El pasado 18 de octubre Rivas hacía historia en la defensa de los derechos de la ciudadanía frente a los abusos bancarios. Ese día supimos que el Tribunal Supremo fallaba a favor de la Empresa Municipal de la Vivienda ripense en un litigio prolongado desde hace tiempo, a partir de una diferencia de criterio con la Comunidad de Madrid respecto al pago del llamado Impuesto de Acto Jurídico Documentado. Desde la EMV entendimos, en aquel momento, que debido al carácter protegido de las viviendas públicas promovidas, estábamos exentas del pago de ese impuesto a la administración autonómica, a pesar de que diferentes instancias administrativas y judiciales no nos dieron la razón. Lo fácil hubiera sido tirar la toalla, pero teníamos el convencimiento de que debíamos pelear hasta el último momento por no pagar –con dinero público, de los vecinos y vecinas de Rivas- un impuesto injusto; por eso nos plantamos ante el Supremo. Entendíamos que un impuesto que grava la elevación a público de una escritura como garantía de la capacidad de emprender acciones ejecutivas contra el bien hipotecado debe ser asumido por quienes se benefician de esa capacidad: los bancos. Y, por fin, el Tribunal Supremo nos daba la razón en ese caso y, como supimos días después, en otros dos similares también recurridos.

El resto lo sabemos también: con estas decisiones del Supremo, no sólo se ha salvaguardado el interés general de los y las ripenses –propietarios, accionistas, de la EMV, empresa 100% pública municipal-, sino que se han blindado los derechos de muchas familias en el acceso a su vivienda. En el momento de escribir estas líneas, nos queda por conocer el alcance retroactivo de las sentencias –a la espera de que se pronuncie, en un revés inédito al normal funcionamiento del poder judicial, el pleno del Supremo el día 5 de noviembre- pero gracias a nuestro empeño, la norma ya ha cambiado. Sin duda, la lucha de Rivas por hacer valer el interés general frente a los privilegios de una banca que fue rescatada en plena crisis con 60.000 millones de euros de dinero público que no va a devolver, o que en el primer semestre de este año ganó 26 millones de euros diarios sólo en comisiones cobradas a sus usuarios y usuarios, es paradigmática del punto de inflexión dado a la Empresa Municipal de la Vivienda desde que Pedro Del Cura es alcalde y presidente de la misma: un giro para reforzarla como herramienta más transparente, eficiente y útil al servicio de la gente.

Sorprende que hasta la fecha ninguno de los grupos de la oposición en nuestro Ayuntamiento haya dicho nada al respecto. Es verdaderamente increíble que no les haya parecido procedente pronunciarse, no sólo públicamente, sino en la Junta General de la EMV que se produjo el día después de conocerse la sentencia. Del PP y de Ciudadanos, como brazos políticos del IBX 35, poco nos sorprende; del PSOE, tan preocupado de boquilla estos años por la situación económica municipal –llegando a inventarse ‘agujeros de tesorería’ o a clamar por la inviabilidad de la EMV sin, por cierto, que se recuerde propuesta alguna- es especialmente llamativo.

Mientras, como siempre, seguiremos trabajando por hacer valer el bien común. Las sentencias del Supremo nos han mostrado cómo, una vez más, nuestras vidas y derechos valen más que los beneficios de unos pocos, por muy poderosos que sean. ¡Seguimos!