La edil de consistorio salmantino Virginia Carrera, el concejal del ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, junto a otros cargos públicos de Izquierda Unida en Castilla y León,  algunos de ellos, también inmersos en la labor de Gobierno municipal, como el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Astorga, de Valladolid o de Segovia, han visitado junto con otros cargos públicos  del gobierno local, la ciudad de Rivas conociendo de primera mano la gestión del ayuntamiento de izquierdas en materia de eficiencia energética y vivienda.

En palabras de Virginia Carrera en “Izquierda Unida siempre tratamos de buscar alternativas a las contrataciones a empresas energéticas contaminantes y de evitar el despilfarro económico y el amiguísimo a la ciudadanía para que aumente el gasto en política social, por eso es necesario conocer las políticas llevadas a cabo en aquellos Ayuntamientos en que Izquierda Unida lleva muchos años gobernando”.

Los ediles han mantenido reuniones con los concejales de innovación y Modernización, así como con el gerente de la empresa municipal de gestión de residuos y con el de la empresa municipal de vivienda.

Han podido conocer de primera mano el proceso para la realización del Programa de Compra directa de energía. Desde que en septiembre de 2019 el Ayuntamiento de Rivas aprobaba el suministro e instalación de 65 contadores de energía eléctrica en propiedad para una mejor gestión de la compra directa de energía en el mercado libre que suponen un ahorro anual para las arcas municipales superior a los 200.000 euros. Lo que supone el 100% de los edificios y dotaciones municipales.

Así como información del trabajo de la empresa Municipal de Servicios Rivamadrid (jardinería, residuos, limpieza, etc.) para que todas esas gestiones sean prestadas por parte de personal municipal mediante una empresa pública de servicios públicos para la ciudadanía. Por último se han reunido para conocer cómo funciona el parque municipal de viviendas de la localidad.

Según una nota remitida a los medios por Izquierda Unida de Castilla y León, uno de los objetivos prioritarios del viaje era «buscar alternativas a las contrataciones que se realizan con empresas energéticas», y tratar así de «ahorrar recursos económicos» que los ayuntamientos podrían destinar a «la política social».

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