El TCE es un tratado multilateral de inversiones en el sector
energético concebido a finales de los años 90 y ratificado
actualmente por 53 países de Europa, Asia Central y Japón.

El Tratado, que nunca se ha sometido a un debate público
significativo, funciona como el anillo único de la trilogía de El
señor de los anillos —“Un anillo para gobernarlos a todos”— , ya
que otorga a las grandes empresas un enorme poder sobre
nuestros sistemas energéticos, como la facultad de demandar a
los Gobiernos, lo cual podría entorpecer la transición hacia las
energías renovables. El TCE se encuentra en proceso de
ampliación, lo cual amenaza con que aún más países se vean
maniatados por unas políticas energéticas que favorecen a las
grandes empresas, garantiza a las corporaciones poderes para
frenar la transición energética.

Sabemos lo que tenemos que hacer para resolver la crisis
climática: mantener el carbón, el petróleo y el gas bajo tierra.
Pero la industria de los fósiles tiene un arma secreta para seguir
cocinando el planeta: el Tratado sobre la Carta de la Energía
(TCE). El Tratado está a punto de experimentar una enorme
expansión geográfica, en África, Asia y América Latina, lo cual
amenaza con obligar a más países a perpetuar unas políticas
energéticas favorables a las grandes empresas.

El TCE constituye una grave amenaza para el interés público,
debido a su incompatibilidad con el objetivo de limitar el
incremento de la temperatura global en 1,5 ºC del Acuerdo de
París sobre el clima, con las políticas necesarias para la transición
energética justa y con otras medidas imprescindibles de políticas
públicas. El TCE pone en peligro los objetivos contenidos en el
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la
propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Es un acuerdo extremadamente asimétrico, que otorga grandes
privilegios a corporaciones e inversores del sector de la energía.
El TCE contiene muchas normas, pero son las disposiciones que
protegen las inversiones extranjeras en el sector energético ─
tales como las cláusulas de solución de conflictos inversor-Estado
(ISDS)─ las especialmente preocupantes. Dichas disposiciones
instauran unos tribunales de arbitraje privados, compuestos por
tres abogados especializados en derecho comercial
internacional, que funcionan al margen de los tribunales públicos
existentes, en un proceso opaco por el que los inversores
extranjeros pueden demandar a los Estados cuando éstos
ejecutan medidas que afectan a sus intereses económicos, y
reclamar por ello cifras desorbitadas de dinero público.
Resumiendo un tribunal al margen de los tribunales de justicia
nacionales y europeos. A medida de las multinacionales del
carbon y del petróleo.

Ningún acuerdo de comercio e inversiones del mundo ha dado
lugar a tantas demandas inversor- Estado como el TCE. En marzo
de 2020, el número total de demandas ISDS conocidas
interpuestas bajo este tratado había alcanzado la alarmante cifra
de 1292. A finales de 2019, los diferentes gobiernos ya habían
sido condenados a pagar más de 52 mil millones de dólares,
cantidad equivalente a la inversión anual necesaria para
proporcionar acceso a la electricidad a personas que carecen de
ella a escala mundial. El Reino de España es, a día de hoy, el más
demandado bajo el TCE, acumulando un total de 47 denuncias,
de las cuales, 16 ya se han resuelto a favor del inversor. Esto
supone 1.046 millones de euros.

Son numerosos los casos de demandas de inversores extranjeros
a Estados signatarios del TCE por la adopción de medidas
encaminadas a la acción climática y la protección ambiental.
Desde la reciente amenaza de demanda millonaria de Uniper y
RWE contra Holanda tras la aprobación de una ley para el cierre
de las centrales de carbón para generación eléctrica en 20306,
hasta la demanda de la multinacional sueca Vattenfall contra
Alemania en 2009 por regular la protección de la calidad del agua
y de la biodiversidad en una planta eléctrica de carbón por valor
de 1.400 millones de euros, o la demanda de Rockhopper contra
Italia en 2016 por la prohibición de nuevos proyectos de
perforación de petróleo en sus costas por valor de 40-50
millones de dólares.

El TCE es propenso a ser objeto de abuso por parte de empresas
pantalla o fantasma (mailbox companies), que por lo general solo
existen sobre el papel y se suelen usar para la evasión de
impuestos y el lavado de dinero. Por ejemplo, 23 de los 24
inversores ‘neerlandeses’ que han presentado demandas en
virtud del TCE* son empresas pantalla. Entre ellas, se cuentan
Khan Netherlands (utilizada por la compañía minera canadiense
Khan Resources para demandar a Mongolia aunque Canadá ni
siquiera es parte del TCE) e Isolux Infrastructure Netherlands y
Charanne (ambas usadas por los empresarios españoles Luis
Delso y José Gomis, dos de los españoles más ricos, para
demandar a España). Dado que la definición de ‘inversor’ e
‘inversión’ que establece el Tratado es excesivamente amplia, los
Estados pueden ser demandados por inversores de todo el
mundo, incluso por sus propios ciudadanos.

Los acuerdos y las demandas de inversores que ha posibilitado
también podrían convertirse en blanco de los tribunales de la UE.
Más países podrían seguir el ejemplo de Rusia e Italia, que ya le
han dado la espalda al TCE. Y España ¿Qué?