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Aprobado por el Gobierno de la CM, el acuerdo para cambiar la Ley del Suelo en la Región

La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación para la supresión de la mayoría de las licencias urbanísticas que hasta ahora eran obligatorias, con el objetivo de evitar esperas de hasta doce meses. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el acuerdo para modificar la Ley del Suelo e impulsar y reactivar esta actividad dañada por el COVID-19.

Con este cambio, todas las licencias urbanísticas excepto las estatales se sustituirán por declaraciones responsables, lo que ayudará a acortar los plazos y a atraer la inversión nacional y extranjera para que la recuperación económica de la región sea una realidad lo antes posible ante este contexto de pandemia sanitaria mundial.

Al igual que se ha hecho en la actividad comercial, la Comunidad de Madrid considera necesario reducir el gran número de licencias urbanísticas (de obra o reforma integral, de primera ocupación, edificación y otras actuaciones urbanísticas…) existentes en la actualidad que están generando un coste añadido tanto al particular, como a la empresa y al ayuntamiento que la tramita, debido al tiempo que tardan en ser otorgadas.

En ese sentido, se suprimirán las licencias de obras menores que atascan los departamentos técnicos de los ayuntamientos y hace que los particulares pierdan tiempo en arrancar dichas obras. Por ejemplo, una comunidad de vecinos que quiere instalar un ascensor o una rampa de acceso para personas con discapacidad dentro del edificio podrán ahorrarse trámites de entre dos y cuatro meses de tiempo.

Asimismo, una promotora podrá ahora levantar una promoción en un solar con edificaciones a demoler sin pedir licencia de demolición, por lo que se ahorra un trámite de seis meses pidiendo la declaración responsable.

Esta modificación permitirá impulsar también el proyecto Madrid Nuevo Norte, que la Comunidad de Madrid aprobó hace unas semanas, en plena situación de pandemia, cumpliendo así con uno de los compromisos estratégicos de la Legislatura, que tiene como objetivo seguir impulsando la economía de la región y de España.

Con carácter general, se someterán al régimen de declaración responsable en materia de urbanismo las obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, la primera ocupación de las edificaciones de nueva planta o los cerramientos de parcelas y solares, por citar ejemplos concretos.

Igualmente se excluirán de la necesidad de contar con licencia previa, ni de presentar declaración responsable a todas aquellas obras y actuaciones urbanísticas de menor entidad, como el cambio de instalación eléctrica, de gas o aire acondicionado, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas, entre otros.

A los costes mencionados se le suman además el que supondría el freno al empleo ocasionado por dichos retrasos en el sector de la construcción, que crea más del 6% de la tasa de empleo actual en España.

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