Uno deber presente en todas las culturas, y en algunas, una seña de su identidad, es el de la “hospitalidad”. Este deber ético, traducido incluso en forma de sanción cuando su omisión provoca riesgos para la integridad física del otro, está gravemente amenazado en la Comunidad de Madrid si prosperan las propuestas para un gobierno tripartito integrado por VOX, PP y Ciudadanos. A la tendencia criminalizadora de la inmigración irregular (considerar a la persona que quiere sobrevivir desplazándose por el planeta como un peligroso delincuente), se unen las exigencias de negociación del partido VOX a quienes pretenden ser sus socios.

Estas condiciones mínimas exigidas por Vox se recogen en el punto 3 del capítulo denominado Tres principios para un acuerdo: prosperidad, libertad, legalidad:

3. Cumplimiento de la legalidad.

– Colaborar, desde todos los organismos de la Comunidad de Madrid, incluidos los pertenecientes al ámbito de la Sanidad, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la identificación de todos los inmigrantes que se encuentren en la Comunidad de forma ilegal, con especial atención a la identificación y repatriación de los MENAS.

– Dado que los recursos de los madrileños no son infinitos, requerir al país de origen el pago de la factura sanitaria tanto de los inmigrantes ilegales como de los comunitarios o visitantes que se hayan beneficiado de la sanidad pública madrileña, evitando el turismo sanitario.

– Promover, en el ámbito jurídico y administrativo correspondiente, la ilegalización de organizaciones que cooperen con las mafias de tráfico de personas, o favorezcan la inmigración ilegal.

– Suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales y a aquellas asociaciones que promuevan la inmigración ilegal.

Sobre lo primero que querríamos reflexionar es que estas medidas referentes a las personas migrantes que son ciudadanas en la Comunidad de Madrid, se engloban bajo el epígrafe Cumpliendo la legalidad, dando a entender que hasta ahora no se está cumpliendo la misma.

Queremos aclarar nuevamente que las personas migrantes, todas, mayores y menores no están fuera de la ley, no son delincuentes, por mucho que el partido VOX intente trasladar a la ilegalidad a nuestras vecinos y vecinas inmigrantes. Queremos decir una vez más que sus vidas, su día a día, no quedan fuera de la legalidad.

El primero de los puntos aborda el tema de las identificaciones con perfil étnico. Esta práctica ha sido denunciada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el Dictamen de 17 de agosto de 2009 (Comunicación núm. 1493/2006). Aplicarla con especial atención a los migrantes menores de 2 edad, niños y niñas nacidos en otros países, suma a todo lo anterior la vulneración del interés superior que cualquier menor tiene frente a cualquier norma.

También por esta práctica, Naciones Unidas ha condenado a España en este mismo año por la “deportación sumaria de un niño no acompañado de España a Marruecos” convirtiéndose en el primer dictamen de la ONU sobre esta práctica que además certifica la ilegalidad de las llamadas “devoluciones en caliente” tan polémicas en nuestro país y que esta propuesta de VOX impulsa.

Con relación al segundo punto, la exclusión sanitaria que promueve este acuerdo, queremos manifestar que nunca se ha acreditado el incremento del gasto que supone la atención sanitaria a las personas migrantes. Durante la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012, el Ministerio de Sanidad no fue capaz de demostrar el supuesto ahorro producido por la exclusión sanitaria de las personas migrantes. Así mismo, ninguna de las personas atendidas por la Seguridad Social notó una mejora en la asistencia derivada del supuesto ahorro.

Frente a esta falacia de derroche de dinero público, lo que sí está demostrado, es que la exclusión sanitaria del decreto R.D.16/2012 causó un incremento del 15% de mortalidad entre los inmigrantes en situación irregular. Lo afirma una investigación presentada en abril de 2018 por el Instituto de Economía de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra titulada The deadly effects of losing health insurance (Los efectos letales de perder la cobertura sanitaria). En términos absolutos, concluye esta investigación, se corresponde con un incremento de 70 muertes anuales, y el porcentaje aumenta con el tiempo: en el tercer año de estudio, el 2015, la mortalidad ascendió un 22,6%.

Los dos últimos puntos del documento de VOX vuelven a recoger la pretensión de la ilegalización de la hospitalidad, las asociaciones, ONG, Congregaciones religiosas y personas a título individual que venimos ejerciendo el deber de acogida y la solidaridad para con las personas inmigrantes en situación de irregularidad administrativa.

Recordamos la campaña SALVEMOS LA HOSPITALIDAD desarrollada en el año 2013, cuando el gobierno del PP intentó criminalizar nuestra acción. Recogemos los mismos argumentos de entonces, ya que -antes como ahora- la hospitalidad no se puede perseguir ni criminalizar, y quien intente hacerlo está remando contra la Declaración de los Derechos Humanos, está remando contra los principios básicos de cualquier sociedad que pretenda reconocerse como democrática. Aplicar un marco de duda sobre las personas que de manera solidaria ejercen el deber de la hospitalidad, colocando su comportamiento altruista como forma proscrita de “promoción de la inmigración”, conlleva poner en situación de ilicitud a miles de personas que acompañan, hospedan en sus casas y apoyan a personas sin papeles.

Con el pretexto de proteger a los extranjeros sin papeles frente al abuso y las mafias, se incrementa exponencialmente su vulnerabilidad y se les priva de toda suerte de apoyo social solidario. Estos principios de negociación del partido VOX tienen una enorme trascendencia ético-política: intentando criminalizar un principio-valor tan estructuralmente necesario en un Estado como es la solidaridad. Su objetivo es intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros con papeles para que nieguen toda forma de apoyo a las personas en situación irregular y se queden sin ningún tipo de ayuda, es decir, en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero, para que mediante la presión de esta situación de precariedad absoluta, retornen a su país.

Se olvida que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso 3 del propio” (art. 13 Declaración Universal del Derechos Humanos) y que “en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él, en cualquier país” (art. 14 DUDH).

Estamos ante un nuevo intento de criminalizar a defensores/as de los derechos humanos, igual que la ilegalización de los barcos de salvamento en el Mediterráneo central, la causa abierta en Italia contra el alcalde de Riace Domenico Lucano o la persecución policial contra Helena Maleno. Por todo esto, invitamos a cuantos partidos pretendan gobernar a rechazar estos principios que no hacen otra cosa que criminalizar a quienes ya forman parte de nuestra sociedad y a las asociaciones, ONG, Congregaciones religiosas y ciudadanos que los acompañan. Así mismo invitamos a todos aquellos partidos cuya ideología es respeta los derechos de todas la personas que viven en la Comunidad de Madrid a buscar un acuerdo que nos proteja a todas de las políticas xenófobas y racistas promovidas por VOX en su documento para la negociación de un gobierno en la Comunidad de Madrid.

Contacto prensa. Javier Baeza. 605085570 Roberto Borda. 650010300

Entidades firmantes:

Asociación Apoyo, Asociación de Senda de Cuidados Asociación Garaldea, Asociación Karibu, Asociación Valiente Bangla, ATD Cuarto Mundo España, Colectivo Profesores Cristianos por la Escuela Publica, Conferencia de Religiosos de España, Coordinadora de Barrios, CP San Carlos Borromeo, Fundación La Merced Migraciones, Madres Contra la Represión, Madres Unidas contra la Droga, Mercedarios Provincia de Castilla, Observatorio de Derechos humanos Samba Martine, Parroquia Nuestra Señora de Belén de Fuenlabrada, Red interlavapies, Red Roja Red Solidaria de Acogida, Territorio Doméstico

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