El acuerdo, dotado con 1,6 millones de euros, se centra en los sectores 4 y 5 y el Ayuntamiento aporta 500.000; incluye un servicio de acompañamiento social.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas dio este jueves luz verde a la firma de un convenio de colaboración con la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid para abordar el realojo de 15 familias de la Cañada Real.
El convenio se centra en los sectores 4 y 5 del asentamiento, los que quedan en término municipal de Rivas. Con su firma, las dos administraciones inician el proceso de solución definitiva acordado en el Pacto Regional por la Cañada Real para las situaciones de precariedad que presentan las viviendas actuales.
El documento establece una partida de 1,6 millones de euros, de los que el Ayuntamiento de Rivas aporta 500.000. El Gobierno municipal ha subrayado que el proceso no se limita a los realojos, sino que incluye la integración social de las familias a través de un servicio de acompañamiento. El objetivo declarado es afrontar de forma coordinada y preferente las situaciones extremas de vulnerabilidad social, insalubridad y carencia de los servicios más esenciales.
Un proceso con dos ayuntamientos
El convenio permitirá que los realojos se ejecuten de forma simultánea a los que recoge el acuerdo equivalente entre la AVS y el Ayuntamiento de Madrid en los tramos de la Cañada Real comprendidos en su municipio. El ámbito ripense son los sectores 4 y 5, después del cambio de lindes que dejó el sector 5 completo dentro del término municipal y que ya obligó a reorganizar el transporte escolar del alumnado residente en la zona.
Sobre la mesa hay dinero estatal. Este diario informó en septiembre de que el Gobierno central había destinado 8.375.000 euros a la Comunidad de Madrid para financiar la adquisición y adecuación de las viviendas de los realojos, una subvención vinculada específicamente a las actuaciones sobre el asentamiento.
Un asentamiento de 4.000 personas
La Cañada Real Galiana es el mayor asentamiento irregular de España y alberga a unas 4.000 personas repartidas entre Madrid, Rivas y Coslada. Su situación a las puertas de Covibar ha sido objeto de disputa política local: en junio, la cooperativa de viviendas pidió desmantelar el tramo ripense del asentamiento, y el Ayuntamiento ha respondido en los últimos meses con la inhabilitación de infraviviendas y el desmantelamiento de ocupaciones para garantizar el acceso de los servicios de emergencia.
El paso que dio este jueves la Junta de Gobierno es administrativo: autoriza la firma, que todavía no se ha producido.
