Según informe publicado la semana pasada por la CNMC.
De los 19,7 millones de hogares que hay en España, solo alrededor de 10.000 tienen contratada una tarifa social de telecomunicaciones, según un informe publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
A fecha del pasado febrero, serían en concreto cerca de 9.800 domicilios, repartidos en 7.994 clientes con abono social de telefonía fija de Telefónica y 1.822 beneficiarios del conjunto de tarifas sociales de banda ancha.
La Ley General de Telecomunicaciones de 2022 introdujo la obligación de que los operadores comercialicen tarifas sociales dirigidas a consumidores con rentas bajas o necesidades sociales especiales. También atribuyó a la CNMC funciones de supervisión sobre estas ofertas.
Aunque el desarrollo reglamentario de estas obligaciones se encuentra en una fase avanzada de tramitación, todavía no se ha aprobado la norma que debe concretar los beneficiarios y las características básicas de las tarifas sociales. En este contexto, los operadores han aplicado criterios propios para diseñar y comercializar estas ofertas, lo que ha dado lugar a diferencias significativas entre ellas.
El informe muestra una elevada heterogeneidad en las tarifas sociales actualmente disponibles. Telefónica mantiene desde 2002 un abono social de telefonía fija para jubilados y pensionistas con rentas reducidas, con un precio de 0,87 euros al mes, IVA incluido, y ofrece distintas opciones de banda ancha con descuentos para este colectivo. MasOrange comercializa, bajo la marca Orange, una tarifa social que incluye internet, telefonía fija y móvil. Vodafone, por su parte, ofrece una tarifa móvil social y otra que combina servicios fijos y móviles.
Otros operadores analizados, Digi, Avatel, Adamo y Procono, indican que no disponen de tarifas sociales específicas, aunque algunos señalan que sus tarifas generales tienen precios inferiores a algunas de las ofertas sociales existentes en el mercado.
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La CNMC ha identificado varios factores que pueden estar limitando la efectividad de estas tarifas. Entre ellos figuran la reducida visibilidad de las tarifas sociales en las páginas web de los operadores, la existencia de canales de contratación más restrictivos que los utilizados para otros productos comerciales y la complejidad de algunos procedimientos de acreditación de la condición de beneficiario.
Además, algunas tarifas sociales presentan incompatibilidades con otros productos, como paquetes convergentes o terminales móviles a plazos, lo que puede reducir su atractivo para los consumidores vulnerables.
El informe también analiza los precios que ofrecen todos los operadores respecto a los servicios que están incluidos en el servicio universal (que solo presta Telefónica): comunicaciones vocales fijas y acceso a Internet de banda ancha fija con una velocidad mínima de 10 Mbps.
En telefonía fija, algunos operadores ya no ofrecen este servicio de forma individual, sino únicamente empaquetado con banda ancha. Otros comercializan el acceso telefónico fijo con tarifa plana de voz por menos de 15 euros al mes.
En banda ancha, las ofertas más básicas de los operadores superan ampliamente la velocidad mínima legal de 10 Mbps: donde existe cobertura de fibra, la velocidad mínima ofrecida es de 300 Mbps. Los precios analizados oscilan entre los 10 euros mensuales de algunos operadores y los 34 euros de Telefónica.
La CNMC observa que los precios comercializados por Telefónica bajo su marca principal son, en general, superiores a los de otros operadores. No obstante, señala que esta circunstancia debe valorarse teniendo en cuenta la competencia existente, la disponibilidad de alternativas para los consumidores y la oferta de tarifas más asequibles a través de su marca O2.
La CNMC considera que la aprobación del reglamento de servicio universal, actualmente en tramitación, permitirá dotar de mayor homogeneidad y efectividad al marco previsto en la Ley General de Telecomunicaciones. Esta norma definirá los colectivos beneficiarios y los elementos básicos de las tarifas sociales que deberán ofrecer todos los operadores.
