Parte de la cúpula de la desaparecida Caixanova se sentará otra vez en el banquillo de los acusados. Hace poco más de dos meses que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela concluyó que existían suficientes indicios de un delito societario alrededor de un crédito para la construcción de 740 viviendas en la localidad de Rivas-Vaciamadrid y ahora queda abierto el juicio oral para los cuatro exdirectivos presuntamente implicados en la operación. Son el expresidente de la entidad, Julio Fernández Gayoso; el exdirector general, José Luis Pego; el responsable del área inmobiliaria, Gregorio Gorriarán Laza; y el encargado del departamento de Planificación Financiera y Control, Domingo González Mera. Los tres primeros ya fueron condenados a dos años de prisión por el caso de las prejubilaciones millonarias a su salida de Novacaixagalicia tras la fatídica fusión. Ahora se enfrentan a hasta cuatro años. Desde la notificación del auto tienen 24 horas para pagar “de forma directa y solidaria” una fianza de responsabilidad civil de 68,3 millones de euros.

Caixanova concedió en 2007 un crédito con garantía hipotecaria por valor de 67,1 millones de euros a Rivas ACI, una unión temporal de empresas (UTE) formada por las firmas Gestión Agesul, Imasatec y la gallega Copasa para una promoción inmobiliaria. Los terrenos no estaban todavía transferidos a la sociedad y los informes en Caixanova para autorizar el préstamo fueron “incompletos”, según indicaba la jueza Lamela en su escrito de agosto con el procesamiento de los exdirectivos. En él reprocha que se realizase la operación con una empresa cuya liquidez real era “nula”, aunque lo cierto es que la propia magistrada reconoce que era lo normal en el sector en aquel momento por “la ralentización de las ventas en el sector inmobiliario y las incertidumbres como consecuencia de la crisis financiera internacional” del momento.

El crédito pasó por dos reestructuraciones ante el impago de los intereses y dos de las compañías, Gestión Agesul y Imasatec, acabaron quebradas por el estallido de la burbuja del ladrillo. Proinnova, principal filial inmobiliaria de Caixanova, compró los terrenos por 68,9 millones de euros y subrogó la hipoteca, sin, según la magistrada, encargar a Rivas AGI su tasación “al fin de conocer su valor real en mercado, que dada la situación del sector inmobiliario, nunca habría alcanzado la cifra del capital del préstamo aún no vencido”. La operación habría supuesto un perjuicio cercano a los 42 millones de euros.

La Fiscalía y el Abogado del Estado piden cuatro años para cada uno de los acusados por un delito societario continuado de administración desleal, mientras que Abanca solicita un máximo de tres años.

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