Introducción
En enero de 2015, treinta y seis organizaciones sociales y políticas suscribieron un Acuerdo por una gestión
pública, transparente y participativa del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, con el
compromiso de defender su contenido, tanto desde la sociedad, como desde las instituciones que se
conformasen tras las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarían cinco meses más tarde. Este
Acuerdo supuso un hito en la lucha contra la privatización del Canal de Isabel II (CYII) y en la capacidad de los
movimientos sociales para lograr un consenso amplio respecto al modelo de gestión que debería adoptarse.
El resultado de las elecciones de 2015 en la Comunidad de Madrid constituyó un cambio cualitativo tanto en
la Asamblea de Madrid, donde el Partido Popular perdió la mayoría absoluta, como a nivel local, en el que las
candidaturas progresistas pasaron a gobernar en muchos de los ayuntamientos más poblados de la región
consiguiendo en el resto avances significativos. Se configuró, así, una correlación de fuerzas favorable a la
paralización del proceso de privatización del CYII, y a los avances hacia un modelo de gestión público,
democrático, transparente y con rendición de cuentas, y a la implementación del derecho humano al agua y
al saneamiento que, en buena parte, articulaban el Acuerdo.

Con este nuevo escenario político e institucional, se sentaron las bases para impulsar en la Comunidad de
Madrid el movimiento en defensa del agua pública, en la medida en que los gobiernos municipales del
cambio estaban sustentados por fuerzas políticas que habían suscrito los compromisos del Acuerdo de forma
que, durante la legislatura que ahora termina, se fortaleció la coordinación entre las organizaciones sociales
que apoyan la gestión pública de los servicios de abastecimiento y saneamiento y el municipalismo. Esto se
materializó en la realización de sendos encuentros en 2015 y 2016 en los que se definieron los ejes
estratégicos que se han desarrollado hasta ahora y que han tenido concreciones relevantes como la
aprobación de mociones en decenas de ayuntamientos, que abarcan a más del 80% de la población de la
región, en las que se exigía la paralización definitiva del proceso de privatización del CYII, la reforma drástica
del modelo de gestión vigente y la implementación del derecho humano al agua.

Como resultado de un mandato expreso del segundo encuentro, en octubre de 2018 se constituyó la Red de
ciudades y pueblos por el agua pública en la Comunidad de Madrid que integra a representantes de los
ayuntamientos y de la ciudadanía interesados en el agua pública en todas sus manifestaciones, incluyendo
las relacionadas con los servicios del ciclo integral, los culturales, académicas y educativas,
medioambientales, artísticas, sociales y urbanísticas, entre otras.

La coordinación entre el movimiento por el agua pública y las fuerzas políticas progresistas se ha
materializado también en la Asamblea de Madrid, donde se han impulsado iniciativas en defensa del
reconocimiento del mínimo vital de agua y la prohibición de cortes de suministro y, especialmente, en la
presentación en 2017 del proyecto de Ley de medidas para el establecimiento de un nuevo modelo de
gestión pública transparente, democrático y participativo del ciclo integral del agua en la Comunidad de
Madrid, defendido por el grupo socialista y por Podemos, y rechazado con los votos del PP y de Ciudadanos.
En el momento actual, tras la aprobación por la Asamblea de Madrid de una proposición de Ley de
modificación de la Ley 3/2008, se ratifica la titularidad 100% pública del capital de la sociedad anónima CYII,
pero se mantiene el modelo de gestión vigente de naturaleza mercantil con ánimo de lucro, su opacidad, su
ineficiencia, la nula rendición de cuentas y participación ciudadana, y la falta de controles internos y externos.

Estas circunstancias son las causas estructurales que han facilitado la corrupción en el CYII, con la
aparición de diferentes tramas (Lezo, Púnica y Tosca) que, como resultado de las investigaciones judiciales
en marcha, ha supuesto la imputación y/o el encarcelamiento de un gran número de altos cargos de la
Comunidad de Madrid y de directivos del Canal de Isabel II, entre los que se encuentran los expresidentes de
la Comunidad de Madrid Ignacio González y Alberto Ruiz Gallardón.

La implantación del modelo de gestión mercantil ha tenido como consecuencia la subordinación de los
intereses de los ayuntamientos a los de la sociedad anónima a través de las condiciones establecidas en los
convenios que se formalizaron en un marco de privatización del Canal y que debería revisarse para
adecuarlos a la situación actual y a una relación de cooperación entre administraciones.
En la Comunidad de Madrid hay ayuntamientos en los que el suministro de los servicios de abastecimiento y
alcantarillado se realiza por gestión municipal d
colectivo, equidad, control democrático, sostenibilidad y no deterioro de las masas de agua. La actual
gestión del agua es responsable directa del mal estado de los ríos madrileños, lo cual incide
negativamente en la mala calidad del curso medio del Tajo. En consecuencia, exigimos que en la gestión
del abastecimiento de agua se garanticen regímenes de caudales ecológicos adecuados, y en el caso del
saneamiento se tenga en cuenta la exigencia de garantizar una buena calidad de las aguas.
También consideramos urgente afrontar de forma participativa los impactos del cambio climático en la
disminución de la disponibilidad de los recursos hídricos y en la inexcusable necesidad de reducir y
gestionar en consecuencia las demandas de agua, con el fin de garantizar su uso sostenible y equitativo.
En consecuencia, exigimos al gobierno regional que de una vez concrete una estrategia participativa
frente al cambio climático e instamos a los gobiernos locales a que realicen actuaciones de adaptación al
cambio climático que necesariamente deberán fomentar las capacidades sociales y la articulación de
planes participados de gestión de riesgos de sequía e inundaciones.
2. Asumimos el derecho humano al agua y al saneamiento en los términos definidos por Naciones Unidas,
que lo configuran como un derecho de prestación que deberán garantizar los poderes públicos de
acuerdo con criterios fundamentales (universalidad, equidad, no discriminación e igualdad sustantiva),
normativos (accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad) y comunes con todos los
derechos humanos (participación y acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas y
sostenibilidad). En este sentido, propugnamos el reconocimiento expreso del derecho humano al agua,
en cuyo desarrollo normativo debe quedar garantizado el derecho de las personas vulnerables
económica y socialmente a recibir de forma gratuita un suministro mínimo que cubra sus necesidades
básicas de agua que les permita vivir dignamente, a la vez que se prohíba expresamente los cortes del
suministro por impagos en situaciones de pobreza hídrica. También reivindicamos que en la normativa
que se desarrolle se recoja, en los casos de conculcación del derecho al agua, el derecho a la asistencia
jurídica gratuita para las personas naturales y jurídicas sin ánimo de lucro que, con independencia de su
disponibilidad de recursos económicos para litigar, ejerzan una acción popular o particular, así como el
reconocimiento de la legitimación activa para ejercer dichas acciones a quienes ostentan un interés
suficiente ante los tribunales.
3. Reivindicamos la recuperación de la entidad pública Canal de Isabel II como responsable de la gestión
directa de las actividades relacionadas con el abastecimiento, saneamiento y reutilización en la
Comunidad de Madrid, lo que implica la derogación del artículo 16 de la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales
y Administrativas, la disolución de la sociedad anónima Canal de Isabel II integrando su personal y todos
sus activos y pasivos en la entidad pública, la disolución de las empresas del grupo Canal que no estén
relacionadas con el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, y el abandono de las inversiones
realizadas por el Canal de Isabel II en el marco de sus políticas privatizadoras en América Latina. Exigimos
que este proceso de desinversión se realice favoreciendo el regreso a la gestión pública de las empresas
privatizadas en un contexto de cooperación entre entidades públicas.
Así mismo revindicamos la remunicipalización de los servicios de abastecimiento y saneamiento de
aquellos municipios que actualmente son gestionados por el sector privado.
4. Entendemos que en el seno del Canal deben cooperar las distintas administraciones -central, autonómica
y local-, con competencias en el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid; en este contexto, los
ayuntamientos deberán tener una representación reforzada en los órganos de dirección del Canal, en
tanto que son titulares de los servicios de abastecimiento y saneamiento y, en todo caso, se respetará su
autonomía en la elección de las formas de gestión de estos servicios. Consecuentemente, planteamos
revisar los Convenios formalizados durante el proceso de constitución de la sociedad anónima, en tanto
que, además de no corresponderse con la situación actual, incluyen cláusulas abusivas y discriminatorias
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en detrimento de los intereses de los ayuntamientos, en los que subyace una posición subordinada de
las entidades locales frente al Canal,
5. Reivindicamos que el nuevo modelo de gestión pública del agua en la Comunidad de Madrid se realice
sin ánimo de lucro y de acuerdo con criterios de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas,
participación ciudadana, calidad y eficiencia social, económica y medioambiental. Exigimos que, desde la
Comunidad de Madrid, se impulse un proceso participativo en el que se defina este modelo y,
posteriormente, se implemente mediante el procedimiento administrativo que sea pertinente.
Propugnamos, en este contexto, la redacción de nuevos reglamentos de los servicios de abastecimiento
y saneamiento consecuentes con los criterios anteriores que deroguen a los vigentes, totalmente
obsoletos y desfasados de la realidad actual; igualmente, reivindicamos la aprobación de las
correspondientes ordenanzas en el caso de los ayuntamientos con gestión municipal directa del agua.
6. Defendemos el derecho a la participación pública, activa, libre y significativa en todas las fases de la
gestión del ciclo integral del agua, de forma que sea posible incidir y decidir sobre la realización y
seguimiento de la programación estratégica y de los proyectos y programas que se realicen y financien,
así como la gestión administrativa y presupuestaria, incluyendo el diseño de las estructuras y políticas
tarifarias. Por tanto, consideramos que es preciso potenciar los mecanismos de acceso a la información y
promover nuevas formas de control social y democrático que garanticen la participación ciudadana
efectiva en la gestión del ciclo integral del agua bien a través de órganos específicos o Comisiones de
control, en el caso de la gestión municipal directa, o a través de su presencia en el Consejo de Dirección
en el caso del CYII, para lo que propugnamos la constitución del Observatorio del Agua como un órgano
de participación y control social y ciudadano, en el que se analicen los problemas del agua en la
Comunidad, se informe a los ciudadanos, proponga y concierte con la dirección del Canal la solución de
los problemas relativos al servicio público del agua, evalúe la calidad del servicio, transmita las quejas de
los usuarios y proponga medidas para resolver los problemas observados.
7. Abogamos por el establecimiento de procedimientos formalizados de transparencia y rendición de
cuentas que afecten a todos los niveles de la toma de decisiones de los procesos de la gestión y
operación del ciclo integral del agua, en el convencimiento de que sentarán las bases para favorecer la
participación pública, los niveles adecuados de servicio y, especialmente en el caso del CYII, evitar la
repetición de las tramas de corrupción que durante las dos décadas pasadas constituyeron un fenómeno
estructural en el que se primaron intereses particulares en detrimento de los intereses generales de un
servicio público. En este contexto, reivindicamos la transparencia y publicidad de todas las decisiones
que los distintos niveles directivos adopten, incluyendo las conclusiones y resoluciones de los órganos
decisorios de la gestión de los servicios que, en el caso concreto del CYII son su Consejo de
Administración y la Junta de Accionistas. Entendemos que la rendición de cuentas se debe basar en la
existencia de auditorías periódicas internas y externas, incluyendo el control sistemático que, a través de
una comisión específica, debería realizarse en la Asamblea de Madrid.
8. Consideramos que un servicio público vinculado a derechos humanos precisa de un personal con
derechos y condiciones de trabajo justas y equitativas, para lo cual es necesario adecuar los recursos
humanos a las actividades reales que debe realizar, garantizando que los procesos de selección se
atengan a criterios de igualdad, mérito y capacidad, se limite y regule la discrecionalidad y que los
puestos estructurales tengan carácter de fijos, limitándose los eventuales a los estrictamente necesarios,
así como que se establezcan unos salarios justos y homogéneos entre todo el personal laboral. En
consonancia con la importancia de los trabajadores, reivindicamos su participación en las instancias de
toma de decisiones y, concretamente, en el caso del CYII su presencia en su Consejo de Administración.
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9. Abogamos por un Canal imbricado en la sociedad madrileña, que desarrolle relaciones de cooperación
con ayuntamientos, colegios, universidades, instituciones, asociaciones y demás organizaciones civiles,
en todo lo relativo a sus fines y ámbito de actuación. Reivindicamos que la actividad de I+D+i del Canal se
desarrolle de forma planificada teniendo en cuenta este contexto colaborativo, incluyendo en su ámbito
de estudio cuestiones relacionadas con la implementación del derecho humano al agua y al
saneamiento.
10. Apoyamos las iniciativas de la ciudadanía que tengan como objetivo articular a la sociedad en torno a la
defensa de la gestión pública del agua y reivindiquen el derecho humano al agua y al saneamiento. En
este sentido celebramos y apoyamos la constitución de la Red de Ciudades y Pueblos por el Agua Pública
en nuestra Comunidad, comprometiéndonos a colaborar en sus actividades; igualmente asumimos
impulsar las campañas Pro-Grifo y la constitución de comunidades azules en la Comunidad de Madrid.
11. Finalmente nos comprometemos a hacer lo necesario para que las normas y leyes vigentes se adapten a
los compromisos del presente Acuerdo. En particular, exigimos la derogación de la Ley de racionalización
y sostenibilidad de la administración Local, y de los artículos y disposiciones adicionales de la ley de
presupuestos de 2017 y de la ley de contratos del sector público que fomentan la privatización o limitan
la remunicipalización de los servicios públicos municipales, entre ellos los de abastecimiento de agua y
saneamiento.