La Proposición de Ley busca proteger a familias vulnerables y garantizar una alternativa habitacional antes de cualquier lanzamiento ejecutado por la Agencia de Vivienda Social.
La crisis de acceso a la vivienda en la región vuelve a situarse en el centro del debate político. En esta ocasión, la controversia no gira en torno a los grandes tenedores o el mercado libre, sino al papel que ejerce la propia administración pública en la gestión de su patrimonio residencial.
«Más Madrid lleva este jueves al Pleno de la Asamblea una ley para impedir que la Comunidad de Madrid desahucie a familias vulnerables de viviendas públicas sin ofrecerles una alternativa habitacional digna.» — Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea.
Una respuesta a los desahucios en el patrimonio residencial autonómico
La propuesta registrada bajo el nombre de Proposición de Ley de Garantía Habitacional y Prevención de los Desahucios busca redefinir la actuación de la Agencia de Vivienda Social (AVS). El objetivo prioritario de este texto legislativo es poner fin a las ejecuciones de lanzamientos promovidas directamente desde el ámbito autonómico, evitando episodios de exclusión residencial como el registrado recientemente en el sur de la región.
A través de esta iniciativa, se plantea la obligatoriedad de que la administración pública agote todas las vías de mediación y protección social antes de iniciar cualquier procedimiento de desalojo. La portavoz del grupo promotor ha criticado duramente el papel que ha jugado el Ejecutivo regional hasta la fecha en esta materia.
«Es absolutamente indecente que la misma administración que tiene la obligación de proteger a las familias que más lo necesitan, sea la que manda a la gente a su casa como vimos la semana pasada en Leganés.» — Manuela Bergerot.
Claves normativas: alquiler social y regularización
Entre los pilares principales de la proposición destacan medidas orientadas a dar estabilidad a las familias en situación de vulnerabilidad económica y social. En primer lugar, el Artículo 5 establece la prohibición expresa a la Agencia de Vivienda Social de instar o mantener el lanzamiento de familias vulnerables sin haberles proporcionado previamente una alternativa habitacional adecuada, estable y accesible.
Por otro lado, el Artículo 7.2 abre la vía para formalizar contratos de alquiler social con aquellos familiares o miembros de la unidad de convivencia que permanezcan en la vivienda tras el fallecimiento, salida o abandono de la persona que figuraba originalmente como adjudicataria. Bergerot ha hecho hincapié en la necesidad de replantear la función social de estas viviendas públicas.
«La vivienda pública y social debería servir precisamente para garantizar que absolutamente nadie se queda en la calle después de un desahucio.» — Manuela Bergerot.
Moratoria y mecanismos de mediación social
Junto a estas cláusulas directas, la propuesta legislativa introduce una moratoria de 18 meses en los procedimientos destinados a la recuperación de inmuebles públicos, periodo en el que ninguna familia vulnerable podrá ser desahuciada sin alternativa. Asimismo, establece la obligación de desarrollar procesos previos de mediación y abre cauces para regularizar situaciones de ocupación consolidada cuando se cumplan los requisitos socioeconómicos.
«Las instituciones madrileñas tienen que proteger a la gente, no atacar a las familias madrileñas.» — Manuela Bergerot.
Con esta iniciativa, el debate parlamentario abordará la necesidad de transformar el papel de las instituciones autonómicas para asegurar que el parque público cumpla una función estrictamente protectora frente a la exclusión residencial.
