Según la Organización Mundial de la Salud, violencia sexual es: “todo acto sexual, tentativa para consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar o el lugar de trabajo. La coacción puede abarcar una amplia gama de grados de uso de la fuerza. Además de la fuerza física, puede  entrañar la intimidación psíquica, la extorsión u otras amenazas, como el daño físico, la de despedir a la víctima del trabajo o de impedirle obtener el trabajo que busca. También puede ocurrir cuando la persona agredida no está en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo porque está ebria, bajo efectos de un estupefaciente o dormida o es mentalmente incapaz de comprender la situación”.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (Comité CEDAW) y otros organismos internacionales de derechos humanos afirman que la violencia sexual es una violencia por razón de género y que sus causas se encuentran en la discriminación y la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Además es una grave vulneración del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres y las niñas impidiéndoles alcanzar el más alto grado de salud física y mental.

España es parte de los principales organismos internacionales que protegen a las mujeres y niñas. La ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue un paso importante, pero tanto en 2009 Amnistía Internacional, en 2015 el Comité CEDAW como en esta ocasión en 2019 Amnistía Internacional de nuevo con su informe “Ya es hora de que me creas” ponen en tela de juicio las políticas públicas en esta materia considerándolas completamente insuficientes. En 2017 se sacó adelante en el Congreso de los Diputados el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, pero la realidad es que su ínfima financiación por parte del Gobierno del PP lo ha convertido en papel mojado.

Es necesario cumplir con el Convenio de Estambul que España firmó en 2014, que obliga al estado Español a hacer frente a las violencias sexuales adaptando una serie de medidas: integralidad de la respuesta (prevención, detección, atención y recuperación integral – a corto, medio y largo plazo -, protección,  justicia, incluida la obtención de indemnización), la actuación desde el enfoque de género y la prohibición de la discriminación. Este tratado además prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual o de identidad de género, e incluye explícitamente a mujeres migrantes y refugiadas.

Según el informe de Amnistía Internacional antes mencionado queda mucho por cumplir de este tratado. Para empezar, en los últimos treinta años el enfoque de actuación sobre la violencia sexual se ha estado centrando en violencia ejercida por  la pareja o la expareja, incluso el Pacto de Estado tiene carencias en este sentido. También señala la escasez de campañas estatales de prevención que no tengan este enfoque, siendo la mayoría de campañas que abarcan otros tipos de violencias sexuales producto de entidades autonómicas, locales o de organizaciones feministas. Esto, indica, se debe en gran medida a las pocas cifras oficiales que se pueden consultar respecto a este tema impidiendo sacar adelante políticas públicas en base a datos reales.  Hace hincapié además,  en la necesidad de preparar la atención adecuada hacia las víctimas por parte de las entidades públicas, en las cuales los profesionales requieren más formación específica en el tema, una mayor especialización y unos protocolos más eficientes. Habla, por otra parte, de la grave disparidad en la atención a la víctima dependiendo de la Comunidad Autónoma e incluso de la provincia, lo cual se resolvería con la implementación de una red de recursos contra violencia sexual estatal con la financiación adecuada. Y finalmente señala que en lo legislativo seguimos sin adaptarnos al Convenio de Estambul a nivel estatal, ya que se reconoce la violencia sexual como un daño a la libertad y la indemnidad sexual cuando deberían ser la autonomía sexual y el consentimiento. El informe también hace un examen exhaustivo de las insuficiencias en todo el proceso de atención a las víctimas, proponiendo una serie de medidas para llevar a cabo.

Amnistía Internacional considera que estamos en un momento clave. Actualmente, estamos viviendo un momento histórico en el que millones de mujeres han salido a la calle para decir que no consienten que las víctimas sean las únicas cuestionadas tras una violación, y que el Estado no tome medidas para protegerlas en un momento en que la gran mayoría de la sociedad no está dispuesta a consentir que mujeres y niñas se encuentren solas en un recorrido lleno de obstáculos que también viola sus derechos. Entendemos que actualmente todas las propuestas hechas responden a una necesidad real que  además son acuerdos internacionales que nuestro país debe cumplir. Por esa razón elevamos a pleno la siguiente propuesta.

ACUERDOS

1.– Instar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de España para que atiendan  las propuestas realizadas por Amnistía Internacional en el informe “Ya es hora de que me creas” que pasamos a enumerar a continuación:

  • Recopilar datos, que permitan dimensionar este problema para que puedan impulsarse políticas públicas, coordinadas con los gobiernos autonómicos, para la prevención, información, atención y reparación de las víctimas.
  • Crear servicios especializados, como teléfonos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, y garantizar la existencia de centros especializados en violencia sexual en todos los territorios del estado español.
  • Crear servicios de asistencia y atención integrales (Centros Especializados y Centros de crisis) e implementar de manera obligatoria en todas las Comunidades Autónomas, para que todas las víctimas y supervivientes de violencia sexual, así como sus familiares- independientemente de su lugar de residencia – puedan ser asistidas integralmente por un equipo especializado, según lo que establecen los estándares mínimos de derechos humanos en materia de asistencia especializada. Los centros deben garantizar los estándares mínimos de disponibilidad, accesibilidad, y no discriminación.
  • Formar en violencia sexual desde un enfoque interdisciplinar a los distintos agentes sociales- policía, profesorado, operadores judiciales, personal sanitario, personal de servicios sociales, y servicios especializados de atención a víctimas de violencia de género- que de forma directa o indirecta están en contacto con las víctimas o supervivientes de violencia sexual y/o sus familiares, para garantizar sus derechos y evitar la victimización a la que se enfrenta. Esta formación debe ser continua.
  • Facilitar asistencia letrada especializada gratuita e inmediata a las víctimas, formar y sensibilizar a todos los operadores jurídicos en contacto con las víctimas y, que las instancias judiciales puedan adaptarse para posibilitar espacios amables que garanticen la confidencialidad y seguridad de las víctimas y sus familiares.
  • Elaborar campañas de sensibilización y prevención frente a las distintas formas de violencia sexual, en los distintos ámbitos y con una espacial atención en el ámbito educativo.
  • Impulsar la reparación de las víctimas, no solo desde el punto de vista de una compensación económica, sino contemplando la restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

2.- Instar al Gobierno de España a:

  • Impulsar e implementar una Ley Integral contra la violencia sexual que aborde la respuesta en materia de prevención, atención, recuperación integral y acceso a la justicia especializada.
  • Reformar el Código Penal en lo referente a todos los delitos sexuales que afecten de manera desproporcionada a las mujeres y niñas, garantizando que se protege la autonomía sexual y el consentimiento libremente dado, de acuerdo con los estándares internacionales, especialmente con el Convenio de Estambul.
  1. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se compromete a:

– Finalizar el trabajo de composición del Protocolo Local de actuación contra la violencia sexual y darle la mayor difusión posible.

– Asegurar el acompañamiento a las mujeres y niñas que hayan sufrido cualquier tipo de violencia.

– Continuar con el trabajo de formación, haciendo hincapié en la violencia sexual, a nuestra Policía Local y a otros servicios municipales intentado abrir el abanico hacia otros servicios (profesorado, equipos médicos…) mientras las administraciones competentes no lo asuman como propio.

– Valorar el trabajo multidisciplinar que los equipos técnicos vienen realizando para abordar las violencias ejercidas sobre las mujeres desde todos los ámbitos.

– Visibilizar el trabajo que en las dos últimas campañas de Noviembre se ha venido trabajando desde el Consejo de Mujeres: el primero nombrando las violencias sexuales y el segundo actuando frente a ellas.

Rivas Vaciamadrid, 11 de enero de 2019

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y NIÑAS QUE SUFREN VIOLENCIA SEXUAL

Dori Fernández Peloche

Agradecemos enormemente a Amnistía Internacional el magnífico trabajo realizado con su informe “Ya es hora de que me creas”.

Personalmente, tuve la oportunidad de asistir recientemente a su presentación en Rivas y pude comprobar el gran  trabajo de investigación desarrollado en torno a é y lo acertado de sus propuestas.

Estamos totalmente de acuerdo con sus conclusiones y propuestas, ya que coinciden plenamente con el espíritu de la Ley Integral contra las Violencias Sexuales que el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,  presentaba al Congreso de los Diputados el 20 de julio pasado y que está prevista que se discuta próximamente. Se ha elaborado con la participación activa de las organizaciones feministas y personas expertas en la meteria.

La ley de Unidos Podemos diseña un sistema de medidas como la asistencia jurídica gratuita, la atención, la reparación o la información para las víctimas.

La idea es que haya un tratamiento integral y global similar al que ya se dispensa a las víctimas de violencia de género, que fue diseñado por la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004. Pero esta norma solo contempla medidas para las mujeres agredidas por sus parejas o exparejas.

«La justicia tiene un sesgo patriarcal y es necesario hacer modificaciones en el Código Penal. Esto cambiará las sentencias, pero no que las haya. Para ello lo que necesitamos es una ley que luche contra las violencias sexuales de una manera integral, desde un marco de derechos humanos», como  explica Sofía Castañón, Secretaria de Feminismos y LGTBI de Unidos Podemos. La diputada sostiene que «no puede haber víctimas de primera y de segunda y la asistencia, las prestaciones y los derechos no pueden existir solo en el ámbito de la pareja o expareja».

La violencia sexual que sufren mujeres y niñas en el mundo forma parte de la violencia machista de la sociedad patriarcal imperante en todos los países, es utilizada por el agresor como medio para ejercer poder y reforzar una situación, relación o ideología dominante

Este daño individual  repercute de forma colectiva sobre el conjunto de las mujeres que reciben un mensaje de inseguridad y dominación radicado en el género y sobre toda la sociedad en la reafirmación de un orden patriarcal. Es un sistema social y económico basado en la desigualdad de la mitad de sus miembros, las mujeres.

Si los Estados tuvieran que destinar el dinero necesario para cubrir los cuidados y servicios que las mujeres hacen de forma gratuita no se podría sostener el sistema y habría que revisarlo de arriba abajo, y en ello estamos muchísimas mujeres en España que ya nos movilizamos y seguiremos saliendo a las calles hasta conseguir la igualdad real.

El control y sometimiento de las mujeres tiene mucho que ver con la violencia sexual ya que es un acto de poder que produce humillación y degradación, es una  tortura cruel  e inhumana como establece el derecho internacional relativo a los derechos humanos refiriéndose a la violencia sexual.

Todos los estudios realizados sobre  la violencia sexual concluyen que entre todos los malos tratos, las agresiones sexuales producen el mayor impacto psicológico en la vida de las mujeres y las niñas y las repercusiones más negativas en su salud mental.

Cuando vemos las cifras que da la ONU o la OMS sobre este problema es para echarse a llorar, dos de cada tres mujeres en el mundo han sufrido algún tipo de violencia sexual y también dos de cada tres de las víctimas  sufren un Trastorno de Estrés Postraumático

No hay día que no leamos en la prensa alguna noticia horrible relacionada con la violencia sexual: depredadores sexuales que en ocasiones hasta acaban asesinando a su víctima, niñas violadas y madres a consecuencia de ello.

Ha salido en la prensa recientemente que en Reino unido han comprobado más de mil casos de niñas a las que les planchan el pecho con piedras calientes para que no llamen la atención con su desarrollo natural.

En España cada vez vamos teniendo más datos aunque falta mucho camino por recorrer en este sentido.   En una macroencuesta en 2015 elaborada  por la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género entre  más de 10.171 mujeres se concluye que 1.7 millones dicen haber sufrido agresión o abuso en alguna ocasión; choca muchísimo con los datos oficiales ya que la policía sólo contaba con 75.000 denuncias en los 8 últimos años. La vergüenza, la culpabilidad, la transigencia con estos hechos es lo que impide denunciar a las víctimas

Existen colectivos especialmente vulnerables como las mujeres que están trabajando sin documentación en España, trabajadoras del servicio doméstico, cuidadoras y mujeres y niñas con diversidad funcional; muchas  sufren violencia sexual a manos de sus empleadores  o de hombres que están a su  cuidado, estas personas se sienten desprotegidas por las leyes e instituciones.

La ley impone obligaciones a los poderes públicos. La Constitución establece la obligación de que provean las condiciones materiales  para el desarrollo del proyecto de vida personal que para sí  tienen las personas y la garantía de una vida digna.

En este marco, El  Parlamento, las  Comunidades autónomas y todos los poderes públicos están obligados a defender a las mujeres y a las niñas contra todo tipo de violencia sexual:

  • Legislando y expresando claramente que si no existe consentimiento es delito. No se puede consentir que sigan existiendo sentencias como las de la Manada, que se vayan de rositas con condenas sólo por abusos y absueltos del delito de agresión sexual.
  • Impulsando las políticas públicas necesarias en todos los ámbitos que establezcan medidas de prevención y sensibilización contra las violencias sexuales: se deben concretar en el marco educativo, publicitario, de los medios de comunicación, sanitario, laboral y empresarial, digital y castrense. 
  • Coordinando todas las acciones tendentes a la atención y cuidados de las víctimas y a la protección de sus derechos.

 

En los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el gobierno para 2019 y debido al Acuerdo con Podemos, se contempla un incremento del 10% en la dotación presupuestaria para el Pacto contra la Violencia de Género, consignándose 220 millones de euros.

Este aumento fue anunciado por el Ejecutivo del Sr. Sánchéz que precisó que este año se duplicarían los fondos destinados a programas dirigidos a erradicar la violencia de género para los ayuntamientos.

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