Parece mentira cómo ha pasado el tiempo. Parece que fue ayer. Los que tenemos ya unos años, todavía perdura en nuestra memoria aquellas primeras elecciones de junio de 1.977. Después, vino la ratificación en referéndum de nuestra actual Constitución (6 de diciembre de 1.978), culminando de esa manera la Transición Española que posibilitó la transformación del anterior régimen franquista en un Estado Social y Democrático de Derecho, bajo la forma política de Monarquía Parlamentaria. Reconozco que no soy monárquico, porque me gusta elegir al Jefe del Estado, y no porque sea hijo de,  ya vale; y además considero que, históricamente, es la institución menos democrática que ha existido, pero era tal el deseo de fractura con el Régimen anterior, y la ansiedad por acudir a las urnas, que voté la Constitución y la Monarquía (venía en el mismo pack) con entusiasmo.

Desde entonces, mucho ha cambiado el devenir de nuestra democracia. En los tiempos actuales observamos que España se encuentra inmersa en una especie de involución política, económica e institucional, amén de un claro retroceso de los principios y valores que deben regir para el buen funcionamiento de una sociedad. A veces pienso que, en alguna ocasión, hemos tirado por la borda muchas de nuestras ilusiones y hemos perdido el tiempo durante más de cuatro décadas. Y, ¿por qué digo esto? Pues sencillamente porque no tenemos más que sondear a la gente de a pie y preguntarles: ¿Qué opinión les merecen nuestros políticos? La respuesta, creo la sabemos todos: “No confiamos en ninguno”, “todos son iguales”, “nos han engañado con la Transición”; “qué bien se han montado su chiringuito”.  La desilusión y el desencanto son palpables; parece como si se hubieran fabricado una estructura política con las instituciones adecuadas, acordando unas leyes que les benefician del resto de los ciudadanos: aforamientos, sueldos, privilegios sociales, etc.

Veamos: Un diputado o senador también paga sus impuestos, pero con un jugoso beneficio fiscal, que permite que el 40% de su remuneración esté exenta de tributar. Dicho de otro modo, Hacienda somos todos, pero los políticos un poco menos. Cobran un salario fijo y unas dietas, además de un complemento extraordinario mensual, si el representante político desempeña otra labor en la cámara. Gracias a la suma de todas estas partidas, un diputado se embolsará más de 4.600 euros al mes como mínimo. El 60% de esta retribución corresponde a su salario fijo (2.842 euros al mes), mientras que el 40% (1.824 euros) restante procede de dietas para gastos de manutención y alojamiento. Lo mismo ocurre en el caso de los senadores. Según la ley de IRPF de 2006, los representantes políticos en ambas Cámaras no tributarán por las dietas que perciben cada mes para gastos de manutención y alojamiento, y como éstas suponen el 40% de su remuneración, puede afirmarse que casi la mitad del sueldo de los políticos está libre de impuestos. Si hacemos cálculos, más de 12 millones de euros al mes están exentos de tributar, por lo que Hacienda no toca ni un euro de ese importe devengado por dietas, que a final de año permitiría a las arcas del Estado tributar sobre un mínimo de 144 millones.

Pero aquí no terminan las retribuciones libres de retención. A estas remuneraciones en metálico hay que añadir otras que tanto diputados como senadores cobran en especie. Por ejemplo, tienen un bono de taxis por valor de 3.000 euros al año, un móvil y un portátil, internet gratis en casa…, privilegios a los que sólo han renunciado unos pocos políticos. También el Congreso y el Senado les paga el  billete de los medios de transporte públicos que utilicen para desplazarse. ¿Esta exención fiscal la disfrutan el resto de trabajadores? No. Un diputado elegido por una circunscripción fuera de Madrid recibirá al mes 1.824 euros para gastos de alojamiento y manutención, independientemente de que tenga una casa en la capital.

¿Se han montado su chiringuito? Su trayectoria no puede dejar de lado la ejemplaridad que debe exigirse a un funcionario público. Su jubilación debe estipularse en función de dicho mandato. Deben contribuir al Régimen General de la Seguridad Social como cualquier otro ciudadano. Servir en las Cortes es un trabajo, no una profesión. Los jueces no pueden ser elegidos por políticos. Los parlamentarios al terminar sus mandatos, deben incorporarse a la vida laboral previa a su etapa de servicio público, si es que la tuvo; si no, al paro como cualquier persona. Reducir el número de asesores, cargos de confianza, etc., así como sus retribuciones y privilegios. Después de 40 años, ésta es la herencia del binomio PP-PSOE. La democracia no puede consistir sólo en ir a votar cada cuatro años.

Miguel F. Canser

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