El pasado 13 de febrero, al filo de la hora de la comer, el diario El País hacía saltar todas las alarmas con una noticia encabezada por el titular “Anticorrupción investiga contratos irregulares que implican a concejales de Podemos e IU”, y desglosaba que la UCO había registrado nuestro ayuntamiento por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por supuestos “amaños en adjudicaciones recientes”. Esta noticia, para la que los periodistas que la firmaban no creyeron importante contrastar con la versión del ayuntamiento de Rivas, prendió un efecto dominó en varios medios de comunicación, de manera que en poco rato lo que había saltado a la opinión publicada era una especie de “escándalo” que vinculaba la gestión municipal del gobierno –que compartimos Somos Rivas y Rivas Puede- a prácticas sucias y corruptas.

La realidad dista mucho de lo que se ha querido vender. En la mañana de ese día 13 de febrero acudieron al ayuntamiento unos agentes de la UCO de la Guardia Civil con un requerimiento judicial de una documentación de un contrato –el de reposición de césped artificial en instalaciones deportivas- con una empresa que está siendo investigada en una macrocausa que nada tiene que ver con este consistorio, la llamada ‘Operación Soulé’ –o ‘trama del fútbol’- que ha salpicado a la Federación española de Fútbol. Forma dentro de la normalidad previsible en una investigación judicial de ese nivel que el juez solicite información de contrataciones de las empresas investigadas con otras administraciones. Por tanto, ni hubo registro, ni ningún cargo público del Gobierno municipal está siendo investigado por la justicia, como se proclamó faltando a la verdad y a la más mínima ética y deontología periodística. La misma noticia de El País fue modificando su titular y contenido a lo largo de la tarde, en una nueva muestra de impericia y poca seriedad.

Da la casualidad de que ese mismo expediente solicitado por la justicia había sido analizado pocos meses atrás por la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación, presidida por una concejala del PP, que, como ella misma declaró a los medios, confirmó que el contracto estaba “correcto”. La Junta de Portavoces pudo aclarar la legalidad del contrato en su sesión celebrada el 14 de marzo.

En mi grupo no nos hemos olvidado de la virulencia con la que muchos medios de comunicación, en connivencia con la estrategia e intereses del Partido Popular, pusieron a Rivas hace algo más de tres años en la diana de supuestos escándalos de corrupción sobre los que la justicia se pronunció afirmando que se trataba de hechos inciertos y falsedades. Parece que es muy goloso atacar a Rivas para hacer valer la letanía de que todos los políticos somos iguales. No cuela. Por mucho que la realidad, estropee los titulares.