“Queda patente que en estos hechos intervinieron de manera decisoria Ignacio González y Luis Vicente Moro”, concluye el juez, que ha reclamado los ‘email’ de los empleados de las empresas Essentium y Assignia sobre la compra de Emissao

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el ‘caso Lezo‘, Manuel García-Castellón, considera que las pruebas obtenidas hasta el momento sobre la compra presuntamente fraudulenta por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao apuntan a Ignacio González como la persona que propició los primeros contactos del testaferro confeso Edmundo Rodríguez Sobrino con directivos de Essentium para iniciar el proyecto de inversión de adquisición de participaciones en la firma brasileña, por la que el propio González, Rodríguez Sobrino y otros imputados cobraron una mordida de 5,4 millones, según consta en un auto de 2 de julio, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Los avances en la investigación, resalta el magistrado, han permitido conocer que, desde un inicio y en connivencia con la empresa privada Essentium, la trama de González planificó un desvío de fondos públicos derivado de la operación de adquisición de Emissao, de unos 6 millones de dólares. Al final, la mordida fue de 5,4 millones de euros.

“Además, se ha constatado que, con anterioridad a los contactos de los responsables de Essentium con Edmundo Rodríguez Sobrino, este grupo empresarial desestimó su interés en la adquisición de Emissao”, explica el juez en el auto mencionado, en el que recalca que la decisión de participar en la adquisición de la firma brasileña surge del interés del Canal de Isabel II.

“Desvío de fondos”

Este es uno de los motivos por los que el juez considera que el pacto entre la empresa pública madrileña y la privada Essentium para comprar la empresa brasileña, y la posterior demanda interpuesta por los directivos de Essentium tras no respetar el Canal el acuerdo, pudo ser elaborado y firmado de una forma “artificiosa”, y con la única intención de que Essentium participara en el negocio: “Operación en la que desde sus inicios parece que se planificó un desvío de fondos públicos“, concluye el magistrado.

En este sentido, y como continuación de sus anteriores conclusiones sobre la irrealidad del acuerdo, el juez alude a un contrato de obra pública promovido por el Canal de Isabel II en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid, que fue adjudicado a Essentium, la firma que se benefició de una modificación del proyecto de la obra.

De forma paralela a la adjudicación de Rivas-Vaciamadrid Ignacio González se reunión con personas del entorno de Essentium-Assignia, como por ejemplo Susana Monje, Valentín Monje y el ex delegado del Gobierno del PP en Ceuta Luis Vicente Moro: “Lo que señala a Ignacio González como la persona que pudo haber intermediado para que Essentium obtuviera algún tipo de beneficio en relación al contrato en Rivas-Vaciamadrid, todo ello con la posible intención de conseguir que Essentium depusiera sus intenciones de demandar a Inassa”, la filial latinoamericana del Canal, según el auto de 2 de julio.

Carácter compensatorio

García-Castellón considera que las pretensiones de Essentium de obtener parte de la comisión originada en en un desvío de fondos públicos, y su exclusión de la operación, ponen de manifiesto que todo lo relacionado con el contrato público de Rivas-Vaciamadrid podría tener un carácter compensatorio.

La declaración de Diego García Arias, uno de los principales imputados, que ha reconocido los hechos y su participación en el cobro de la mordida confirma estas conclusiones del juez García-Castellón.

En su testimonio, en el que dijo que González fue el principal beneficiario de la comisión presuntamente ilegal con 1,5 millones de euros, también dijo que el contrato del Canal en Rivas fue adjudicado a Essentium para que fuese resarcida económicamente por haberse quedado fuera de la operación.

Diego García Arias también declaró que, ante las presiones de Susana Monje (Essentium) a Edmundo Rodríguez para interponer una demanda por incumplimiento de un acuerdo, el expresidente de Inassa le llegó a transmitir que Ignacio González tenía intención de frenar estas acciones legales compensando a Essentium con el contrato en Rivas-Vaciamadrid.

“Queda patente que en estos hechos que se investigan intervinieron de manera decisoria, entre otros, Ignacio González, Susana y Valentín Monje y Luis Vicente Moro”, concluye el juez, que ha detectado que algunos correos electrónicos de importancia para la causa no fueron enviados desde las cuentas de correo de los estos.

Este es el motivo por el que el magistrado ha acordado que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedan a los correos electrónicos de las empresas Essentium y Assignia para esclarecer los hechos e identificar a los responsables de la mordida. (Voz Populi – Tono Calleja)

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