La jornada de trabajo sobre la Cañada Real celebradas la semana pasada en el centro cultural El Madroño, en Vicálvaro, repasaron los avances que se han producido desde que hace casi 10 meses todos los partidos de la Asamblea de Madrid y los plenos de los tres Ayuntamientos por los que pasa el asentamiento (Coslada, Madrid y Rivas-Vaciamadrid) firmaron un pacto para regularizar situación o realojar (según los casos) a los 8.000 que viven en la antigua vía pecuaria.
La idea inicial del pacto por la Cañada es regularizar el sector 1, en Coslada, desmantelar el 6, perteneciente a Madrid, donde se concentran la venta de droga y las poblaciones más vulnerables, y estudiar qué se puede salvar y qué no de los otros cuatro sectores (entre Madrid y Rivas). Todos los actores son conscientes de que no es fácil poner en marcha el proceso de solución de un problema que ha ido creciendo durante 40 años hasta convertirse en un complejísimo entramado social en el que conviven clases medias, población marginal, trabajadores inmigrantes y especuladores de todo tipo. Y, en ese contexto, las actuaciones de disciplina urbanística son muy delicadas, pero a la vez resulta una de las principales herramientas de las autoridades para hacer frente a dos de sus principales preocupaciones en este momento.
Por un lado, evitar el efecto llamada y que aumente la población en la Cañada, lo que dificultaría los procesos de realojo (algo a lo que solo tendrán derecho, según el pacto, los residentes desde antes de finales de 2011). Y, por otro lado, se intenta impedir que se creen nuevos puntos de venta de droga por la presión que se está produciendo sobre la zona del sector 6 donde tradicionalmente se han concentrado. Así, la presión sobre las infracciones se ha traducido desde el pasado mes de septiembre en las 200 notificaciones por posibles infracciones de disciplina urbanística y 18 actuaciones desde septiembre, según los datos ofrecidos por el jefe de la Policía Municipal de Madrid, Teodoro Pérez.
El pasado 28, por ejemplo, se llevó a cabo una intervención que evitó la ocupación de una nave que se iba a destinar a viviendas, según explican fuentes municipales. El Ayuntamiento de Madrid está especialmente preocupado por el afloramiento de numerosos puntos de alquiler de infraviviendas, incluso casetas de obra colocadas en mitad de una finca o de una nave industrial.
Las autoridades locales han hecho 200 notificaciones y 18 intervenciones de disciplina urbanística desde el pasado septiembre en la Cañada Real, según el jefe de la Policía Municipal de Madrid, Teodoro Pérez. Mientras avanza el pacto regional para regularizar este enorme asentamiento ilegal, el aumento de controles intenta impedir que se asiente más población y se extiendan los puntos de venta de droga. Las ONG temen que se repitan derribos sin orden judicial y con menores envueltos como los ocurridos el pasado 13 de febrero, aunque el Ayuntamiento de Madrid ha pedido perdón por ellos y ha anunciado medidas para evitarlos en el futuro.
Los derribos de casas solo se pueden llevar a cabo con una resolución administrativa, sin que medie la orden de un juez, en el caso de que la construcción esté desocupada y, en todo caso, el Consistorio madrileño estableció hace meses que nunca se tirará si están envueltos en el caso familias con niños. A partir de ahora, además, el comisionado del Ayuntamiento para la Cañada, Pedro Navarrete, supervisará y autorizará (o no) todas las actuaciones de disciplina urbanística en el asentamiento, incluidos los derribos, «para garantizar que no se vulneran los derechos fundamentales», dijo Murgui en la jornada celebrada el jueves en Vicálvaro.
La directora de la Fundación Secretariado Gitano en Madrid, Rocío García, celebra y agradece tanto las disculpas como las promesas de actuación en el futuro. Pero exige además que se repare el daño a las familias afectadas y se tomen medidas contra los responsables del área de disciplina urbanística “que actuaron con total arbitrariedad, decidiendo in situ qué casas se tiraban y cuáles no, porque por encima de esto no hay más que la idea generalizada de tratar a todos como delincuentes que no merecen otro trato”.
