Artículo de opinión de Bob Bernstein, director de The Rivas Tribune, sobre las movilizaciones de apoyo a Ceuta.
En 1920 Edith Wharton publicó una novela cuyo título llevamos décadas usando mal para describir cosas que no tienen nada que ver con la inocencia real. La edad de la inocencia, que le valió a Wharton ser la primera mujer en ganar el Pulitzer de narrativa, no cuenta la historia de gente inocente. Cuenta la historia de una sociedad —el Nueva York de la alta burguesía de finales del XIX— que ha perfeccionado el arte de fingir colectivamente que no sabe. En esa Nueva York nadie castiga el adulterio; se castiga a quien lo hace imposible de ignorar. La falta no es el acto, es la pérdida de la negación plausible. Todos saben, pero nadie puede decir que sabe. Esa es la «inocencia» que da título al libro: no la ignorancia, sino su administración.
Cuando Martin Scorsese la llevó al cine en 1993, un director conocido hasta entonces por filmar la violencia con bates de béisbol y navajas, entendió algo esencial: en el mundo de Wharton la crueldad no necesita sangre, necesita consenso. Que toda una sociedad esté de acuerdo en mirar hacia otro lado es un arma bastante más sofisticada que cualquier coacción directa. Basta con una vajilla bien puesta, una sonrisa ensayada y nadie —nadie— dispuesto a decir en voz alta lo que la mesa entera sabe.
Traigo esto a colación porque esta semana España ha vuelto a rodar su propio remake, con Ceuta como decorado principal —ahí están los focos, ahí está el drama con vocación de portada—, aunque, como se irá viendo, el mismo guion se está representando, con reparto más discreto, en un ático de Chamberí y, más cerca de nuestra redacción, en los plenos de Rivas. La inocencia, cuando funciona bien, nunca se queda en un solo escenario.
Una breve teoría de la inocencia fingida
Jean-Paul Sartre le pondría nombre filosófico, veintitrés años después de que Wharton le pusiera nombre literario, a ese tipo muy específico de ignorancia que uno elige tener: la “mala fe”, el concepto central de *El ser y la nada* (1943). No es mentir a los demás; es convencerse primero a uno mismo, para que la mentira a los demás salga sincera. El político que «no sabe» lo que todo el mundo sabe no está mintiendo en el sentido vulgar del término: está ejecutando con éxito un acto de autoengaño, y es precisamente eso lo que lo hace creíble.
Erving Goffman, sociólogo del yo teatral, añadiría la pieza que falta: toda institución tiene un front stage —donde ocurre la función para el público— y un backstage —donde se decide lo que de verdad importa. La inocencia, la nuestra, la de septiembre de 2026, es una actuación de proscenio cuya única función es impedir que el patio de butacas pregunte qué pasa entre bambalinas.
Y Hannah Arendt fue un paso más allá al diagnosticar, en su ensayo de 1971 sobre los papeles del Pentágono, el punto final de este mecanismo: cuando la mentira política se vuelve suficientemente sistemática, los propios mentirosos terminan creyéndose su fabricación, porque sostener un mundo coherente de mentiras exige más disciplina que simplemente creérselo. Esto no es un defecto de nuestra vida pública. Es su sistema operativo.
Veámoslo funcionar.
La crisis de Ceuta estalló el 30 y el 31 de julio con la entrada irregular de una cifra que varía, según la fuente, entre 72.000 y 80.000 personas —un pequeño monumento a la incertidumbre institucional en sí misma—. Semanas después, nadie se pone de acuerdo sobre quién hizo qué. Pedro Sánchez ha atribuido recientemente la campaña de desinformación que supuestamente precipitó la entrada masiva a «redes rusas e israelíes» y a «una internacional ultraderechista», al tiempo que aseguraba que no hay informaciones que apunten a la participación de Marruecos. La respuesta de Moscú fue inmediata y, hay que reconocerlo, formalmente impecable: exigir pruebas antes de aceptar la acusación, una cortesía que la diplomacia española no siempre ha dispensado a otros. Mientras tanto, el propio informe policial remitido a la jueza tampoco señala a Marruecos. Tenemos, por tanto, una crisis con víctimas, con miles de personas cruzando una frontera en 48 horas y con tensión diplomática de por medio, pero —vaya casualidad— sin autor. Todos tienen coartada. Creer que se trata de pura coincidencia, que ningún actor externo testea, amplifica o gestiona una crisis con el valor geopolítico de Ceuta, exige una inocencia que la propia Wharton encontraría poco verosímil.
Es de una ingenuidad todavía mayor, sin embargo, esperar que el Gobierno señalara a Marruecos en público, aunque lo supiera a ciencia cierta. Desde 2022, España reconstruyó su relación con Rabat sobre una base bastante explícita: Madrid respaldó el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental y obtuvo a cambio algo que Moncloa considera más valioso que cualquier principio, a saber, la cooperación de Marruecos en su lado de la frontera, sin la cual los flujos hacia Ceuta y Melilla serían varias veces superiores. Culpar públicamente a Rabat supondría quemar en una semana lo que costó años —y una crisis en 2021— reconstruir, y le regalaría a Marruecos una excelente razón para aflojar el grifo de nuevo, justo cuando España no tiene ninguna palanca con la que negociar nada. La «inocencia oficial» hacia Marruecos no es ingenuidad: es el cálculo más racional disponible. El Gobierno no es naíf, está haciendo cuentas. Lo ingenuo es exigirle que diga en voz alta lo que todos podemos ver que calcula en silencio.
Tampoco hace falta demasiada perspicacia para dudar de que las concentraciones convocadas por la FEMP fueran solo por Ceuta. La federación, presidida por la alcaldesa de Jerez y dirigente del PP María José García-Pelayo, llamó a concentrarse frente a los más de 8.000 ayuntamientos de España el 2 de septiembre, Día de Ceuta. Lo que no dice, porque no necesita decirlo, es que la convocatoria cayó la víspera de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para explicar la gestión de la frontera, y que Alberto Núñez Feijóo y la cúpula del PP se situaron al frente de la protesta. El PSOE ordenó a sus cargos no acudir y acusó públicamente al PP de instrumentalizar una federación municipal para desgastar al Gobierno. Es posible, desde luego, que se trate de una calumnia. También es posible que el calendario sea una coincidencia extraordinaria, y que el partido que ha pasado el verano entero buscando ocasiones de desgaste decidiera, en un arrebato de puro espíritu cívico, que esta no contaba.
Y esta última ingenuidad tampoco necesitó esperar mucho para desmontarse sola: antes de que arrancaran las concentraciones, el grupo neonazi Núcleo Nacional ya había anunciado que acudiría a la convocatoria frente al Congreso, presentada —con una ironía que Wharton habría sabido apreciar— como una concentración ciudadana y espontánea, ajena a partidos y símbolos políticos. Terminó con saludos fascistas, cánticos contra los musulmanes, un discurso de una conocida activista neonazi, agresiones a periodistas de varios medios y cargas policiales. Algo parecido ocurrió en la plaza de Sant Jaume de Barcelona. En Cibeles, donde Feijóo y Santiago Abascal compartieron protagonismo, un periodista de la televisión pública fue increpado en directo. Pensar que esto fue un incidente aislado, y no el resultado enteramente previsible de convocar una «concentración por Ceuta» sin controlar quién se presenta, exige una inocencia prácticamente heroica en su resistencia a la evidencia.
Lo interesante es que la propia Ceuta desmintió, casi el mismo día de la entrada ilegal, la lectura más cómoda de todo esto. Los ceutíes organizaron su propia contramovilización contra los neonazis y contra Alvise Pérez, rechazando explícitamente ser utilizados. Allí, en la ciudad que de verdad vive la crisis, la distinción entre protesta legítima y oportunismo partidista se trazó con total nitidez. Seiscientos kilómetros al norte, en Madrid, esa distinción se disolvió por completo entre banderas con simbología anticonstitucional y líderes de partido posando para la foto. La autenticidad, esta semana, fue inversamente proporcional a la distancia a Ceuta.
Si el escenario nacional ha sido Ceuta, el regional tiene nombre y código postal: Chamberí. Ahí, la Comunidad de Madrid compró en abril, a través de la empresa pública Planifica Madrid, un ático de lujo por 6,3 millones de euros, sin hacer pública la operación. Solo se supo cuando El País la reveló el 29 de julio. Al día siguiente, en plena polémica, la Comunidad anunció que vendería el piso y destinaría los fondos a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio del verano. Un mes después, en una rueda de prensa de agosto, Isabel Díaz Ayuso explicó que Planifica Madrid «compra y vende» a lo largo del año y que ella no tiene por qué conocer esos movimientos, porque no es «competencia» suya, sino de los consejeros de cada organismo. Aquí la mala fe sartreana no necesita ni disfrazarse mucho: quien en agosto no tenía por qué saber, el 2 de septiembre resultó haber visitado personalmente el ático —lo confirmó su propio Gobierno regional— una vez ejecutada la compra. La explicación oficial es que se estudiaba trasladar allí su despacho mientras se reforma la Real Casa de Correos, y que la decisión se tomará a finales de octubre: «Fue a visitar una posibilidad, no una decisión», según su portavoz, que preside, dicho sea de paso, la propia Planifica Madrid. Es de una ingenuidad conmovedora pensar que la compra de un ático de seis millones y pico, gestionada en silencio, visitada en persona por la presidenta y ofrecida después como despacho temporal para ella misma, no tenía nada que ver, ni siquiera en parte, con el disfrute de la propia presidenta. El backstage y el front stage, aquí, casi ni se molestaron en usar puertas distintas.
Y si de esta lógica de tres pisos —lo nacional, lo regional, lo local— queremos bajar el último escalón, no hace falta salir de Rivas. La propia convocatoria de la FEMP del 2 de septiembre ya sirvió, semanas antes de que llegara aquí, como munición para que Janette Novo abriera un nuevo frente contra la alcaldía de Aída Castillejo, sumándose a la lista ya larga que incluye el PGOU y la vivienda. Sería un insulto a su inteligencia, y a la nuestra, pensar que un grupo municipal que dedica el año entero a encontrar la cuña en cada pleno descubrió de golpe la solidaridad nacional con Ceuta justo el día en que la dirección nacional necesitaba tropa en la calle. Toda crisis, por lejana que parezca, es un recurso local: lo vimos con la pantalla del H2O, lo vimos con el Ágora Rivas 2030, y lo volvemos a ver ahora. Ceuta simplemente llegó con mejor producción que un debate sobre el PGOU.
Wharton cierra su novela con una escena demoledora: años después, el protagonista, ya un hombre mayor, tiene por fin la ocasión de hacer lo que nunca se atrevió a hacer, y decide no hacerlo. Prefiere la versión de la historia que todos acordaron creer. Esa es la verdadera edad de la inocencia: no el momento en que nadie sabía nada, sino el momento en que todos decidieron que era más cómodo seguir sin saber.
España, septiembre de 2026, acaba de rodar su propia versión, en tres actos y tres escalas: Ceuta, Chamberí y Rivas. Sin bates de béisbol. Sin sangre, esta vez. Solo vajilla bien puesta, sonrisas ensayadas y un país entero de acuerdo, una semana más, en no atar cabos.
