Agentes de la Policía Nacional estuvieron ayer en todas las oficinas de iDental, distribuidas por toda España, 22 en total, principalmente para inventariar todo el material. Los agentes cumplían así la orden del juez instructor de la Audiencia Nacional que instruye la causa de la quiebra de la empresa. El objetivo era principalmente conocer con qué material se cuenta para poder venderlo y así intentar hacer frente al pago de las indemnizaciones a los clientes y también a los proveedores.

La operación Apolonia, puesta en marcha por orden del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, afectó a 23 clínicas: Rivas-Vaciamadrid (Madrid), Gijón, Salamanca, Valladolid, Segovia, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Girona, Castellón, Valencia, Alfafar (Valencia), Albacete, Alicante, Elx (Alicante), Murcia, Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Las Palmas. Se trata de 23 de las 24 clínicas de esta empresa cuyo cierre ha afectado a miles de pacientes en 24 ciudades españolas, hasta el punto de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió asumir la investigación por el presunto fraude.

En el interior de estas clínicas, la Policía intervendrá equipos informáticos que albergan expedientes médicos de los afectados tras el cierre por el presunto fraude, a fin de que pueden recuperar sus pruebas, completar su tratamiento y, en su caso, denunciar su situación. Además, los registros permitirán hacer un inventario para que la Oficina de recuperación y Gestión de Activos proceda a la venta anticipada para un posible resarcimiento económico a los afectados.

Una tarea en la que participaron 300 efectivos de diferentes unidades como agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (+UDEV), la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) o las distintas brigadas provinciales de Policía Judicial, además de las consejerías de Sanidad, los colegios de odontólogos y la ORGA.

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