Felipe González ya lo tenía muy claro cuando accedió por primera vez al gobierno de España, casi con toda seguridad los socialdemócratas alemanes que fueron quienes le auparon al poder y costearon su ascenso y la configuración organizativa del Partido Socialista, así se lo habían impuesto: el compromiso indiscutible tenía que ser: la privatización de las eléctricas, las empresas energéticas, las comunicaciones y la banca. Y así lo hizo el gobierno socialista, privatizó Unión Eléctrica Española, hizo lo mismo con Campsa, también con Telefónica y privatizó toda la Banca Pública.

En esos cuatro pilares residía principalmente toda la economía española. No fueron esas solo las privatizaciones importantes, lo hizo también con todas las empresas del antiguo INI, desmanteló los principales astilleros y altos hornos y estranguló la capacidad productiva de los agricultores y ganaderos (se arrancaron las vides, se desmontaron las ganaderías de leche,…).

Se nos presentó una transición modélica, ni las organizaciones políticas, ni los poderes fácticos se opondrían a ella, todos ganaban con el nuevo orden: los políticos ocupaban escaños y participaban en la ‘erótica del poder’ muy bien pagados y disfrutando de abundantes prebendas. Y los que de verdad mandaban, los poderes financieros, no dejarían de hacerlo, además habiendo recibido las principales fuentes de negocio de este país. Todo ello bendecido por la recién creada Unión Europea, que puso como única condición para formar parte de la misma, la entrada en la OTAN (de ahí el cambio de postura del PSOE) y la aceptación de los acuerdos de Maastricht, que otorgaban a España como único valor el del turismo: costas, numerosos hoteles y abundante oferta inmobiliaria, para que ‘los viejecitos de Europa pudieran venir a morirse al sol’.

¿Qué cambió entonces? Es innegable que cambiaron las formas, hubo acumulación de algunos derechos fundamentales de los que carecían las clases trabajadoras y un cierto periodo de prosperidad. Pero el teatro de escenificación de la política siguió siendo el mismo, con algunos nuevos actores, pero los directores de escena y de ‘la Obra’ siguieron siendo los mismos, quienes siguieron mandando fueron los poderes financieros, apoyados estos: en los jueces y fiscales, en la iglesia católica y en buena parte de los políticos ávidos de poder y de dinero y por tanto fácilmente corrompibles…

¿A quienes defienden políticos y jueces? Para contestar a la primera parte de esta pregunta lo mejor es con otra pregunta ¿dónde van a parar los políticos después de sus mandatos? Conocido es, que todos los políticos de cierta relevancia acaban como ‘asesores’ en Fenosa, Hidroeléctrica, Enagás, Telefónica,…, grandes constructoras o en la banca. ¿Será como pago a los servicios prestados?

Y como respuesta a la segunda parte de la pregunta anterior, sobre ‘las lealtades de los jueces’, también está claro: además de estar mediatizados, la mayoría de ellos, por su ideología conservadora, quienes eligen a los de los altos tribunales son los grupos políticos en el parlamento, por tanto es a ellos a su ideología (y a sus amos) a quienes se deben. Valga como ejemplo el último conflicto sobre el llamado ‘impuesto a las hipotecas’, después de haber sentenciado a favor de los hipotecados (que el impuesto lo pague la banca), se desdicen y aprueban que dicho impuesto siga recayendo sobre los clientes (cuando a quien únicamente interesa y favorece es al banco). Evidentemente, después de la primera sentencia, los que mandan (los bancos) les llaman la atención y ‘les exigen que corrijan su error…’.

Pero lo que es aún peor, ante la posibilidad de que el fallo pudiera confirmar el primero, el Gobierno ya estaba preparando una partida presupuestaria, para transferir a las comunidades autónomas y atender las inmediatas devoluciones del impuesto pagado por los clientes, para después exigírselo a la banca. Esto no hubiera sido otra cosa que un nuevo ‘rescate bancario’: el gobierno atiende las obligaciones de la banca para reclamárselo después, y esta lo devolvería o no, como en el rescate anterior a la banca, en el que los contribuyentes tienen que hacerse cargo de los más de 70.000 millones aportados y que nunca se recuperan.

En la práctica, la sentencia de ahora, ya es un rescate ‘el dinero que los bancos deberían pagar, ya se había distribuido entre los adjudicatarios de hipotecas’, pero si la sentencia hubiera sido la contraria, probablemente habría sido igual solo que tendríamos que haberlo pagado entre todos los españoles contribuyentes.

Está claro que lo tienen atado y bien atado…

JuanM del Castillo