La ocupación ilegal es un problema creciente que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española (artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes.

La presidenta del Partido Popular ripense se ha reunido con un grupo de vecinos afectados por la ocupación ilegal de un inmueble muy próximo a sus viviendas. En varias ocasiones ha tenido que personarse en el domicilio la Guardia Civil y la Policía Local por las molestias ocasionadas al resto de vecinos e incluso por el intento de sustracción de un coche que se encontraba en la vivienda ocupada y propiedad de los dueños de dicho inmueble.

“Es necesario reforzar el ordenamiento jurídico vigente para proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio”- ha explicado la portavoz de los populares ripenses.

Janette Novo ha remarcado que “es muy importante que la autoridad pública o sus agentes puedan desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses, como llevan estos vecinos padeciendo las consecuencias negativas que la ocupación irregular de este inmueble trae para la convivencia y la seguridad en la zona, además del derroche de agua y luz por parte de quienes no abonan el coste de estos suministros”.

Han proliferado las bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente. “Por eso hay que tomar medidas urgentes y entre ellas debe considerarse nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal. No se debe empadronar en el municipio a quienes están ocupando una vivienda de manera irregular, no se puede legalizar lo ilegal” -ha manifestado Novo.

“Desde el Partido Popular de Rivas, manifestamos un compromiso firme con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Ese compromiso es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda” -ha remarcado la portavoz popular.

“En aras de conseguir una mejor convivencia vecinal y proteger la seguridad de las personas y sus bienes, debe aprobarse de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas” -ha añadido la presidenta del Partido Popular de Rivas.

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