Hoy, casi diez años después del 15M, Podemos se ha convertido en un actor determinante en la política española, presente en el primer Gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia. La crisis de 2008 hizo saltar por los aires los consensos sociales que habían articulado el sistema político desde 1978. Con el 15M se inició un ciclo impugnatorio de amplia movilización social, con un nuevo sentido común antioligárquico que vino acompañado de un punto de pulsión constituyente, imprescindible para la articulación del nuevo espacio político que Podemos representa.

Sin embargo, ningún cambio ni progreso se ha llevado a cabo nunca en la historia sin la resistencia de los viejos poderes. Desde el nacimiento de nuestra formación, los ataques para desacreditarnos han sido constantes. La Marcha del Cambio de enero de 2015 marcó probablemente el momento de mayor percepción social de la fuerza de Podemos, pero inmediatamente después nos vimos abocados a una guerra de desgaste de unas dimensiones desconocidas, que tomó la forma de una guerra sucia de nuevo tipo. Las cloacas del Estado al servicio del poder económico y con la cobertura de los imperios mediáticos, mediante acciones legales e ilegales, pretendieron subvertir el proceso democrático.

El espionaje y la elaboración de informes policiales falsos para desacreditar a representantes de Podemos, que se filtraban a través de medios y de periodistas afines a las cloacas, derivaron en acusaciones de delitos graves: informe PISA, montaje a Vicky Rosell, documentos falsos sobre cuentas en paraísos fiscales, Venezuela, Irán… El final de todas estas causas es conocido: hasta catorce querellas contra Podemos y sus dirigentes se han archivado desde 2015. De hecho, muchas de las catorce querellas archivadas fueron interpuestas por la cúpula de Manos Limpias, y fue detenido su secretario general, a quien se acusó, entre otras cosas, de pertenecer a una organización criminal.

Uno de los ejemplos más sangrantes de las cloacas fue el caso contra Vicky Rosell, que le impidió concurrir a las elecciones del 26 de junio de 2016, donde partía como favorita de su circunscripción, alterándose así el proceso democrático a través de un montaje. Tras un intricado proceso judicial, no solo se archivó la causa contra Rosell, sino que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenó a seis años y medio de prisión al juez Alba por conspirar contra ella para favorecer al exministro del PP José Manuel Soria, pendiente de resolución definitiva por parte del Tribunal Supremo.

Pese a esto, el daño que hacen horas y horas de tertulias, portadas escandalosas y telediarios no se repara con el archivo sistemático de los casos. El juicio mediático, a la hora de instalar relatos, pesa siempre más que el final de los procedimientos judiciales.

Cómo convertir el caso Villarejo en el caso Dina

El espionaje ilegal y la utilización de medios del Ministerio del Interior en la era PP contra Podemos quedó acreditada en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre la utilización partidista de dicho ministerio, que sacó a la luz la existencia de una policía política empleada contra la oposición.

Uno de los referentes de esta policía política es ni más ni menos que el excomisario Villarejo, agente adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, que en su juventud formó parte de la Brigada Político-Social de los inefables Conesa y Billy el Niño, responsables de la persecución de la militancia antifranquista en los últimos años de la dictadura.

Las actividades ilegales de la trama de Villarejo se evidenciaban a través de un abultado patrimonio impropio de un funcionario policial. Los primeros datos hablaban de no menos de 16 millones de euros. El escándalo provocó que en 2015, desde la dirección del Ministerio del Interior, se tomase la decisión de protegerlo archivando el expediente interno. Según hemos sabido recientemente, durante esas fechas se estaba realizando la Operación Kitchen para encubrir las pruebas incriminatorias contra el PP y sus dirigentes, en la cual participó activamente la mencionada organización criminal dirigida por la cúpula del Ministerio de Fernández Díaz.

La puesta en marcha de una operación contra el crimen organizado tuvo como resultado el registro del domicilio del agente Villarejo, en ese momento ya jubilado. El resultado del registro fue la incautación de dispositivos informáticos con miles de terabytes de información que acreditarían el funcionamiento de una organización parapolicial dedicada al espionaje ilegal, la extorsión y la intoxicación informativa. Esta organización criminal habría realizado actividades ilegales, sirviéndose de medios humanos y materiales de la policía, para importantes empresas del IBEX 35, para grandes empresarios y para la cúpula de Interior del PP, en un negocio multimillonario que venía funcionando de forma sistemática desde años atrás.

La descodificación de los archivos incautados en el registro ha motivado la apertura de decenas de piezas separadas en el caso Villarejo. Una de ellas será la pieza Dina, debido al hallazgo en tres dispositivos del excomisario de archivos del móvil de Dina Bousselham, robado en noviembre de 2015. Parte de esa información aparecerá luego en el conocido como informe PISA, documento ilegal que fue remitido por la DAO al Tribunal de Cuentas sin la autoría ni la firma correspondientes, y que sirvió de base para una de las querellas archivadas de Manos Limpias. Además, fue publicado en múltiples ocasiones por medios de comunicación con la finalidad de impedir la llegada al Gobierno de Pablo Iglesias.

Hay que tener en cuenta que entre los servicios que ofrecería la trama parapolicial estaba la intoxicación informativa. De hecho, en la documentación intervenida al excomisario aparecen las citas y comentarios relativos a la relación con los periodistas que hicieron de voceros de la trama mafiosa contra Podemos. En la declaración ante el juez, el propio Villarejo afirmó que, en su condición de agente adscrito a la DAO de la Policía Nacional, entregó a esta los archivos del móvil robado. Es decir, reconocería la participación en una investigación ilegal contra un dirigente de la oposición, Pablo Iglesias.

Sorprendentemente, y pese a que en el resto de piezas sí se indaga en el funcionamiento sistemático de la organización mafiosa y sus prácticas ilegales, en la pieza Dina del caso Villarejo, el juez instructor García-Castellón ha dado la vuelta a la tortilla e investiga a las víctimas, obviando los vínculos con la cúpula del Ministerio de Interior a través de Eugenio Pino. Este giro contra Pablo Iglesias ha sido desacreditado incluso por la propia Audiencia Nacional, que ha devuelto al líder de Podemos la condición de perjudicado. La respuesta de García-Castellón ha sido elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue a Pablo Iglesias, a Dina Bousselham y a varias personas más vinculadas a la formación política. En esta sucesi&o acute;n de los hechos, los grandes medios de comunicación y los partidos reaccionarios aprovechan la ocasión para pedir el fin del Gobierno de coalición y exigir la salida de Unidas Podemos, en un intento de convertir el caso Villarejo en el caso Dina.

Nada nuevo bajo el sol. Hicieron todo lo que estuvo en sus manos para que Unidas Podemos no llegase al Gobierno, y ahora todo lo posible y lo imposible por sacarnos. El Estado profundo y el poder concentrado no aceptan el juego democrático. No soportan que una fuerza de carácter democrático y popular como Unidas Podemos forme parte del Gobierno, más aún ante la negativa de Unidas Podemos a ponerse de perfil ante el escándalo de la fuga del Emérito y su reafirmación de construir un horizonte republicano para España.

«La ambición programática del nuevo Gobierno es directamente proporcional a la virulencia de los enemigos declarados en su contra. Esta oposición no va a utilizar únicamente el Parlamento. Su principal arma va a estar en los juzgados». Ignacio Escolar escribía estas palabras el 30 de diciembre de 2019, en un artículo sobre el llamado lawfare o «guerra jurídica». Este término viene a definir la estrategia para «ganar en los tribunales lo que no se logró en las urnas», tal y como explicaba el director de eldiario.es. Supone, en esencia, la ruptura de la separación de poderes y la asunción por parte de sectores del Poder Judicial de funciones que no le corresponden, con fines partidistas, apoyados a su vez por las élites económicas y los medios de comunicación afines.

Cloacas contra el cambio

La estrategia de las cloacas no va destinada a acabar con Unidas Podemos o con sus líderes, sino con lo que representan. Seguir profundizando en los valores democráticos, avanzar hacia la justicia social y hacia un horizonte republicano tuvo, tiene y tendrá costes. De ahí que los ataques se hayan agudizado desde que se materializó el Gobierno de coalición en enero de 2020, con una agenda programática que suponía un avance en materia de derechos y la reversión de las medidas que tras la crisis de 2008 esquilmaron los bolsillos de los sectores populares de nuestro país. Una agenda que se ha convertido en una urgencia para que la crisis global de la COVID-19 se resuelva garantizando los intereses de las mayorías sociales.

No podemos olvidar que, tras las cloacas, se encuentran las mismas élites económicas y fuerzas reaccionarias que solo buscan mantener los privilegios y beneficios de unos pocos a costa de los intereses de nuestro pueblo y del saqueo de lo público. El control de los fondos europeos de reconstrucción es un objetivo prioritario para los poderes financieros y sus derivadas políticas y mediáticas. La reacción de este país está dispuesta a utilizar todo tipo de medios, legítimos o ilegítimos, para hacer caer al Gobierno e impedir políticas de justicia social imprescindibles en la salida de la crisis sanitaria, económica y social que tenemos por delante.

Frente a la estrategia de involución democrática de las élites económicas, políticas, mediáticas y judiciales, desde Unidas Podemos reivindicamos más que nunca la defensa de la justicia y el Estado de derecho. Vamos a seguir trabajando para garantizar los derechos y las libertades de nuestro pueblo desde las calles, el Parlamento y el Gobierno.

En el contexto actual, en el que la crisis sanitaria ha dejado al descubierto más que nunca las costuras de un sistema económico que se ve incompatible con los derechos e intereses de los sectores populares, es necesario centrar nuestros esfuerzos en la defensa de los servicios públicos, la igualdad, el feminismo, el medio ambiente, un nuevo modelo industrial y el horizonte de una nueva República solidaria y plurinacional.

Decía Gramsci que, cuando el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer, en el claroscuro surgen los monstruos. La crisis de la COVID-19 está catalizando este proceso, y los monstruos presionan para que ese nuevo mundo se siga pareciendo al viejo con todas las maniobras posibles.

Sin embargo, el movimiento popular, desde el 15M hasta las recientes movilizaciones ecologistas y feministas, ha señalado cuál es el camino que hay que seguir ante la estrategia internacional de involución democrática que venimos sufriendo. Poner la vida en el centro, revertir los recortes y privatizaciones de los servicios públicos, apostar por la justicia fiscal para alcanzar la justicia social, acabar con la precariedad, garantizar los derechos de las personas migrantes y, en definitiva, hacer de los derechos humanos la agenda sobre la que se sustente este nuevo mundo, será clave para que los monstruos que amenazan con secuestrar las democracias y las conquistas históricas de los pueblos se queden en sus cavernas.

Opinión PODEMOS