La junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado este lunes el último borrador de Hacienda para poder utilizar los ahorros de los Ayuntamientos, unos 14.000 millones, para la lucha contra los efectos de la pandemia. Tras cuatro aplazamientos de la votación y cuatro versiones del documento, la FEMP ha admitido finalmente el proyecto del departamento de María Jesús Montero. A pesar de esto, los alcaldes lo avalaron por la mínima, gracias al sí del PSOE y la abstención de Unidas Podemos-Comuns —una decisión que tomó la noche del domingo—. En la votación hubo un empate entre los 12 votos socialistas y los 12 del PP, Ciudadanos y JuntsxCat, que se salvó con el voto de calidad del presidente del organismo y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero.

La crítica de la oposición, férrea con cada uno de los borradores de Hacienda, no se hizo esperar. Los populares calificaron el acuerdo como una “expropiación” y pedirán la comparecencia de Montero en el Congreso. Dentro del texto, que se elevará al Consejo de Ministros, el Gobierno ofrece a los municipios un fondo de 5.000 millones (2.000 para este año y 3.000 para 2021), además de devolverles sus remanentes al 100% en un plazo de diez años.

El voto crucial siempre estuvo en los socios minoritarios del Gobierno de coalición: el grupo municipalista IU-Unidas Podemos-Comuns. Su representante, el alcalde de Izquierda Unida de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura, mantuvo los contactos con el ministerio. Pese a que su formación considera que hay “una mejora sustancial”, las concesiones de Montero no fueron suficientes como para dar el sí al texto. Sin embargo, en esta ocasión se inclinó por la abstención al entender que “todavía pueden introducirse esos cambios en la vía parlamentaria”, cuenta el regidor madrileño. La ajustada votación rompe con el consenso y la unanimidad que han caracterizado a la FEMP en los últimos 35 años.

La llave la tenía el portavoz de IU-Podemos y alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura, que, después de varios días en el no, al final se decantó por la abstención. Eso propició un empate que deshizo el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, con su voto de calidad.

El documento final no se concretó hasta el mediodía del domingo. El presidente de la FEMP considera que el acuerdo de este lunes es “muy bueno”. “Esto beneficia transversalmente. El documento es prácticamente el mismo que se presentó el viernes y que, ante la falta de apoyos, obligó a la FEMP a mover la fecha de la votación por enésima vez.

En este nuevo borrador, Hacienda cambia el enredado mecanismo para poder utilizar los ahorros de los municipios —los Ayuntamientos no los pueden utilizar por una ley de 2012 y una reforma en la Constitución—. En la propuesta aprobada, el Ejecutivo se compromete a regresar el 100% de los remanentes en una década y, además, entregará 5.000 millones a fondo perdido a los Ayuntamientos como un plus.

El acuerdo establece la prórroga del sistema del superávit y mantiene las entregas a cuenta. Además, ha indicado que habilita un fondo de transporte de 400 millones de euros y garantiza que «las entidades locales puedan participar en los fondos de recuperación de la Unión Europea (UE)».

Otro punto clave es el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez de aprobar durante la legislatura una reforma en el sistema de financiación de los municipios. Además, en el borrador se contempla que las entidades locales participen en el reparto del fondo europeo aprobado en Bruselas, del que España recibirá un total de 140.000 millones. Hacienda, por otro lado, facilitará 275 millones, ampliables a 400, para compensar el déficit en los servicios de transporte de los municipios, después de que estos cayesen drásticamente en los días de confinamiento durante el estado de alarma.

El acuerdo se sustenta en el uso de los remanentes o el superávit, que los alcaldes no pueden tocar desde hace años por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, más conocida como la ley Montoro. Hacienda propone que los ayuntamientos presten voluntariamente esos remanentes al Estado hasta alcanzar un máximo de 14.000 millones de euros. Después, ese dinero se devolverá para destinarse a obras en materia de movilidad, agenda urbana, cultura o acción social. Los ayuntamientos recibirán 5.000 millones en 2020 y 2021 y el resto, en 10 años. Para incentivar la adhesión al fondo, el Ministerio aporta otros 5.000 millones de los Presupuestos Generales del Estado.

Y ahí está el problema. Solo los municipios que hayan prestado sus ahorros pueden beneficiarse de estos 5.000 millones, circunstancia que deja sin dinero a Zaragoza, entre otras localidades. La capital aragonesa, que cerró 2019 con unos remanentes de 40 millones de euros, debe destinarlos por obligación legal al pago de facturas y revisiones de precios de contratas públicas pendientes desde hace varios años. Además de Zaragoza, salen perjudicados municipios como Granada, Murcia, Cádiz o Lérida.

El grupo Unidas Podemos introdujo una resolución, también aprobada, para crear un grupo de trabajo dentro de la FEMP que busque una salida para las localidades que no tienen ahorros. Caballero sale al paso y asegura que las corporaciones municipales con problemas financieros podrán acceder a los recursos del fondo europeo.

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