Esta mañana, 18 de diciembre, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha presentado, en los juzgados de Plaza de Castilla, una querella contra los crímenes del franquismo, que da cobertura a los testimonios de vecinas y vecinas represaliadas, recogidos por la Oficina Municipal de Atención a las Víctimas de la dictadura.

En la presentación de la querella han participado el alcalde de Rivas, Pedro del Cura; el concejal de Participación Ciudadana de Rivas, Antonio Flórez; la abogada de la querella María Galán López y la abogada Begoña Lalana, de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, Ceaqua.

La presentación de la querella responde a una moción aprobada en el pleno municipal del pasado enero de 2016, con los votos a favor de Izquierda Unida-Equo, Podemos y PSOE.

El alcalde P. del Cura ha expresado su “esperanza en que los tribunales admitan esta querella, por primera vez en España”. “También animamos a otros consistorios a que salgan a defender a su ciudadanía, ante las tropelías cometidas por el franquismo. Que abran una oficina, como hemos hecho en Rivas, en la que  víctimas y familiares puedan dejar testimonio de lo que ellos mismo o sus familiares tuvieron que padecer”. “Son muchas las personas con heridas no cerradas y reclaman justicia y reparación”. “La querella se basa en una veintena de casos, que son testimonios documentados”.

La abogada M. Galán comenta que “es probable que muchos de los autores ya hayan fallecido, aunque hay magistrados que firmaron consejos de guerra del franquismo que aún viven, incluso que han hecho algún comunicado a modo de justificación”. “Y en cuanto a las víctimas, la querella abarca hasta el año 1973 y recoge los actos de represión llevados a cabo por el franquismo”. “Nos hemos encontrado numerosas documentaciones falsificadas, certificados de defunción anteriores incluso a la detención de la persona a la que se refieren, etc.”.

Carmen García Winglet, que es una de las querellantes, cuenta “a mi abuelo creemos que le fusilaron según un certificado que nos entregaron, pero nos entregaron otro posteriormente en que dice que murió en un hospital, lo cierto es que no sabemos exactamente qué pasó, ni dónde está”. “Lo que queremos es que se sepa la verdad, que se demuestre lo que pasó y que los represaliados existieron, que se haga justicia y que podamos recuperar sus restos”.

Otras de las querellantes dice “mi abuela fue condenada en 1939 y posteriormente conmutada la pena por otra de 30 años, desde entonces desaparece y no sabemos que ha pasado”.

Faustino Crespo García, nos cuenta su caso “me detuvieron en el 73, la guardia civil, me llevaron a la Dirección General de Seguridad. Nunca me dijeron con qué cargos, simplemente me pusieron una multa de 100.000 pesetas, las cuales era imposible que yo pudiera pagar, y directamente me llevaron a la cárcel de Carabanchel. No fui objeto de muchos malos tratos físicos, pero sí psicológicos: amenazas de todo tipo, interrogatorios sin sentido repetidos una y otra y otra vez, etc. Lo que yo pretendo es que quede constancia de todos estos hechos y denunciar todas estas injusticias”.

El concejal de Participación Ciudadana, Antonio Flórez indica que “nuestra intención es ejercer una acción legal, y a efectos históricos, que prevalezca la verdad y que con las víctimas se haga justicia y reparación, por primera vez en nuestro país”.

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