A la Sanidad Pública española se la asfixia pero no se la dejará morir del todo, ya que entonces se secaría el pozo de donde hacer ganar dinero a las empresas de medicina privada

Fuente: https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/privatizacion-sanidad-publica-andalucia-fondos-empresa-pascual-cadiz/20200723154110177531.amp.html

Autor: José A. Brieva Romero, Antonio Vergara de Campo, Lola Martínez Ruiz, Bernardo Santos Ramos, Luis Lara García y Teresa Almagro Vilar. Miembros de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica y/o Marea Blanca.

La Junta de Andalucía deriva 15 especialidades médicas de Cádiz a tres hospitales privados de la empresa José Manuel Pascual Pascual.

Todos hemos visto recientemente como un ciudadano, en un país democrático, a pesar de avisar repetida y desesperadamente de la asfixia que sufría por la actuación de unos policías, fallecía finalmente por la persistencia de dicha actuación. Pues bien, algo así está ocurriendo con la Sanidad Pública española. La Sanidad Pública ha sido severamente golpeada por la Covid-19, una confrontación que ha demostrado tres cosas: 1) que la Sanidad Pública es el único sistema capaz de atender los problemas sanitarios graves de la población (compárese con la torera posición de perfil adoptada por la medicina privada nacional durante la pandemia); 2) que cuenta con la enorme capacidad de esfuerzo y sacrificio de sus trabajadores; y 3) que este sistema padece las enormes carencias causadas por años de recortes, privatizaciones, precarización e imprevisión por parte de las autoridades. A pesar de la contundencia de estos hechos, las administraciones, en la mayoría de casos dirigidas por el Partido Popular, siguen asfixiando implacablemente a la Sanidad Pública, como pone de manifiesto lo que en los últimos meses está ocurriendo en la provincia de Cádiz, que no es más que un ejemplo de lo que viene, y sigue, ocurriendo en múltiples puntos de España.

Esta lamentable historia se concreta a principios del mes de mayo, cuando el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ordena el ascenso de los hospitales de la empresa de medicina privada José Manuel Pascual Pascual, S.A. (con centros hospitalarios en Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María y Villamartín) a Áreas de Referencia para 15 especialidades médicas (que atienden la práctica totalidad de las enfermedades), para catorce poblaciones gaditanas, afectando a 280.000 personas. Esta decisión revela y ejemplifica la auténtica relación de fuerzas que mueve a las autoridades sanitarias públicas del país.

La empresa Pascual es el mayor “holding” de medicina privada de Andalucía. Por supuesto, nada hay que decir de la actividad privada de una empresa privada. El problema surge cuando, como en este caso, la empresa privada desarrolla la mayor parte de su trabajo en el sector público. Dicha empresa tiene una larga trayectoria en la provincia de Cádiz, habiendo mantenido una relación compleja con las autoridades, inicialmente de privilegio (homologación de hospitales concertados en zonas desabastecidas con puertas giratorias de por medio) y posteriormente conflictiva, como evidencian los numerosos contenciosos interpuestos entre ambas instituciones. Uno de los más sonados condujo a que al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía emitiera la Resolución de 2 de marzo de 2018 en relación al expediente sancionador ES-08/2016, por la cual se describe con dureza cómo la empresa Pascual ha actuado mediante el uso desleal e ilegal de su posición de dominio de mercado, lo que llevó a condenarla con una importante sanción económica. No se trata, por tanto, de una empresa colaboradora, sino más bien litigante y hostil, con respecto a la Sanidad Pública provincial. Por ello es más sorprendente aún la decisión actual de la Junta.

Pérdida del derecho de libre elección

La traducción real de la medida que en mayo (en medio de la pandemia) toma el SAS es la restricción de la libre decisión de los ciudadanos sobre sus problemas de salud. Hasta ese momento, los ciudadanos de estos pueblos, ante el hecho de tener que ser atendidos por una dolencia, podían decidir, junto con su Médica/o de Atención Primaria, libremente y directamente, acudir al Hospital Público de Referencia de su área (Hospital de Jerez, Hospital Puerta del Mar de Cádiz, Hospital de Puerto Real).  Este derecho desaparece con la Orden actual. La Junta afirma que sólo se trata de un cambio en el “módulo de citación”, una supuesta mejora administrativa. Pero eso no es cierto. Estas personas, cuando ahora necesitan ser atendidos para la mayoría de las enfermedades, tienen que acudir a los centros Pascual; la posibilidad de ser derivados directamente a los centros de la Sanidad Pública, como ocurría antes, está oficialmente dificultada, cuando no impedida en la práctica. Una primera conclusión es que a 280.000 gaditanos se les dificulta/impide decidir dónde quieren ser atendidos y tratados de sus enfermedades.

Por el contrario, los grandes beneficiarios de esta medida son los centros Pascual, que ahora son lo que decidirán qué hacer en cada caso. Como es sabido, los centros privados actúan según beneficios, seleccionando a aquellos pacientes con patologías “rentables”, asumiéndolos, y derivando las patologías complejas y costosas al sector público. Por tanto, esta medida otorga a la empresa privada derecho ampliado de selección de pacientes y, por tanto, desvía más fondos públicos para aumentar sus ganancias a partir de ahora.

Pérdida del derecho a la igualdad de acceso a la Sanidad Pública

Pero el derecho de libre elección no es el único de esta importante fracción de la población gaditana que resulta mermado por la Orden de la Junta. Al conferir el estatus de Áreas de Referencia a los centros Pascual de la provincia, la Junta asume que estos poseen la capacidad para resolver la mayoría, si no todas, las enfermedades derivadas. Es más, ya que con el nuevo sistema de citación, el acceso a los centros de la Sanidad Pública resulta dificultado/restringido, hay que concluir que, según la Junta,  la calidad asistencial de los centros Pascual y los centros de la Sanidad Pública es similar. Pero ¿es cierto esto?, ¿tiene la Junta constancia y acreditación suficiente de que la capacidad y calidad asistencial de los centros Pascual y los centros de la Sanidad Pública (Hospital Universitario de Jerez, Hospital Universitario de Puerto Real y Hospital Universitario Puerta del Mar) son las mismas?

Tomemos cualquier especialidad de las que se van a ser derivadas y analicemos su estructura y función en cualquier de esos Hospitales Públicos gaditanos. Cualquiera de ellas está integrada por facultativos especialistas (con formación MIR), una plantilla de enfermería entrenada y una dirección especialista seleccionados en concursos de concurrencia pública y contraste de méritos, que mantienen su actividad siguiendo criterios de trabajo en equipo y gestión clínica de calidad, con sub-especializaciones contrastadas, con sesiones clínicas y/o científicas diarias, sesiones anatomo-patológicas e inter-consultas con otras especialidades registradas, sistemas controlados de respuesta a hojas de reclamaciones, actividad docente de sus miembros tanto para alumnos de medicina y enfermería como para facultativos en formación MIR y, con frecuencia, con actividad científica evidenciada por proyectos competitivos financiados y publicaciones en bases de datos de ciencia médica. A esto hay que añadir el resto de personal técnico y auxiliar acreditado. Además, muchas de estas unidades y servicios han sido refrendadas por sistemas de acreditación externos (ACSA, ISO, etc.). Todos estos datos son accesibles y públicos. Por último, la estructura de los hospitales públicos cuenta con sistemas intramuros de apoyo de laboratorios, radiología, farmacia, anatomía patológica, medicina preventiva y otros servicios generales cuyo personal ha sufrido los mismos criterios de selección y calidad. Todo esto hace que el cuidado de los pacientes en los centros públicos esté adecuadamente garantizado con los mejores estándares.

La pregunta es: ¿existen estos sistemas de control y de garantías de la calidad (formación MIR, número, nombres de especialistas por centro y sus CVs, nombramientos por méritos, enfermería experimentada, modo de función, servicios de apoyo intramuros, sistemas de control de calidad, etc.) en los centros Pascual? La respuesta a esta pregunta es que no se sabe. ¿Conoce estos datos la Junta de Andalucía? Sería bueno que lo hiciera público. La Junta es la garante de la calidad de los servicios concertados, y puesto que ha decidido ascender la categoría de dichos centros a Áreas de Referencia, debe disponer de estos datos, de las inspecciones ordinarias desarrolladas recientemente en estos centros y del preceptivo Informe Propuesta de Homologación del nuevo estatus de los mismos exigidos en los Decretos 165/1995 y 69/2008, que le permitan promover el cambio ordenado. Estos documentos, que deberían existir, deben ser públicos, ya que ellos deben aclarar las incógnitas sobre la legalidad del cambio de categoría de los centros Pascual. De momento, lo que se puede concluir es que la mayoría de gaditanos (más de 800,000) disponen de centros públicos razonablemente acreditados mientras otros (280.000) son derivados a los centros Pascual, cuya acreditación, calidad y sistemas de control de la misma son desconocidos. Esta diferencia de acceso es una conculcación de la Ley General de Sanidad que establece la igualdad y equidad de acceso a la asistencia de todos los ciudadanos. La adopción de medidas que consagran la desigualdad e inequidad entre gaditanos es, además de inaceptable, ilegal.

Aspectos económicos de la medida

Llegados a este punto es importante considerar los aspectos económicos de la decisión de la Junta. Este análisis, como se verá, encuentra injustificado que una importante parte del Gasto Sanitario Público de Cádiz se derive a los centros Pascual, tal como viene siendo acordado entre el SAS y dicha empresa mediante sucesivos conciertos. Como es sabido, esta empresa, a través de sus centros venía ya atendiendo, aunque no como áreas referenciales, parte de la patología de los habitantes de catorce poblaciones de la provincia, a cambio de cantidades fijadas por el trabajo realizado, estimado en un número concreto al año de Unidades de Producto Concertado (unidades de medida del trabajo).

El primer motivo de esa falta de justificación se debe a la dificultad para determinar con precisión el volumen de trabajo realizado realmente por la empresa.  Esta dificultad ha sido reconocida por la Junta de Andalucía en varias resoluciones durante los últimos años (la última de ellas con fecha abril de 2020), sin que, hasta la fecha, el sistema de información de datos se haya modificado con eficacia demostrada para impedirla. En segundo lugar, estos conciertos contemplan una cláusula de “disponibilidad”, lo que permite a la empresa privada cobrar la totalidad de la anualidad fijada, aunque no haya realizado la cantidad comprometida de Unidades de Producto Concertado. Esto ha permitido que la mencionada empresa vaya a cobrar 43 millones de euros por trabajo no realizado en las últimas dos anualidades. En tercer lugar, los precios realmente pagados por el SAS a la empresa Pascual por las diferentes patologías asistidas son ciertamente opacos. No obstante, en la Resolución S01/2018 del CDCA ya mencionada, se especifica que los precios abonados por concierto a esta empresa durante años han sido 38%-40% más caros que los abonados a otras empresas similares, también concertadas con el SAS. Por último, no conocemos de la existencia de sistemas eficaces de control de los trabajos realizados por la empresa Pascual para el SAS, que eviten y alerten sobre posibles repeticiones innecesarias de exploraciones, citas o intervenciones, así como ingresos hospitalarios excesivos por retrasos diagnósticos y retrasos en los traslados a los centros públicos que finalmente afronten problemas clínicos severos o complejos que la empresa Pascual no asume, una eventualidad que puede tener consecuencias graves para los pacientes. Todos estos factores demuestran que, durante años, estos conciertos vienen costando demasiado a la Sanidad Pública gaditana y que carecen de controles eficaces exigibles.

En este contexto también es importante analizar el gasto en farmacia en la asistencia concertada en Cádiz entre el SAS y los centros Pascual, un componente estimado generalmente en el 25% del gasto sanitario. Además, el mercado farmacéutico está sujeto a potentes intereses comerciales, por lo que requiere de estrictos controles. Por ello, los médicos de los Centros de Salud y los Hospitales públicos, junto con los equipos de farmacéuticos correspondientes, trabajan en base a protocolos de tratamiento que derivan de muchas horas de estudio y debate, para adecuar y afinar al máximo las terapias a las características de los pacientes. Estos tratamientos están adecuadamente controlados y consensuados (uso auditado permanentemente en base a diversos indicadores de calidad e idoneidad). Por eso, sólo los médicos que trabajan en el Sistema Sanitario Público pueden hacer recetas con financiación pública. Al menos así era hasta hace poco más de un año, momento en que el SAS autorizó a los médicos de la empresa Pascual en Cádiz a utilizar el sistema de recetas del Sistema Público para derivar el gasto, aunque sin asumir ninguna regla de control conocida. Es decir, la utilización de los medicamentos que hacen los médicos de los centros Pascual es opaca porque sus recetas, aunque cargadas al Gasto Sanitario Público, no se incorporan a los sistemas de control público y se desconoce qué se prescribe, a quien se prescribe y la calidad de todo el proceso.

Mención aparte merecen los medicamentos hospitalarios, aquellos que no se prescriben en recetas, sino que son dispensados directamente desde los hospitales, en general de alto coste y complejidad. Actualmente, las prescripciones de los médicos de Pascual son dispensadas (y pagadas) por el Hospital del SAS de Jerez, de forma que la indicación del gasto se hace en la empresa privada sin sistemas de control conocidos, pero el pago efectivo se hace desde la Sanidad Pública. Parecería lógico que los servicios de farmacia de los hospitales Pascual asumieran el complejo trabajo de la dispensación de estos medicamentos y del seguimiento de los pacientes y por supuesto que asumiera su coste, como hacen otros entes privados concertados. Pero por increíble que parezca, los centros Pascual de Cádiz, que están ingresando dinero en exceso, más allá de las prestaciones clínicas que realiza, no asumen el coste de los medicamentos hospitalarios que utilizan en cada prestación, cuando deberían. La empresa Pascual cobra por atender a los pacientes, se afirma, “de una forma integral” (supuestamente incluyendo los fármacos que se usan en cada prestación concreta), pero se quita subrepticiamente de encima el coste de los fármacos que usa en sus prestaciones. Es decir, los fármacos de estos pacientes los pagamos todos nosotros dos veces.

Estos datos revelan que en dos epígrafes esenciales de gasto (asistencia y farmacia) incluidos en los conciertos con esa empresa, dos epígrafes que suman cantidades seguramente superiores a los 100 millones de euros anuales, existen claros elementos de sobrecoste y de falta de control adecuado y transparente.  Cabe pensar si la suma de los más que posibles sobrecostes reiterados y escasamente controlados a lo largo de los años, hubiera permitido de sobra, y desde hace tiempo, contar ya con centros públicos en Sanlúcar, El Puerto de Santamaría y Villamartín que evitaran la posición de dominio de mercado que, con frecuencia, adopta la mencionada empresa: ¿Cuánto tiempo más se va a mantener esta situación de posible “secuestro del regulador” y de sobrecostes innecesarios sobre al dinero de todos?

Conclusiones:

Nos encontramos, por tanto, con una situación en la que una parte de la población de Cádiz no puede ejercer su derecho a la libre elección a la asistencia sanitaria pública y es tratada de forma desigual con respecto al resto de la población de la provincia, unos hechos que se acompañan de que la Junta aumente con fondos públicos los beneficios de una empresa hostil y con la que ha contraído conciertos con sobrecostes y sin controles transparentes. Esta situación, que viene ocurriendo desde hace tiempo, se afianza e incrementa en medio de la pandemia, cuando más clara resulta la necesidad de reforzar y blindar la Sanidad Pública depauperada tras diez años de recortes, privatizaciones y precarización laboral. Es obvio que esta medida acentúa el detrimento de la financiación de los centros de la Sanidad Pública de Cádiz y aumenta la financiación de la empresa Pascual. Además, es conocido por lo acontecido en otras regiones de España con procesos de derivación a empresas privadas similares (Madrid, Valencia, Galicia), que esto se acompaña a medio plazo de recortes en la plantilla de los centros públicos afectados. Estos hechos han sido denunciados por asociaciones de protección de la ciudadanía (Mareas Blancas, ADSP, FACUA, APDHA, etc.), sindicatos de trabajadores (CCOO, UGT, Confluencia Sindical de la Bahía), partidos políticos (IU, Podemos, Adelante  Andalucía, PSOE) y numerosos alcaldes y corporaciones municipales de los pueblos afectados. La ciudadanía se ha mostrado en contra mediante concentraciones (día 20 de junio, frente al Hospital Puerta del Mar de Cádiz; día 27 de junio, frente al HARE de Vejer, día 18 de Julio frente al Centro de Salud de Rota) o marcha multitudinarias (día 1 de julio, marcha desde Trebujena y concentración ante el Hospital de Jerez). A fecha de hoy, el conflicto y la desafección de la población continúa.

Y cabe preguntarse ¿por qué hace algo tan “inconveniente” la Junta de Andalucía y, además, en medio de la pandemia de la Covid-19? La respuesta no puede ser otra que porque esta es su firme decisión política, seguir con los recortes en los centros de la Sanidad Pública y aumentar la derivación de fondos públicos al negocio de las empresas privadas. En definitiva, se trata de no dejar respirar a la Sanidad Pública a pesar de los repetidos y claros avisos de “asfixia”. Una situación parecida a lo ocurrido, no hace mucho, con un ciudadano de un país democrático, tras la actuación de unos policías. Pero hay una diferencia notable: a la Sanidad Pública española se la asfixia pero no se la dejará morir del todo, ya que entonces se secaría el pozo de donde hacer ganar dinero a las empresas de medicina privada.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

También te puede interesar