El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la
modificación del Decreto que regula la asistencia jurídica gratuita en la
Comunidad de Madrid, con el que se da luz verde al nuevo sistema de pagos
mensual por asistencia jurídica gratuita. De esta manera, los abogados y
procuradores del turno de oficio cobrarán sus servicios a mes vencido, en lugar
de hacerlo de forma trimestral como ocurría hasta ahora.

El cambio que se ha introducido en el Decreto establece que los Consejos
Generales de Abogados y de Procuradores deberán remitir a la Consejería de
Justicia las certificaciones de los servicios prestados en materia de asistencia
jurídica gratuita dentro de los 15 días siguientes a la finalización de cada mes.
La Consejería librará los pagos en función de estas certificaciones. Si es
necesario, llevará a cabo regularizaciones posteriores una vez que se
cumplimente, en su totalidad, la justificación anual.

Con el anterior modelo, abogados y procuradores enviaban a la Consejería las
certificaciones de gasto al cierre de cada trimestre. Tras revisar y subsanar
posibles errores, se elaboraban y tramitaban los correspondientes documentos
contables para que, en última instancia, la Tesorería General de la Comunidad
de Madrid pudiera proceder a los abonos respectivos.

El nuevo sistema aprobado hoy permite agilizar al máximo la tramitación de las
certificaciones presentadas por los colegios profesionales y que los pagos
puedan realizarse mes a mes.

De esta manera, el Gobierno que preside Ángel Garrido da respuesta a una de
las reivindicaciones históricas de abogados y procuradores y cumple con uno de
sus compromisos electorales: “Agilizar los pagos de asistencia gratuita del turno
de oficio para garantizar el derecho de la defensa de las personas con menos
recursos económicos y actualizar los honorarios” (medida 298 del programa
electoral).

MAYOR INVERSIÓN EN JUSTICIA GRATUITA

La Comunidad de Madrid invierte este año un total de 48,6 millones de euros a
asistencia jurídica gratuita (justicia gratuita más turno de oficio), lo que supone
un incremento de cerca del 53 % desde el inicio de la legislatura. Del total de la
partida prevista para este año, 42,8 millones son para los abogados y 5,8
millones para los procuradores.

Los pagos para la asistencia jurídica gratuita se realizan a través del Consejo de
Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, que engloba a los Colegios
de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares, y del Consejo General de los
Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, en el que está
integrado el Colegio de Procuradores de Madrid.

Con estos pagos se financian las actuaciones profesionales del turno de oficio,
la asistencia letrada al detenido, la tramitación de expedientes de solicitud de
asistencia jurídica gratuita y los costes que estos servicios generan para los
colegios profesionales.

De esta forma, se garantiza la asistencia jurídica a todas aquellas personas que
carecen de los recursos económicos suficientes. El año pasado, se beneficiaron
de este derecho 83.092 personas, alrededor de 3.000 más que en 2016. En
conjunto, el número de expedientes de asistencia jurídica que se tramitaron fue
de 111.854, un 11 % más que un año antes.

La Comunidad de Madrid es la segunda comunidad autónoma en inversión en
asistencia jurídica gratuita, sólo por detrás de Cataluña, según el XII Informe del
Observatorio de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española
referido a 2017