Una vez más se demuestra que los sucesivos gobiernos del Partido Popular, también el actual gobierno regional, no se toman en serio la que es, sin duda, una ley fundamental para nuestra región.

La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid ha vuelto a salir del cajón. Y una vez más, se hace no para dejarla a un lado y redactar la tan necesaria nueva Ley del Suelo, sino para una vez más parchearla, modificar algunos de sus artículos y hacerlo de la forma menos democrática posible, mediante lectura única (solo para su votación) en el pleno de la Asamblea de Madrid, coartando así el debate en el máximo órgano de representación de la Comunidad de Madrid.

En esta ocasión, la excusa empleada es el Covid-19 y la justificación, según ellos, la necesaria reactivación económica. Es decir, nuevamente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid parece apostar por el ladrillo como elemento de activación económica. ¿De verdad plantean, sin ruborizarse, la vuelta al ladrillo? ¿Ya se han olvidado del daño que las políticas del ladrillo han hecho en el desarrollo de nuestra región?

Se modifican los artículos del 151 al 163, referidos al ámbito y procedimiento de licencias urbanísticas, lo cual va a tener una gran incidencia en la actividad de los municipios, tanto desde el punto de vista administrativo como económico, obviando además, que el control y concesión de las licencias urbanísticas recae en los Ayuntamientos. Por ello, no se entiende que el Gobierno Regional haya hecho esta modificación de espaldas a los Ayuntamientos, de espaldas a los municipios. Ayuntamientos que nuevamente tendrán más carga de trabajo y la responsabilidad del cumplimiento de la legalidad urbanística pero, gracias a esta modificación, solo podrán actual a posteriori y con menos herramientas.

Una modificación que sin duda conlleva una mayor inseguridad jurídica, menos garantías para los trabajadores, menos garantías para los consumidores y menos garantías para la sociedad, la convivencia, la salud y el descanso, sin olvidar el posible impacto ambiental.

Por ello, y ante la preocupación por la deriva que esto puede conllevar, hemos sido muchos los Ayuntamientos que hemos aprobado sendas mociones en los plenos municipales para instar al Gobierno Regional a la retirada de esta modificación de la Ley del Suelo, y que se inicie un proceso de diálogo al objeto de conseguir el mayor consenso posible para la aprobación de una nueva Ley del Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, un proceso participativo en el que se cuente con los Ayuntamientos, los grupos parlamentarios, partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales, la FRAVM, entidades sociales, así como el sector profesional.

Parchear la Ley del Suelo no es la solución. Una nueva Ley del Suelo para la Comunidad de Madrid no es un capricho, es una necesidad.

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