La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha garantizado hoy que el Gobierno regional va a estar “al lado de la educación concertada” y que “siempre va a defender la libertad sobre la que se fundamenta la mejora del sistema educativo”. Así lo ha trasladado durante una videoconferencia que ha mantenido desde la Real Casa de Correos con las principales patronales del sector, en la que el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, les ha comunicado la planificación del próximo curso. La presidenta madrileña ha reconocido que “estamos ante un momento de gran incertidumbre con un ataque a las familias y alumnos para elegir el modelo educativo que ellos prefieren”.

Evidentemente, toda la derecha y las clases pudientes apuestan por el negocio, por la educación de idearios, la educación acientífica y moralizante, la que segrega por sexos, la del creacionismo apoyada en preceptos religiosos, elitista que prima a los listos y margina a los que lo son menos, etc. Y todo esto quieren que se pague desde el erario público.

La derecha siempre se olvida de que la Constitución garantiza la educación pública e igualitaria para todas y todos. Por eso en los últimos años, hasta el 80% de la inversión en educación en la CM ha ido a manos de esas ‘patronales del sector’. Se olvidan de que la educación concertada nació solo para asegurar el derecho a la educación en aquellos lugares donde la pública no llegaba. Así como la privada se instala y oferta lo que quiere.

Ciertamente las familias tienen libertad de elección de la educación que quieren para sus hijos, pueden elegir la pública o cualquier otra, pero si lo hacen por una distinta a la que garantiza el Estado, será porque quieren y pueden y por tanto tendrán que costeársela.

Seguro que en algunos casos la educación en centros concertados puede superar en calidad a la impartida en centros públicos. Incluso la impartida en centros privados, sobre todo acordes con determinadas formas de pensar, que satisfaga más a quienes los tienen que elegir. Por eso son elecciones particulares, como cuando una familia decide dónde quiere vivir y cuanto está dispuesto a pagar por su vivienda.

Lo que está claro, es que los recursos del estado deberán invertirse en servicios que garanticen la igualdad de oportunidades, una educación científica, crítica y de calidad, capaz de desarrollar las aptitudes personales, la imaginación y el crecimiento de alumnas y alumnos.

Aquellas familias que opten por otro tipo de educación, son libres de hacerlo, con su dinero.

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