No es la primera vez que escribo sobre este tema, pero es que la perversión de este binomio es evidente un mes tras otro.

¿Quiénes forman la mayor parte de la judicatura actual? Los hijos de los jueces y fiscales del franquismo. Salvo honrosas excepciones, en la mayoría de los casos es así.

En democracia, teóricamente debería estar clara la separación de poderes y por tanto garantizada la independencia del poder judicial, pero la evidencia es de que esto no es así, continuamente nos encontramos con prácticas de lo contrario: un claro ejemplo de hace unos años fue la expulsión del estamento judicial del juez Baltasar Garzón, cuando empezó a investigar sobre ‘la Gurtel’. Por no remontarnos tan atrás, el caso de los Masters del actualmente Presidente del Partido Popular, Pablo Casado, donde los jueces no han encontrado sospechosos los regalos de titulaciones. La ‘sentencia de Rivas’ referida a los impuestos sobre las hipotecas ha sido vergonzosa, los jueces se decantan por defender los intereses de los bancos y seguir penalizando los de los hipotecados. Y el colmo de los colmos, ha sido el ‘reparto de cromos’ entre PSOE y PP en cuanto a puestos en el Consejo del Poder Judicial incluido el presidente, desvelado este contubernio por la filtración del mensaje a sus acólitos el portavoz del PP en el senado, Ignacio Cosido “no hay problema porque nosotros controlamos la sala segunda desde atrás”.

¿Por qué la sala segunda? Porque en ella se están juzgando los casos de los independentistas catalanes. Además de que esta sala es la encargada de juzgar todos los casos de aforamiento, hasta ahora la inmensa mayoría por corrupción en el Partido Popular.

El Partido Popular y el Socialista alternándose en el gobierno, nos tienen más que acostumbrados a derivar a los jueces muchos de los asuntos que debieran dirimirse en el parlamento, en unos casos por propia ineptitud, otras por estrategia o por oportunismo político. En cualquiera de los casos, la incapacidad de resolver los temas para lo que han sido elegidos, es muestra de incapacidad y fracaso.

La ‘cuestión catalana’ es un ejemplo de ineptitud o intencionalidad malévola por parte del Partido Popular: tanto el Congreso de los Diputados como el Parlamento Catalán habían aprobado el estatuto propio de este territorio y estaba conforme para ser aplicado. En un acto de rabieta y oportunismo político, el Partido Popular lo impugnó y lo remitió a los tribunales para que fueran ellos quienes dictaminaran, entendieron que los jueces les serían proclives a su estrategia. Y así fue, un estatuto similar a los de otras comunidades y además ya votado y aprobado, se echó atrás y desde entonces (alimentado por otras pugnas e intereses) viene engordándose el problema hasta llegar a la situación actual, sin visos de solución.

Está claro que es imprescindible la independencia total de los jueces. Pero también es evidente que cada cual es libre de pensar como quiera y que no siempre se actúa con total imparcialidad. Por tanto, la elección de aquellos en los que ponemos las decisiones más importantes y trascendentales para todos los españoles, esos que no han sido elegido por los ciudadanos, no pueden disponer de un poder omnímodo y sin control por parte de quienes sí son cargos salidos en unas elecciones generales. En última instancia, es el parlamento quien debería controlarles y destituirles llegado el caso.

JuanM del Castillo