La principal fuente de financiación de los estados es un sistema recaudatorio de tributos que, en España, gestiona la Agencia Tributaria y garantiza la prestación de todos los servicios públicos. Estas aportaciones son obligatorias y están fijadas por ley. Nuestro sistema fiscal se basa en diversas circunstancias (renta, patrimonio, consumo, etc.) para estimar el tipo de aportación a las arcas públicas de cada contribuyente, obedeciendo a principios de igualdad y capacidad económica. Aunque existen diversos tipos de impuestos, sólo voy a referirme a los  que más nos afectan a los ciudadanos: Directos e Indirectos. Son impuestos directos, entre otros, Impuesto sobre la Renta (IRPF), Impuesto de Sociedades, Sucesiones y Patrimonio; y entre los indirectos, mencionar: IVA, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Los primeros se aplican sobre la posesión de un patrimonio o la obtención de una renta, y los indirectos se aplican de forma indiscriminada al uso que se puede hacer de la riqueza consumiendo (comprador), o transfiriendo (vendedor) bienes.

Hay pocos impuestos que sean justos. A nadie le gusta pagarlos y menos aún viendo cómo hay contribuyentes que, según en la comunidad en la que residan, pagan menos o nada. También mencionar que, muchas voces incluso dentro de la U.E., no ven con agrado la retención del IRPF a los pensionistas, porque no son rentas del trabajo. Doblemente injusto, sin duda. Vemos el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es el impuesto directo por excelencia, que en teoría recoge todas las rentas percibidas (no sólo las salariales), y se supone es el paradigma de la progresividad y al que se le asigna el papel de gran herramienta fiscal para la redistribución de la renta. En España sólo hay un 10% que declara recibir la renta más alta, por lo que podríamos considerar los “ricos” de esta sociedad. Es decir, que, según el IRPF, el que gane más de 3.250 euros brutos al mes puede considerarse «un rico de pleno derecho», porque sólo el 10 por ciento de nuestro país declara recibir una renta igual o superior a ésa; y sólo el 1% declara la renta más alta, que está definida a partir de una renta de 8.250 euros brutos al mes. Si alguno de los lectores de este artículo gana esa cantidad o una superior puede estar de enhorabuena. Pertenece usted al club de los «riquísimos», el 1 por ciento «más rico del país».

En España hay 100.000 personas que declaran situarse en ese tramo de renta. Conozco a muchas personas en esa situación y les puedo asegurar que ninguno de ellos tiene un yate ni un chalé de lujo. En cambio, sabemos también que hay miles de ellos -de yates y chalés de lujo, quiero decir- por toda la costa española cuyos propietarios, lamentablemente, no declaran estar en ese tramo del IRPF. El problema, por tanto, es que, la parte alta de la distribución de nuestro IRPF está casi vacía. Sólo los asalariados (trabajadores por cuenta ajena), en general, pertenecientes a la clase media y media-alta y que están sujetos al control de la Hacienda Pública, figuran en ese registro. Son los que no pueden ocultar a Hacienda lo que devengan; porque otros colectivos, como altos cargos de empresas, trabajadores por cuenta propia, y empresarios en general, sí pueden “desvirtuar” sus declaraciones. Lo verdaderamente cierto es que el tramo alto del IRPF lo paga la clase media asalariada. En cuanto a los impuestos indirectos (compra del pan o una vivienda), todos pagamos el mismo tipo fiscal, independientemente de la renta de cada uno. El problema lo tenemos en el fraude fiscal. La cifra alcanza nada menos que 20.000 millones de euros, es decir, más del 1,7% sobre el valor del PIB español. Sólo referido a la declaración de IRPF. Hay un informe que señala que, si le sumamos también el fraude en IVA y en el Impuesto de Sociedades, aumenta el porcentaje de fraude fiscal hasta el 3,5%-4% sobre el PIB, o lo que es lo mismo, 40.000 millones de euros, sin olvidar la economía sumergida.

En el punto de mira están ahora, una vez más en período electoral, el de sucesiones y donaciones. Hay que reconocer que hoy en día tiene innumerables exenciones y reducciones. Los partidos entran en una subasta para ver quién da menos, a pesar de que ni el Estado ni las comunidades autónomas podrían dar los servicios que prestan y que exigen los ciudadanos sin estas recaudaciones. Sin embargo, hay algún otro impuesto más injusto todavía. Me refiero al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Por comprar un solar se paga, por hacer la declaración de obra nueva, también. Si se compra una vivienda ya construida, se vuelve a pagar, lo cual supone grandes esfuerzos para unas capas sociales –por ejemplo los jóvenes– que van muy ajustadas económicamente; sin olvidar el préstamo hipotecario, que también tributa como acto jurídico, y no sólo por lo que se recibe, sino por la total responsabilidad del mismo. Quizás no es momento de quitar impuestos, pero de redistribuir y ver donde están los justos y los injustos, sí. Sin subastas.

Un sistema justo y eficiente se puede conseguir con un sistema fiscal más sencillo. Los impuestos deben garantizar la eficiencia económica, que nuestro país siga creciendo y compitiendo en un mundo cada vez más globalizado. Y deben ser progresivos, es decir, que proporcionalmente pague más el que más tenga.

      Miguel F. Canser

También te puede interesar