Cada día la realidad nos muestra más evidencias de que al Partido Popular solo le interesa el poder, todo lo demás son circunstancias que tiene que utilizar para conseguirlo. Da igual que estemos viviendo la mayor pandemia del último siglo, da lo mismo el bienestar o la supervivencia de las personas, no importa que todas y todos tengamos una sensación de desquicie y sin salida; todas las artimañas, mentiras, manipulaciones, etc., son apropiadas para destruir al contrario y poder recuperar el poder político.

Ayer pedían la autonomía de las regiones para gestionar la pandemia, después han pedido al gobierno central, las directrices para atajarla. El ministro Salvador Illa, ya agotada la paciencia, decide el confinamiento de Madrid (por superar más de diez veces el techo de contagios) y le acusan de autoritario y de tener de rehén a Madrid; Pablo Casado se niega a renovar el poder judicial (caducado su mandato en tres años) y acusan a Gobierno de querer controlar la justicia, etc.

Cualquier cosa, cualquier iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez será, no solo criticada, sino destruida por la oposición del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Se podría pensar que han entendido que ser oposición es destruir todo lo que el Gobierno haga o proponga, pero no, la verdad es más dura aún que eso, lo que pretenden a toda costa es derrocar al actual Gobierno de coalición para ocuparlo ellos, es la manera más fácil, rápida y segura de mantener su ‘chiringuito’ mafioso: especulación, rapiña, extorsión, robo a manos llenas…, y eso amparados por el paraguas del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial).

Y mientras tanto, el actual Gobierno se encuentra en la tesitura de tener que estar permanentemente ‘apagando fuego’, saliendo al quiete de las tremendas barbaridades que difunde la oposición, contestando a sus enrevesadas estrategias, defendiéndose de ataques y falsas acusaciones. Valga como ejemplo la reciente sentencia del Tribunal Supremo que califica a todo el Partido Popular como ‘estructura montada para delinquir, para aprovecharse de las instituciones del estado en beneficio propio, cohecho, extorsión, etc.’. Solo ha separado de la sentencia las implicaciones de Mariano Rajoy, no porque no sea también partícipe y/o culpable de los mismos delitos, sino porque no considera que su participación en los mismos sea lo que ahora se juzga”. Pero el PP se agarra a esto último para acusar al Gobierno de haberlo utilizado en la moción de censura que le derrocó. Está claro que lo importante es que el alto tribunal ha calificado al Partido Popular como estructura poco menos que mafiosa, pero ellos retuercen los hechos para destacar la excepción que hacen los jueces y acusar al Gobierno.

Pero poco a poco, el gobierno de Pedro Sánchez va aprendiendo, tiene claro los dos frentes: el de los parapetos contra la barbarie de la oposición de ultraderecha y su tarea de gestión y reconstrucción de un país maltratado por gobiernos anteriores, por el coronavirus y por el envenenamiento de algunos políticos desalmados y sus voceros en los medios de comunicación.

Es importante también destacar algunos ejemplos del buen hacer del Gobierno PSOE/Unidas Podemos:

  1. El Gobierno de Coalición acaba de aprobar dos decretos que regulan la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Llegó la hora de terminar con la brecha salarial del 22% que afecta a las mujeres:
  • Toda empresa deberá mantener un registro retributivo que incluya, distinguiendo entre hombres y mujeres, el valor medio del salario y de los complementos tanto salariales como extrasalariales. Este registro podrá ser consultado a petición del trabajador o trabajadora.
    En el caso de empresas con una plantilla superior a 50 personas, deberán también elaborar Planes de Igualdad y realizar auditorías retributivas externas.
    Las empresas tendrán seis meses para adaptarse a esta nueva normativa y, una vez entre en vigor, las sanciones a las empresas que no la cumplan podrán alcanzar los 190.000€
  1. El Congreso aprueba investigar el dinero republicano incautado por los golpistas de Franco

Investigar el dinero republicano incautado por los golpistas de Franco para indemnizar a los afectados, es el objetivo. El Congreso ha aprobado la toma en consideración de esta proposición de ley enviada por el Parlament de Catalunya para reformar la actual legislación memorialista, aunque el texto podría encontrar encaje en el trámite parlamentario de la futura Ley de Memoria Democrática.

La proposición de ley presentada por el Parlamento catalán para reformar la Ley de Memoria Histórica beneficiaría a cientos de familias con un montante de más de 3.000 millones de euros; Vox lanza durante el debate con un «segundo aviso» contra la Ley de Memoria

La medida, debatida en el Pleno de la Cámara, ha salido adelante con el voto a favor de todos los partidos, la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Y ha encontrado el trazo grueso de la formación ultra, que ha lanzado su «segundo aviso» contra la ley que repara a las víctimas del franquismo. Una postura criticada desde PSOE, Unidas Podemos y el resto de grupos políticos que apoyaron la investidura, incluso Ciudadanos.

La reforma busca resarcir a los particulares, o sus herederos, a los que el régimen franquista incautó papel moneda y otros signos fiduciarios republicanos. La cifra total requisada por la naciente dictadura franquista oscila según las fuentes consultadas y debe ser sometida a estudio, han apuntado grupos políticos como el PNV.

Un informe del Banco de España fechado el 11 de marzo de 1938 eleva la incautación a 35 millones de pesetas, que serían al cambio más de 3.000 millones de euros, con unos 1.500 afectados. La Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF) presenta una base de 747 familias a quienes los golpistas embargaron más de 10,5 millones de pesetas que serían en la actualidad más de 900 millones de euros.

El Gobierno de Mariano Rajoy bloqueó la iniciativa en 2017 alegando que atender la demanda supondría «un aumento de los créditos presupuestarios» del Estado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez revocó el veto después de la moción de censura aunque la reforma no ha entrado, hasta ahora, en discusión parlamentaria. Tanto PP como Vox señalan que detrás de la medida está la «mano negra» del juez Baltasar Garzón, que reclamó un paso similar en 2015.

  1. PSOE y Unidas Podemos registran la reforma para reducir la mayoría para renovar el Poder Judicial y limitar sus funciones con el mandato caducado. La modificación de la ley orgánica incluye una fórmula para que los doce jueces que se eligen para el Poder Judicial solo requieran mayoría absoluta. Calculan que esté aprobada en dos meses

PSOE y Unidas Podemos han registrado este martes la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial con la que pretenden rebajar la mayoría requerida para renovar al órgano de gobierno de los jueces, que lleva dos años en funciones ante el bloqueo del PP. La propuesta conjunta de los partidos que sustentan a la coalición supone que una parte de los veinte vocales que componen el Poder Judicial puedan salir elegidos por mayoría absoluta (176 diputados) y no necesiten el apoyo de los tres quintos (210) del Congreso y el Senado, como en la actualidad. Además, la propuesta de socialistas y grupo confederal pretende limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato ha caducado. La intención es que el órgano de gobierno de los jueces no pueda designar plazas en audiencias provinciales o tribunales superiores como está haciendo ahora el organismo presidido por Carlos Lesmes, que lleva en funciones dos años. No obstante, no tendrá carácter retroactivo en el caso de los nombramientos que ya se han hecho. El cálculo de socialistas y grupo confederal es que la nueva fórmula quede aprobada en dos meses.

Las tres iniciativas son de vital importancia, con una trascendencia sumamente relevante para el futuro de muchas mujeres, de muchos damnificados por las arbitrarias leyes franquistas y por supuesto para dar un poco de dignidad al poder judicial, intentar asegurar la separación de poderes de acuerdo con la Constitución y para que la justicia se aplique de manera un poco más equitativa.

Pero todo esto pasa desapercibido, lo que interesa es el ruido mediático, que solo trascienda la bronca, que de toda la gestión constructiva no se entere nadie.

Es fundamental que busquemos fuentes imparciales de información, la realidad es la que es aunque algunos intenten manipularla y nosotros tenemos el derecho y la responsabilidad de estar bien informados. El acierto o no en las decisiones que tomemos dependerá de ello.

JuanM del Castillo