Artículo de opinión de Adolfo Calle Lorente, secretario de Educación y Bienestar Social del PSOE de Rivas
La huelga indefinida en todas las etapas de la educación pública en Madrid, que comenzó el pasado 14 de octubre, no ha surgido de la nada. Fue convocada el 25 de junio por CCOO, UGT, CGT, CNT y STEM, mucho antes de la convocatoria de las elecciones generales del próximo mes de noviembre. Por tanto, no se trata de una huelga electoralista, como en la derecha intentan hacernos creer.
El profesorado madrileño lleva años reclamando mejores condiciones para enseñar y más recursos para atender al alumnado. La huelga indefinida es la respuesta a una larga serie de problemas que siguen sin resolverse, que afectan directamente a la calidad de la educación pública y que se han cronificado. Por eso, cuando el profesorado de la Comunidad de Madrid decide ir a la huelga, conviene escuchar qué está reclamando y, sobre todo, preguntarse por qué se ha llegado a esta situación.
La educación pública es la garantía de que todo el alumnado, independientemente de lo que ganen sus familias, pueda tener las mismas oportunidades. Es también el trabajo diario de miles de profesionales que enseñan, acompañan y ayudan a nuestra infancia y nuestra juventud a construir su futuro.
Desde el PSOE defendemos que las reivindicaciones del profesorado merecen una respuesta seria. Esta huelga es la consecuencia de años de problemas y de la falta de soluciones suficientes por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Conviene aclarar que no se trata solamente de los salarios. Es cierto que el profesorado reclama recuperar el poder adquisitivo perdido. Según los datos recogidos por el PSOE Madrid, los salarios docentes han perdido entre un 13 % y un 14 % de su valor real desde 2009. Reducir esta huelga a una cuestión de dinero sería no entender lo que está ocurriendo en nuestras aulas. Porque los docentes reclaman también menos horas lectivas, menos alumnos por aula, plantillas suficientes, más profesionales de orientación y apoyo, menos burocracia y mejores recursos para atender a quienes tienen mayores dificultades de aprendizaje y más estabilidad laboral. En definitiva, disponer de tiempo y medios para hacer bien su trabajo.
Cuando un profesor tiene demasiados alumnos, resulta más difícil atender las necesidades particulares de cada uno. Cuando faltan orientadores o especialistas en atención a la diversidad, quienes más ayuda necesitan pueden quedarse sin el acompañamiento adecuado, algo que ya estamos viendo en Rivas. Y cuando los centros no cuentan con instalaciones suficientes, las consecuencias las sufren tanto los profesionales como el alumnado.
La realidad en la Comunidad de Madrid es que cada vez hay más alumnos, con más necesidades y recursos insuficientes. Según las cifras recopiladas por el PSOE, en 2023 la Comunidad de Madrid destinó 6.502 euros por alumno de la enseñanza pública, frente a los 7.943 euros de media nacional.
Además, la región ha incorporado más de 100.000 alumnos a la educación pública desde 2009. En los institutos públicos, el alumnado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional aumentó en casi 46.000 estudiantes entre los cursos 2018-2019 y 2025-2026, mientras se construyeron sólo once nuevos institutos de Secundaria de los cincuenta necesarios.
Detrás de estas cifras están las aulas que necesitan más espacio, los centros que funcionan al límite de su capacidad y las comunidades educativas que esperan instalaciones adecuadas y completas. Madrid tiene una gran capacidad económica y una población que sigue creciendo. Por eso, la planificación de nuevos centros, la ampliación de las plantillas y la mejora de las instalaciones no pueden depender de soluciones improvisadas. Deben formar parte de una política educativa estable, con recursos suficientes y objetivos claros.
Desde luego, la huelga no se resuelve desacreditando a quienes protestan. Ante las movilizaciones, el Gobierno de la CAM insiste en presentar la huelga como una protesta política contra el PP de Ayuso. También recuerda el acuerdo alcanzado con parte de las organizaciones sindicales en abril de 2025. Es verdad que aquel acuerdo incorporó mejoras en las condiciones laborales, pero dejó cuestiones pendientes como la recuperación salarial, la reducción de la jornada lectiva, el refuerzo de las plantillas y los apoyos especializados.
Las competencias sobre las plantillas docentes, las ratios, las infraestructuras y buena parte de la financiación educativa corresponden al Gobierno de la Comunidad de Madrid. La responsabilidad de buscar soluciones también le corresponde.
Conviene también dejar claro que las reivindicaciones docentes no benefician únicamente a quienes trabajan en los colegios e institutos. Una educación pública con más recursos permite atender mejor a cada alumno, reforzar a quienes tienen dificultades y ofrecer más oportunidades a las familias que no pueden recurrir a alternativas privadas. La mejora de la educación pública exige escuchar a toda la comunidad educativa: profesorado, alumnado, familias y equipos directivos. Sus experiencias diarias son necesarias para conocer los problemas reales de los centros y encontrar soluciones que funcionen.
Desde el PSOE defendemos una educación pública bien financiada, con plazas suficientes desde los cero años, centros dignos, un profesorado reconocido y estable, más centros públicos de Formación Profesional y unas universidades con recursos adecuados.
En Rivas Vaciamadrid, el CEIPSO La Luna es el claro ejemplo de abandono y desatención que sufre el municipio por parte del Gobierno regional. El proyecto del gimnasio se aprobó en 2021 y tendría que haber estado terminado para el curso 2022-2023 y a día de hoy no hay fecha de finalización del mismo. En una situación parecida se encuentra el CEIP Hispanidad (Mercedes Vera) que ha tenido paralizadas sus obras de ampliación hasta el pasado 30 de julio. El alumnado de primaria llevan dos cursos sin disponer de las aulas correspondientes, compartiendo patio con alumnado de infantil, sin pabellón ni pistas deportivas, sin biblioteca ni laboratorio.
La huelga de la educación pública debe servir para abrir una negociación real y avanzar hacia compromisos concretos. Si el Gobierno regional considera que determinadas reivindicaciones no pueden asumirse en los términos planteados, debe explicar sus razones y poner alternativas encima de la mesa.
Cuando la educación pública mejora, mejora el futuro de todos. Mejorar las condiciones del profesorado es también mejorar la educación que reciben nuestros hijos e hijas.
