La Comunidad de Madrid ha aprobado hoy el proyecto de ley que, entre otras cuestiones, permitirá suprimir la mayoría de las licencias y liberalizar el sector urbanístico. Se trata del último trámite tras su aprobación y remisión por parte del Consejo de Gobierno a la Asamblea madrileña el pasado mes de julio.

“Si promovemos un contexto óptimo para las empresas, estaremos generando las oportunidades necesarias para que puedan seguir siendo un foco generador de riqueza y empleo”, ha destacado la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín.

Se priorizará el mecanismo de declaración responsable con el objetivo de aumentar la competitividad y productividad en los sectores que favorecen la creación de empleo y para garantizar una mayor eficiencia en la administración pública que interviene en estos procesos.

Por ello se suprimirán las licencias de obras menores que tienen que resolver los departamentos técnicos de los ayuntamientos y que hace que los particulares pierdan demasiado tiempo para esperar a realizar una obra de menor calaje.

Con carácter general, se someterán al régimen de declaración responsable en materia de urbanismo las obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, la primera ocupación de las edificaciones de nueva planta o los cerramientos de parcelas y solares, por citar ejemplos concretos.

Igualmente, no tendrán necesidad de contar con licencia previa, ni presentar declaración responsable, todas aquellas obras y actuaciones urbanísticas de menor entidad, como el cambio de instalación eléctrica, de gas o aire acondicionado, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas, entre otros.

Comentarios al desarrollo de la Asamblea y posteriores a la votación

Juan Trinidad (Ciudadanos) ha tratado de repetir la votación en la cámara de la Asamblea de Madrid, aprovechando el cierre de las puertas, para conseguir que los 70 diputados que había en la Cámara votasen. Finalmente no lo ha conseguido pero ha dado por válida la medida reconociendo que no hay quórum (en la Asamblea son 132 diputados). PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-IU habían abandonado el Pleno en bloque por lo que la medida solo contó con 36 votos a favor de los diputados de PP, Ciudadanos y Vox allí presentes.

Jota Cañadas, diputado de Podemos “¿Cuanto han pagado las constructoras para este doble fraude con secuestro de diputados incluido?”

Pablo Perpinyá, portavoz de MasMadrid, “el presidente de la Asamblea aprueba una ley a sabiendas de que no hay quórum y es ilegal. Y lo reconoce abiertamente. Eso después de haber intentado encerrarnos con llave a todos los diputados en el hemiciclo. Democracia al estilo Ayuso”.

Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. “Lo que ha pasado en la Asamblea es alucinante. Se ha repetido la votación aceptando lo que hemos denunciado esta mañana: que la votación no era válida por no haber quórum. Ahora no había ni 55 presentes, sino 36. ¡Y el presidente da por aprobada la ley! Es un fraude”.

La modificación del Proyecto de Ley del Suelo permitirá, entre otras cuestiones, suprimir la mayoría de las licencias y liberalizar el sector urbanístico. Con esta propuesta, el PP habrá modificado 16 veces la misma ley del Suelo. Los cambios fueron promovidos por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González cuando el rodillo de la mayoría absoluta permitía a los conservadores hacer y deshacer, sin necesidad de apoyos, para allanar ciertas operaciones urbanísticas que se topaban con la legalidad (Canalejas, Eurovegas…).

De aplicarse tal cual esta nueva Ley, cualquiera puede construir donde quiera, simplemente con una ‘declaración responsable’. No sería necesaria la licencia previa, ni estudio medioambiental, ni previsión de servicios (acometidas de agua, desague, luz, etc.). Tampoco otros como plazas escolares, suministros de consumo,… Ni siquiera controles de supervisión de materiales empleados, dimensiones de la estancias, espacios comunitarios, etc. Sin contar con lo que supone de pérdida de ingresos para los ayuntamientos, partidas fundamentales dentro de sus presupuestos.

 

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