La Cooperativa Obrera de Viviendas Baratas, creada en 1978, se considera unos de los proyectos cooperativos más importantes de España. Su ideólogo  y promotor fue Armando Rodríguez Vallina, urbanista formado en la Sorbona y contó con el apoyo logístico inicial del sindicato CCOO. Está compuesto por más de 4.500 viviendas, que se entregaron en sucesivas fases desde 1983 hasta 1994.

La Cooperativa Covibar se ha venido gestionando desde entonces, mediante un Consejo Rector, elegido por los socios y que se renueva (parcialmente) cada cuatro años. El Consejo actual está compuesto por doce miembros y se renovó íntegramente en 2009, después del abandono o cese del Consejo anterior al completo.

En estos días, desde el inicio del estado de alarma, se viene ‘cociendo’ una nueva crisis en el Consejo de la Cooperativa, y en parte como consecuencia de decisiones y actuaciones de miembros del mismo. Se da la circunstancia que varios de los consejeros han estado ingresados en unidades de vigilancia por ser directamente afectados por el Covi-19.

El pasado día tres, el Consejo de la Cooperativa, reunido en sesión telemática votó la reprobación y apertura de expediente de expulsión de dos de los consejeros: Fabriciano Requejo, vicepresidente y coordinador de Cultura de la cooperativa, y a Antonio Vargas, coordinador de Patrimonio. Los miembros del Consejo votaron mayoritariamente a favor de dicha expulsión.

El Presidente de la Cooperativa y del Consejo Rector, Jorge García Machón, lo explica en una carta dirigida a todos los socios cooperativistas. Las razones de la expulsión, que se indican en la carta son: por la repetida, voluntaria, deliberada y dolosa comisión de presuntas infracciones muy graves y graves de los Estatutos, que van desde el acoso laboral a un trabajador, coacciones, usurpación de funciones al Presidente, trato desconsiderado e injurias a los consejeros, no guardar el debido secreto a las deliberaciones del Consejo, no respetar los acuerdos, etc.

La apertura del expediente de expulsión supone la desposesión de todos los derechos como cooperativista y la expulsión definitiva de la Cooperativa, si esta se confirma, con la perdida de la condición de socio y todos los derechos adquiridos. El procedimiento puede alargarse hasta en un año y medio. Los expedientados tienen derecho a exponer sus argumentos y descargo en una asamblea general de socios, prevista inicialmente en junio, pero que por motivos de las normativas de prevención por coronavirus, no podrá celebrase, por lo que no hay  fecha prevista.

Al habla desde ZARABANDA con F. Requejo, este dice que “todas las acusaciones son infundadas, asumí alguna decisión que había que tomar urgente, para eso soy el vicepresidente y el presidente estaba ingresado en la UCI”. “Me puse a favor de los comerciantes arrendatarios, porque considero que la Cooperativa (arrendadores) tenían que negociar acuerdos en los alquileres ante la situación de confinamiento”. “Estuve del lado de los trabajadores porque consideraba innecesario el ERTE puesto que la Cooperativa tiene solvencia económica”,… “Ninguna de las razones del expediente se sostienen y tendrán que argumentarlas ante la asamblea de socios y/o ante los tribunales, estoy decidido a que se haga justicia y reestablecer mi honorabilidad”.

Miembros del actual Consejo nos dicen que, “el Presidente J. García advirtió a F. Requejo que no estaba dispuesto a delegar sus funciones”. También que “a pesar del ERTE la Cooperativa estaba decidida a facilitar los mecanismos, para que ninguno de los trabajadores tuviera problemas al tener que afrontar sus pagos”.

Desde ZARABANDA lamentamos las desavenencias en el equipo gestor de la Cooperativa, porque en estos más de diez años, personas como Fabriciano Requejo, Melitón Quilez y el resto de los consejeros han puesto en las cotas más altas, la gestión patrimonial, cultural, comunicativa, finanzas, etc., de ese proyecto cooperativo como es Covibar.

Foto ZARABANDA de miembros del CR junto a A.Rodriguez Vallina, Victor Manuel y Ana Belén, en su última visita a Covibar.