Se están produciendo despidos a trabajadores/as de manera indiscriminada. El otro día me comentaban un caso y lo pongo como ejemplo: una teleoperadora, la dicen que tiene que trabajar desde casa, ella dice que en casa no tiene ordenador, ni una red wifi con suficiente potencia. Automáticamente, despedida. Otro caso, una empresa de consergería y limpieza que tenía decidido cerrar por quiebra, ahora hace un ERTE a todos sus trabajadores y una vez vencido el plazo, los despedirá para que pasen al Fogasa.

Distintos analistas político-económicos vaticinan un millón más de personas desempleadas al terminar la crisis. Los ERTE se aplican tanto por necesidad como por oportunidad. En principio parece que todos ellos serán aprobados ‘por silencio administrativo’ (no hay capacidad en las instancias competentes para valorarlos en tal cuantía). ¿Podrán volver  a sus puestos todos los trabajadores afectados? Sinceramente, lo dudo, al menos en bastante tiempo.

Las normativas referidas a pagos de cuota de autónomos y otros impuestos, solo son aplazamientos, que los/as tenedores tendrán que asumir a corto plazo.

La dotación para créditos ICO se agota según están disponibles en las entidades financieras, consiguiendo que sus titulares sumen un préstamo más que afrontar tras la carencia, de haberla, cómo única opción para no quebrar. Las moratorias de las hipotecas sobre la vivienda habitual requieren la presentación de tal cantidad de documentación, que la misma solicitud se hace implanteable para muchas personas que no disponen de medios y/o formación para obtenerla, y más en una situación de servicios mínimos de las administraciones, notarías, etc.

Se plantea que los grandes arrendadores de viviendas, como ‘los fondos buitre’, rebajen hasta el 50% las cuotas de arriendo y que asuman una moratoria en el pago de su inquilino. El resto, los pequeños propietarios que con el arriendo de un inmueble complementan su salario o su pensión, solo tienen la opción de aceptar la moratoria o condonación. Si no la aceptan, porque no pueden o quieren, sus inquilinos solo podrán acogerse a microcréditos para poder ir haciendo frente a las cuotas en estos meses, mientras se siguen endeudando. Y, para ambos casos, las gestiones las tienen que hacer los propios inquilinos, lo que presupone un riesgo para aquellas personas que no cuenten con los recursos personales para hacerlo (idiomáticos, culturales, tecnológicos, formativos, etc.), además de exponer a los mismos a que sus arrendadores, grandes o pequeños, no cumplan lo previsto por la ley, ya sea por desconocimiento, necesidad o picaresca.

Hay que vigilar a los Bancos. Hay que vigilar que no den soluciones en la línea de reestructurar la deuda de las personas afectadas, con lo que lo único que se les aporta a éstas es tener un único préstamo, disfrutar de una carencia, pero no de más capital para hacer frente a los pagos a proveedores, nóminas a sus trabajadores; lo único que los Bancos se garantizan es el cobro de sus préstamos,… Y es más, hay que vigilar que los Bancos no utilicen los préstamos ICO para meter en ellos los préstamos que ya tienen los clientes con la entidad para trasladar al Estado el riesgo de sus impagos (El Estado avala con los ICO hasta el 80% del riesgo).

Reivindicamos una Sanidad pública. Pero hemos de reivindicar y poner en valor también una Banca pública, supeditada al bien general. Por no hablar de las suministradoras de energía. Vale, estas empresas privadas no podrán cortar suministros durante el estado de alarma, pero las familias tendrán que devolver lo que no hayan podido pagar cuando todo esto pase. ¡Otra moratoria! Otro gallo cantaría si existiera una suministradora de electricidad pública, la que estaría al servicio del Estado y de la gente. En la que perder o ganar no se mediría en términos económicos, sino en términos de protección social y de cumplimiento de la Constitución.

Analistas tiene el Estado, digo yo. Y se supone que un gobierno progresista, con un partido muy de izquierdas en el mismo, debería estar pegado a la realidad de la calle y tener en cuenta todas estas cosas.

Los gobiernos de otros países (como en Francia, que no es precisamente de izquierdas) lo han hecho de otra manera: han garantizado a las empresas, la suspensión de pagos correspondientes a suministros e hipotecas y encuanto a los trabajadores, que el equivalente al salario mínimo lo asume el Estado durante dos meses. Esto a cambio de que no haya ningún despido. También suspenden temporalmente todas las obligaciones fiscales de empresas y ciudadanos.  Así se garantizan todos los puestos de trabajo, que todos los trabajadores siguen teniendo los ingresos necesarios para atender sus necesidades básicas y la economía sigue circulando.

Probablemente el gasto que el Estado está haciendo, que no es poco, en las diferentes medidas, a la larga será superior que el que le suponen al gobierno francés las que está tomando. En los próximos meses veremos cuales han sido más efectivas.

JuanM del Castillo