Nuestra constitución consagra el derecho a la educación como un derecho fundamental, señalando además, que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

En 2017, el grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid  presentó una proposición de Ley, cuyo objeto era garantizar la gratuidad de los libros de texto a todos los alumnos de educación Primaria y Secundaria obligatoria en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos.

Esta propuesta tuvo el respaldo de todos los grupos, dando lugar a la ley 7/2017 de 27 de Junio de Gratuidad de los libros de texto y material curricular de la Comunidad de Madrid.

Esta ley pretende profundizar en esa igualdad efectiva, cumpliendo con nuestra carta magna cuando en su artículo 9.2 afirma que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad del individuo sea real y efectiva.

El sistema es muy sencillo, la gratuidad se hace efectiva mediante un sistema de préstamo en el que la propiedad corresponde a la administración educativa quién debe ponerlos a disposición de los centros docentes para su uso gratuito por parte del alumnado.

Deberíamos estar hablando del comienzo de su aplicación en el curso 2018-2019, sin embargo, a dos meses del comienzo del nuevo curso escolar, no sabemos si por desidia o por incapacidad para la gestión, debemos hablar de incumplimiento de mandato legislativo por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid.

Mucho nos tememos que esta medida, que supondría a los madrileños un ahorro de entre 200 – 300 € por hijo, aprobada en la Asamblea de Madrid por unanimidad, si el Partido Popular también voto a favor de la misma, no va a ser efectiva el próximo septiembre.

Disfrazada de regulación transitoria del sistema de préstamo para el curso 2018-2019, se esconde una realidad que es, limitar la gratuidad a una pequeña parte del alumnado en lugar de aplicar la universalidad que recoge la ley, es decir no hacer nada diferente a lo que se venía haciendo.

Nuestros compañeros en la Asamblea de Madrid están denunciando esta situación, apremiando al gobierno regional a que cumpla con su obligación, que no es otra que respectar la ley, desarrollar su reglamento y hacer efectiva su entrada en vigor en el próximo curso escolar.

Todos los grupos municipales de la región hemos presentado una moción ante nuestros  respectivos plenos en este mismo sentido: Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a  respetar la literalidad de la ley y a garantizar su efectividad especialmente en lo relativo a su carácter universal.

Parafraseando a nuestra diputada autonómica Mayte de la Iglesia, no parece lógico que un sistema que obliga a las familias a llevar a sus hijos al colegio en una determinada franja de edad, porque así lo establece la ley, no proporcione los medios humanos y materiales precisos para que el servicio se preste en condiciones de gratuidad.