Frente al problema cada vez mayor de acceso a la vivienda en las grandes capitales del país, las promotoras inmobiliarias creen esencial aumentar la oferta residencial. Por ello, en una jornada organizada por la asociación de promotores y constructores de España (APCE), instaron al Gobierno a agilizar los plazos de concesión de licencias de obra. Una petición que recogió el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, quien detalló que el Ejecutivo se encuentra trabajando sobre un proyecto de ley que ataje esta problemática.
“En Valencia, Madrid o Alicante, las licencias de obra pueden demorarse hasta 18 meses, más incluso de lo que tarda en levantarse una promoción”, explicó el presidente de la APCE, Juan Antonio Gómez-Pintado. Una situación que, en su opinión, hace que los plazos se alarguen en exceso, lo que redunda en una menor oferta y por tanto en un incremento de los precios.
El secretario de Estado reconoció que ese “problema de raíz” podía afectar a la oferta y confirmó que el ministerio trabajaba junto con el Consejo Superior de Arquitectos y los propios técnicos municipales para encontrar la manera de agilizar estos procesos. Gómez-Pintado llamó a modernizar y digitalizar todavía más la Administración y puso como ejemplo de éxito el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
La complejidad de la limitación de precios
El número dos del Ministerio de Fomento, Pedro Saura, subrayó la “complejidad desde un punto de vista legislativo y técnico” de limitar los precios del alquiler. La decisión del PSOE de no incluir esta medida en el decreto de medidas urgentes sobre vivienda fue la principal razón por la que Unidos Podemos tumbó el texto en el Congreso este pasado martes. Tras participar en la jornada de la APCE, Saura dijo que para sacar esta medida adelante es preciso “un sólido estudio jurídico y económico”, porque de lo contrario, avisó, “podríamos generar un problema mayor que desincentive la oferta”.
La secretaria de Estado de Vivienda, Helena Beunza, destacó el empeño del Gobierno en virar la política de vivienda protegida hacia un modelo centrado en el alquiler y ya no en la propiedad y citó, a tal fin, el plan de 20.000 viviendas que la empresa pública Sepes construirá, con la vista puesta en “replicar ese modelo en futuras colaboraciones publico-privadas”. El reto, dijo Beunza, está en ofrecer “una estructura jurídica y fiscal lo suficientemente atractiva” para que el sector privado entre en el mercado del alquiler asequible.
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