuenta el criterio de caja (cobros y pagos efectuados en metálico), pues dicha cantidad incluye los anticipos recibidos durante 2016, más la liquidación definitiva de 2014. Pero en realidad, de acuerdo a criterios estrictamente contables, la cantidad devengada correspondiente a 2016 debe estar más próxima a 256,7 M€, computadas como ingresos para dicho año (pág. 20). Bajo esta circunstancia, más cercana a la realidad contable del ejercicio, el conjunto de las retribuciones de clero y obispos, con sus correspondientes seguros sociales, habría absorbido el 76,7 % del importe asignado a la Ic procedente de la casilla del IRPF.

Una última consideración debe hacerse, para situar estos emolumentos en la perspectiva de la historia reciente de la última gran crisis económica padecida desde 2008, cuyas catastróficas consecuencias sociales se dejarán sentir durante años, si es que pudieran revertirse: el conjunto de las retribuciones de clero y obispos, con sus correspondientes seguros sociales, se ha incrementado en el período 2008/2016 un 56 %, lo que equivale a un incremento de 7 puntos porcentuales cada año. Nada mal, para una economía devastada por la crisis.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD PASTORAL

14.- Un efecto pernicioso como consecuencia de utilizar el criterio de caja (corriente de cobros y pagos) en vez del adecuado criterio contable de ingresos y gastos, de acuerdo al principio del devengo, es que ocultan la aportación de las diócesis al FCI, que por el presupuesto del FCI para 2016 sabemos que alcanza los 15,8 M€. De tenerlos en cuenta, los recursos y los empleos de la denominada Liquidación de la Asignación tributaria deberían aumentarse en dicha cantidad y, en consecuencia, los cálculos porcentuales también variarían.

En los Informes que he realizado para ejercicios anteriores, y con el afán de recrear los distintos conceptos de los que se compone el montante total enviado a las diócesis, he venido elaborando un cuadro en el que descomponía esta cantidad en cuatro rúbricas distintas, toda vez que durante 2008 y 2009 se ofrecía información para ello. Desde entonces, la opacidad fue en aumento (en paralelo con la jactancia sobre la supuesta transparencia) y la elaboración de dicho cuadro deviene imposible por ausencia de información.

Se da la circunstancia de que ni siquiera la propia web de los obispos ofrece dicha información al publicar los Presupuestos del FCI para 2016, al contrario de lo que sí sucedía en años anteriores. Obviamente, en el alarde de transparencia que la caracteriza, tampoco la Memoria ofrece ninguna información acerca de los conceptos en que se distribuye la cantidad que se envía a las diócesis.

Quizás tenga que ver con ello el hecho de que la información facilitada dejaba entrever demasiadas contradicciones que he venido criticando año tras año. Dejando aparte la información relativa a la retribución del clero, que ya he tratado en el epígrafe anterior, la contradicción más sobresaliente tenía relación con las actividades pastorales.

Si bien la información de años anteriores  permitía deducir que una parte de lo que se envía a las diócesis se dedica a actividades pastorales y asistenciales, sin delimitar unos usos de otros, el presupuesto del FCI para 2015 cifraba estas actividades con cargo al mismo por importe de 37,4 M€; sin embargo, la Memoria de dicho ejercicio sólo cuantificaba estas actividades en 10,4 M€ (Cáritas 6,2 M€, pastoral nacional 3 M€ y pastoral en el extranjero 1,2 M€). Si suponemos (porque ya no ofrece las cifras la CEE), que dichas actividades con cargo al FCI alcanzaron durante 2016 una cuantía similar a la del año anterior, alrededor de  37 M€ y la Memoria de 2016 cuantifica estas actividades con cargo al FCI en 10,9 M€ (Cáritas 6,2 M€, pastoral nacional 3,4 M€ y pastoral en el extranjero 1,3 M€)  ¿A qué se refieren el episcopado y PwC cuando hablan de  “El camino de la transparencia”?

En cualquier caso, es importante conocer qué cantidad, procedente del FCI, se envía a las diócesis para actividades pastorales. Dado que éstas deberían ser el fin primordial de la actividad eclesial, podría suponerse que la jerarquía católica dedica a ello la mayor parte de sus esfuerzos presupuestarios. La sorpresa es que en 2016 tan sólo afirmaba dedicar a actividades pastorales 4,7 M€, lo que supone el 1,7 % de los recursos utilizados en dicho año como Liquidación de la Asignación tributaria, 269,4 M€. Teniendo en cuenta que, sin embargo, el conjunto de las retribuciones de clero y obispos más sus correspondientes seguros sociales supusieron el 73 % de dichos recursos, ¿cómo es posible que se dedique tan exiguo porcentaje del total para una actividad, la pastoral, que se supone que es la motivación principal de la Iglesia?

En definitiva, no se explica, desde la coherencia, el porqué de esta opacidad y la razón por la que la propia Ic infravalora los recursos que dedica a las actividades pastorales. Ya en el análisis que realicé para la Memoria de 2008 avancé una suposición: por más que haya muchos seglares y voluntarios trabajando gratuitamente en estas actividades, es fácil comprender cuál es el verdadero motivo que se esconde tras esta cicatería: la Ic tenía en 2016 72.082 sacerdotes y religios@s, además de 9.322 monjas/es de clausura (¿por qué han desaparecido de la Memoria las 8.672 monjas que había en 2014?), para realizar prioritariamente lo que tan pomposamente llama “actividad pastoral”; en realidad, para la actividad pastoral que declara sobraría el 80 % de estos efectivos.

Si el verdadero objetivo fueran las actividades pastorales, éstas deberían absorber más del 50% de los recursos que el FCI canaliza hacia las diócesis, y el clero, sus funcionarios, no debería suponer más de un 30% de la cantidad enviada por el Fondo a las diócesis. ¿Entonces, cuál es el verdadero motivo para mantener este “ejército” clerical, aparentemente ineficiente?

La respuesta sólo puede ser que el objetivo de la Iglesia católica es mantener una extensa y profunda red de sacerdotes y religios@s, cuya estructura pueda garantizar la difusión de su particular moral e ideología y, en definitiva, la presión y el control político y moral sobre el mayor número de ciudadan@s posible. Y para ello debe influir en las conciencias desde sus púlpitos, desde sus universidades y colegios, desde sus periódicos, desde sus editoriales, desde sus emisoras de radio y televisión, desde sus confesionarios, con sus campañas de agitación y propaganda. Sin olvidar su influencia “vicaria”, es decir, la que no tiene origen en la actividad directa de los curas y religiosos, sino que se produce a través de periodistas, intelectuales, creadores de opinión y políticos afines en todo tipo de medios públicos y privados.

Así pues, como he comentado anteriormente, desde 2010 se ha eliminado el escueto desglose de las aplicaciones de las cantidades que se envían a las diócesis, e incluso las que figuraron en los anexos de la Memoria de 2012 han desaparecido desde entonces. ¡Peculiar manera de buscar la transparencia o la rendición de cuentas! Y sobre esta flagrante omisión nada dice el informe de pwc. Ni por supuesto, el Estado, que debería defender los intereses generales ante la masiva apropiación de caudales públicos que estas actividades comportan.

LA TELEVISIÓN EPISCOPAL: 13 TV

15.- Resulta pertinente tratar en este apartado, siquiera someramente, la ausencia de información en esta materia por parte de la jerarquía eclesiástica. Y se debe hablar de ello en la Memoria anual, puesto que con el dinero público procedente de la Asignación tributaria se financia anualmente dicha cadena. Es decir, con el dinero de todos los contribuyentes, sean o no católicos, sean o no religiosos. La información de las Memorias anuales sólo refleja la aportación a dicha cadena en 2012 y 2013, con 4 M€ y 5,9 M€ respectivamente, dentro de la actividad “pastoral nacional”. Después, el silencio. Desapareció cualquier referencia desde entonces, en paralelo con la desaparición de información cuantitativa que se ofrecía en anexos hasta 2013. Aún cuando se sabe que dicha aportación continuaba, nada decía la Memoria de 2015. Y por fin, en la Memoria de 2016 se consigna 9 de los 19 M€ del superávit, como aportación al capital de 13TV.

Por la propia información de la prensa (El Diario.es, 5 de julio de 2017) supimos que dicha emisora es una ruina que apenas nadie ve y que había acumulado unas pérdidas de más de 60 M€ en los últimos cinco años, cuando su Presupuesto anual era de 20 M€.  Y todo ello a pesar de que el Gobierno del PP le concedió en 2015 una licencia TDT, lo que supone un ahorro considerable de 2,5 M€/año, al no tener que alquilar la frecuencia. Incluso un informe encargado por la propia dirección de la cadena calificaba la gestión de desastrosa, definía 13TV como “una televisión eminentemente política con una marca definida en la derecha”, con un perfil “culturalmente pobre” y que “no es plural desde un punto de vista religioso”. El propio Informe de gestión recomendaba “un cambio de guión”.

En fin, tras las cuantiosas pérdidas, parece que los obispos, que pensaban que “la salvación” de la cadena pasaba por conseguir en propiedad un canal TDT, se iban a dar un plazo de dos años para intentar parar la sangría y “resucitar” 13TV, tras aligerar la nómina, despidiendo a Alfredo Urdaci y a Nieves Herrero, entre otr@s. Y una parte importante para enjugar las pérdidas anuales procede de la denominada “Asignación tributaria”.

Lo cierto es que también en 2016 como en 2017 la cadena acabó con pérdidas en torno a los 10 M€ cada año, con lo que las pérdidas acumuladas desde el inicio de sus actividades ascienden ya a 84 M€. De hecho, esta emisora propagandística católica nunca ha dado beneficios desde su nacimiento y, año tras año, al cierre de cada ejercicio se encuentra en causa de disolución, que no se ha llevado a efecto debido, entre otras cuestiones, a la línea de crédito de 12 M€ que la propia CEE ha abierto y que vencía en abril de 2018.

La propia CEE reconoce que ha tenido que dedicar 36 M€ para salvar la emisora desde su fundación (es una “inversión”). La situación de pérdidas sucesivas y crecientes ha obligado a los obispos a sucesivas ampliaciones de capital, por lo que ahora poseen el 78 % del capital de 13TV. Y desde el punto de vista del empleo, el plan de recortes puesto en marcha en el verano de 2017 ha traído aparejado que a comienzos de 2018 haya 100 personas trabajando de las 140 iniciales.

Asimismo, reconocen los directivos de la cadena que los ingresos por publicidad están muy limitados debido a que 13TV no es atractivo para los anunciantes, dado que se trata de una emisora de contenidos de extrema derecha, muy politizada y con espectadores mayores de 65 años.

A la luz de esta situación y dado que, como he expresado anteriormente, con el dinero público procedente de la Asignación tributaria se financia anualmente dicha cadena, es imprescindible, en aras de  la transparencia que pregona la jerarquía eclesial, que se conozca cuánto dinero de nuestros impuestos se deriva anualmente a financiar este canal privado y sea auditada por el Tribunal de Cuentas, pues aunque parece que en 2012 y 2013 absorbió 10 M€ en total, hasta la Memoria de 2016 ha caído  un vergonzoso muro de silencio sobre este asunto. Y el Estado es el primero que tendría que exigirlo, para hacer la luz en un asunto que es de su exclusiva responsabilidad.

El Estado debería ir más allá, en cualquier caso, toda vez que es muy probable que estas ayudas públicas tengan la consideración de ayudas de Estado y sean de todo punto ilegales, a la luz de la jurisprudencia continuada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ante una situación de este calibre, la responsabilidad pecuniaria sería exigible, no a la cadena o a la propia CEE, sino al mismo Estado. Aunque nada de todo esto se comenta por la “prestigiosa auditora” PwC, este asunto no es baladí.

Hasta aquí llega la parte de la Memoria que interesa a tod@s l@s ciudadan@s, en virtud del acuerdo alcanzado a finales de 2006 entre el Gobierno español y la CEE. Y hasta aquí llega el compromiso adquirido por los obispos para justificar “las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación Tributaria”. Y ya hemos visto el resultado: la Ic cada vez ofrece menos información y lo hace de manera más críptica; la transparencia brilla por su ausencia y cada año hay más opacidad y confusión interesada.

Todo el contenido que se incluye a partir de la página 30 de la Memoria 2016, nada tiene que ver con el compromiso adquirido y firmado por la CEE con el Estado. Y como tal cuestión aparte debe ser tratada. Puede ser de interés para l@s creyentes católic@s o para una parte de la sociedad ligada a los intereses ideológicos y económicos confesionales. Pero nada tiene que ver con la Memoria exigible en razón de los Acuerdos de diciembre de 2006. Por tal motivo, considero terminado el análisis de la parte pertinente de la Memoria publicada correspondiente a 2016 y trataré de forma diferenciada, y por tanto separada, el resto del contenido de la Memoria ofrecida por la CEE.

II) ACTIVIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA

Como el año pasado, esta segunda parte de mi Informe es una consecuencia directa del planteamiento a todas luces “tramposo” de la Memoria anual publicada. La CEE no cumple lo pactado: la justificación de las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación tributaria es cada vez más parca, críptica y confusa, con la inestimable colaboración de PwC. Y la trampa consiste en no ofrecer la transparencia a la que está obligada, pero a cambio inundar la Memoria de un sinfín de cifras sobre el cúmulo de actividades a que se dedica o estimaciones del impacto económico que nada tiene que ver con lo que se comprometió a presentar.

La prueba de este intento es que la Memoria de 2016 dedica el 85 % de su contenido a exponer la actividad pastoral, celebrativa (sic), evangelizadora, cultural, etc., de la Iglesia y su supuesto impacto económico, y tan sólo 16 páginas (el 15 %) están relacionadas con la denominada Asignación Tributaria, que debería ser el verdadero y único objeto de la Memoria.

ECONOMÍA DIOCESANA

16.- En primer lugar, debo mencionar el apartado dedicado a la Economía Diocesana, en las páginas 30 a 32 de la Memoria publicada.

Cuando hace nueve años analicé la primera Memoria episcopal, correspondiente a 2008, ya hice hincapié en la necesidad de que el Estado exigiera a la Conferencia Episcopal una cuenta de resultados y un balance integrados de toda la actividad económica de la Corporación Católica. Es lo menos que puede exigirse a un conglomerado social y económico al que se desvía cada año, de forma directa o indirecta, cantidades ingentes de dinero público. La respuesta episcopal oficiosa fue, ya entonces, que ello era imposible de conocer pues cada diócesis gozaba de autonomía y no estaba integrada la información.

Aunque la cuestión no se agota en las diócesis, pues hay universidades, editoriales, emisoras de radio y TV, colegios, hospitales, fundaciones, asociaciones, cofradías, hermandades, así como tantísimos negocios privados que se benefician de los presupuestos públicos, parece que en el año 2014, con la publicación de la Memoria de 2012, sí hubo alguna posibilidad, por pequeña que fuera, de aproximarnos a lo que de forma aún muy esquemática, y sin dar contenido oficial a las cifras (las cantidades figuraban en los anexos), podría tomarse por una cuenta de resultados informal de la economía de las diócesis en el citado ejercicio 2012. Desde entonces, y durante los tres años siguientes, desaparecieron los datos cuantitativos de las Memorias, hasta la correspondiente a la de este año, en la que se aportan las cifras correspondientes a lo que podría denominarse la actividad económica de las diócesis, consideradas en su totalidad, para el ejercicio de 2016:

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS DIÓCESIS EN 2016 (en M€)

Este cuadro pretende reflejar la situación económica de las diócesis durante 2016 y merece las siguientes consideraciones:

2016. a) Este cuadro de recursos y empleos, que figura en las páginas 30 y 31 de la Memoria, equivale a lo que en contabilidad podría denominarse Cuenta de Resultados, que no es más que el reflejo de las actividades económicas realizadas durante el año 2016. Pero como cualquier estudiante de economía sabe, de nada sirve conocer el movimiento de ingresos y gastos durante 2016 (suponiendo que esto fuera un a Cuenta de Resultados, que dista mucho de serlo) si no viene acompañado del Balance de situación al principio del año, porque es el punto de partida para poder conocer cuál es la verdadera situación a final de año. Sin conocer cuántos terrenos o inmuebles tenía la Corporación católica (y no sólo las diócesis) a principios de 2016, o cuáles eran sus deudas con los proveedores o con los bancos (como consecuencia de los créditos recibidos) o con la Hacienda Pública (IRPF, IVA) o la Seguridad Social, de poco sirve este cuadro de ingresos y gastos que figura en la Memoria, puesto que, nada podemos decir de la verdadera situación económica de las diócesis a finales de 2016.

Con todo, no deja de ser curioso que  en este cuadro de recursos y empleos no se haga ninguna mención a los gastos realizados en relación con la Hacienda Pública o la Seguridad Social, o a los realizados para pagar créditos a corto (proveedores) o a largo plazo (empréstitos) durante 2016. La situación en esta materia, como viene siendo habitual, es completamente opaca.

En cualquier caso, tampoco se aclara en la Memoria si al referirse a recursos y empleos se está haciendo alusión a los ingresos y gastos efectivamente devengados durante el ejercicio (y que por tanto corresponden a 2016), o a la corriente de cobros y pagos realizados durante dicho año, sea cual sea el ejercicio al que correspondan, lo que no podría interpretarse como la situación real durante 2016. En fin, tampoco estas importantes precisiones merecen la atención de PwC, y la ceremonia de la confusión va en aumento.

1. b) Causa sonrojo que la cuenta de recursos y empleos, en la que unos y otros deberían estar equilibrados, esté descuadrada, aún teniendo en cuenta en el caso de 2016 su correspondiente déficit. En efecto, se afirma que existió un déficit (se gastó más de lo que se ingresó) de 16,3 M€; sin embargo, los ingresos (recursos) totales de las diócesis alcanzaron los 933,5 M€ y los gastos (empleos) 913,6 M€. Si deducimos de los recursos (ingresos) la necesidad de financiación obtenemos un montante total de ingresos de 917,2 M€, que son 3,6 M€ superiores a los empleos (gastos). Dicho llanamente ¿si los ingresos fueron superiores a los gastos, cuáles son las necesidades de financiación? ¿Dónde está el déficit? En fin, estos errores provocan que el análisis de la información de la economía diocesana sea estrictamente imposible, tanto en términos comparativos absolutos como porcentuales. ¿Hubo realmente déficit? ¿Cuál fue su ponderación relativa respecto al total de los ingresos? ¿Cuál fue el peso relativo de cada rúbrica en relación con años anteriores? Estas y tantas otras cuestiones más no podrán tener una respuesta verosímil. Y a PwC todo esto le sigue pareciendo “adecuado y fiable”.
2. c) No obstante, las diócesis tuvieron un déficit en relación con sus recursos totales (gastaron más que ingresaron) por valor de 16,3 M€, si hemos de creer que éste alcanzó el 1,7 % de los ingresos.

No obstante, si descontamos los conceptos que no se corresponden con gastos o ingresos ordinarios, es decir con la actividad ordinaria de las diócesis (ingresos patrimoniales, ingresos extraordinarios y gastos extraordinarios), obtenemos unos gastos corrientes de 818,7 M€ y unos ingresos corrientes de 751,6 M€, lo que arroja un déficit corriente, más ajustado a la realidad económica de las diócesis, de 67,1 M€, lo que supone ¡un déficit del 8,9 % respecto a los ingresos corrientes! Si tenemos en cuenta que las Corporaciones Locales tuvieron en dicho ejercicio un superávit del 0,61 %, que el déficit de las Comunidades Autónomas fue del 0,83 %, y el del Estado y sus Organismos Autónomos fue del 2,53 %, podemos hacernos una idea de la realidad tan privilegiada y poco “terrenal” en que viven las diócesis españolas.

1. d) Llama poderosamente la atención que las diócesis tuvieran unos ingresos extraordinarios en 2016 de 52,6 M€, así como 41,6 M€ en 2015 y 50 M€ en el ejercicio 2014, mientras que los gastos extraordinarios fueron un 80 % mayores (94,9 M€). En relación con ambos conceptos, y haciendo gala de su “transparencia habitual”, nada se dice en la Memoria de la composición de estas rúbricas extraordinarias. Lo que sí es notorio es que, como cada año, ¡los gastos extraordinarios se sitúan en torno al 10% de los gastos totales de las diócesis!
2. e) Las aportaciones de los fieles en 2016, con 335,8 M€, cubrieron sólo el 36 % de los ingresos totales de las diócesis, el mismo porcentaje que en el ejercicio anterior, aunque en términos absolutos se incrementaron un 12 % respecto al año anterior, que representaron el 38% de los ingresos. Esto significa que el presupuesto se ha incrementado a mayor velocidad que las aportaciones de los fieles.
3. f) La aportación de los Presupuestos estatales a través de la Asignación tributaria en 2016 supuso el 24 % de los recursos totales de las diócesis, el mismo porcentaje que en 2015, aún cuando se incrementó el 11,5 % respecto al año anterior (siempre dando por buenos los datos descuadrados ofrecidos por la Memoria). Se afirma en la página 30 que esta aportación alcanzó los 222,8 M€ y, sin embargo, en las páginas 23 y 24 de la Memoria se repite que el envío a las diócesis fue de 201.173.162,40 euros. ¿En qué quedamos? Al descuadre de cifras ofrecido en el cuadro de recursos y empleos se añaden cifras diferentes para el mismo concepto. Esta desatinada información no merece el más mínimo comentario de PwC, pero arroja más que una sombra de duda acerca de la veracidad de la información que se ofrece en la Memoria: el supuesto esfuerzo de transparencia queda en una suma de ineptitud y opacidad.
4. g) Pero aquí no acaban las aportaciones públicas a las diócesis, puesto que figura una rúbrica de Otros ingresos corrientes, por valor de 193 M€, que al parecer supuso el 20,7 % de los ingresos totales como indica la Memoria. No cabe ninguna duda de que una parte muy importante de estos ingresos procede de las Comunidades Autónomas, de los Ayuntamientos, de las Diputaciones Provinciales o de la propia Administración Central. Pero no se ofrece en la Memoria publicada información alguna sobre estos conceptos. No es posible mayor opacidad.
5. h) La actividad pastoral y asistencial absorbió el 26,2 % del gasto total de las diócesis en 2016, dos puntos porcentuales menos que en 2012, que alcanzó el 28,3 %, mientras que en salarios del clero y seglares se empleó el 31,9 % de los recursos (2,2 puntos más que en 2012) y en conservación de edificios y gastos de funcionamiento otro 25,5 %.

Como ya he indicado anteriormente, nada se dice respecto a qué parte de los salarios de las economías diocesanas (tanto en el caso de religiosos como de seglares) proceden del FCI y, por tanto, de las “X” del IRPF y qué salarios abonan las diócesis que no tengan relación con el citado Fondo.

Una última nota de confusión la aporta el hecho de que al hablar de salarios del clero no especifica de cuántas personas estamos hablando y de qué forma se distribuye entre sacerdotes, religiosos en las parroquias y otr@s religios@s; asimismo al referirse al salario de los seglares no se indica si se refiere a tod@s l@s catequistas o parte de ell@s. Es imposible, por tanto, decir nada coherente en este contexto. En todo caso, resulta difícil convencer de que la atención prioritaria de la actividad de la Iglesia católica sea la labor pastoral y asistencial cuando el 58,1 % de los gastos de las diócesis se emplea en alimentar clero, seglares y edificios.

LOS INGRESOS FINANCIEROS

17.- Una llamativa cuestión, de la que se ofrece una exigua información en esta especie de  “Cuenta de Resultados” o Ingresos y Gastos, se refiere al montante de ingresos financieros como consecuencia de los intereses que producen anualmente dos conceptos significativos: a) por un lado el llamado “Fondo de reserva” o de Estabilización (al que he hecho referencia anteriormente y del que se guarda un silencio absoluto en la Memoria), formado inicialmente con el excedente no utilizado del incremento del porcentaje asignado en la declaración del IRPF, cuando en 2007 se decidió incrementar el porcentaje desde el 5,2 % al 7 % de la cuota íntegra de cada declaración señalada. Este fondo de reserva se cifraba en 43 M€ en 2013, aunque, como ya he señalado, la Memoria publicada nada dice al respecto para 2016, así como tampoco en años anteriores; b) otro montante productor de ingresos financieros es la cantidad de monetario en poder de la Conferencia Episcopal procedente de la denominada Asignación tributaria que no se reparte a las diócesis en el momento en que se recibe, que puede suponer una media de 85 M€/año. De este último concepto parece ofrecerse en la Liquidación de la Asignación tributaria, sin ninguna puntualización adicional, un montante de ingresos por valor de 863.971 euros. Pero en lo que se refiere a los ingresos financieros de las diócesis no existe la más mínima referencia. En todo caso, una cifra sin actualizar del total de ambos conceptos supondría unos ingresos anuales de casi 2 M€ cada año.

Según publicó el pasado año Javier Otero, en un excelente artículo en la revista Tiempo (20 de enero de 2017), la Ic estaba ingresando otros 23 M€ como consecuencia de sus múltiples inversiones financieras, que no serían inferiores a 2.500 M€ y que podrían llegar hasta los 5.000 M€. Ninguna información acerca de esta cuestión se ofrece en la Memoria publicada por la CEE. Hay que tener en cuenta que estas cifras no incluyen el patrimonio financiero del conjunto de las congregaciones religiosas existentes. Sumando las cantidades antes aludidas, podríamos evaluar en no menos de 25 M€ anuales el total ingresado por la Corporación católica en concepto de intereses financieros.

Para quienes duden de la veracidad de estas cifras, valga como botón de muestra los ingresos financieros de algunas diócesis en 2015: Pamplona, 2,2 M€; Tudela, 2,2 M€; Valladolid, 1,4 M€; Mondoñedo-Ferrol, 263.000 €; Córdoba, 273.000 €; Madrid, 737.000 €; Barcelona, 224.000 €;  Sólo cabe recordar que en España existen 70 diócesis (incluyendo la diócesis castrense). Como es lógico es inútil buscar esta información en la Memoria publicada por la CEE.

EL PATRIMONIO INMOBILIARIO

18.-   Es conocido que la Iglesia católica es el mayor propietario inmobiliario de carácter privado de España. Incluso a pesar de no existir un inventario de dichas propiedades, los cálculos más conservadores los sitúan por encima de más de 100.000 propiedades o inmuebles. También se desconoce el impacto que sobre esta cantidad puede tener los 40.000 bienes inmuebles inmatriculados por la  Ic que ha reconocido oficiosamente la CEE.

Comoquiera que sea, este incalculable patrimonio inmobiliario debería tener un reflejo evidente sobre la “Cuenta de Resultados” o Ingresos y Gastos: por la vía de los ingresos a través de las rentas que de dichos inmuebles se obtiene (alquileres, cesiones, ventas) o de las subvenciones que para ellas se destine por las distintas Administraciones Públicas, y por la vía de los gastos reflejando los correspondientes a rehabilitación o mantenimiento  del patrimonio.

Asimismo, se desconoce si bajo la rúbrica de Ingresos patrimoniales se esconden ingresos  como consecuencia de la venta de patrimonio y de cuál; también se oculta en qué concepto se incluyen las subvenciones públicas recibidas para mantenimiento o rehabilitación de los mismos y a qué inmuebles corresponden; nada se dice, tampoco, del montante de ingresos en alquileres que produce este ingente patrimonio inmobiliario; por último, bajo el concepto de conservación de edificios y gastos de funcionamiento de las diócesis, se informa que el gasto (o pagos, vaya usted a saber) realizado alcanzó los 232,6 M€, de los que 49 M€ fueron para rehabilitación de edificios (un 17 % más que en 2015) y 22 M€ se dedicaron a la construcción de nuevos templos (¡el 69 % más que el año anterior!). Toda esta información se hurta en esta propagandística Memoria, a la que no interesa informar sobre estas “menudencias”. Y  a la consultora PwC le parece que la información  es “adecuada y fiable” (¡!).

El artículo de Javier Otero citado anteriormente cifra en 35 M€ los ingresos que podría estar obteniendo la Ic por los alquileres de inmuebles u otras actividades económicas. Aunque dada la opacidad en la que se mueve la economía episcopal y diocesana, esta cantidad está evidentemente muy infravalorada. No obstante aporta algunos ejemplos de ingresos por alquileres en algunas diócesis: Vic, 1 M€; Sevilla, 646.762 €; Pamplona, 434.950 €; y Tudela, similar cantidad.

Asimismo, las diócesis que más ingresos obtuvieron por actividades económicas durante 2015 fueron Madrid, 1,2 M€; Toledo, 417.819 € y Granada, 349.689 €. Claro está que estas cantidades no reflejan toda la realidad, habida cuenta de que muchos de los ingresos de las diócesis, no se encauzan hacia las propias diócesis, sino a fundaciones, empresas explotadoras o cualquier otra figura jurídico-económica.

Valgan sólo tres ejemplos de ingresos que, a buen seguro como tantos otros, no aparecen reflejados en el cuadro de ingresos y gastos de las diócesis en la Memoria episcopal : a) la Mezquita de Córdoba ingresó 15 M€ en 2016;   b) la Catedral de Santiago, el tercer monumento más visitado de España (tras la Alhambra y la Sagrada Familia), superó en 2016 los 8 M€ de ingresos, entre limosnas, el museo de la catedral y la venta de las tiendas ubicadas en la entrada del templo (por las que cobra el alquiler a Aldeasa); y c) la catedral de Sevilla ingresó 10 M€ en 2016.

En todo caso sí hay seguridad en algo: los ingresos, de los que no se ofrece ninguna información, se privatizan, son ingresos privados y como tales se los apropia, bien la Iglesia o alguna fundación o empresa; sin embargo, los gastos que ocasiona su conservación y mantenimiento son casi exclusivamente públicos, bien de la Administración Central, Autonómica o Local. Aunque no por ello se manifiesta más transparencia por parte del episcopado a la hora de ofrecer información en la Memoria 2016.

LA SUPUESTA CONTRIBUCIÓN DE LA IGLESIA AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA SOCIEDAD

19.- En la Memoria publicada el año pasado, como si de un nuevo “juguete propagandístico” se tratara, se incluía un apartado con el título de Valor económico generado por la Iglesia, firmado por la consultora KPMG. El cuadro, que incluía bajo la denominación de Cash-flow social de la Conferencia Episcopal Española, era un despropósito ininteligible de tal calibre, que mereció mi juicio crítico con brevedad, pero con contundencia (véase mi Informe del año pasado, publicado en el Observatorio del Laicismo). Lo que realmente pretendía la CEE era elaborar un eslogan publicitario (pues tan sólo eso podía ser), para airearlo urbi et orbe: que la supuesta inversión en la comunidad de la Iglesia católica equivale a más del 138 % de lo que recibe por la Asignación Tributaria.

Ese “nuevo hallazgo” de mercadotecnia no era más que la comparación del dinero que supuestamente empleaba en actividades asistenciales, pastorales y otras, que cuantificaba en 302 M€, comparado con la que denominaba Asistencia Tributaria (sic), que cifraba en 218 M€. Ni esta cantidad tenía nada que ver con la Asignación tributaria (que eran 247 M€), ni se explicaba por qué entre las actividades se incluían unas (las actividades pastorales, por ejemplo, que sólo afectan a l@s católic@s y no al conjunto de la sociedad) y se excluían otras (proveedores, operaciones de inversión o financiación o remuneraciones del clero o del personal seglar). En definitiva, no era más que humo y agitación propagandística.

En la Memoria correspondiente a 2016, sin embargo, se ha eliminado este bochornoso y surrealista cuadro firmado por KPMG, así como el título de esa página, que antes tenía un tinte economicista y académico (valor económico generado o cash-flow), ha sido substituido por Contribución de la Iglesia al desarrollo económico y social de la sociedad, más acorde con el tipo de propaganda superlativa que persigue la Ic.

No obstante, a pesar de haber hecho desaparecer el citado cuadro, sorprende que la Memoria mantenga idénticas cifras en la Memoria recién publicada (más del 138 % de lo que recibe por la Asignación tributaria), sin ninguna explicación, ni el más mínimo soporte cuantitativo. Al parecer debe tratarse de un dogma de fe que, además, se repite invariable año tras año.

Sin embargo, se mantiene en la Memoria una página dedicada al Impacto económico de la actividad asistencial de la Iglesia (pág.80), de la que se ignora qué relación tiene con la contribución al desarrollo económico y social (página 33 de la Memoria), anteriormente comentada. Se afirma que la Ic ha generado 589,6M€ en actividades asistenciales, mientras que en la página 31 sostiene que las diócesis destinaron 55,9 M€ a actividades asistenciales en 2016: ninguna explicación de la relación entre ambas cantidades, en las que hay una diferencia de 10 a 1.

Lejos de acercarse a la transparencia, la Memoria se sumerge en la confusión: en una página dice que por cada euro de la Asignación tributaria, la Ic invierte 1,38 en la sociedad; en otra que por cada euro genera 2,71 euros. En una página se dice que la Asignación tributaria es 217,5 M€, en otras 222,8 M€, en otras 268,2 M€ o 256,6 M€. En fin, es comprensible que los obispos necesiten justificarse ante la sociedad española por las ingentes cantidades de dinero que reciben de las arcas públicas. Pero este sistema de agitación y propaganda compulsiva, basado en la opacidad y la confusión, hace mucho que ha dejado de convencer a todas las personas que no dependen de las subvenciones públicas o exenciones fiscales de las que se beneficia la Iglesia.

ACTIVIDAD CELEBRATIVA

20.- A continuación, en una solo página con apenas 5 cifras, resume la Memoria la actividad litúrgica en 2016 (ahora denominada celebrativa, palabreja propia de escuela de negocios, pero que no figura en el DRAE), volviendo a llamar la atención acerca de la cantidad de personas que asisten regularmente a misa: más de 8,3 millones. Por fin, tras años de propaganda eclesiástica acerca de que iban a misa 10 millones de personas, el dogma de fe, nunca demostrado con cálculo fiable alguno, se ha batido en retirada. En las Memorias de 2008 y 2009 no se ofrecía ninguna estimación de este evento, pero a partir de la Memoria de 2010 se incorporó definitivamente. En todo caso, resultaba vano buscar en qué parámetros se basaba dicha estimación. No había ninguna referencia, y la cifra surgía año tras año por arte de magia. Se ignora qué “procedimientos de comprobación y obtención de evidencias suficientes soporta esta información”, avalada por PwC, como todas las demás que se ofrecen en esta Memoria. Simplemente es un dogma de fe que, a fuerza de repetirlo, acaba siendo creído por todos los fieles y difundido entre los “infieles”.

En todo caso una simple ojeada a la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (1-9 de junio de 2018) permite observar que el 66,3 % de l@s español@s se declaran católic@s, aunque, no obstante, sólo el 12,4 % de ell@s va a misa los domingos o festivos. Un simple cálculo permite deducir que podrían asistir a misa “sólo” 3,8 millones de personas, pero de ninguna manera los 8,3 millones que ofrece la Memoria. Señores de la Conferencia Episcopal, la cifra que ofrecen todavía es más del doble de la real. Dejen de manipular a cifras y personas y aténganse a la verdad, aunque no sea su Verdad.

Por otro lado, los 226.125 bautizos declarados en 2016 suponen, respecto a la Memoria de 2015, un descenso del 2,2 % en el número de niñ@s bautizad@s, que desde 2010 acumula un 36 % de bautizos menos. Y este es un hecho que debemos celebrar todas las personas que defendemos la libertad de conciencia de los recién nacidos.

¿Pueden imaginarse a un recién nacido al que sus padres, por afinidad ideológica, afiliaran al PSOE, le hicieran el carné del PC, lo apuntaran al PP o lo hicieran socio de una organización atea? Sin duda sería un acto brutal, pero sobre todo, estúpido. Pues estos actos son de la misma naturaleza (atentados a la libertad de conciencia individual y por tanto, anticonstitucionales) que el “bautizo en la fe católica”. Y esta situación se produce con la aquiescencia de los tres poderes básicos del Estado: el Parlamento, el Gobierno y la Judicatura.

El recién nacido, como todo menor de edad, es sujeto del derecho humano de libertad de conciencia (libertad ideológica y de religión) reconocido en el artículo 16 de la Constitución Española (CE, en adelante). Y desde 1996 está reconocida la titularidad plena de los derechos fundamentales del menor, por el artículo 3.1 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Pero es un sujeto particular, por cuanto no puede ejercer dicho derecho. De ahí la necesidad de que se establezca una tutela por parte de los padres, mientras ese proceso de formación de la conciencia tiene lugar y se va construyendo su madurez física e intelectual.

Ahora bien, como señala el art. 39 de la CE, la finalidad de la patria potestad es procurar el desarrollo de la personalidad del menor de cara a favorecer su autonomía. De manera que si, como declara el propio Tribunal Constitucional (en su Sentencia 141/2000), los poderes públicos, y especialmente los órganos judiciales, deben velar porque el ejercicio de la potestad de los padres se haga en interés del menor, y no al servicio de otros intereses que, por muy lícitos y respetables que puedan ser, deben postergarse ante el interés superior del niño, ¿dónde reside el interés del recién nacido por formar parte de, o adscribirse a, una religión concreta?¿Cómo puede ser tan brutalmente constreñida la personalidad de un recién nacido, marcándole de manera indeleble, como reconoce, tan cínicamente en ocasiones, la propia Iglesia católica? ¿A quién beneficia esta práctica abusiva y ventajista y autoritaria, sino a la propia Ic, que perpetúa su semillero de creyentes, atrapándolos mucho antes de que tengan uso de razón y puedan elegir por sí mismos? ¿Cómo poner coto a esta práctica deleznable que vacía de contenido el potencial ejercicio del derecho fundamental de libertad de conciencia por su verdadero titular, el recién nacido? Todas estas preguntas reclaman una respuesta urgente de los poderes públicos.

El capítulo de primeras comuniones, 238.671 en 2016, al que es perfectamente aplicable todo lo argumentado en el párrafo anterior, se ha reducido en un 15 % respecto a 2010. No hay mucho más que comentar, salvo que en un año no tan lejano como 1995 alcanzaban las 327.000. Así pues, en un horizonte temporal amplio, el descenso parece notable.

Las 50.805 bodas católicas que, según el episcopado, se celebraron en 2016, suponen un nuevo descenso, este año del 2,2 %, respecto al año anterior, y confirma su tendencia notablemente descendente (un 32% de bodas católicas menos que en el cercano 2010). En todo caso, para situar en su contexto la secularización de la sociedad española actual, debemos aclarar que de acuerdo a las estadísticas del propio Instituto Nacional de Estadística, en 2009 las bodas civiles superaron por primera vez a las religiosas y en 2016 el 71 % de las bodas celebradas fueron civiles y tan sólo el 29 % religiosas.

Queda, por último comentar la cifra ofrecida para las “unciones de enfermos”. En la Memoria de 2012 no se hacía mención a esta actividad y sí a las “exequias”, que con 341.548 reflejaba una reducción del 22% respecto al año anterior. En la Memoria de 2013 desaparecieron éstas y fueron sustituidas por las unciones, que ya en 2014 fueron 23.624, y en 2015 llegaron a ser 25.354. En 2016 siguió su tendencia descendente con una reducción del 3 % respecto al año anterior. Aunque nada se dice acerca de este cambio en la Memoria, lo cierto es que las unciones católicas apenas se aplicaron al 6 % de l@s fallecid@s en 2016 (en realidad esta es la hipótesis de la que parte la CEE). Esto explicaría el activismo con que se aplican los curas católicos en los hospitales ante las personas que están en la fase terminal de su vida.

En todo caso podemos afirmar, a modo de recapitulación, que se confirma el permanente descenso de estas actividades confesionales en relación con las estadísticas demográficas oficiales españolas: a) en 2016 los bautizos católicos representaron el 55 % del total de nacimientos en España en dicho año, cuando sólo seis años antes, en 2010, bautizaban al 71 % de l@s recién nacid@s; b) como he afirmado anteriormente, aún más significativo es el retroceso en las bodas católicas, pues en dicho año, y con las propias cifras aportadas por la CEE, significaron el 31 % de todas las bodas celebradas en España, con un retroceso de más de 25 puntos porcentuales en tan sólo una década; y c) como indiqué en mi Informe del ejercicio 2014, las exequias que declaraba la Memoria de 2012 (341.548) eran muy poco fiables, dada la variación desproporcionada de un año a otro: la Memoria del ejercicio 2011 ofrecía un número equivalente al 99,5% de todas las defunciones que se produjeron en dicho año en nuestro país; para el año siguiente 2012, ofrecía 45.000 ceremonias católicas menos. Dado que la fuente de estas cifras aportadas por la Memoria es la Oficina Estadística de la CEE, puse en duda su fiabilidad, dada la disparidad con las cifras oficiales. Quizás por eso (por su escasa fiabilidad, no por mi crítica, no deseo ser petulante) desde la Memoria de 2013 ha desaparecido el galimatías de las exequias y se introducen las “unciones de enfermos”, que he comentado anteriormente y que parecen mucho más ajustadas a la realidad.

PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD PASTORAL

21.- Como en años anteriores, resulta curioso observar una paradoja: a pesar de que la Actividad Pastoral en las diócesis no es el concepto al que más recursos económicos dedica la jerarquía católica, ocupa nada menos que 8 páginas de la Memoria.

El marco general que debemos tener en cuenta, según la información aportada por la Memoria es la existencia en 2016 de 72.082 religios@s (entre sacerdotes y otr@s religios@s) distribuidos por toda España, cuando tres años antes  casi alcanzaban la cifra conjunta de 88.000. A esta cantidad debemos añadir casi 105,6 mil catequistas, cuyo método de cálculo, o fuente, no se ofrece en la Memoria. Por último, el panorama se completa con la existencia de 23.019 parroquias distribuidas por toda España (ver cuadro a continuación), y la aportación, por tercer año consecutivo, del número de monjas/es de clausura existentes. El cuadro siguiente nos ofrece dicho panorama en evolución:

PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD PASTORAL

Utilizando las mismas palabras que utilizaba en mi análisis de la Memoria de 2008, hace ya nueve años, estas cifras configuran  un extenso entramado reticular, a lo largo y ancho del país, con más de 76 mil personas (72.000 en 2016) realizando, a tiempo completo, “actividad pastoral” y, en muchas ocasiones, política (por supuesto, la política establecida por la Conferencia Episcopal), todo ello a costa de l@s contribuyentes de todas las creencias y convicciones (ateos, agnósticos, indiferentes o de otras religiones).

Conviene comentar que prosigue la marcha descendente del número de sacerdotes, con un descenso en 2016, respecto al año anterior, de 2,2 puntos porcentuales y de 11 puntos desde 2008.

En lo que se refiere al número de religios@s, ha descendido 10 puntos porcentuales desde 2011, año desde el que mantiene un descenso continuado. El número de catequistas, tras un descenso de cuatro años consecutivos, se incrementa un 3,8 % respecto a 2015 y en lo referente a l@s monjes/as su número se incrementa un 1,8 % respecto a 2015.

ACTIVIDAD EN CENTROS PENITENCIARIOS

22.- Por sexto año consecutivo se ofrecen cifras de la actividad católica en los centros penitenciarios. Cabe comenzar advirtiendo que, en mi opinión, tod@s l@s reclus@s deben tener derecho a la asistencia que, en virtud de sus particulares creencias o convicciones, estimen oportuna siempre que la misma no se realice con cargo al erario público. Cuestión diferente es que deban establecerse políticas públicas en materia social, deportiva, de formación o psicológica, cuya responsabilidad y financiación, por definición, debe recaer en el Estado, toda vez que es éste el que les ha privado de libertad.

Sin embargo, a pesar de que según el Acuerdo concordatario sobre Asuntos Jurídicos, de 1979, en su artículo 4, “El  Estado reconoce y garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los ciudadanos internados en establecimientos penitenciarios…”, en realidad: a) la Ic realiza actividades fuera de prisión, no amparadas por el Acuerdo y financiadas con cargo al erario público, a través de todo tipo de organizaciones católicas (Hijas de la Caridad, Hogar Mercedario, Cáritas, Congregación Hermanas Oblatas, Hogar de Acogida Emaús,…); y b) la iglesia católica no sólo realiza actividades religiosas en los centros penitenciarios, financiadas por el Estado, sino todo tipo de actividades sociales de reinserción, deportivas, de formación y de asesoría jurídica.

Estos dos ejemplos son una muestra más (junto con la enseñanza y la sanidad, como los más destacados) de dejación de responsabilidades públicas, y de privatización de una asistencia, que sólo a los poderes públicos compete. El efecto final, como siempre, es utilizar una necesidad básica de cuya prestación no puedes escapar, (al igual que en la enseñanza, o la sanidad) para imprimir el marchamo católico a los “servicios” que se presta. En mercadotecnia se denomina “fidelizar” a los “clientes”, es decir, conseguir y asegurar su adhesión y fidelidad futura.

Antes de comentar las cifras de 2016 debo recordar que ya en 2013 había 147 capellanes, 45 menos que el año anterior. Esta reducción del 23 % en un solo año, de no ser errónea, ya resultaba sorprendente, toda vez que el número de capellanías se mantuvo prácticamente estable (83 capellanías en 2013, frente a 81 en 2012). Sin embargo, en 2015 la cifra de capellanes ascendió hasta los 170 capellanes, desde los 143 de 2014. Este tobogán de cifras no mereció ninguna explicación en la Memoria publicada el año pasado.

La Memoria de 2016, vuelve al “tobogán de los capellanes”, pues ofrece para dicho año la cifra de 147 capellanes, 23 menos que el año anterior, pero casi los mismos que en 2014. En fin, resulta francamente difícil dar por buenas estas cifras, dada su gran variabilidad anual, sin ninguna explicación. Téngase en cuenta que con las cifras del año pasado, y sobre la base de 83 centros penitenciarios, había algo más de 2 capellanes por centro, mientras que en 2016 se habría pasado a 1,7 capellanes por centro, un descenso bastante poco creíble en tan sólo un año.

En lo que se refiere al número de voluntarios católicos en los recintos carcelarios, la cifra de 2.323 voluntari@s ofrecida  por la Memoria  es sencillamente errónea, por dos motivos: a) el Departamento de Pastoral Penitenciaria, en su Informe de estadística de datos para 2016, ofrece una cifra de voluntari@s, en general, de 2.339 personas, que como se aprecia, no coincide con la ofrecida por la Memoria. En todo caso, esta cantidad incluye tanto a personas que realizan servicios dentro de la prisión como a los que realizan servicios fuera de la prisión; y b) en sentido estricto, l@s voluntari@s dentro de prisión fueron 1.918 personas en 2016, de los que 770 fueron hombres y 1.148 mujeres. Y por tanto, sólo esta cifra es la que debería constar en una Memoria que habla de la atención religiosa en los centros penitenciarios. Y por supuesto, nada se dice acerca del régimen de colaboración de dichos voluntarios con la Iglesia, ya sean parroquias o cualquier otra institución colaboradora.

¿VALORACIÓN DE MERCADO DE LA ACTIVIDAD SACRAMENTAL?

23.- Afortunadamente, un aspecto que critiqué de la Memoria de 2008, que se ofrecieran ratios de “intensidad pastoral” o de “pastoral recibida”, cuestión que rayaba en el absurdo, cuando no en la irrisión, ha desaparecido de las Memorias desde 2010. A mi juicio, no era más que un burdo intento de aportar una apariencia de “cientifismo” a su actividad, además de presentar la actividad pastoral católica como un servicio público y, por tanto, de carácter general. Y esa pretensión estaba completamente fuera de la realidad.

No obstante, en la Memoria de 2015 se seguía ofreciendo la información de que las actividades pastorales, sacramentales y de atención personal ofrecidas por la Iglesia católica, “contratadas en el mercado” suponían un importe de 1.971 M€, pero que gracias a su “eficiencia” sólo le costaba a la Ic, 882 M€, por lo que, supuestamente ahorraba 1.089 M€ (¿a quién?). Este argumento era sencillamente ridículo, y así lo hice constar en mi Informe del año pasado. No aclaraba la Memoria cuál era el “mercado” de primeras comuniones, o el de bodas religiosas, o el de bautizos o el de exequias religiosas o el de unciones de enfermos o, tal vez el de catequesis,…

Asimismo, en la Memoria de 2015, la CEE pretendía hacer creer que había dedicado a actividades pastorales y asistenciales nada menos que 882 M€, generando un supuesto “ahorro”, al no haberse contratado éstas “en el mercado”. En mi Informe de dicha Memoria ya demostré la falsedad de estas afirmaciones completamente gratuitas, cuya nula credibilidad estaba fuera de duda.

En todo caso, no cabía duda de que se trataría de un “mercado monopolístico”, en el que no estaría incluido nadie que no fuera católico y cuya única “oferta” de productos estaría proporcionada por un único “empresario”: la Conferencia Episcopal. En cualquier caso, que la jerarquía católica abrace esta jerga neoliberal para intentar contrarrestar el hecho indiscutible de que recibe cuantiosos recursos públicos para favorecer su religión y las creencias católicas, no deja de ser paradójico.

Afortunadamente, esta información de la Memoria de 2015, que sometí a severo juicio crítico en mi Informe sobre dicho año por opaca, confusionista y engañosa, ha sido eliminada de la Memoria  de 2016. Aunque la Ic, supuestamente asesorada por PwC (¿o por KPMG?), aún se resiste a mantener la jerga tecnocrática: todavía publica un cuadro del supuesto Impacto económico de la actividad asistencial (pág. 65) o pretende calcular el retorno social de la inversión, pero ni siquiera se ha tomado la molestia de modificar los datos de 2015; sencillamente, ha “fusilado” los dos datos que figuraban en la Memoria de dicho año y lo ha trasladado mecánicamente a la Memoria de 2016. Ignoro si este concienzudo trabajo de “copia y pega” también hemos tenido que pagarlo los contribuyentes españoles, a través de la casilla del IRPF o, simplemente se ha incluido en la Memoria porque había que rellenar y mantener el argumentario de la  jerarquía católica para justificar sus exorbitantes privilegios económicos.

En definitiva, estos números no significan nada, pero a la Ic le sirve para ofrecer una apariencia de que “rinde cuentas”. En fin, resultaría cómico este “montaje mediático” si no resultara tan patética la burda manipulación de una Memoria que pretende “justificar actividades” de una manera tan ramplona e inverosímil. Sigue causando perplejidad, al igual que el año pasado, que esta Memoria 2016 haya merecido a PwC la conclusión de que “ha sido preparada de forma adecuada y fiable, en todos sus aspectos significativos”. Sin comentarios.

Como ya indicaba en mi análisis de la Memoria de 2008, hace ya nueve años, la evidencia permite afirmar que la CEE lanza datos y cifras de una forma que provocaría la vergüenza de un estudiante de primer curso de Ciencias Económicas, aunque también este año, como los anteriores, ha sufrido un intento de maquillaje “profesional” que causa sonrojo. Ciertamente, pero ello no preocupa a sus Ilustrísimas, porque el objeto de la Memoria no es ofrecer cifras económicas sobre su actividad con un mínimo rigor. Su verdadero objetivo es elaborar dos cifras (inventadas) y tres ideas básicas, y centrifugarlas a través de sus potentes medios de (in)comunicación y (des)información, periódicos, emisoras, televisiones, boletines y múltiples revistas, con la inestimable colaboración amplificadora de la caverna mediática de ámbito estatal y autonómica. Una vez “machacada” la opinión pública con dichos mensajes durante 15 días, el objetivo está cumplido. ¿Quién se va a dar cuenta, o a quién importa que tales “informaciones” estén basadas en invenciones o supercherías?

ACTIVIDAD EDUCATIVA Y EL SUPUESTO “AHORRO”

24.- Escuela pública y escuela concertada católica

En el marco del análisis de la Memoria episcopal no es posible profundizar en todas las cuestiones relevantes relacionadas con la escuela, pero es necesario introducir, siquiera brevemente, algunas precisiones que ayuden a entender la evolución del gasto en estos últimos años.

47. a) En 2016 la enseñanza pública recibió 47.883 M€, 6.012 M€ menos que en 2009, a principios de la crisis, mientras que la concertada recibió 164 M€ más. Lo que significa que mientras la escuela pública (como la sanidad o los servicios sociales) seguía siendo víctima de las políticas ultraliberales aplicadas por el PP (e inicialmente por el PSOE), la escuela concertada absorbía 6.055 M€, marcando el mayor registro de toda la serie histórica, que arranca en 1997.
48. b) En consecuencia, las cifras demuestran que a la concertada “le ha sentado muy bien la crisis”, pues ha salido reforzada de estos terribles años de recesión. La prueba es que el gasto público en la enseñanza concertada ya ha recuperado sus niveles anteriores a la crisis, y es hoy un 2,7 % superior al de 2009, que fue el año con mayor presupuesto de la serie histórica. Por el contrario, la escuela pública se ha desplomado en 2016 un 11,2 % respecto a 2009. Y ello no es casual: obedece a una opción ideológica y política del partido en el Gobierno durante estos últimos años que, bajo el mantra de privatizar y liberalizar, ha mostrado su voluntad política de impulsar la enseñanza concertada y obstaculizar la pública, hasta el extremo de que los conciertos ya absorben en 2016 el 13 % del gasto público en Educación, dos puntos más que en 2009. Aún puede decirse más: las huestes conservadoras en el poder han demostrado no confiar en absoluto en la escuela pública (por decirlo irónicamente, la defensa de lo público no es su punto fuerte).
49. c) Para quienes duden de lo que afirmo sólo cabe repasar la clasificación de las Comunidades Autónomas que, entre 2009 y 2015, más han aumentado la proporción en gasto educativo en la escuela concertada: a la cabeza Murcia, con un incremento de 4,2 puntos porcentuales (del 11,8 % al 16 %); le sigue Madrid, con una subida de 4 puntos porcentuales (del 15,9 % al 19,9 %); tras ella Baleares con un subida de 2,9 puntos (de 18,2 % al 21,1 %); después, Navarra 2,8 puntos (del 18,4 % al 21,1 %) o la Comunidad Valenciana con 2,7 % puntos de incremento (del 13,2 % al 15,9 %). Ni que decir tiene que en todas estas Comunidades gobernó el PP durante este período y no hicieron más que seguir la senda marcada por Esperanza Aguirre en Madrid.

En todo caso, en términos absolutos, la autonomía con más peso de la enseñanza privada sigue siendo el País Vasco (el 25 %), seguida de Navarra (el 21,1 %), Madrid, Baleares, Cataluña y La Rioja (las tres últimas con el 18,3 %).

1. d) L@s polític@s de la derecha neoliberal suelen argumentar que los conciertos no hacen más que responder a la “demanda social”. Lo cierto es que como la experiencia demuestra (ver los ejemplos de Parla o Rivas Vaciamadrid): 1)primero se obstaculiza la creación de escuelas públicas en zonas donde son necesarias, creando escasez de oferta de plazas públicas, incluso aunque exista suelo público dotado para ello y compromiso por parte de los Ayuntamientos; 2) después “se crea” la oferta concertada (católica, mayoritariamente), inscribiendo jurídicamente sociedades al efecto, a las que se les conceden los conciertos sin que exista “aún” demanda escolar alguna y sin que ni siquiera exista físicamente el colegio; 3) por último se realiza una furibunda campaña de propaganda que acaba “creando” la deseada demanda social. Y así se cierra el círculo (nada “virtuoso”) que da lugar a un nuevo colegio religioso concertado.
2. e) No puedo acabar estas breves notas contextuales sin señalar que la naturaleza de estos colegios religiosos se despliega en dos ámbitos indispensables para la Iglesia católica: 1) son colegios evidentemente adoctrinadores y, a mi juicio, atentan contra la libertad de conciencia de l@s menores de edad, pero su labor ideológica de proselitismo es una auténtica inversión, que rendirá sus frutos algunos años después; y 2) este negocio educativo rinde importantísimos beneficios económicos a la Ic, y sirve para nutrir sus siempre voraces e insaciables arcas.

No pierda el tiempo buscando en la Memoria de 2016 alguna referencia a lo tratado en este apartado: no la encontrará.

25.- Actividad educativa

Pasaré ahora al análisis de la rúbrica titulada “Actividad Educativa” (páginas 54 a 59 de la Memoria). Merece especial atención, dada la importancia que la jerarquía católica ha atribuido siempre a conformar las mentes de las personas, a influir en la formación de opinión y a participar en la formación de élites católicas en todos los sectores importantes de la sociedad, con objeto de allegar a sus intereses el mayor número de individuos (en la política, en la judicatura, en la economía, en la enseñanza, en los medios de comunicación y en el deporte). Con el tiempo, estas personas acabarán formando parte de los grupos de presión más determinantes, influyentes y poderosos de la sociedad.

Comienza este apartado afirmando que en 2016 existían 2.591 centros de enseñanza católicos (concertados o no). Y llama poderosamente la atención que en tan sólo seis años (desde 2008) se hayan reducido éstos en un ¡57 %!, pues en la Memoria de 2008 declaraban la existencia de 6.041 centros católicos (sin que, hasta el momento, se haya producido ninguna rectificación del número de centros existentes en 2008). Mucho me temo que las cifras de 2008 pudieran estar sobredimensionadas. Pero ignoramos el motivo.

En todo caso, el cuadro básico de centros y personal ofrece, de acuerdo a las cifras aportadas por la Conferencia Episcopal (pág.54), la siguiente situación:

CENTROS, PERSONAL Y ALUMN@S

Conviene realizar algunas observaciones en relación con estas cifras:

1. a) De cada 100 centros de enseñanza católicos, 94,5 están concertados, y por lo tanto, subvencionados por el Estado. Tiene, por tanto, pleno sentido hablar de que la práctica totalidad de los centros educativos católicos están subvencionados.
2. b) En los últimos cuatro años el número de centros concertados parece haberse estabilizado en torno a los 2.450. No parece que la expansión de la escuela concertada vaya a producirse en torno al incremento del número de centros, al menos a corto plazo, como tampoco en base al aumento del número de aulas, dentro de los centros ya existentes. Más bien, como indica el repunte de 2016, el incremento de la escuela concertada podría producirse en la ratio de alumnos por aula, toda vez que en los dos años anteriores ésta estaba en 23,8 alumn@s por aula y en el año citado ascendió a 24,3. En todo caso es imposible afinar más el diagnóstico (por ello es necesariamente grosero), toda vez que la Memoria no ofrece número de aulas ni alumn@s en las escuelas concertadas.
3. c) El personal total de los centros católicos (personal religioso más seglar) sigue incrementándose paulatinamente en términos absolutos (el 4,7 % desde 2011), así como el docente (el 5,2 % desde 2011). Asimismo, el personal docente representa el 81,4% respecto al personal de gestión y administrativo.
4. d) Como viene siendo habitual, el personal religioso supone el 6,4 % (el 7,5 % en 2013) del personal total de los centros educativos religiosos, con un descenso de casi un 6 % del personal religioso en 2016, confirmando su senda descendente, tanto en términos absolutos como relativos. Es en esta materia donde la Iglesia demuestra una eficiencia inusual pues con tan sólo 3 curas por colegio, de media, mantiene el control ideológico de 2.591 centros católicos.
5. e) Aunque como ya he apuntado, en términos absolutos el personal religioso ha seguido disminuyendo (un 6 % respecto al año anterior), nada puede decirse del personal religioso docente, porque inexplicablemente ha desaparecido el dato de la Memoria publicada en los últimos años. Lo que significa que paulatinamente la Ic dedica menos atención a la docencia y más a la “gestión del negocio”, como lo demuestra que haya pasado de representar un exiguo 7,2% del personal docente en 2010 a un más exiguo 5,7% en 2013. ¿Tal vez por eso se ha suprimido el dato del personal religioso docente a partir de la Memoria de 2014?
6. f) Se ha incrementado el número de alumn@s en los colegios religiosos en 2016 en un 0,5 %, respecto al año anterior, según la Memoria episcopal. No obstante, al no ofrecer datos desagregados de alumnado en los colegios concertados, resulta imposible saber cuál ha sido la evolución en dichos centros. En todo caso, si parece que desde el inicio de la crisis tanto el número de colegios concertados católicos como el número de alum@s se han mantenido estables, en un período en que la inversión pública educativa ha sufrido un severo retroceso (como he señalado anteriormente, 6.012 M€ menos que en 2009).

EL SUPUESTO “AHORRO” DE LA IGLESIA CATÓLICA

26.-    En la página 55 de la Memoria sigue apareciendo la “perla” que, como todos los años, nos regala la CEE: los “Centros Católicos Concertados suponen un ahorro al Estado de 2.559 millones de euros”. Las declaraciones relacionadas con este supuesto “ahorro” se han convertido en otro latiguillo de agitación y propaganda eclesial, al modo de los 10 millones de personas que van (iban) a misa cada domingo.

Pero el asunto de fondo es la conceptualización que la jerarquía católica hace de este supuesto “ahorro”. Cualquier persona con una mínima competencia en el lenguaje, y no necesariamente en el económico, entiende que se denomina ahorro a la parte de los ingresos que no se gasta; sin embargo, la Ic no le ahorra al Estado ni un solo euro. Por el contrario en 2006 el Estado se gastó 6.055 M€ en subvencionar la escuela concertada. El hecho real, contrastable, es que el 13 % de todo el gasto público en educación (infantil, primaria, secundaria y profesional) se desvía para subsidiar la escuela concertada, fundamentalmente católica y, por tanto, antepone idearios e intereses confesionales, y por tanto particulares, a los intereses generales, a la igualdad (de creencias, de género, de recursos, o de oportunidades) y a la libertad de conciencia.

Cuando exponemos estos datos (reales y contrastables), tanto la CEE como la patronal de la enseñanza católica (Fere-Cecat) protestan airadamente. Incluso esta última esgrime el Informe del Consejo Escolar del Estado 2016, sobre la situación del sistema educativo, para afirmar que éste señala que el gasto de las administraciones por alumno en un centro concertado es poco más de la mitad de lo que gasta por cada alumno en la escuela pública. Y repiten que supone al Estado un ahorro superior a 5.000 M€.

En primer lugar alguien debería aclarar si el supuesto ahorro son esos repetidos 5.000 M€ como sostiene la Fere, o 2.559 M€ como mantiene la CEE en la página 55 de su última Memoria. El asunto no es baladí, puesto que en el primer caso el supuesto “ahorro” sería 3.369 euros/alumn@ y en el segundo 1.724 euros/alumn@. Demasiada diferencia para resultar creíble.

Pero es que además el citado informe del Consejo Escolar no menciona en ningún momento la palabra ahorro en sus casi 650 páginas. Tampoco puede encontrarse ninguna comparación del gasto en la escuela concertada en relación con la escuela pública. Ni siquiera un simple cálculo de cómo calculan ese supuesto ahorro de 5.000 M€. Todas estas afirmaciones no son más que elaboraciones ideológicas para justificar el hecho de que reciben cuantiosas sumas de dinero público para financiar negocios de enseñanza católica (porque son ambas cosas: empresas con propietarios, cuenta de resultados y beneficios y centros de adoctrinamiento católico).

Para quien pueda sentirse ofendido por mis afirmaciones, y antes de seguir con la Memoria episcopal, sólo mencionaré dos ejemplos que han aflorado en los medios, extraídos del Observatorio del Laicismo:

1) La Asociación Lumen Dei, que trabaja en colegios de varios países y posee (o poseía) numeroso patrimonio,  demandó al arzobispo de Oviedo por haber realizado ventas “absolutamente fraudulentas” de los siguientes inmuebles: uno en la calle Maestreo Ripoll de Madrid, por un montante de 3,5 M€ y otro  en la calle Xuclá de Barcelona, por 3 M€. Además, “utilizando el poder notarial que altera su nombramiento, el denunciado ha intervenido las cuentas bancarias de las que es titular Lumen Dei, apoderándose de más de 250.000 euros…”. Claro que, anteriormente habían llegado a la Santa Sede denuncias de “abuso de autoridad” y “una oscura gestión económica”. En fin, un ejemplo muy edificante.

2) El grupo Antana, que explotaba tres colegios concertados, levantados en suelo público cedido por ayuntamientos (gobernados por el PP) y que arrastraba deudas millonarias con la Hacienda Pública, acaba de vender dos de sus colegios al grupo de escuelas católicas Educare por un importe equivalente a casi 10 veces el beneficio operativo del grupo adquirido. Como información vale decir que Educare gestiona seis colegios en Madrid dedicados a impartir “formación cristiana”, y que es una sociedad participada al 50 % por un fondo que posee el grupo de sanidad privada HM Hospitales.

Volviendo a la Memoria episcopal, las cifras que ofrece en esta materia producen auténtico sonrojo, no tienen ninguna lógica y, por tanto, no merecen la más mínima credibilidad. Asimismo, no merecen ni un simple comentario por parte de PwC, ni siquiera el hecho de que en apenas seis años, en el período 2011/2016, el supuesto “ahorro” haya disminuido en 1.532 M€, desde los 4.091 del primero hasta los 2.559 del último. Asimismo, sería deseable que la CEE, Fere o ambas hicieran luz acerca de cuánt@s catequistas hay en toda España, que masa salarial perciben, en qué Comunidades Autónomas, en que sectores educativos (público o privado concertado), en cuántos centros escolares y en qué niveles educativos. Eso sería transparencia y a eso obliga la ética política, máxime cuando se sufraga con dinero de toda la ciudadanía. ¿Qué sentido tiene ocultarlo?

Y lo que resulta de todo punto inconcebible es que el Estado contribuya al ocultamiento sistemático de estos datos, como si el asunto fuera baladí y no una verdadera cuestión de interés general.

En todo caso, la Memoria episcopal oculta la cantidad que realmente  ha transferido el Estado a las escuelas católicas, así como el porcentaje de gasto en las escuelas concertadas católicas respecto al total de la concertada. No obstante, teniendo en cuenta que el gasto total en conciertos fue en dicho año 6.055 M€ y que aproximadamente el 80 % del gasto se deriva a escuelas católicas, los colegios religiosos habrían recibido durante 2016 más de 4.844 M€.

Si el informe realizado por PwC afirma que los datos que se han puesto a su disposición “se han preparado de forma adecuada y fiable”, ahí quedan el nivel de fiabilidad de los datos de la Iglesia y del trabajo realizado por PwC.

Lo cierto es que este fortísimo incremento en la financiación de centros privados con ideario católico, en su mayor parte, lo es en detrimento de la escuela pública de calidad e igualitaria, y en la que rige la libertad de conciencia para tod@s sus alumn@s, no adoctrinadora de sus alumn@s (excepto de aquell@s que solicitan ser adoctrinad@s).

L@S CATEQUISTAS EN LA ESCUELA PÚBLICA Y CONCERTADA.

27.- Los mal llamados profesores de religión (en realidad catequistas) ascienden según la Memoria episcopal de 2016 a 34.658 personas (pág. 55). Sabemos por la prensa que salieron de los Presupuestos del Estado para estos menesteres 100 M€, en la enseñanza infantil y primaria y para un territorio que abarca Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Ceuta y Melilla. Este ámbito se compone de 2.900 catequistas.

Pero en este cálculo faltan los demás niveles educativos (ESO, Bachillerato,…), tanto en la escuela pública como concertada, así como las demás Comunidades Autónomas, hasta un número de “profesor@s” equivalente al ofrecido por la Memoria, y que se sitúa en las 34.658 personas antes mencionadas. Un sencillo cálculo aritmético permitiría evaluar el gasto total en “profesor@s de religión” en una cantidad cercana a los 1.200 M€. Soy consciente de que este criterio de cálculo no es muy fino, pero ni las Administraciones educativas ni la CEE ofrecen una cifra global alternativa acerca de este cuantioso coste económico para las arcas públicas. Es otro de los tantos secretos guardados por la Administración que, debiendo cuidar del interés general, hace dejación de su responsabilidad.

De esta manera no es razonable (conforme a razón, según el DRAE) que desde las trincheras eclesiales más refractarias a todo lo que no sean sus intereses, se acuse a Europa Laica de ofrecer  como gasto público en catequistas una cantidad cercana a los 600 M€. Mientras no se aporten cifras reales y se sigan ocultando las cifras reales, estoy en condiciones de afirmar que este importe está muy infravalorado: el gasto presupuestario público en catequistas, a nivel de todo el Estado, no sería inferior a los 1.000 M€.

No puedo profundizar más en un Informe de estas características, pero es conocida la situación de privilegio de este colectivo, tanto en el acceso a la función educativa (vía “obispal”), sin concurrencia pública, en muchos casos sin titulación adecuada y con reserva de puesto de trabajo, sin tener que optar todos los años en concursillos a una plaza, como el resto del profesorado interino y fijo sin plaza. El privilegio llega hasta extremos como se ha conocido recientemente en Andalucía, que tras la renovación automática del Ministerio de Educación durante los tres últimos años (infantil y primaria), se ha descubierto que sobran catequistas en 252 colegios, e incluso la Junta no ha querido revelar cuál es el número de “profesores” sin carga horaria (total o parcial) así como el perjuicio que esto ha supuesto a las arcas públicas. En todo caso, el Ministerio lleva tres años pagando a “profesor@s” de religión que no imparten clases.

Si al gasto público que absorbieron las escuelas concertadas católicas en 2016 le añadimos los 1.000 M€ que salieron de los fondos públicos para pagar a los 34.658 catequistas de religión católica existentes en la escuela pública y concertada, obtenemos la única verdad: la enseñanza confesional católica nos costó en 2016 a todos los españoles más de 5.844 M€. No se entiende que esta información siga sin figurar en la Memoria episcopal, en un momento en que la CEE está más necesitada de aparentar transparencia ante la sociedad. Y tampoco se entiende que el Estado no ofrezca esta información de forma periódica y con claridad (sí, también eso sería transparencia).

Como resulta imposible dedicar más espacio a esta materia en mi informe, acabaré el comentario poniendo de manifiesto que ni siquiera la Iglesia ofrece comentarios sobre aspectos numéricos de su gestión si de ello se puede derivar información “no conveniente”: el número de catequistas de religión en las escuelas públicas y concertadas católicas se incrementó en 2015, respecto al año anterior, en 5.276 personas, lo que significó un notable incremento del 17 %. En 2016 se ha vuelto a incrementar en 3.722 personas (un 12 %). Nada se comenta sobre ello en la Memoria 2016 acerca del incremento de gasto público que tal aumento de personal originó. Silencio sepulcral, una vez más.

En fin, esta es la realidad que oculta la propaganda episcopal: España tiene la enseñanza privada más subvencionada por el Estado de toda la Unión Europea y, por el contrario, un gasto público en educación de los más bajos (el décimo sexto lugar de los veinte países del grupo UE-20). Es un problema de vasos comunicantes en un contexto, no ya de recursos limitados sino decrecientes: los recursos económicos que se niegan a la enseñanza pública se derivan a la privada concertada, mayoritariamente. De ahí que en la actualidad no tenga sentido, por más que a veces lo silencien las actuales reivindicaciones del sector educativo, luchar por la enseñanza pública sin denunciar la enseñanza concertada, y especialmente la católica.

Así pues, el hecho de que la jerarquía católica hable de que “ahorra” recursos al Estado no es producto de desconocimiento o ineptitud, sino una simple estrategia publicitaria con que intoxica a través de todos los medios de difusión y persuasión, con objeto de crear, y mantener, un estado de opinión favorable a la enseñanza confesional y al mantenimiento de los cuantiosos privilegios económicos y simbólicos que la propia Iglesia católica detenta en nuestro país. Asimismo, le sirve para hacer más homogénea la opinión (argumentarios, se denominan en el ámbito político), no sólo entre sus fieles más incondicionales, sino entre la gran masa de personas que no va más allá de los titulares de los periódicos, en papel o digitales, y de las emisoras (de radio o televisión).

Precisamente, en la Memoria correspondiente a 2013 se afirmaba que para la realización de estos fines, a los que la Ic definía como anunciar la Buena Noticia (¿?), y bajo el marchamo de actividad evangelizadora, se incluía por tercer año consecutivo información sobre el conglomerado de medios de comunicación social de que se sirve la Corporación católica. Así, conocíamos que todas las diócesis de España cuentan con al menos una publicación periódica, un programa de radio y una presencia creciente en internet y en las redes sociales. Incluso en algunas diócesis existe presencia en la programación televisiva regional o local.

Recapitulando, dicha información ponía en evidencia la poderosa maquinaria propagandística episcopal a disposición de la Ic en España: al menos, 67 publicaciones diocesanas, 145 programas de radio, 256 revistas y 13 programas de TV, todo ello sin contar la presencia en el ámbito de la comunicación de programas o publicaciones de las congregaciones religiosas, los institutos de vida consagrada, las propias parroquias, los movimientos seglares, etc. Claro está, que nada se decía de las emisoras de las que es propietaria la propia Iglesia católica (Cope, Radio María o 13TV, entre las más importantes).

En cualquier caso, esta información ya la hizo desaparecer la Conferencia Episcopal en la Memoria de 2014 y en 2016 continúa desaparecida.

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

28.- En cuanto a la Actividad de Formación (estudios de nivel superior, tanto eclesiásticos como de cualquier otro tipo), incluida dentro del apartado de Actividad Educativa, hasta 2011 no era posible ningún tipo de comparación con años anteriores, dado el galimatías conceptual con que se ofrecía la información.

En la Memoria de 2011 apareció por primera vez una página que declaraba la existencia de 14 universidades, sin posible comparación con años anteriores, con 78.471 alumn@s, cantidades que aparecían subdivididas en universidades católicas, pontificias, eclesiásticas o de inspiración católica. Éstas últimas representaban la parte más significativa, con 48.038 alumn@s, y son el verdadero mascarón de proa de la influencia de la jerarquía católica en los distintos estamentos de la sociedad española: Universidad de Navarra, Deusto, Ramón Llull, Francisco de Vitoria, CEU San Pablo, Abat Oliba CEU, CEU Cardenal-Herrera y San Jorge.

Ya en la Memoria de 2013 se declaró el mismo número de universidades (14) que en 2011 y 2012, y un 5,5 % de incremento en el número de alumn@s respecto al año anterior. No obstante, la parte más importante de este alumnado, y por tanto la cantera confesional, procedía de las denominadas universidades de inspiración católica que hemos enumerado en el párrafo anterior, puesto que absorbían el 59 % del alumnado católico total. Por orden de importancia, el siguiente lugar lo ocupaban las tres universidades católicas (de Ávila, Murcia y Valencia), que absorbían el 26 % del alumnado.

En la Memoria de 2014 se declaraba una universidad más (15), y un incremento en el número de alumn@s del 2,5 % respecto al año anterior y  en 2015, con el mismo número de universidades, el incremento del alumnado respecto al año anterior fue del 1,6 %. Ya en 2016, se declara una universidad más (16) y un incremento en el número de alumn@s del  1 % respecto al año anterior. Por tanto, todo parece indicar que el incremento en el alumnado de las universidades católicas, aún cuando positivo, ha sufrido un evidente frenazo en el período 2013/2016, aun cuando el porcentaje de incremento en el mismo ha sido del 4,1 %.

Las denominadas universidades de inspiración católica mantienen su primacía en ascenso, absorbiendo el 59,6% del alumnado. Le siguen en orden de importancia las universidades católicas, que encuadran al 24, 4% del alumnado católico y en tercer lugar se encuentran las universidades pontificias (Salamanca y Comillas) con el 13 % del alumnado. Por último, figura con un porcentaje poco significativo de alumn@s, el 3 % del total, las universidades eclesiásticas (San Dámaso), aunque son las que han experimentado un incremento mayor en el período considerado (casi un 114 %.

A continuación, se ofrece el cuadro comparativo 2016/2013 de alumn@s en las distintas universidades católicas:

ALUMN@S EN LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES CATÓLICAS

A esta estructura universitaria eclesial hay que añadir 22 centros en Facultades eclesiásticas (los mismos que en 2013), pero el número total de alumn@s se omite en la Memoria; sin embargo se ofrece como cifra global 5.881, que evidentemente sólo puede corresponder al alumnado con estudios de grado. No obstante, l@s estudiantes de postgrado se omiten, aún cuando deben rondar una cifra cercana a 15.000. Por último, se omite de manera inexplicable en la Memoria la existencia de los Institutos superiores, que en 2015 se cifraba en 71 Institutos superiores (los mismos que en 2014) y que encuadraron a 9.317 alumn@s, un 32 % menos que el año anterior. En definitiva, estos fueron los “poderes universitarios” de la Iglesia católica en nuestro país durante 2016: 117.623 alumn@s “fidelizados” por la confesión católica para formar los cuadros superiores de la sociedad.

En este punto es conveniente recordar que el Fondo Común Interdiocesano, es decir, la jerarquía católica, dedicó 6 millones de euros en 2016 (mil millones de las antiguas pesetas) del bolsillo de tod@s l@s español@s a subvencionar centros superiores católicos (página 23 de la Memoria publicada). En ésta, aunque se reconoce escuetamente entre paréntesis que se dedican a la Pontificia de Salamanca y centros de Roma y Jerusalén, no se especifica cómo se distribuye este montante entre las distintas modalidades de formación superior católica, pero en todo caso, ello significa que toda la sociedad española (de convicciones católicas, o de cualesquiera otras creencias religiosas o de cualquier otra naturaleza) contribuye, lo quiera o no, a la formación de las élites católicas que más adelante liderarán, entre otras instituciones, los medios de (des)información e (in)comunicación afines, así como las instancias más altas del poder político (judicatura, Parlamento, Gobierno,…).

Este apoyo público a las universidades privadas contrasta con la pérdida de las universidades públicas cercana a los 1.300 M€ en el período 2010/2016, con una partida anual de 9.005 M€, lo que significa que el gasto público por alumn@  ha descendido el 14% en tan sólo seis años. Ello ha provocado incrementos brutales en las tasas académicas para compensar la falta de financiación pública, así como unas deudas a proveedores que se cuentan por miles de millones de euros y miles de empleos perdidos durante el último quinquenio, de los cuales un porcentaje significativo eran docentes e investigadores. Una Universidad pública que durante años se ha intentado desprestigiar desde la propia Administración y que apenas tiene para pagar la calefacción.

ACTIVIDAD CULTURAL

29.- El año pasado iniciaba este apartado comentando que el contenido de la Actividad cultural en la Memoria “no deja de ser curioso, tratándose de una entidad (la Ic) cuya actividad persigue, supuesta y prioritariamente, “beneficios de orden espiritual”. Ya se trate del Año Santo Compostelano o de cualquier fiesta de las denominadas religiosas, parece lógico que la Conferencia Episcopal debería ofrecer información acerca de los objetivos pastorales o religiosos cubiertos tras dichos acontecimientos. Lejos de ello, se percibe un constante empecinamiento por hablar de turismo, y de “mercados”, así como de los supuestos beneficios económicos y sociales generados por dichos eventos.”

Observo que en la Memoria de 2016 esta actividad, que ocupa desde la página 60 hasta la 66, se ha liberado en gran medida de esas obsesiones economicistas y de la jerga neoliberal que la acompañaba (al igual que en la información relacionada con la actividad educativa).

Y digo sólo “en gran medida” porque la primera página de la Actividad cultural (pág. 60) aún mantiene este tipo de previsiones, aún cuando no hace más que calcar las cifras de la Memoria de 2015 (que en realidad son estimaciones para el año 2014). Parece que no se deciden a eliminarlo del todo y lo siguen utilizando para “rellenar”.

En la segunda página de Actividad cultural (pág. 61) se aporta una cifra peculiar por tercer año consecutivo: se afirma que las diócesis destinaron 71,1 M€ a 373 proyectos de construcción, conservación y rehabilitación en 2016, sin especificar si son gastos ordinarios de mantenimiento o gastos de inversión (rehabilitación, inversiones de estructura, etc.). Tan sólo una mención  a que 51 de esos proyectos fueron “de construcción” y los restantes 322 “de rehabilitación del patrimonio”. Es necesario volver a la página 31 (la economía diocesana: empleos) para conocer que 49 M€ se han dedicado a proyectos de rehabilitación (7 M€ más que el año anterior) y 22 M€ a nuevos templos (9 M€ más que en 2015). Ni una sola mención más en la Memoria de 2016.

No obstante, por la información de la citada página 31 podemos deducir que las diócesis gastaron durante dicho año 232,6 M€ en conservación de edificios y gastos de funcionamiento (se entiende que de los edificios), por lo que si se gastaron 71 M€ en construcción, conservación y rehabilitación de los mismos, queda por aclarar en qué se gastaron los restantes 161,6 M€. ¿En gastos de funcionamiento? En fin, un año más la opacidad episcopal provoca que resulte imposible decir nada con sentido en este galimatías numérico.

Así pues, los gastos de conservación y rehabilitación se configuran como un gran “agujero negro” que absorbe y hace desaparecer todo lo que se aproxima a este concepto. En ningún momento aporta la Memoria cuál es ese montante y qué parte financia la Ic y cuál corresponde a las distintas administraciones.    Ni que decir tiene que los cuantiosos ingresos que tiene la Ic, como consecuencia de la explotación económica de los bienes de interés histórico y artístico, valorados en decenas de millones de euros (sólo en la Mezquita de Córdoba supuso unos ingresos de 15 M€ en 2016), no son merecedores de la atención de la Memoria. Y estamos hablando de cantidades no sometidas al IVA, ni a ninguna fiscalización ni control por parte de los órganos estatales.

Por último, inserto en el apartado de Actividad cultural, también se incluye en la página 64 de la Memoria, la actividad relacionada con las celebraciones y fiestas religiosas.

En la Memoria de 2014 ya me llamó la atención que en tan sólo un año, de 2013 a 2014, las fiestas religiosas de interés turístico nacional hubieran pasado de 65 a 84. Ese incremento de un 29 % en el número de fiestas religiosas de esta naturaleza no mereció ningún comentario entonces. Igualmente sucedió con las fiestas religiosas de interés turístico internacional: pasaron de 27, en 2013, a 40 en 2014, con un increíble incremento de casi el 50%. En lo relativo a la Memoria de 2015, las fiestas de interés turístico internacional se mantuvieron en el mismo número y las nacionales se incrementaron en 6 (un 7 %). En lo referente a 2016, las fiestas religiosas internacionales parecen haberse estabilizado en 40, mientras que las nacionales han tenido un pequeño incremento, de 90 a 92. Así pues, en dicho año eran 132 las fiestas religiosas calificadas de interés turístico. En todo caso, no deja de ser llamativo que la promoción y calificación de estos eventos sea responsabilidad de las Administraciones Públicas, en un país cuya Constitución se declara aconfesional.

Con todo, las 132 fiestas religiosas de interés turístico son sólo el 37,5 % del total de las 352 celebraciones y fiestas religiosas existentes en España. Este paroxismo consumista y turístico no parece tener fin, pues se ha lanzado una verdadera carrera para que cada población tenga “su” fiesta religiosa declarada de interés turístico. Podríamos decir, parafraseando al famoso escritor, que España es una fiesta…religiosa.

BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL

30.- El episcopado declara en la página 62 que existen 3.168 bienes inmuebles de interés cultural pertenecientes o relacionados con la IC (con una presencia significativa de las entidades de la Iglesia [sic]), de los cuales 22 están declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad. Asimismo, disponía en 2016 de 616 santuarios (el mismo número que el año anterior pero 75 más que en 2012 (¿?), tal vez debido al “esfuerzo inmatriculador”). Este año, sin embargo, como en la Memoria del pasado año, se omite sin ninguna explicación la existencia de 332 museos, de los cuales 86 son diocesanos, 170 eclesiásticos y 76 pertenecen a órdenes religiosas.

En todo caso, ignoramos si entre todos estos bienes de interés cultural están aquí incluidas los que correspondan a los más de 1.086 bienes comunales apropiados por la Iglesia católica en Navarra, que fueron objeto de informe del Parlamento navarro en su día, y que fueron inmatriculados merced al artículo 206 de la Ley Hipotecaria; ignoramos también dónde contabiliza el episcopado las, al menos, 100.000 unidades rústicas y urbanas (de las cuales 5.000 son edificios religiosos) que calcula S. G. Payne (un historiador actualmente muy del gusto de la derecha) que tiene la Ic en España. También oculta la Memoria cualquier información respecto a los más de 40.000 bienes inmuebles inmatriculados por la Ic, que la propia CEE reconoce oficiosamente haber realizado.

Con todo, a pesar de la complejidad y opacidad que rodea este asunto, Europa Laica estima que el mantenimiento del patrimonio artístico e inmobiliario de la Ic le puede estar costando al Estado en torno a los 600 M€ anuales, entre los tres niveles de las distintas administraciones, local, autonómica y central. Es el Estado el que está obligado a ofrecer anualmente, en una sociedad democrática que se pretende transparente, cuánto cuesta al erario público (nuestros impuestos) el mantenimiento de este patrimonio artístico e inmobiliario, recogiendo la información que proceda tanto de la administración central como de la autonómica y local.

EL SUPUESTO IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE ACTIVIDADES E INMUEBLES

31.- En la Memoria de 2013 se aportaba, por primera vez, una estimación del impacto económico de las catedrales en España, así como de su contribución al PIB. En la Memoria de 2014, bajo el epígrafe genérico de “Actividad cultural de la Iglesia católica” (las “d” en negrita eran mías) se presentaban tres páginas referentes al “impacto económico de los bienes inmuebles de la Iglesia” y otras dos al impacto relacionado con las  “celebraciones y fiestas religiosas”. Toda esta información la he venido sometiendo a una severa crítica en los Informes de años anteriores. Afortunadamente, todo este galimatías propagandístico economicista ha sido eliminado en la Memoria de 2016.

En relación con los bienes inmuebles de interés cultural relacionados con la Iglesia católica, llamaba la atención que la CEE se auto atribuía como “actividad cultural de la Iglesia católica” todas las actividades realizadas en todos los BIC, fueran éstos Patrimonio de la Humanidad, catedrales que no ostentaran dicha calificación u otros BIC que no fueran catedrales. Como la propia Iglesia católica sabe, la mayor parte de este impacto económico no procede de la utilización litúrgica o religiosa de dichos bienes.

Asimismo resultaba falaz (simplemente falso) y abusivo que se encabezara dichas páginas de la Memoria con el titular “Impacto económico de los bienes inmuebles de la Iglesia”, toda vez que muchos de esos bienes son bienes de dominio público (por poner un ejemplo, la Mezquita de Córdoba), y esto conlleva que aún inscritos en el Registro, se le otorgue la “posesión” del bien, pero no significa que se le otorgue la propiedad, pues no pierde su imprescriptible condición de dominio público.

No obstante, ante el intento de patrimonializar en exclusiva para la Ic el impacto económico y el empleo generados por la existencia de los bienes de interés cultural de la Ic, yo puntualizaba en mi Informe:

1. a) Que si encabeza este apartado con el pomposo titular de “Impacto socioeconómico de los bienes inmuebles de la Iglesia” debía aportarse información relacionada con todos los inmuebles, y no sólo con los de interés cultural, pues la Ic posee miles de inmuebles, entre los que destacan colegios de órdenes religiosas, seminarios, residencias, hospitales, guarderías, editoriales, aparcamientos, etc.
2. b) También recordaba que los bienes de interés cultural religioso, aunque indudablemente deben a este uso su origen, son el resultado histórico de un esfuerzo colectivo realizado durante siglos, incluso, por actores sociales y políticos muy diversos, por lo que no pueden ser patrimonializados en exclusiva por la Ic. Igualmente recordaba que había que hacer frente a la permanente confusión que mantiene el episcopado en relación con este asunto, aclarando que los BIC pueden ser de titularidad pública o privada, la gestión puede ser pública, privada o compartida y el uso es susceptible de ser religioso o civil. Y estos distintos aspectos los confunde continuamente la jerarquía católica de forma interesada.
3. c) La Constitución de 1978, en sus artículos 46 y 149. 28º, atribuye al poder político la competencia exclusiva en relación con la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental, así como la garantía de su conservación. Por tanto, sólo es competente el poder civil en esta materia.
4. d) Como muy bien pone de manifiesto Europa Laica, a través del Observatorio del Laicismo, los Bienes de Interés Cultural no son los únicos bienes patrimoniales en posesión de la Ic que reciben ingentes cantidades de las cuentas públicas: los distintos ministerios, ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas también subvencionan a todo tipo de iglesias, monasterios, abadías, conventos, capillas, ermitas y santuarios que carecen de dicha calificación.

Sin embargo, en lo concerniente al impacto socioeconómico de las celebraciones y fiestas religiosas o los inmuebles de la Iglesia, la Memoria 2015 no decía nada, como tampoco dice la de 2016: en el caso de las celebraciones e inmuebles se limita a transcribir íntegramente, como ya he señalado, la información de 2015, que ya incluyó el episcopado en la Memoria del año anterior, y en el caso de las fiestas religiosas simplemente ha desaparecido su impacto socioeconómico de la Memoria. Lógicamente no se incluye ninguna aclaración de este proceder, ni en un caso ni en otro.

CATEDRALES

32.- También han desaparecido de la Memoria 2016, afortunadamente, las veleidades cuantitativas relacionadas con el impacto económico y social de los  Bienes de Interés Cultural. En todo caso resulta pertinente una reflexión específica sobre esta materia.

Y para ello, como bienes específicos de interés cultural más significativos, me voy a centrar en las catedrales, de las que existen 88 en la actualidad. Aunque su origen religioso es innegable, no cabe tampoco ninguna duda de que son el resultado histórico de un esfuerzo colectivo, durante siglos, de actores sociales, y políticos muy diversos, no necesaria ni exclusivamente religiosos. En todo caso, conviene hacer algunas matizaciones respecto a este tipo de bienes patrimoniales.

1. a) Las catedrales existen mucho antes de que existiera el turismo como concepto, y no cabe duda de que los privilegiados visitantes del siglo XV, por ejemplo, lo serían por motivos fundamentalmente religiosos. En la actualidad, no cabe duda de que las catedrales de Burgos, León o Toledo seguirían siendo visitadas como obras de arte en sí mismas, aunque estuvieran desacralizadas y al margen de su connotación religiosa. Por tanto, no cabe apropiarse, en este caso, ningún “mérito” confesional.
2. b) Actualmente nadie discute su función litúrgica (uso religioso), y en este sentido están al servicio de los fieles católicos en cuanto lugares de culto. Pero asimismo, su función histórica y artística las debe poner al servicio de tod@s l@s ciudadan@s y, en este sentido, exige una gestión al servicio de los intereses generales. Ambas funciones deben ser posibles y compatibles. Incluso la Iglesia reconoce esta dualidad en su Código de Derecho Canónico (canon 12832) y en el Acuerdo concordatario sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, de 1979 (preámbulo y artículo XV).
3. c) Ya he señalado anteriormente la competencia exclusiva que atribuye la Constitución al poder político en materia de defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental, así como la garantía de su conservación. Por tanto, por más que se pretenda asociar esta actividad del Estado a la “obligación de cooperar con la Ic” o a “tener en cuenta las creencias religiosas” (como establece el infausto artículo 16, cuyas citadas referencias deberían ser eliminadas del texto constitucional), lo cierto es que las catedrales son mantenidas y conservadas por los poderes públicos, no por motivos religiosos, sino por su naturaleza histórico-artística.
4. d) Asimismo, como reconoce la Ley de Patrimonio Histórico Español, de 1985, las catedrales han de estar al servicio de los fieles en cuanto lugar de culto, y de todos los ciudadanos en la medida en que son un bien integrante del Patrimonio Histórico Artístico español.
5. e) Desde 1997, en que se firmó el Acuerdo entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Conferencia Episcopal, existe un Plan Nacional de catedrales que actúa sobre 96 conjuntos catedralicios (incluyendo catedrales, concatedrales y antiguas catedrales) y cuya financiación corre a cargo de instituciones estatales y CCAA. En él no se alude a que la Ic participe en su financiación aunque, eso sí, el Ministerio debe facilitarle a ésta los Planes Directores.

En la actualidad aún no se ha elaborado ningún balance de financiación que contemple lo aportado desde 1997 por CCAA, Mº de Cultura y otros organismos públicos, Ic, y mecenazgo privado. Lo único que sabemos es que el Mº de Cultura y el de Fomento aportaron, entre 1997 y 2003 cerca de 30M€ para 57 actuaciones y entre 2004 y 2009 del orden de 41 M€ en otras 37 actuaciones.

1. f) La Memoria episcopal de 2016 tampoco hace mención alguna respecto a la existencia del Plan de catedrales ni, por tanto, cuánto aporta la Ic a la financiación del mismo en su apartado de Actividad cultural. Asimismo, tampoco dice nada a propósito de la financiación estatal de dicho Plan. Oculta, por último, qué ingresos generan al propio episcopado las visitas a los 96 conjuntos catedralicios que hay en España y cuál es el régimen de dichos ingresos.

En este asunto el episcopado hace gala de una opacidad total, por lo que la supuesta transparencia que pregona en la página 12 de la Memoria (“El camino de la transparencia”) parece ser una vez más, mera fachada. Tampoco la Administración Pública, que debería ser garante de los intereses generales, muestra exigencia alguna a la hora de requerir la tan cacareada transparencia.

3. g) El hecho cierto, que oculta la Memoria, es que si no fuera por la financiación pública, las catedrales, como la mayor parte de los 3.168 inmuebles de interés cultural relacionados con la Ic, no podrían siquiera abrir sus puertas. Así pues, independientemente de que los propietarios de las catedrales puedan ser los Cabildos catedralicios, e incluso al margen de la titularidad, son los poderes públicos los responsables de su gestión y conservación y, en último término, las CCAA. De ahí que, dada su función social, histórica y artística, debieran incluirse en el Plan Nacional de catedrales, así como en sus correspondientes Planes Directores, directrices en orden a la gestión pública exclusiva de todas las actividades no litúrgicas o relacionadas con el culto, que debería ser asumida por las Comunidades Autónomas. Máxime si, como indica la Memoria, el impacto socioeconómico de las catedrales es tan importante para la economía española.

INMATRICULACIONES

33.- El proceso de las inmatriculaciones ilegítimas realizadas en estos últimos veinte años, al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, modificada por el Gobierno de Aznar en 1998, ha supuesto la apropiación fraudulenta (por decirlo suavemente) de miles de inmuebles y bienes pertenecientes al patrimonio colectivo, algunos de origen histórico, como la Mezquita de Córdoba, otros, sencillos bienes comunales como los más de mil de los que se ha apropiado la Ic tan sólo en Navarra, por poner sólo un ejemplo. Todo ello, con la aquiescencia de todos los gobiernos que se han sucedido, tanto del PP como del PSOE.

La alarma social fue de tal calibre, y la movilización de las diferentes plataformas surgidas al socaire de tal expolio, así como de Europa Laica, ha sido tan persistente que, al fin, el gobierno del PP no tuvo más remedio que dar marcha atrás y acabar con los privilegios que la jerarquía católica ostentaba en materia de inmatriculaciones, reformando la Ley Hipotecaria (Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria) y eliminando la posibilidad de que la Iglesia pudiera seguir registrando propiedades como suyas sin ningún título de propiedad que lo acreditara.

No obstante, esto no ha supuesto, como exigían todas las plataformas (y el sentido de lo razonable) que revirtieran a su estado primitivo dichos inmuebles: de hecho ha resultado ser una amnistía registral, reprobada incluso por el Tribunal Europeo de Estrasburgo que ha condenado la complicidad del Estado al no revertir lo inscrito.

En cualquier caso, es lógico que debamos preguntarnos si ha quedado sin inmatricular algún bien patrimonial relacionado con la Ic pues, como la misma CEE ha reconocido, en un desliz informativo, se habrían producido unas 40.000 inmatriculaciones, en un período que no han definido si es anterior o no a la reforma realizada en 1998 por el Gobierno de Aznar. Debemos tener en cuenta que el proceso inmatriculador (expropiador) ha abarcado desde La Mezquita de Córdoba, La Giralda o la Seo de Zaragoza hasta plazas y calles, pisos, locales comerciales, jardines, murallas o cocheras (sin ninguna relación, todo ello, con el uso religioso).

En 2016 se produjo un hecho de importancia, toda vez que los colectivos implicados en la lucha contra el proceso inmatriculador constituyeron una plataforma de ámbito estatal, Coordinadora estatal por la recuperación del patrimonio inmatriculado (Coordinadora Recuperando), compuesta por colectivos navarros, andaluces, vascos, aragoneses, valencianos,…, así como por Redes cristianas, y Europa Laica, entre otras asociaciones.

El objetivo de dicha Coordinadora es presionar a las instancias políticas, parlamentos y gobiernos autonómicos, para que adopten iniciativas institucionales, jurídicas y legislativas para intentar recuperar los bienes apropiados por la Ic, así como hacer la luz (identificar) acerca de los bienes inmatriculados entre 1946 y 2015. Para ello, pretende implicar a los ayuntamientos en los trabajos de recuperación del patrimonio enajenado así como proponer a las administraciones que estudien condicionar las inversiones públicas a la devolución de dicho patrimonio. Como informó en noviembre de 2017 el Observatorio del laicismo, fruto de estas presiones ha sido el anuncio efectuado por el Gobierno del PP de que ha pedido al Colegio de Registradores todas las inmatriculaciones de la Ic desde 1998.

En consecuencia, se ha venido reclamando por estos colectivos que se declaren nulas de pleno derecho las inscripciones realizadas al amparo de esta legislación anticonstitucional que, además, otorgaba a la Ic la consideración de fedatario público, como si de una Corporación Pública se tratara. Ni que decir tiene que toda esta problemática no merece el más mínimo comentario en la Memoria episcopal. Una muestra más de la transparencia eclesial.

LA TRANSPARENCIA

34.- Me he referido varias veces al concepto de transparencia, porque la introducción de la Memoria 2014, en su página 5, afirmaba que “la Conferencia Episcopal ha firmado recientemente (se refiere a 31 de mayo de 2015) un acuerdo de colaboración con la ONG Transparencia Internacional España, donde se han marcado distintos compromisos en pro de la mejora de la transparencia, y que serán de aplicación tanto en la Conferencia Episcopal, como en las diócesis españolas”. En la Memoria de 2016, se afirma (pág.12) que “…la Conferencia Episcopal ha renovado recientemente el acuerdo de colaboración con la ONG Transparencia Internacional España, donde se da continuidad a los compromisos ya adquiridos…”. A estas alturas de este trabajo no hace falta incidir más en que la ausencia de transparencia y la opacidad es la característica de la información que aporta la Iglesia, en relación con los compromisos que ha adquirido y con los recursos públicos que maneja.

Pero es que además desde 2013 existe un deber institucional, del Estado (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno), que afecta también a las entidades privadas (todas las pertenecientes a la Ic) “que perciban una determinada cantidad de ayudas o subvenciones públicas”, como indica en su preámbulo.

Asimismo, en el Portal de Transparencia creado a estos efectos, deberá incluirse no sólo la información sobre la que existe una obligación de publicidad activa, sino también aquella “cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia”. Pues bien, nada de esto es una realidad, cinco años después de la entrada en vigor de la citada ley, en lo que se refiere a las 12.665 entidades religiosas católicas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas (5.275 asociaciones, 3.418 cofradías, fundaciones, hermandades,…), diócesis, empresas, y demás entidades confesionales. Y el Estado no se ha planteado como un deber público y democrático el cumplimiento de la Ley.

Pero lo cierto es que pese a su limitado alcance y sus enormes limitaciones, esta ley afecta,  en su artículo 3, a todas las entidades privadas que perciban durante un año ayudas o subvenciones públicas por valor de más de 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que sea superior a 5.000 euros. Por lo tanto, es fácil deducir que miles de entidades religiosas católicas (entre todo tipo de entidades) se ven afectadas por la ley.

En cuanto al tipo de información que esta ley obliga a hacer pública se exige, en el artículo 8, como mínimo la información relativa a las subvenciones y ayudas públicas recibidas (importe, objeto, finalidad, beneficiarios), presupuestos, retribuciones de los máximos responsables, convenios suscritos (objeto, duración, obligaciones económicas) o contratos realizados, entre otros actos de gestión. También se establece, en el artículo 9, que el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa tendrá la consideración de infracción grave. Pero, en fin, no es objeto de este Informe un análisis pormenorizado de la denominada Ley de transparencia.

En todo caso, no se molesten en buscar, tanto en el Portal de Transparencia de la Administración General como en el de la Comunidad de Madrid, información sobre ningún tipo de ayudas o subvenciones a entidades religiosas o al mantenimiento del patrimonio religioso: simplemente, no saben, no contestan. No cabe duda de que en el actual estado de la cuestión, la ley parece servir de coartada de lucha por la transparencia en un momento político en que el despilfarro de recursos públicos y la utilización partidista de éstos ha convertido en un clamor popular la lucha contra la corrupción. Pero la transparencia sigue sin llegar a los ámbitos eclesiales.

ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL

35.- La Memoria reserva el último lugar para la Actividad caritativa y asistencial y en este apartado se alcanza el paroxismo, pues aunque la Memoria debería describir la actividad eclesial vinculada a la llamada Asignación tributaria de 2016 y reparto de fondos, una vez más, la actividad caritativa que se señala en las páginas 68 a 85 tiene muy poco que ver (nada, en la práctica) con la denominada Asignación tributaria.

En cualquier caso, la información aportada sirve para conocer que la Ic dispone de 69 hospitales (cuatro más que el año anterior), 54 ambulatorios/dispensarios (dos menos), 792 casas de ancianos enfermos crónicos y personas con discapacidad (19 más que en 2015), 247 “guarderías” (una más), 180 centros culturales y artísticos (cuarenta y cuatro centros menos), y 7.737 centros asistenciales, (157 menos que en 2015), de los que 6.323, (25 más que el año anterior) son centros para mitigar la pobreza en los que se ha atendido a 2.787.669 beneficiarios (39.098 personas menos). Estas cifras son suficiente significativas para dar una verdadera dimensión de la desmesurada estructura paralela asistencial desarrollada en nuestro país por la Ic, al socaire de la dejación de sus responsabilidades por parte de las instituciones públicas.

No obstante, el eje de dicha actividad es la realizada por Cáritas y Manos Unidas. Respecto a la primera, de sus 358,1 M€ invertidos en programas en 2016, la Conferencia Episcopal aportó 6,2 M€ procedente de las “X” de la casilla de la declaración del IRPF. Así pues, solamente el 1,7 % de los recursos monetarios de Cáritas  procede de la denominada Asignación Tributaria, aún cuando este extremo se oculta en la Memoria publicada. Lo cual no significa que como organización que pertenece a la estructura de la Corporación católica no se beneficie de su infraestructura inmobiliaria y de la prestación de servicios gratuitos por parte de curas, monjas y seglares católic@s. A propósito de la cantidad aportada por la Ic a Manos Unidas, procedente de la denominada asignación tributaria, la Memoria no sabe, no contesta.

LA CASILLA PARA FINES DE INTERÉS SOCIAL EN EL IRPF

36.- Es pertinente recordar en este punto que las organizaciones caritativo-asistenciales católicas también reciben dinero del erario público procedente de las “X” de Fines de interés social que figuran en las declaraciones del IRPF. De un total aproximado  de 314 M€ (renta de 2016, declarada en 2017), en torno al 30% de esta cantidad financia asimismo una distinta variedad de programas asistenciales de organizaciones católicas, entre las que están las anteriormente aludidas. Pero en relación con esta aportación del Estado, cabe realizar algunas matizaciones a diversas falacias publicitadas por la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social (TSAS):

1. a) Por más que el conglomerado de ONG que se beneficia de esta casilla en el IRPF incite en su propaganda a marcar conjuntamente dicha casilla con la de la Ic, bajo la supuesta y falaz razón de que “marcando las dos podrás ayudar el doble”, hay que recordar que el dinero transferido a partir de la casilla de la Ic no se dedica a actividades sociales, ni benéficas, y ni siquiera pastorales o litúrgicas: básicamente se dedica a las retribuciones y seguros sociales de los curas y la jerarquía católica, y sus cuantiosos medios de agitación y propaganda. Asimismo no debe olvidarse que quien marca la casilla de fines de interés social no pone ni un solo euro de su bolsillo. Ambas cuestiones se ocultan interesadamente.
2. b) A quienes juegan a sembrar el miedo dando a entender que sin la casilla de Fines de interés social en el IRPF (repito, 314 M€ obtenidos en la declaración de 2017, correspondientes a renta de 2016) se acabarían las ayudas sociales (“Si no marcas, muchos necesitados se quedarían sin ayudas”), cabe recordarles que las entidades agrupadas en el Tercer Sector de Acción Social (TAS), compuesto por todas las ONG que se dedican a estos menesteres en España, captó recursos en 2013 (último dato disponible), mayoritariamente públicos, por valor de 14.470 M€. Lo que significa que los obtenidos por el IRPF representan el 2,17 %. Tampoco deben buscar esta información en la Memoria de la Conferencia Episcopal, pues no la encontrarán.
3. c) “No marcar la X es adoptar una actitud pasiva, y dejar que sea el Estado quien decida el destino de esa parte de los impuestos”. En esta época de ataque neoliberal a todo lo público y de privatizaciones y desregulaciones a ultranza, las ONG apuestan claramente por la privatización de la gestión (que no de la financiación) de las actividades de interés social, y piensan que dejar que el Estado provea a la ciudadanía de los derechos sociales es peligroso, demostrando que su política no se alinea con el mandato constitucional de que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho.

EL DESAGUISADO DE LA NUEVA CASILLA “SOCIAL” EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS)

37.- La recurrente conflictividad planteada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, a propósito del reparto del 0,7 % de la casilla de fines de interés social del IRPF, ha alcanzado su clímax con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 (STC 9/2017, de 19 de enero). En ella, declara inconstitucional tanto la convocatoria de las subvenciones en materia de asistencia social, como la ejecución, tramitación y resolución de éstas. Asimismo, exige al Estado que “…aborde sin demora la modificación del marco regulador de estas subvenciones, a fin de acomodarlo para futuras convocatorias…”.

Desde este mismo momento, las entidades agrupadas en la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social comenzaron a presionar al Gobierno del PP intuyendo que la descentralización de dichas subvenciones dejaría desasistido lo que ellas denominan los “programas estatales” de las ONG de escala nacional, del tipo Cáritas o Manos Unidas. Ni que decir tiene que en esta presión han jugado un papel fundamental las entidades ligadas a la Iglesia católica, pues succionan entre el 30 % y el 50 % de dichas subvenciones.

Al entonces acorralado y antisocial Gobierno del PP, en una muestra de “generosidad”, no se le ha ocurrido otra cosa que sacarse de la manga una casilla con otro 0,7 % de la cuota íntegra, pero esta vez en el Impuesto sobre Sociedades (IS), y articularlo como Disposición adicional nonagésima tercera. Asignación de cantidades a actividades de interés general consideradas de interés social, en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Ello supone que no sólo se asignarán las cantidades que correspondan por el 0,7 % del IRPF de interés social a las Comunidades Autónomas por una vía, sino que también por la nueva vía se asignará de manera centralizada otro 0,7 %, que “en todo caso se destinarán a financiar proyectos de entidades de ámbito estatal”.

Esto no significa que dichas entidades no puedan recibir también fondos “descentralizados” correspondientes a la casilla del IRPF, que ciertamente recibirán, sino que deberán gestionarse y concederse por las Comunidades Autónomas. De hecho, estos fondos procedentes de la casilla del IRPF de “interés social”, específicamente el 80 %, quedarán en manos de las CCAA, dado que el otro 20 % se seguirá distribuyendo por la Administración Central.

Como es lógico, a la CEOE la nueva casilla no le ha preocupado en absoluto, puesto que las empresas no ponen un solo euro de su bolsillo. Como reconoce la patronal, no lo han pedido, pero no les parece mal esta propuesta del TAS y del Gobierno: en un momento en  que las grandes empresas están tan necesitadas de un “suplemento” ético y social, por decirlo suavemente, la apariencia de respetabilidad y compromiso social que les puede otorgar esta nueva casilla puede ser incluso una buena herramienta de mercadotecnia e influir positivamente en sus cuentas de resultados.

Anticipar un cálculo está sometido a incertidumbre debido tanto a la estimación de la recaudación del IS, como a la estimación de cuántas empresas marcarían la casilla, pero con una cuota íntegra del impuesto en 2015 de 30.609 M€, se podría haber alcanzado un máximo, si todas las empresas la hubieran marcado, de 214 M€. Una estimación más realista situaría la asignación entre 100 M€ y 200 M€.

En todo caso, esta nueva modalidad de desviación de los recursos públicos no es de recibo por muchos motivos, permanentemente denunciados por Europa Laica: a) porque l@s empresari@s no aportarán ni un solo euro de su bolsillo; b)porque, asimismo, ést@s dispondrán del privilegio de decidir la finalidad del 0,7 % del IS, privilegio del que no dispone el resto de ciudadan@s; c) porque se hurta al Parlamento la posibilidad de discutir, con luz y taquígrafos, el destino de una cantidad importante de dinero público, lo cual permitirá seguir alimentando el clientelismo entre las grandes ONG, entre las cuales las de la Ic ocupan un papel destacado; d) porque la filosofía política que subyace es asistencialista, en la que la caridad y el esfuerzo individual substituye a los derechos sociales reconocidos en la Constitución, con la consiguiente deslegitimación del Estado y de la misma democracia. ¿Si las ONG y la Iglesia resuelven los problemas sociales y asistenciales, para qué necesitamos al Estado de Derecho y la democracia?

Es cierto que con la crisis económica y financiera la recaudación de Sociedades se ha reducido a la mitad entre 2007 y 2016, ingresando este último año sólo 25.582 M€. Pero a pesar de que los beneficios han recuperado los niveles de 2006, el cúmulo de bonificaciones fiscales ha reducido tanto la base imponible (las ganancias por las que tributan) que ésta es aún un 33 % menor que el citado año. Así pues, como reconoció Hacienda, el tipo efectivo del impuesto es del ¡7,3 %! para las grandes empresas, para el resto de compañías fue del 12,2 % en 2015 y todo ello muy lejos del tipo nominal de entonces, el 28 %, que fue reducido por el gobierno del PP al 25 %.

Como señalaba el ex ministro Montoro, con evidente cinismo: “A ustedes, las grandes empresas, les conviene tributar más porque si no, esto (sic) de la cohesión social no se sostiene”. Con ello, sin quererlo, ponía el dedo en la llaga de una relación causal evidente: sin una tributación adecuada no puede haber servicios sociales ni cohesión social. Y de esto sabemos mucho en España, cuyo gasto público en 2017 supuso el 41 % del PIB, inferior al año anterior, que fue el 42,2 % y muy lejos del 48 % de 2012. De hecho, este porcentaje del PIB en 2017, ha supuesto el descenso hasta el puesto 45, entre 189 países, en el ranking de Gasto Público.

Por eso, creo que en el presente contexto político español sería necesario que el actual Gobierno del PSOE dejara sin efecto la citada Disposición adicional en los Presupuestos de 2018, por la que se asigna cantidades a actividades de interés social y se crea una casilla en el IS.

ÚLTIMAS CONSIDERACIONES RESPECTO A LA ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL Y LAS ONG

38.- No puedo acabar esta sección sin constatar que tras el sucesivo vaciamiento de lo público a que estamos asistiendo desde finales del siglo pasado, las políticas desarrolladas por el capitalismo en esta fase neoliberal están abandonando la salud, la educación, las prestaciones sociales y la vivienda en manos privadas, poniendo fuera del control público la responsabilidad de la redistribución de rentas y alejándose del supuesto objetivo de un capitalismo de “rostro humano” que persigue una olvidada “justicia social”.

Se abren así unas nuevas “oportunidades” para un “mercado” en el que cada institución se sirve a su gusto. A este banquete económico llegan también las instituciones religiosas (especialmente, de momento en España, las católicas), pero no sólo, ni principalmente por intereses crematísticos, sino especialmente por el control ideológico y moral que ejercen sobre millones de personas necesitadas y desamparadas por el Estado.

Independientemente de la loable labor humanitaria realizada por tant@s miles de activistas, creemos que un Estado democrático que se presuma legítimo no debe dejar los servicios sociales al albur de eventuales acciones caritativas (organizaciones religiosas), sino que debe contemplar éstos como lo que son: derechos sociales básicos y, por tanto, deben ser implementados y garantizados por el Estado.

Las personas que trabajamos por el laicismo haríamos mal minusvalorando, o ignorando, las cuantiosas sumas que se encauzan anualmente, procedentes de los gobiernos locales, autonómicos o central, hacia las escuelas y universidades católicas, hacia sus hospitales e instituciones caritativas y benéficas, que proveen de servicios sociales confesionales (por ejemplo, adoctrinamiento escolar a menores de edad; asistencia a embarazadas para forzarlas a dar a luz; “educación sexual” basada en la abstinencia y contraria a los anticonceptivos; campañas en contra de la eutanasia, e incluso contra los cuidados paliativos  en ámbitos hospitalarios; políticas activas contra el matrimonio distinto al heterosexual; etc.).

En fin, la información que ha puesto la Ic a disposición de la sociedad española en la Memoria de 2016 supone otra oportunidad frustrada de promover la transparencia (con cortina de humo incluida), y refuerza la opacidad y oscurantismo al que la Conferencia Episcopal nos tiene acostumbrados, al hurtar nuevamente al conocimiento de l@s ciudadan@s los datos cuantitativos que permitan conocer cómo  y en qué se gasta lo que obtiene de las casillas del IRPF, así como una justificación consistente del uso que hace del dinero público que recibe para realizar el cúmulo de actividades que desarrolla en España. Especialmente significativa es la  omisión de  toda información económica en relación con los gastos e ingresos de la actividad de las diócesis. Todo ello, con el silencio clamoroso de PwC.

LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA IGLESIA

39.- Como vengo sosteniendo en todos los Informes anteriores, resulta imprescindible fiscalizar tanto las ayudas y subvenciones recibidas por todas las organizaciones y entidades de la Ic, como las exenciones de que se benefician. Ya en el primer trimestre de 2015 saltaba a la prensa una información acerca del Tribunal de Cuentas (TC), supremo fiscalizador de las cuentas del Estado. En ella, fuentes del mismo advertían que la Iglesia católica podía estar incurriendo en “enriquecimiento injusto” y se hacía eco de que las cuentas de ésta jamás habían sido fiscalizadas. Asimismo se afirmaba algo que vengo (y venimos, desde Europa Laica) repitiendo desde hace años: que la Ic se financia con cantidades “desconocidas imposibles de cuantificar y procedentes de conciertos educativos o sanitarios” o “a través de entidades como Cáritas o Manos Unidas”.

Más recientemente, en 2017, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha declarado que son ilegales, tipificándolas como ayudas de Estado, las exenciones fiscales a la Ic cuando realiza actividades económicas en competencia con otros operadores privados. Estamos hablando de miles de millones de euros que no ha exigido declarar ningún gobierno (por ese lado, disminuye los ingresos públicos) y que por tanto, tampoco contribuye al sostenimiento de los servicios  públicos. En este trabajo no estoy hablando de religión, sino de transparencia económica y respeto a la legalidad.

Ya en 2018 el propio TC ha incluido la auditoría a la Iglesia católica en su Programa anual de dicho año, referida al ejercicio 2017. Es de suponer que la jerarquía católica intentará presionar todo lo posible al Gobierno para que dicha auditoría sea lo más “light” posible (en extensión y profundidad). En todo caso, hasta que no se apruebe el inicio de la fiscalización, con el consiguiente documento de directrices técnicas (que parece que se aprobará en 2019) todo es especular.

En consecuencia, ya hay una miríada de expertos “interpretando” el alcance de la fiscalización: hay expertos en derecho eclesiástico que creen que incluirá todas las entregas de fondos procedentes de los Presupuestos del Estado, incluyendo la Asignación tributaria, restauración de patrimonio cultural, sueldo de “profesores” (catequistas), de capellanes de hospitales, cárceles…

No obstante, los consejeros del TC han ido mucho más allá de lo solicitado por Podemos-PSOE en el Congreso, que se circunscribía al 0,7 % de la casilla del IRPF: han disparado por elevación y abarcará cualquier ingreso y gasto en las cuentas de la Ic, y entre las partidas a fiscalizar estarán incluidas las subvenciones y cualquier tipo de ayuda pública. Desde mi punto de vista esto conllevaría que podrían auditarse las cantidades exencionadas, puesto que son ayudas públicas en sentido estricto, y así lo reconoce el propio TJUE.

Tal vez muchas personas piensen que, ante un panorama de profunda crisis económica y social,  12.000 M€ anuales  no son una prioridad, pero para hacerse una idea de que no son “bagatelas” baste recordar que este dinero público podría proveer a 1.387.700 hogares españoles con todos sus miembros en paro a finales de 2016  de un ingreso mensual medio por familia de 721€.

CONCLUSIONES

Responsable: el Estado.- De la lectura de  este Informe podría deducirse que la principal destinataria de mis críticas es la jerarquía católica: nada más lejos de la realidad. El responsable de la situación de privilegio económico que disfruta la Ic en España es el poder político y, por tanto, los sucesivos gobiernos de nuestra democracia desde hace 38 años. El problema sigue siendo el clamoroso silencio cómplice del Estado y de todas las Administraciones Públicas. La Ic disfruta de un “paraíso” jurídico y fiscal consentido por un Estado que se presume democrático, aconfesional y de derecho.

Esta Memoria no cumple el compromiso adquirido por la Ic.- Cabe concluir que con la Memoria episcopal  la CEE prosigue con esta ceremonia de la confusión que consiste en incumplir el único compromiso adquirido por los obispos con la firma del reprobable acuerdo concordatario de diciembre de 2006, que literalmente expresaba el  “d) compromiso de la Iglesia católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación Tributaria”. Asimismo, he demostrado que en relación con este compromiso, que el Estado debería exigir taxativamente, la Ic cada vez aporta menos información o lo hace de forma más críptica.

Mucha propaganda y poca transparencia.- En lo que se refiere al resto de información que aporta la jerarquía católica en relación con sus múltiples actividades, es fácilmente observable que la estrategia de comunicación de los obispos es puramente defensiva, y parece querer salir al paso de una realidad difícilmente manipulable: los exorbitantes privilegios económicos de que goza la Iglesia, que succiona del erario público más del 1% del PIB para sus actividades. El mensaje que pretenden transmitirnos sería, “Vale nos beneficiamos del dinero público pero, a cambio, generamos muchos beneficios económicos a la sociedad”.

Pero no sólo es una estrategia de defensa episcopal, ya que con frecuencia también las autoridades públicas, en connivencia con los intereses clericales, justifican estos “espectáculos confesionales”, las celebraciones y fiestas religiosas, por los supuestos beneficios económicos que originan y por la publicidad que procura a las correspondientes ciudades donde tienen lugar. En realidad, esta amalgama de aspectos culturales, turísticos, mediáticos y económicos, en la que el espectáculo y su difusión se convierten en lo prioritario, es lo que me ha llevado a denominar estos actos de la Iglesia católica, tan próximos al show bussiness, como Catolicircus.

Lamentablemente hoy, como en años anteriores, debo repetir que alrededor de las cifras que ofrece la Conferencia Episcopal hay mucha mercadotecnia y propaganda y muy poca transparencia. Lo que debe ofrecer la jerarquía católica es un balance económico anual integrado del conjunto de sus actividades en España, que ilumine en qué y cómo se gasta las cuantiosas sumas con que le subvenciona el Estado y, por tanto tod@s l@s contribuyentes, en sus tres niveles, central, autonómico y local. Y el Estado, en un ejercicio de responsabilidad debe exigir ese balance anual integrado, en el que también se consignen las subvenciones indirectas aportadas por el Estado, en relación con las exenciones y bonificaciones fiscales, al amparo de los Acuerdos concordatarios con la Santa Sede de 1979.

Rivas Vaciamadrid, a 29 de agosto de 2018

1. Enrique Ruiz del Rosal

 Miembro de la Junta Directiva de Europa Laica

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