Por suerte, en la actualidad, la protección del medio ambiente se ha configurado como un valor, como una necesidad, como un eje estratégico en la acción política de cualquier gobierno, y si se me permite, se ha configurado como una obligación de quienes tienen la responsabilidad y capacidad de llevar a cabo medidas y actuaciones encaminadas a lograr dicho fin.

Cada día más gente es consciente del elevado impacto del ser humano sobre el medio ambiente, y la necesidad de hacer algo para controlarlo y reducirlo. Se podría decir que la conciencia social en materia medio ambiental es creciente y sirve de empuje y, en muchos casos, de acicate para que nadie permanezca de brazos cruzados ante una realidad a la que hay que hacer frente. La sociedad empuja y las administraciones debemos estar a la altura.

Es habitual escuchar por parte de las administraciones, los gobiernos e incluso los diferentes partidos políticos, como anuncian su firme compromiso con la protección del medio ambiente. Pero coincidiréis conmigo en que no es lo mismo anunciarlo, que demostrarlo. Lamentablemente, en más ocasiones de las deseables, existe una gran distancia entre las palabras y los hechos, o entre los hechos para un fin y el resultado obtenido.

Se presupone una buena intencionalidad en cualquier medida encaminada en mejorar y proteger el medio ambiente pero, por ejemplo, de nada sirve el anunciado compromiso de la Comunidad de Madrid con el medio ambiente si después el Parque Regional del Sureste parece más un vertedero que el espacio natural protegido que debería ser; o de poco sirve que el Ayuntamiento haga el esfuerzo de plantar 500 árboles si no se hace el seguimiento para garantizar su conservación. En definitiva, no consiste en compromisos de boquilla o actuaciones puntuales, se trata de planificar, de tener una estrategia medio ambiental, unas actuaciones y medidas englobadas en un todo. Se trata de la necesidad de impulsar una nueva forma de actuar en el mundo, que tiene su traducción en la Agenda 2030, ya conocida como el nuevo contrato social global, como firme compromiso con la sostenibilidad desde el punto de vista económico, social y medioambiental.

Por tanto, las políticas medioambientales deben ser un eje prioritario en la acción de gobierno, y ello debe tener su traducción en la estructura municipal, cosa que a día de hoy no ocurre en nuestro Ayuntamiento. Sería positivo, por tanto, contar con una Concejalía de Medio Ambiente, como venía ocurriendo en legislaturas anteriores, y que fuese de la mano de la Sostenibilidad, para avanzar en ese compromiso que no solo nos implica en el presente sino que incidirá en el futuro.