En 1977 la asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como el Día internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz internacional. Fueron muchos y reiterados, los acontecimientos reivindicativos llevados a cabo por las mujeres desde años atrás en busca de mejora de derechos laborales, los que propiciaron esta decisión.

Cada año desde entonces se celebra este día; aunque poco a poco ha ido perdiendo su carácter exclusivamente obrero, pasando a ser una jornada en la que se reclaman los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, llenándose de actos de visibilización y reivindicación de la igualdad.

En Ciudadanos trabajamos día a día para avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad no se logra con eslóganes sino con políticas públicas que corrijan los problemas estructurales que causan la desigualdad: el mercado laboral, la conciliación, o la imposibilidad de formar una familia sin que se vea afectada la carrera profesional. Nuestro compromiso es firme y así lo venimos demostrando, desde mayo del 2015, con  nuestra acción política en las instituciones.

Hoy, gracias a ella, los padres disfrutan de dos semanas más en los permisos de paternidad y las madres autónomas tienen más ayudas. Queda mucho por hacer, sin duda, pero hemos avanzado mucho, y eso tampoco hay que obviarlo.

Este mes, avanzando en esa dirección que es la política útil, desde Ciudadanos hemos presentado una Proposición no de Ley en la Asamblea de Madrid relativa a “La Prevención y detección del acoso y difusión no consentida de imágenes íntimas por redes sociales y nuevas tecnologías”. En apoyo a esta iniciativa todos los grupos municipales de la Comunidad de Madrid hemos registrado mociones en nuestros respectivos ayuntamientos y he de decir que con una muy buena acogida, sin ir más lejos en nuestro municipio se ha convertido en Declaración Institucional.

La intención es prevenir y actuar sobre un nuevo tipo de violencia que ha aparecido en paralelo a las nuevas tecnologías, que golpea sobre todo a adolescentes y a mujeres, consistente en patrones de control o sometimiento, disfrazados de muestras de amor. Acoso en definitiva, que se lleva a cabo a través de llamadas, mensajes o vigilando los perfiles de las redes sociales de los usuarios. Delitos como la difusión de imágenes no consentidas o prácticas como la ‘sextorsión’, en definitiva actuaciones que van en contra de la libertad individual.

Con la reforma del Código Penal pueden perseguirse ciertos comportamientos de control o acoso, pero la respuesta penal es el último eslabón de la cadena, desde los ayuntamientos, la institución más cercana al ciudadano, tenemos la obligación de prevenir, sensibilizar y proteger a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad: menores de edad, mujeres y personas con diversidad funcional. Como dispone nuestra Constitución: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”

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