La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia ha comenzado a sacar a subasta pública los bienes intervenidos en la clínica de iDental en Rivas Vaciamadrid (Madrid), con el objetivo de recaudar el dinero necesario para indemnizar a los afectados por el presunto fraude de esta cadena dental, según informa Europa Press. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso aseguran que la mayoría de los bienes están ya embargados y que será muy difícil que los afectados obtengan indemnizaciones.

De acuerdo con la información de Europa Press , «en los próximos días» se iniciará la venta de otros bienes de clínicas de iDental ubicadas en Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. En total, la compañía contaba con hasta 24 clínicas, todas ellas cerradas tras las denuncias de fraude.

Según las pujas actuales ya formuladas, la primera tanda de subastas, que concluye este jueves, podría recaudar en total más de 82.000 euros. Incluye equipamiento médico y de laboratorio como tres equipos de rayos X (de entre 450 y 8.600 euros), casi una veintena de micromotores, cinco autoclaves, incubadoras, motores de implantes o localizadores de ápices, mobiliario, material de oficina, etc. Hornos cerámicos de 650 a 3.100 euros; soldadoras, recortadoras de modelos, mesas de aspiración, fresadoras dentales, fresadoras o bombas de vacío

El pasado 24 de mayo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José De La Mata, puso fin a la instrucción de la primera pieza separada del ‘caso iDental’, y propuso juzgar a la que fuera su cúpula directiva por 24 delitos contra la Seguridad Social, que causaron presuntamente un perjuicio a las arcas públicas de 23,6 millones de euros.

El magistrado ve indicios suficientes para sentar en el banquillo a los primeros administradores de iDental, Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco, junto a los posteriores propietarios, Luis Sans Huecas y los hermanos José María y Juan Garrido López, así como a quienes entiende fueron sus colaboradores, José Luis González y Domingo Bejarano.

Los afectados finales, además de la Hacienda Pública y la entidad financiera Bankia, son los pacientes. En enero de 2018, constaban más de 8.500 denuncias en Consumo por las prácticas de iDental, aunque las fuentes jurídicas consultadas calculan que en la actualidad podrían superar con creces esta cifra.

Al cierre del año pasado, el juez De La Mata había abierto ya 1.500 piezas separadas en la causa, una por paciente identificado. La instrucción apunta que iDental engañaba a sus clientes haciéndoles contratar préstamos para financiar sus tratamientos dentales con supuestos descuentos de hasta el 80 por ciento, a costa de inflar el presupuesto y basándose en supuestas subvenciones de organismos públicos estatales inexistentes y políticas muy agresivas de marketing.

De este modo, tratamientos que debían ejecutarse en cuestión de meses, se prolongaban hasta dos años, plazo durante el que las clínicas se garantizaban que la entidad financiera que respondía por el tratamiento del paciente seguía pagando las cuotas. Con algunos clientes no llegaron a completar la asistencia contratada. A otros, la mala praxis en las clínicas les ocasionó lesiones e incluso contagios.

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