Hace unos días, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba su intención de modificar la Ley de Suelo en la Comunidad de Madrid. En un intento de hacer algo novedoso para potenciar económicamente a la región ante la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del COVID-19, el PP de la púnica ha hecho lo mismo que en el pasado: apostar por la especulación inmobiliaria en la región con mayor densidad de población de toda España. ¿Qué puede salir mal?

Lamentablemente para nuestra región, muchas cosas pueden salir mal. Con esta nueva reforma de la Ley de Suelo nuestra comunidad autónoma da un paso mas en la liberación del suelo y facilita en gran medida la obtención de nuevas licencias urbanísticas. Por supuesto, la medida no contempla entre sus objetivos la protección del medio ambiente regional ni mucho menos objetivos sociales para mejorar la vida de los madrileños y madrileñas y atajar, por ejemplo, la burbuja del mercado del alquiler que asfixia a tantas familias. Tiene como principal objetivo dar rienda suelta a las grandes empresas del lobby inmobiliario. En otras palabras: están haciendo lo mismo de siempre.

Y por si esto fuera poco, Isabel Díaz Ayuso ha optado por un camino completamente antidemocrático tramitando la reforma por la vía de urgencia y negando de esta forma el debate político y el debate público sobre al misma. La Ley no se debatirá en un pleno autonómico, no se escucharán las voces de los agentes sociales del sector inmobiliario, ni tampoco a las administraciones locales presentando nuestras opiniones o propuestas, ni siquiera explicarán por qué defiende la especulación frente al medioambiente.

Un procedimiento opaco que puede ser terrible para la ciudadanía madrileña. En el ámbito local nos afectará de forma muy notable ya que esta nueva reforma elimina la supervisión por parte de los ayuntamientos para la “conversión” de la utilidad de un edificio. Esto implica que los grandes tenedores de viviendas podrán declarar un bloque de pisos de uso turístico con mucha facilidad, afectando a la convivencia del barrio de manera sustancial. Otro factor importantísimo es que puede afectar al derribo de bienes inmuebles patrimoniales que no estén registrados (y esto ocurre mucho en los municipios de la Comunidad de Madrid, sobre todo en los más pequeños que carecen de recursos).

Desde Rivas sabemos bien que se puede apostar por un crecimiento demográfico y se puede construir vivienda sin dejar de lado el medio ambiente y sin dejar de lado los derechos sociales. La formula es muy sencilla y pasa por legislar ofreciendo transparencia a nuestra ciudadanía, pasa por no robar los fondos públicos, pasa por apostar por modelos de empresas públicas de vivienda como la EMV de Rivas y pasa por hacer política facilitando la participación de la ciudadanía, de la oposición y de las entidades que conforman nuestra sociedad. No es un trabajo fácil, en Rivas lo sabemos, pero hay que estar a la altura de la gente que nos eligió para representarles.

Por eso, desde el Grupo Municipal de Podemos Rivas hemos presentado alegaciones que se unen a las presentadas por el Grupo Parlamentario autonómico de Unidas Podemos Izquierda Unida, a las de la sociedad civil, a las de colectivos como la PAH y a las de muchos otros muchos municipios con representación en sus ayuntamientos para tratar de frenar este sin sentido. La ciudadanía madrileña se merece algo más que repetir una fórmula fracasada que abandona el cuidado de medio ambiente, que aumenta las desigualdades sociales y que pone por delante los beneficios de los grandes lobbys frente a la vida. Es la hora de poner la vida por delante. Es la hora de construir una región en la que merezca la pena vivir. Es la hora de construir una Comunidad de Madrid más sostenible respetando nuestro entorno.

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