En el mes de mayo, desde las páginas de esta misma publicación, me refería a la intención del Gobierno municipal de personarse judicialmente en la denominada ‘operación Lezo’, la causa abierta para investigar el saqueo del Canal de Isabel II. En el momento de escribir estas líneas, dos son los titulares del día, y los dos relacionados con la escandalosa gestión corrupta del PP en el Canal: por un lado, hemos sabido que dos de los principales acusados, María Fernanda Richmond y Adrián Martín, que hasta ahora mantenían relación contractual con la empresa; por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado en firme al Canal a pagar al ayuntamiento de Rivas 460.000 euros en impuestos por las obras de la red de agua reciclada que están acometiéndose en nuestra ciudad.

Para que se entienda llanamente: el Canal ha pretendido burlar, sobre las espaldas de las y los vecinos de Rivas, el pago del Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones (ICIO) que le corresponde por la citada obra, que como conocen todas las personas que estarán leyendo este artículo, se están desarrollando en varios puntos de la trama urbana. El motivo para saltarse su obligación económica es que, como el Canal es “sector público”, no estaba sujeto a ella. Algo insólito teniendo en cuenta que, por ejemplo, nuestra propia Empresa Municipal de la Vivienda, también sector público, sí abona a las arcas del consistorio el ICIO correspondiente a sus promociones de vivienda. La justicia ha sido clara, en un nuevo varapalo a la gestión del PP al Canal de Isabel II. Lo más paradójico de este intento de hurtarle a la ciudadanía de Rivas casi medio millón de euros es que los responsables del Canal no han tenido ningún reparo en hacerle esta tropelía a una administración –el ayuntamiento- que se sienta en la Junta General de la sociedad. Como tampoco lo han tenido, por otro lado, en el expolio de patrimonio público contra todos los madrileños y madrileñas que se está destapando.

Mención aparte merece la decisión de la Fiscalía ante la solicitud del Ayuntamiento de personarse en la ‘operación Lezo’, que nos ha sido denegada. El fiscal entiende que no somos parte afectada, a pesar de que –aunque sea en un pequeño porcentaje por nuestra población, algo superior al 0,215- formamos parte del accionariado de la sociedad. Como administración que se sienta en esa Junta General, como representantes de los vecinos y vecinas de Rivas que reciben y pagan los servicios del Canal de Isabel II, hemos recurrido esta maniobra de la fiscalía y seguiremos defendiendo el patrimonio del agua pública y su gestión limpia y transparente.

Cuando este artículo se publique, ya se habrá celebrado en Rivas -28 de octubre- el Foro de la Red de Ciudades y Pueblos por el Agua Pública de la Comunidad de Madrid. Nuestro compromiso por afianzar el trabajo conjunto con la sociedad civil para proteger lo que es de todas y todos tampoco se para.

Curro G. Corrales, Portavoz del Grupo Municipal Somos Rivas